Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución de fecha 14 de diciembre de 2020 y se imponen las costas de Alzada al recurrente en su calidad de vencido en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 129505; JUZGADO DE FAMILIA Nº 4 - LA PLATA
C. S. C. C/ M. B. D. S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO (DIGITAL)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 22 de Junio de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado por la letrada patrocinante del actor, con fecha 21 de diciembre de 2020, quien lo hizo mediante la invocación del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante CPCC-, el cual fuera posteriormente ratificado (v. esc. eléc. del 12/2/21), contra la resolución del 14 de diciembre de 2020. El 2 de febrero de 2021 se presentó el respectivo memorial de agravios, el cual mereció réplica de la contraria con fecha 11 de febrero de 2021 -mediante gestión oficiosa, la que fuera ratificada el 19/3/21-. Finalmente, la señora Asesora de Incapaces presentó su dictamen el día 12 de marzo de 2021.
2. A. El decisorio apelado de fecha 14 de diciembre de 2020 desestimó la homologación del convenio pretendida en la demanda, con imposición de costas. Ello así, pues la juez de grado consideró que el instrumento privado presentado para su homologación fue suscripto sin el debido patrocinio letrado para asistir a la accionada -no garantizándose el derecho de defensa- y dado que se prevén derechos de una niña, cuyo derecho es superior y preferente al de los padres, además de existir vaguedad en las cláusulas regulatorias que quitan sentido protectorio a la previsión alimentaria para la niña (v. res. del 14/12/20).
B. En prieta síntesis, se agravia el recurrente por cuanto entiende que resulta inadecuada la invocación del derecho de la menor de edad de manera generalizada y superficial. En efecto, explica, no se establece cuál sería el interés superior de su hija que estaría vulnerándose o afectándose. Indica que no se requiere para la validez del convenio en cuestión el patrocinio letrado y que las materias sobre las cuáles se arribó a un acuerdo son derechos sobre los cuáles se admite pactar. Máxime, cuando no se trata de temas complejos que requieran de conocimientos previos o específicos para su comprensión. Asimismo, se muestra disconforme sobre la forma en que fueron impuestas las costas, cuya imposición carece de fundamento. Por tal motivo, manifiesta que, aún en el caso de desestimar la homologación pretendida, se trata de una cuestión dudosa de derecho que habilitaría la imposición en el orden causado (v. memorial del 2/2/21).
3.A.Como tema preliminar corresponde proveer la petición contenida en la aludida contestación de fecha 11 de febrero por la demandada, en cuanto entiende que el memorial de agravios del accionante carece de una crítica concreta y razonada del fallo atacado, por lo que solicita se rechace el recurso interpuesto (v. esc. eléc. del 11/2/21).
Establece el artículo 260 del CPCC, que el escrito de expresión de agravios debe contener "...una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocadas...", no bastando remitirse a presentaciones anteriores.
Teniendo en cuenta la gravedad de la sanción que es consecuencia de la insuficiencia de la fundamentación del recurso, es que se ha interpretado la norma con criterio restrictivo, favorable al recurrente, en resguardo de su derecho de defensa (art. 260 del CPCC; Morello y otros "Códigos..." T. III, pág. 445 y sgtes.; esta Sala, causa 127784, sent. del 31/7/20, RSI del 205/20).
Sobre la base de lo precedentemente establecido y analizando el contenido del escrito de fundamentación del recurso incoado por el accionante, es que corresponde desestimar el pedido formulado, en tanto cuestiona la suficiencia de los agravios expuestos por la contraria (art. 260 del CPCC).
B. Ahora bien, adentrándonos a las críticas formuladas por el recurrente, cabe adelantar que el embate no puede prosperar. Ello así pues la exigencia de patrocinio letrado involucra el derecho constitucional de la defensa en juicio (conf. art. 18, Constitución Nacional -en adelante CN-).
El artículo 56 del CPCC establece la obligatoriedad de la asistencia letrada. Ello no importa un rigor formal sino que, precisamente, el debido cumplimiento del patrocinio letrado se impone para la adecuada defensa de los derechos (Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, T II-A, p-993, 2da. Ed., Librería Editora Platense-Abeledo Perrot).
Dable es concluir entonces que, si el pretenso convenio fue otorgado sin patrocinio letrado, no reúne todos los recaudos necesarios para su homologación. Es que, la ausencia de un recaudo sustancial, como lo es el patrocinio letrado, implica que no se garantizó el derecho de defensa en juicio de todas las partes que celebraron el convenio (arts. 18, CN; 56, 308, C.P.C.C.; esta Sala, causa 122866, sent. int. del 8/2/18, RSI 14/18).
