Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 76411
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
B.76.411 “MEDINA ANA MARIA Y OTRO/A S/ HOMOLOGACION DE CONVENIO. --CONFL. DE COMPETENCIA ART. 7° INC. 1° LEY 12.008—“
I. La señora Ana María Medina, en su carácter de socia de Viviendas Personal Civil de la Nación Sociedad Civil, junto con los señores Carlos H. Echeverría y Manuel F. Gómez, ambos en representación de la referida sociedad, solicitaron la homologación del “Acuerdo de reconocimiento de deuda, refinanciación y pago”, celebrado el día 7 de octubre de 2011 entre los peticionantes.
Manifiestan que, con posterioridad a la aprobación judicial del mencionado convenio, darán inicio al procedimiento de escrituración gratuita de la Unidad Funcional N°184 del Edificio 9 Piso 2° Departamento "12" del Barrio U.P.C.N. de la ciudad de Glew, Partido de Almirante Brown, ante la Escribanía Mayor de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la ley 10.830.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, cuyo magistrado se inhibió de intervenir en el asunto. Para así decidir, sostuvo que el supuesto de autos, al tratarse de un acuerdo suscripto “entre un órgano de un modo u otro vinculado al Estado y un particular”, guardaba sustancial analogía con la cuestión planteada en los autos “Ponce Nuñez” (causa B. 70.951, resol. de 19-V-2010) y, por lo tanto, resultaba aplicable el criterio allí sentado por este Tribunal.
De esta manera las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 departamental. Sin embargo, su titular se rehusó a aceptar la competencia que le fuera endilgada por considerar que el caso se encontraba regido por normas de derecho privado, en virtud de lo cual, se hallaría excluido del ámbito de su conocimiento (conf. art. 4 inc. 1, CCA).
En consecuencia, dio por configurada la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. En primer lugar, es preciso recordar que el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
IV. Siendo así, cabe ponderar que en la especie los peticionantes solicitan la homologación judicial del acuerdo de “reconocimiento de deuda, refinanciación y pago”, arribado entre una sociedad civil y una de sus socias –de acuerdo a la copia simple del "Acta de adhesión" acompañada-, en razón de la mora incurrida en el pago de ciertas cuotas sociales y gastos comunes devengados en determinados períodos.
De esto se desprende, en esta etapa preliminar, que la cuestión aquí planteada se circunscribe al abordaje del convenio celebrado entre dos particulares respecto de los conceptos adeudados en el marco de una relación societaria, regida por el derecho privado. Por esta razón, no hay motivos plausibles por los cuales este proceso deba ventilarse en el fuero especializado (arts. 166, Const. prov.; 1, 2, 4 inc. 1, 7 y concs., ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
V. Por los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se le remitirá el expediente para la prosecución del trámite de la causa.
Hágase saber de lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del mismo departamento judicial.
Regístrese y ofíciese.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/07/2020 10:59:53 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:53:28 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 20/07/2020 14:00:45 - TORRES Sergio Gabriel
Funcionario Firmante: 20/07/2020 16:13:36 - PETTIGIANI Eduardo Julio
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:06:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:58:09 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia