Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 5394
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA. Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 528/534, debiendo efectuarse una nueva conforme las pautas establecidas en el considerando "IV" de la presente.
B. Costas por su orden atento la naturaleza de la cuestión resuelta (art. 68 CPCC).
San Isidro, 22 de Octubre de 2019.
I. La Juez de Primera Instancia estableció la base regulatoria en $108.791.840 a efectos de regular los estipendios profesionales del letrado Martín Hernán Quetglas y, en su mérito, los fijó: a) por su actuación hasta el dictado de la sentencia homologatoria del convenio regulador, en 20 JUS; b) por el trámite de las inscripciones ordenadas el 31-8-2018 y el 28-2-2019, en 3.297 JUS; y por el incidente resuelto el 21-8-2018, en 9 JUS (fs. 528/534).
La regulación de honorarios fue apelada, por altos, por Mariana Sismail (fs. 537).
El letrado Quetglas, por su derecho, apeló el auto regulatorio (escrito electrónico del 19-4-2019), fundando su recurso conjuntamente con la interposición.
Acusa la nulidad de la resolución pues entiende que se aparta en forma expresa de las normas para la regulación de honorarios previstas para procesos como el presente. Sostiene que se recae en una contradicción en cuanto que por un lado, por las actuaciones hasta el dictado de la sentencia homologatoria se regularon honorarios en base al artículo "9.1.w" de la ley 14.967 (procesos de familia no susceptibles de apreciación pecuniaria) y, por otro, en relación a las tareas desarrolladas para la inscripción de los bienes adjudicados por acuerdo, en base a los valores asignados a cada uno de ellos.
Sostiene además, que al proceso de homologación judicial de convenio resultan aplicables las disposiciones contenidas en los incisos "b" e "i" del artículo 28 de la ley 14.967. En subsidio, deja apelados por bajos los honorarios que le fueran regulados.
II. Al efectuar la regulación de honorarios que luce a fs. 528/534, la Juez de Primera Instancia entendió que el proceso era divisible en dos etapas: la primera correspondiente a los trámites realizados para lograr la homologación del convenio de liquidación de sociedad conyugal que luce a fs. 9/11; la segunda, la relativa a su ejecución.
Por ello, para fijar los estipendios consideró que la etapa inicial no era susceptible de apreciación pecuniaria y lo hizo conforme a lo normado por el artículo 9 de la ley 14.967; mientras que la segunda, fue realizada en base al artículo 45 de la referida ley y según la valuación que se le asignó a los bienes.
III. El recurso de apelación, comprensivo del de nulidad está reservado para subsanar aquellos vicios que afecten a la sentencia en sí misma, quedando excluidos de su ámbito los errores in procedendo, cuya impugnación debe plantearse a través del incidente de nulidad (Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, anotado y comentado, segunda edición, Rubinzal Culzoni Editores, T° I, pag. 522). En efecto, la eventual nulidad subsumida en el recurso de apelación sólo comprende los vicios formales in iudicando o solemnidades de la sentencia, requisitos señalados por el artículo 163 del CPCC (CACC, La Plata, Sala 2, causa 119128, 2-10-2015, H. C/ G. S/Cobro Ejecutivo De Alquileres).
En función de ello, debe destacarse que, aunque comprensibles fundamentos de economía procesal desaconsejan pronunciar la nulidad de la sentencia cuando en virtud de la recuperación plena de la jurisdicción la Cámara puede decidir directamente la cuestión pendiente (arts. 34, inc. 5, ap. “e” y 273 del CPCC), ese criterio debe ceder en caso necesario cuando las conveniencias de la economía procesal deben subordinarse a las de la defensa en juicio e igualdad de las partes en el proceso (causas de la Sala II n° SI-32403-2011, reg. 141 del 3-10-14, K-20047-0 reg. 592 del 22-12-15 y TG-1506-2015 reg. 42, del 25-02-16).
La necesaria fundamentación del decisorio opera como un medio de control de los actos de todo representante de un poder estatal y permite la adecuada impugnación de la resolución por el agraviado, con la consiguiente revisión del superior jerárquico, pudiendo incluso declarar la nulidad de oficio si la resolución del juez de primera instancia carece de suficiente motivación (Midón, Marcelo Sebastián, Tratado de los recursos, 2013, T° II, pág. 331).
Al respecto, el CCCN establece en su artículo 3 que “El Juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada”. Esta obligación referida a la forma de decidir, se complementa de modo coherente, con los artículos 1 y 2, en orden al deber de seguir un proceso argumentativo susceptible de control judicial (Lorenzetti, Ricardo Luis, “Código Civil y Comercial, comentado, T° I, primera edición, pág. 39).
La exigencia de fundamentación también se encuentra prevista en los artículos 34 -inciso 4-, 161 -inciso 1- y 163 -inciso 3- del CPCC. Ella comprende tanto el apoyo legal de la sentencia como que ésta sea el resultado de un razonamiento lógico, debiendo el juez consignar cómo llegó a la conclusión. Esto es la subsunción de los hechos alegados y probados en la norma legal correspondiente (Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, anotado y comentado, segunda edición, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 77).
De la lectura de la resolución cuestionada se desprende que se encuentra suficientemente fundada y que se ha hecho un razonamiento lógico para llegar a la conclusión arribada, el que ha permitido al nulidicente efectuar el control de jurisdicción a través de la apelación. Razón por la cual, entendemos que no resulta procedente la nulidad del acto atacado.
IV. Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal discrepa con el modo y normativa utilizada para realizar la regulación de honorarios de fs. 528/534.
En efecto, en el caso de autos estamos frente a un acuerdo extrajudicial al que han arribado las partes para distribuir los bienes que conformaban la sociedad conyugal (o al menos algunos de ellos); se ha requerido su homologación judicial y su inscripción en favor de quien ha resultado adjudicado según el contrato.
En función de lo cual, debe tenerse presente que el artículo 45 de la ley 14.967 prevé concretamente el supuesto que se da en el caso de autos en cuanto "si la liquidación se efectuare por convenio con acuerdo de partes y el mismo es sujeto a homologación judicial, la reducción se establece en un sesenta (60) por ciento, de la escala del artículo 21...".
Razón por la cual, no resulta acorde el modo en que se ha llevado adelante la regulación de honorarios en la instancia de grado (fs. 528/534) ya que, entendemos, no correspondía dividir en etapas el proceso pues así no lo ha previsto el legislador. Es decir, debió realizarse una única regulación, para la homologación y su posterior ejecución, conforme lo previsto por el artículo 45, cuarto párrafo, in fine de la ley 14.967.
Y, en su caso, por las incidencias resueltas corresponde su regulación conforme lo normado por el artículo 47 de la referida ley y según la imposición de costas que hayan recaído en ellas.
Por lo expuesto, entendemos que deberá dejarse sin efecto la regulación de honorarios realizada a fs. 528/534, debiendo efectuarse una nueva conforme las pautas aquí establecidas.
V. Por todo ello este Tribunal, Resuelve:
a. Dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 528/534, debiendo efectuarse una nueva conforme las pautas establecidas en el considerando "IV" de la presente.
b. Costas por su orden atento la naturaleza de la cuestión resuelta (art. 68 CPCC).
Regístrese y devuélvase.
Analía Inés Sánchez Hugo O. H. Llobera
Juez Juez
Santiago Juan Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia