Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 115262
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLa Plata, treinta de agosto de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que la sentencia dictada a fs. 140/142 vta. es justa (arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168, 171 de la de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 68, 69, 155, 266, 332, 354, 375, 384, 474 del C. Proc.; 3, 1197, 1198, 2255, 2263 del Cód. Civil; 7 del C. C. y C.; ley 23849; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde confirmar el apelado pronunciamiento, con costas al recurrente vencido.
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de Agosto de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “RODRIGUEZ DANIEL ALFREDO C/ CERATTO NATALIA CECILIA S/HOMOLOGACION DE CONVENIO", (causa nº 115262), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el decisorio dictado a fs. 140/142 vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. En la cuestionada sentencia la Sra. Jueza de la anterior instancia dispuso la homologación del convenio de desocupación celebrado entre las partes; impuso las costas del juicio a la demandada y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Para así resolver explicitó que requerida la homologación del convenio de desocupación del inmueble sito en calle 92 n° 573 e/ 6 y 7 de esta ciudad y de conformidad con el informe pericial caligráfico de la Asesoría Pericial de donde surge que las firmas insertas en el convenio de desocupación de fs. 4 corresponden con las firmas tenidas como indubitadas de la Sra. Natalia Cecilia Ceratto, corresponde admitir la demanda interpuesta.
II. Contra esa forma de decidir apeló la parte accionada a fs. 145, desarrollando su crítica a fs. 151/154, con réplica a fs. 160/164 vta.
III. En síntesis que se formula, el recurrente afirma que si bien el actor alegó la existencia de un contrato de comodato, no acompañó su copia y por lo tanto no se encuentra acreditada la legitimación para actuar.
Afirma que el actor nunca detentó la posesión o tenencia del bien y que hace más de treinta años que habita el inmueble junto a su familia.
Enuncia luego doctrina judicial sobre la procedencia del desalojo, la que a pesar haber sido señalada en la sentencia, se omitió considerar la ausencia del supuesto contrato de comodato.
Explicita que su parte acreditó la titularidad sobre el bien, acompañando la escritura pública pertinente, lo que no fue valorado por la Jueza.
También objeta que se haya permitido agregar otros documentos en forma extemporánea (fs. 49/52), que desconoce, lo que violenta el debido proceso legal.
Señala a continuación que se ha vedado por parte de la jurisprudencia, la homologación de este tipo de convenios privados, de donde emerge que la vía elegida por el actor no es la adecuada.
Que tampoco se ha valorado que se perjudica a terceros, menores, que no han sido demandados, lo que se opone a, además de su derecho de propiedad, a la Convención sobre los Derechos del Niño.
Expone seguidamente que la Jueza solamente consideró lo dictaminado por el perito calígrafo, sin analizar de manera integral toda la prueba, empleando las reglas de la sana crítica.
Cuestiona luego la entidad de la prueba pericial caligráfica.
Finalmente objeta la imposición de costas, por tratarse de un caso de excepción donde la contraria incurrió en una gran cantidad de omisiones.
En su respuesta, la parte apelada demandada controvierte las razones esgrimidas por el apelante, y expone acerca de la entidad del convenio de desocupación, cuya suscripción fuera desconocida por la recurrente, intentando así poner de manifiesto que no hubo expresión de voluntad en el acuerdo, poniéndose en contradicción con sus propios actos.
La suscripción del convenio también sostiene su legitimación para accionar, y transcribe seguidamente la jurisprudencia que considera atingente al caso.
Expone luego sobre el peritaje caligráfico producido y su entidad probatoria y concluye en que los agravios deben ser desestimados.
IV. A fs. 157 dictaminó la Sra. Asesora de Incapaces. Recuerda la Resolución 452/10 de la Procuración General, que instruye a los funcionarios del Ministerio Público para que en los procesos donde podría afectarse el derecho a la vivienda de los menores intervengan en el marco de sus competencias.
V. Entrando en la tarea revisora, y dando las debidas razones del caso (arts. 171 Constitución Provincial; 3, Código Civil y Comercial), Abordando la tarea revisora, dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171, Constitución Provincial y 3 Código Civil y Comercial), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo. Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: "A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".
El caso de autos, comprende a un contrato celebrado y en ejecución durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994).
Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento de la celebración y ejecución del negocio jurídico materia de debate (esta Cámara, Sala II, causa 118.724, RSD 104/15; esta Sala causa 118.828 reg. sent. 132/15).
VI. No obstante los esfuerzos realizados por el recurrente, si mi opinión es compartida por mi distinguida colega de Sala, la sentencia debe ser confirmada.
El argumento recursivo propuesto inicialmente acerca de la ausencia de acreditación del contrato de comodato (v. fs. 151 vta./152.), no puede ser recibido a poco que se advierta que el negocio jurídico que da sustento a la acción es el convenio de desocupación agregado a fs. 4 y vta., de donde emergen las condiciones de comodante y comodatario del actor y demandado respectivamente, siendo innecesaria la existencia de un documento escrito adicional al aludido instrumento.
Es que en tanto el comodato es un contrato informal y en consecuencia basta para su conformación el mero consentimiento verbal, y cualquier medio probatorio para su acreditación, es el propio instrumento aludido el que permite develar el entramado convencional que ha vinculado a las partes (arts. 2255, 2263, Código Civil; 332, 375 y 384, Código Procesal).
En esa dirección, acertadamente la colega de la anterior instancia hizo foco en la prueba pericial caligráfica, puesto que el desconocimiento de la firma -por parte del demandado-, inserta en el contrato aludido, puso en crisis el relato construido en el escrito inicial donde se encadenaban tanto el contrato de comodato como el de desocupación (v. fs. 46; art. 354, inc. 1º, C. Proc.).
Señaló entonces la Dra. María Cecilia Tanco que: "Que de conformidad con el informe pericial caligráfico de la Asesoría Pericial La Plata, presentado a fs. 124/125 por la experta María Alejandra González Pablo surge que las firmas insertas en el convenio de desocupación de fs. 4 corresponden con las firmas tenidas como indubitadas de la Sra. Natalia Cecilia Ceratto, y en atención a que no encuentro razón alguna para apartarme del dictamen pericial, el cual recepto en los términos de los artículos 384 y 474 del CPCC y lo dispuesto por el artículo 47 ley 21.342, corresponde admitir la demanda incoada y ordenar la homologación del convenio de desocupación…" (v. fs. 142, considerando IV).
Como se ha señalado en reiterados pronunciamientos de esta Sala, para apartarse de las conclusiones del dictamen pericial debe encontrarse apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con los principios lógicos y las máximas de experiencia o en el hecho que en el proceso no existan elementos de mayor eficacia acerca de la verdad de los hechos controvertidos; y por otro lado, cuando el peritaje aparece fundado en principios científicos técnicos o científicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de este tipo de mayor valor, aceptar las conclusiones del mismo (CNCIV. Sala F, 24/8/82 " Bernal c/ Dirección de Bienestar de la Armada y otra" en E.D. 102-231 y sgtes, citada a pie de página 680 en Bueres-Highton "Código Civil y normas complementarias..." T. 4 A; esta Sala, causas 105.509, RSD 183/07; 108.741, RSD 108/08; 113572, RSD 73/11; 116.980 RSD 93/14; 115.335, RSD 53/16 120854, RSD 148/17).
El dictamen no fue objetado por el recurrente al tiempo de su sustanciación (v. fs. 128 y 130), y las críticas valorativas formuladas en la pieza recursiva (fs. 153 vta.), contienen el equívoco de discutir la legitimación del accionante e invocar las demás defensas opuestas al contestar demanda, a la sazón, la de ser titular del inmueble y la existencia de menores, lo que será tratado más adelante.
Y respecto del pretendido agregado extemporáneo de documentación (vs. fs. 152 vta., segundo párrafo en adelante), debe señalarse que fue parte regular del laboreo pericial, a cuyo requerimiento, y para una correcta formulación del peritaje respectivo, fue dispuesto por la Jueza de primera instancia en providencia que se encuentra firme (fs. 113; art. 155, C. Proc.).
Ello así, la comprobación de la suscripción del documento viabiliza la admisión de la demanda, dado que la inequívoca expresión de voluntad plasmada en el contrato conduce a que la oposición formulada en este proceso carezca de sustento (arts. 1197 y 1198, C. Civil; 384 y 474, C. Proc.).
La mención hecha sobre la titularidad del inmueble es infructuosa por cuanto la documentación acompañada a fs. 14/17 es una copia simple, irrelevante en términos probatorios, de modo que la defensa propuesta en esos términos no superó la mera insinuación, negada a su turno por la parte contraria (vs. fs. 53; art. 375, C. Proc.).
La presencia de menores en el inmueble (v. mención de fs. 151 vta. y 153 vta.), no cambia el resultado del recurso, sin perjuicio de la intervención de la Sra. Asesora en la materia (v. fs. 157 y vta.), y que, en su caso, ante la situación de desahucio compulsivo, se deberán adoptar los recaudos pertinentes a fin de dar cumplimiento a la protección establecida por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Resolución 452/10 de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, poniendo en conocimiento de la situación eventualmente a los organismos administrativos pertinentes (ley 23.849; art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; SCBA, causa Rc 122252 I 16/05/2018).
Finalmente, para abordar el tratamiento de los agravios por la imposición de costas, se adelanta esta materia fue adecuadamente discernida en la sentencia cuestionada. Es que tal como lo difunde la Suprema Corte de esta provincia siguiendo el pensamiento chiovendiano, la distribución de las costas debe efectuarse merced al principio objetivo de la derrota, atribuyéndose a éstas el carácter de una indemnización debida a quien se ha visto obligado a litigar (Chiovenda, "La condena en costas", Madrid, 1928, p. 232; DJBA, t. 36 p. 347; JA 1952-II-303, cit. en Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, "Códigos...", T. II. p. 363; esta Sala causas 79.862, reg. sent. 48/95, 43.782, reg. sent. 176/96; 117.536, reg. sent. 142/14, 117.997 RSD 1/15, 120.445, RSD 12/17; 121. 343, RSD 71/17; art. 68, C. Proc.).
En autos puede verificarse la pertinencia de la regla aludida dado que el demandado opuso -con pertinacia-, resistencia a la pretensión enarbolada, no siendo en consecuencia atendibles los argumentos recursivos en orden a que corresponda alguna excepción en tal sentido, lo que así dejo propuesto al acuerdo de mi distinguida colega (art. 266, C. Proc.).
Voto en consecuencia por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos la Dra. LARUMBE votó en igual sentido.
Voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde confirmar el apelado pronunciamiento que fuere motivo de recurso y agravios, con costas al recurrente vencido (art. 68 y 69 del C. Proc.).
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, treinta de agosto de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que la sentencia dictada a fs. 140/142 vta. es justa (arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 168, 171 de la de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 68, 69, 155, 266, 332, 354, 375, 384, 474 del C. Proc.; 3, 1197, 1198, 2255, 2263 del Cód. Civil; 7 del C. C. y C.; ley 23849; doctrina y jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde confirmar el apelado pronunciamiento, con costas al recurrente vencido. Regístrese. Notifíquese. Dése vista a la Asesora de Incapaces. Devuélvase.
Fin de la sentencia