Tampoco merece favorable acogida el fundamento de que el convenio se celebró extrajudicialmente y que las materias sobre las cuáles se arribó a un acuerdo son derechos sobre los cuáles se admite pactar, por lo que, a entender del recurrente, las partes no precisan asistencia letrada, toda vez que el mismo estaba destinado a ser presentado en juicio (v. cláusula 9° del convenio que luce adjunto al escrito del 10/11/20; conf. arg. arts. 18, CN; 56, 308, CPCC).
Asimismo, debe tenerse en consideración que las cláusulas contenidas en el convenio prevén derechos de una menor de edad, las cuales, a consideración de la señora Asesora de Incapaces en los dictámenes presentados, poseen extrema vaguedad e imprecisión, a la vez que no se tuvo en cuenta como principio rector el interés superior del niño (v. dictámenes del 8/12/20; 12/3/21; conf. art. 3, Convención sobre los Derechos del Niño -de aquí en más CDN-).
A modo de ejemplo de ello, cabe observar que en las cláusulas primera y segunda del mentado convenio se estableció que el cuidado personal de la menor de edad sería compartido e indistinto, con residencia principal en el domicilio paterno, mientras que el contacto materno se desarrollaría sin ningún tipo de limitación en los días y horarios que acuerden las partes, de acuerdo a sus posibilidades y las necesidades de A. (v. cláusulas 1° y 2° del convenio que luce adjunto al escrito del 10/11/20).
Es decir, se aprecia la vaguedad e imprecisión en la forma, días y horarios en que se llevaría a cabo el régimen de contacto materno, el cual deja supeditado al acuerdo que lleguen las partes, teniendo en consideración las posibilidades y necesidades de A., tal cual señala la señora Asesora de Incapaces (v. cláusulas 1° y 2° del convenio que luce adjunto al escrito del 10/11/20 y dictámenes del 8/12/20 y del 12/3/21).
De conformidad con lo aquí expuesto, siendo que en el caso se llevó a cabo un convenio sin patrocinio letrado, el cual pretende homologarse, y en donde se encuentran en juego los derechos de una niña, cuyas cláusulas devienen imprecisas, corresponde confirmar el decisorio de primera instancia en este sentido (conf. arts. 3, CDN; 18, CN; 56, 308, CPCC).
C. En relación al modo en que fueron impuestas las costas, de lo cual también se agravia el recurrente, se adelanta que no merece favorable acogida tal planteo.
La norma del artículo 68 del CPCC, dispone que la parte vencida en el pleito habrá de afrontar el pago de los gastos de la contraparte. El fundamento de la imposición de costas reside en hacer efectiva la responsabilidad de quien, litigando sin derecho, ha ocasionado a su adversario injustificadas erogaciones para el reconocimiento o defensa de sus intereses. De tal modo, la preceptiva indicada consagra el principio objetivo de imposición, basado en el mero hecho del vencimiento, que sólo debe ceder si el sentenciante halla mérito suficiente para establecer la excepción y funda adecuadamente sus razones en el pronunciamiento respectivo, bajo pena de nulidad (art. citado, segunda regla; esta Sala Causas 93.111, sent. del 25/4/2.000, RSD 86/2.000; 120688, sent. del 4/10/16, RSD 205/16, e/o).
Para verificar si la parte ha sido gravada con la obligación de afrontar los gastos causídicos, se debe comprobar si la misma, efectivamente, ha sucumbido en sus pretensiones -actorales o defensivas- ante la contraria, siendo imprescindible efectuar un cotejo entre la postura que uno de los litigantes ha delineado en los planteos sometidos a la jurisdicción, y la tesis que la contraria ha opuesto a su progreso y, todo ello, de frente a las conclusiones contenidas en el fallo.
De conformidad con ello, siendo que en el caso el actor solicitó la homologación del convenio celebrado con la demandada (v. esc. eléc. del 10/11/20); que esta última si bien reconoció la firma, requirió se rechace su homologación (v. esc. eléc. 27/11/20), lo que también fuera peticionado por la señora Asesora de Incapaces (v. dictamen del 8/12/20), y toda vez que la señora juez de grado decidió rechazarla, es que corresponde confirmar el decisorio de primera instancia en este sentido, no apreciándose que se trate, en el caso, de una cuestión dudosa de derecho, tal cual pretende hacer valer el accionante, solicitando, en consecuencia, que se impongan las costas en el orden causado (conf. arts. 68, 69, CPCC).
4.Consecuentemente, corresponde confirmar la resolución de fecha 14 de diciembre de 2020, e imponer las costas de Alzada al recurrente en su calidad de vencido en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se confirma la resolución de fecha 14 de diciembre de 2020 y se imponen las costas de Alzada al recurrente en su calidad de vencido en la presente contienda (conf. arts. 68, 69, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia