Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 32833 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar el pronunciamiento de fs. 6/7 vta., mediante el cual y en lo que aquí importa, el Sr. Juez de Garantías Juan Francisco Tapia decretó la inhibición general de bienes de los co encausados José Agustín Garuti, Eduardo Norberto Gimenez, Adriana Reneé Gangulo y César Enrique Colavita. . Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación a fs. 8/12 por parte del Sr. Defensor particular de los referidos co causantes, letrado Juan Pablo Peralta. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 79 inc. 2, 106,125, 146, 197 y cctes. 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
INC-32833-1."GARUTI, José Agustín y otros. Homicidio culposo. Incidente de apelación".
Mar del Plata, de febrero de 2020.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-32833-1, y de cuyas constancias,
1. Que a fs. 6/7 vta., en lo que aquí importa, obra en copia la resolución del Sr. Juez de Garantías Juan Francisco Tapia, mediante al cual, decretó la inhibición general de bienes de los co encausados José Agustín Garuti, Eduardo Norberto Gimenez, Adriana Reneé Gangulo y César Enrique Colavita.
2. Que a fs. 8/12 el Sr. Defensor particular de los encausados, letrado Juan Pablo Peralta interpuso recurso de apelación contra ese pronunciamiento.
Critica el recurrente, en primer término, que el a quo tenga por constatado el requisito de verosimilitud en el derecho indispensable para el dictado de la cautela patrimonial dispuesta contra sus defendidos. En este punto efectúa un pormenorizado análisis de todas las constancias colectadas en autos concluyendo, en ese contexto analítico que efectúa, que no se logró demostrar que sus asistidos procesales posean responsabilidad en la muerte de la paciente siendo que, por otro lado, todo lo actuado indica que los co encausados actuaron de acuerdo a la lex artis.
Asimismo ataca el tópico de peligro en la demora que el a quo tiene por acreditado. Sobre este extremo expresa que la elongación del presente proceso no puede ser cargada a los encausados, y que allí no debe fincar la exigencia que requiere el rito para la procedencia de la inhibición dispuesta. Siendo, por otro lado, que desde que fueron anoticiados de la formación de los presentes obrados todos los co encausados estuvieron a derecho.
Por último, también le provoca perjuicio la contracautela impuesta por el sentenciante de grado a la parte peticionante, concluyendo que una caución juratoria no resulta suficiente para responder a los posibles daños y perjuicios que pudiere ocasionar la traba de la inhibición general ordenada. Expresa que debió el a quo ordenar como contracautela el ofrecimiento de un bine inmueble o el equivalente en sumas de dinero.
Así, en función de todo lo expuesto pide que esta Alzada revoque el auto de origen y deje sin efecto la cautela patrimonial dispuesta respecto de los co encausados.
1. Que de una revisión completa de todo lo obrado en autos, teniendo en cuenta la instancia procesal por la que transita la presente investigación en función de los agravios expuestos por el recurrente, resulta adecuada a derecho la cautela patrimonial de inhibición general de bienes dispuesta por el a quo respecto de los cuatro co encartados José Agustín Garuti, Eduardo Norberto Gimenez, Adriana Reneé Gangulo y César Enrique Colavita.
2. Que en efecto, el requisito de verosimilitud en el derecho emerge de la pesquisa, más aún con el llamado efectuado por el Ministerio Público Fiscal a tenor del artículo 308 del rito para que los co encausados declaren en la pesquisa.
Nótese que atravesado ese trámite del proceso, e incluso antes, la primer exigencia para el dictado de una cautela patrimonial se halla cumplida. Ver, en este sentido lo dispuesto por los artículos 79 inc. 2 y 146 del rito.
Luego, el detallado análisis que efectúa el Sr. Defensor respecto de las constancias de autos para concluir en su tesitura que no existe apariencia de responsabilidad de los cuatro co imputados en autos, no resulta propio de la instancia por al que transita la presente causa y de la resolución materia de recurso.
3. Que en lo tocante al extremo de peligro en la demora, es del caso señalar que la cautela patrimonial tiene como objetivo para el peticionante, en este supuesto (conforme imputación artículo 84 CP) garantizar la posible indemnización civil (arts. 65 y CPP) y el pago de las costas del proceso. Estos dos conceptos resultan los pertinentes, y ellos se tornan exigibles en el caso de acuerdo a las distintas contingencias que se susciten. Pero, lo cierto es que la parte posee el derecho a obtener la garantía provisoria que la cautela, dispuesta contra los eventualmente responsables, le otorga.
4. Que en lo referente a la contra cautela dispuesta por el a quo, cierto es que la estimación patrimonial que presenta la abogada representante de las denunciantes a a fs. 207 de la causa principal no posee discriminación alguna a fin de conocer qué rubros y conceptos comprende (extremo que no fue criticado por el apelante), pero si posee la determinación de un monto dinerario; por lo que en este contexto la caución juratoria ordenada aparece adecuada. Por último y en responde de los agravios del recurrente, a fin de evitar los eventuales daños de la traba de una inhibición general de bienes - que conlleva a que ninguno de los cuatro co imputados pueda disponer de sus patrimonios-, los encausados pueden ofrecer bienes concretos a embargo a fin satisfacer aquélla pretensión patrimonial.
Por todo ello, este Tribunal resuelve: confirmar el pronunciamiento de fs. 6/7 vta., mediante el cual y en lo que aquí importa, el Sr. Juez de Garantías Juan Francisco Tapia decretó la inhibición general de bienes de los co encausados José Agustín Garuti, Eduardo Norberto Gimenez, Adriana Reneé Gangulo y César Enrique Colavita. . Todo ello, en cuanto fuera materia de recurso de apelación a fs. 8/12 por parte del Sr. Defensor particular de los referidos co causantes, letrado Juan Pablo Peralta. Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22 de la CN; 79 inc. 2, 106,125, 146, 197 y cctes. 210, 421, 434, 439, 440 y ccdtes. del CPP.
Regístrese. Devuélvase a origen la principal con copia del presente. Notifíquese. remítase en devolución a la instancia.
RAUL ALBERTO PAOLINI
Juez
PABLO MARTIN POGGETTO
Juez
Fin de la sentencia