Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125839
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 125.839 "FERRARO ANTONIO HÉCTOR S/ HOMOLOGACIÓN DE CONVENIO"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por el señor Leonardo Antonio Ferraro contra el resolutorio dictado en la instancia de origen que, a su turno, homologara el acuerdo celebrado entre Antonio Héctor Ferraro y Mirta Iberra -hoy fallecida- sobre liquidación de régimen patrimonial del matrimonio (v. sents. del 30-IV-2021 y 22-III-2022).
II. Contra dicho pronunciamiento el interesado se alza mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el cual denuncia errónea aplicación de los arts. 979, 984, 997, 998, 1026, 1028, 1182 inc. 2 del Código Civil (derogado) y 9, 10, 382 y concs. y 1017 del Código Civil y Comercial (v. presentación del 5-IV-2022).
III. El remedio intentado no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, el Tribunal de Alzada -en su sentencia de fecha 22 de marzo de 2022- en relación al convenio en crisis sostuvo que "... la forma mixta en la que el mismo ha sido celebrado, esto es, por instrumento privado con firmas certificadas por notaria y sometido luego al juez para su homologación, resulta válida en atención a lo previsto en el art. 1184, inc. 2do., parte final, del Código Civil..." (v. pág. 6) y, asimismo, que "... si bien la partición mixta no está autorizada expresamente en el nuevo Código Civil y Comercial, la misma no resulta excluida en el nuevo ordenamiento, toda vez que el art. 1017 no se refiere a las particiones, por lo que la solución sería invariable..." (v. pág. 7).
Sentado ello, en cuanto a la inoponibilidad planteada dijo: "... el convenio glosado en copia a fs. 66/71 fue celebrado por personas que ejercieron por sí mismas sus derechos por instrumento privado con las firmas certificadas por notaria, lo cual le otorga plena eficacia probatoria (...) hace plena fe hasta que sea argüido de falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos que el oficial público anuncia como que han pasado en su presencia (art. 993 del Código Civil). Lo que constituye un instrumento público es la certificación del escribano, y no el contenido del documento. Pero constando que las firmas que lo suscriben son de las partes, se presume la verdad de su contenido, salvo prueba en contrario (...) el instrumento privado provisto de la certificación notarial de firmas, reviste la condición de prueba auténtica conferida por la intervención del escribano público, lo que acarrea una presunción legal sobre la veracidad de su contenido..." (v. págs. 7/8).
Y, finalmente, en torno al planteo de prescripción efectuado por el recurrente sobre la base de que el acuerdo supera los veinte años de su firma y que el señor Antonio Ferraro se presentó a pedir la homologación del acuerdo luego de que se dictara la declaratoria de herederos y se ordenara la inscripción del bien, sostuvo que "... tales apreciaciones no constituyen una crítica concreta, razonada y seria del fallo que se intenta atacar, en tanto las mismas no logran demostrar la deficiencia de la decisión quedando reducidos a una mera disconformidad que imposibilita la función revisora de esta Alzada (...) las afirmaciones referidas a que la transacción, el acuerdo y cualquier acto jurídico son inoponibles a quien no intervino, que además de no tener correlación con el presente planteo, no suponen la demostración de errores, omisiones o deficiencias del fallo; así como, las relativas a que hubo ostensible mala fe e inducción a error por parte del Sr. Antonio Ferraro que resultan ser meras apreciaciones subjetivas que se agotan con su enunciación..." (v. págs. 11/12).
Tales fundamentos, que se constituyen en el eje central de la sentencia en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 4/13 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (relacionados con la normativa aplicable, la eficacia del acuerdo y la inoponibilidad del mismo a su respecto) se han limitado a reiterar -en sustancia- lo expuesto ante el órgano anterior que ha sido tratado y desechado, omitiendo atacarse de modo directo y eficiente las afirmaciones y conclusiones vertidas por la Cámara. En otras palabras, el impugnante se ha desentendido de las razones expuestas por el sentenciante, exteriorizándose simplemente una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo expuesto, basta para repeler este fragmento impugnativo y permite, además, descartar las infracciones legales indicadas a lo largo del escrito en análisis (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Tampoco puede atenderse la -someramente- alegada violación a la doctrina legal expuesta en la pág. 6 del escrito recursivo, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción, es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por el impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/02/2023 16:38:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 14:13:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2023 15:33:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2023 09:03:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/02/2023 11:57:50 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/02/2023 12:53:49 hs. bajo el número RR-26-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia