Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129212
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución de fecha 26/10/2020. No hallando mérito el Tribunal para modificar el aludido resolutorio en cuanto fija los honorarios del doctor Roberto Pablo Journe (T.51, F.242, CALP) -letrado patrocinante de la parte actora-, de la doctora Carolina Nadal (T.60, F.50, CALP) -letrada patrocinante de la demandada en la etapa de mediación-, y de la mediadora María Eva Simurro, se confirma también en este aspecto el decisorio de fecha 26/10/2020 (arts. 1, 2, 9 ap. II inc. 10, 10, 15, 16, 21, 25 y concs. ley 14.967; 1255, CCCN; 260, 272, CPCC), con más el aporte legal ley 10.268. Se deja establecido que la accionada deberá responder en forma exclusiva por la totalidad de los honorarios convenidos en el acta de mediación, y respecto de las diferencias en más entre esos estipendios y los regulados en la sentencia recurrida que aquí se confirma -con más sus aportes de ley-, serán soportados de la siguiente manera: la diferencia correspondiente a la mediadora, en partes iguales entre requirente y requerida; la diferencia respecto del doctor Journe (letrado de la requirente) a cargo de su patrocinada; los honorarios regulados a la doctora Nadal (letrada de la requerida) a cargo de la demandada apelante (arts. 35 de la ley 13951 y 19 del decreto 43/2019). Las costas de Alzada se imponen por su orden atento el modo en que se resuelve y la falta de contradicción (art. 68, 2do. párr., 69 del CPCC).
Sentencia InterlocutoriaCausa N° 129212;
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 4 - LA PLATA
AYALA BETIANA VALERIA Y OTRO/A C/ RAMIREZ SANDRA NOEMI S/ HOMOLOGACION MEDIACION LEY 13.951
La Plata, 4 de Agosto de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto el 07/11/2020 por la parte demandada, contra la resolución de fecha 26/10/2020. El remedio fue concedido el 11/11/2020, fundado a través del memorial del 19/11/2020, ordenado sustanciar mediante proveído del 02/12/2020 -última parte-, arribando incontestado a esta instancia revisora a pesar de haberse dado cumplimiento con lo exigido por Presidencia de este Tribunal de Alzada el 22/03/2021 (ver cédula electrónica del 07/04/2021, orden de elevación del 23/04/2022 y providencia del 09/05/2022). A su vez, en el aludido escrito del 07/11/2020, la parte demandada -por el principio de eventualidad- apeló -por altos- los honorarios regulados el 26/10/2020, recurso que también fuera concedido el 11/11/2020 (todo conforme constancias obrantes en el sistema Augusta).
2. En prieta síntesis, la parte demandada solicita que se deje sin efecto la regulación de honorarios; a todo evento, requiere que se establezcan conforme lo convenido y la normativa que estima aplicable; también eventualmente apela los fijados por altos.
Se agravia pues sostiene que no correspondía, luego de la homologación del convenio, regular honorarios por la etapa de mediación, desde que -esgrime- en esa instancia fue acordado lo referido a las costas, costos y honorarios profesionales de la mediación y quién debía hacerse cargo, lo que alega que no fue motivo ni de cuestionamiento ni de reclamo en la instancia judicial ya que enfatiza que fueron cancelados por la apelante en la oportunidad prevista por la ley. En virtud de lo anterior, entiende que no se da el supuesto que prevé el art. 19 del decreto 43/2019 (reglamentación de la ley 13951, régimen de mediación en conflictos judiciales, hoy derogado por decreto 600/2021).
Expresa que la regulación por las tareas realizadas en la etapa de mediación hizo caso omiso a lo acordado en la misma respecto de las costas, costos y honorarios, siendo que lo convenido -a su criterio- respetaba el mínimo de la escala arancelaría tanto del mediador como de los letrados por lo que no considera afectado el orden público.
Manifiesta que los honorarios fueron convenidos por las partes, todos estuvieron de acuerdo en establecer como pauta de retribución por la tarea realizada, la suma fija que establece el decreto 43/2019 para asuntos de monto indeterminado pese a que respecto de la cuestión a conciliar se estableció la suma adeudada y la forma de pago, y que en virtud de ello abonó en su totalidad los honorarios de todos los profesionales, contando con documentación respaldatoria, la que -según alude- se acompañará en la oportunidad que se requiera.
Se duele por la regulación de los honorarios de la mediadora y los letrados -por su tarea en la mediación- en sumas superiores a las convenidas, así como por la aplicación de los arts. 16, 21, 25, 47 y concs. de la ley 14967 (Ley de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores de la Provincia de Buenos Aires, en adelante LHP), pues refiere que no se trata de actuación judicial sino de la etapa de mediación que a su criterio debe ser considerada como asunto extrajudicial (ver memorial de agravios de fecha 19/11/2020, sist. Augusta).
3. Conforme el estado de las actuaciones y atento el alcance del recurso, repárase que en oportunidad del dictado del resolutorio atacado la señora jueza de la instancia de origen, luego de homologar lo convenido por las partes en el acuerdo presentado con fecha 08/07/2020, dejó establecidas las costas conforme lo normado por el art. 19 del decreto 43/2019 y reguló los honorarios de la mediadora doctora Maria Eva Simurro en la suma de $15.000 -11,73 jus-, los del doctor Journa (correctamente, Journe, conforme aclaratoria de fecha 07/04/2021) Roberto Pablo, letrado patrocinante de la actora, en la suma de $33.000 -17,64 jus-, y los de la doctora Carolina Nadal, letrada de la demandada, en la suma de $22.000. Para así decidir, tuvo en cuenta que se acordó el pago de una suma líquida por lo que no resulta un monto indeterminado, razón por la cual tomó como base el importe del acuerdo de U$S11.000, que al día de la regulación ascendía a la suma de $913.000, más allá de lo que surge de la cláusula 6 del aludido convenio (ver resolución de fecha 26/10/2020, sist. Augusta).
4. Liminarmente y en lo que aquí interesa, corresponde reparar que según acta de audiencia de mediación -realizada con acuerdo- de fecha 07/10/2019 (ver páginas 7 y 8 del segundo archivo “.pdf” adjunto al trámite electrónico del 08/07/2020) las partes convinieron que “...el monto nominal de la deuda proveniente del saldo del contrato es de U$S11.000...” (cláusula 1), para luego pactar la forma de pago (cláusula 2) entre otras cuestiones, y dejar expresamente establecido en la cláusula 6 que “Las costas y costos que surgen del presente serán a cargo de la requerida. Los honorarios del letrado patrocinante de los requirentes y de la Mediadora interviniente se calcularán sobre la base del Decreto 43/2019 para asuntos de monto indeterminado”.
En este punto, debe resaltarse que arriba enhiesto a esta instancia el fundamento principal de la resolución atacada, esto es, que habiéndose acordado el pago de una suma líquida la base regulatoria no resultaba de monto indeterminado (arts. 260, 272, Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-).
Dicha circunstancia efectivamente afecta el orden público, a diferencia de lo sostenido por la recurrente en su intento revisor.
Es que habiéndose presentado para su homologación el acuerdo arribado en la etapa de mediación, no puede alegarse válidamente que los honorarios convenidos en la misma acta con pie en una base errónea, no hayan sido sometidos a la decisión de la sentenciante.
Al respecto, cabe mencionar que se ha sostenido que las disposiciones normativas contenidas en el decreto ley 8904/77 son de orden público (SCBA LP 48990 S 11/12/1984), por lo que el tribunal aún de oficio puede expedirse sobre la base regulatoria que debe aplicarse al caso. Lo propio ocurre con las disposiciones de la ley 14.967 -ley arancelaria vigente-.
En el caso particular, el art. 31 del decreto 43/2019 citado como fundamento -entre otros- de la regulación de honorarios atacada, establece en su primera parte que “Los mediadores percibirán por su labor, teniendo en cuenta para su determinación el monto de reclamo o el que resulte del acuerdo, transacción y/o sentencia judicial, los honorarios conforme a las siguientes pautas mínimas...”. A su vez, en su anteúltimo párrafo, dispone que “Ningún proceso judicial podrá considerarse concluido sin previo pago de los honorarios del mediador. No se ordenará el levantamiento de embargos, inhibiciones y/o cualquier otra medida cautelar, ni se hará entrega de fondos o valores depositados, inscripciones, y/o cualquier otra gestión que fuere objeto del proceso, hasta tanto no se haga efectivo el pago de los mismos y cumplido con el artículo 21 de la Ley Nº 6716...”.
Por su parte, el art. 35 de la ley 13951, en cuanto a los honorarios de los letrados por las tareas en la gestión de Mediación, contiene una remisión a la Ley de Honorarios vigente en la Provincia de Buenos Aires; ello habilita la aplicación al supuesto particular de los arts. 21 y 25 de la ley 14967 -LHP- por tratarse de la homologación de un acuerdo, conforme lo expresamente previsto por el inciso 10 del apartado segundo del art. 9 de la aludida ley arancelaria.
Atento todo lo anterior, corresponde puntualizar que tratándose de tareas profesionales llevadas a cabo con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto 600/2021 (la que acaeciera el 19/08/2021, habiendo sido publicado en el Boletín Oficial el 18/08/2021 -conforme art. 7° del ordenamiento en cuestión-), y por ende consumadas bajo la vigencia del régimen antecedente, la normativa específica aplicable al caso -tal lo que surge de estas actuaciones- es el decreto 43/2019 (arts. 3, Código Civil ley 340 y modfi. -hoy derogado; CC-; 7 Código Civil y Comercial de la Nación ley 26994 -CCyC-; esta Sala, arg. y doct. causas 122800, RSD 218/17, sent. del 06/11/2017; 112755, RSD 287/18, sent. del 09/10/2018; 126926, RSI 54/20, sent. int. del 10/03/2020; 130115, RSI 388/21, sent. int. del 02/09/2021).
A su vez y teniendo en cuenta que tanto la etapa de mediación como los presentes obrados fueron iniciados con posterioridad al 21/10/2017 -oportunidad en la que entró a regir la normativa involucrada-, es que resulta aplicable a estos actuados la ley 14.967, vigente en la época de la realización de las tareas (art. 7, CCyC).
Conforme lo precedentemente reseñado, cuadra juzgar que el apartamiento por la sentenciante de lo convenido en la cláusula 6 del acuerdo presentado en estos obrados, para establecer la base regulatoria correcta -por no tratarse de una cuestión de monto indeterminado- y posteriormente regular los honorarios tanto de la mediadora como de los letrados intervinientes en la etapa de mediación, se encuentra ajustada a derecho atento el trámite de homologación judicial del acuerdo en cuestión incoado por la parte actora requirente. Ello conlleva al rechazo de la parcela de los agravios en cuanto pretende que se deje sin efecto la regulación de honorarios y que, a todo evento, se establezcan conforme lo convenido (arts. 260, 272, CPCC).
Adítase a lo anterior que la conversión del monto prealudido de U$S11.000 fue correctamente efectuado por la señora jueza de la instancia anterior al día de la regulación de honorarios, tomando al efecto la cotización oficial de la moneda extranjera en el mercado libre de cambios -sin adicionar impuesto alguno-.
5. Con relación al tramo del decisorio atacado que establece las costas conforme lo normado por el art. 19 del decreto 43/2019, debe repararse que esa norma dispone que “La homologación del acuerdo será solicitada por cualquiera de las partes ante el Juzgado sorteado conforme lo establece el artículo 7° de la Ley N° 13951. Si en el acuerdo no se hubiere previsto el pago de los honorarios del mediador o de cualquier otro rubro que sea consecuencia de la homologación, los mismos serán soportados por partes iguales entre requirente y requerido, con excepción de los honorarios de los letrados que estarán a cargo de su mandante o patrocinado”.
En este contexto, si bien en el acta de mediación se convino que las costas y costos que surgían de la misma serían a cargo de la requerida, es lo cierto que para ello se pactó que los honorarios del letrado patrocinante de los requirentes y de la mediadora interviniente se calcularían sobre la base del Decreto 43/2019 para asuntos de monto indeterminado.
Ello así, habida cuenta que la jueza de grado determinó la base regulatoria correcta y toda vez que los honorarios así pactados resultarían inferiores a los regulados por la aludida sentenciante, es que deviene pertinente en este sentido la aplicación al caso particular de lo normado en el art. 19 citado del decreto 43/2019, desde que las partes no han acordado en torno a los honorarios regulados que resultan superiores a los convenidos en el acta en cuestión.
Empero corresponde aquí fijar el alcance de la circunstancia antedicha en cuanto a que los honorarios se encontraban estipulados -en un monto menor- a cargo exclusivamente de la parte requerida, hoy demandada apelante.
Por consiguiente, la accionada deberá responder en forma exclusiva por la totalidad de los honorarios convenidos en el acta de mediación, y respecto de las diferencias en más entre esos estipendios y los regulados en la sentencia recurrida -con más sus aportes de ley-, serán soportados de la siguiente manera: la diferencia correspondiente a la mediadora, en partes iguales entre requirente y requerida; la diferencia respecto del doctor Journe (letrado de la requirente) a cargo de su patrocinada; los honorarios regulados a la doctora Nadal (letrada de la requerida) a cargo de la demandada apelante. Todo ello por aplicación de los prealudidos arts. 35 de la ley 13951 y 19 del decreto 43/2019.
6. Sin perjuicio de ello y en virtud que el instituto de la reformatio in pejus es un principio de jerarquía constitucional que prohíbe agravar, perjudicar o empeorar objetivamente la situación del recurrente (conf. SCBA causa 119.580 sent. del 15/11/2016, Juez De Lázzari SD), es que cabe confirmar los importes de la regulación de honorarios realizada en la instancia con fecha 26/10/2020, conforme lo que a continuación se dispone (art. 272 del Código Procesal Civil y Comercial).
Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Cámara, Sala 3, causa B-79.059, reg. sent. 195/94 e.o., esta Sala causa 127749 RSD 164-20 sent. del 25/09/2020 e.o).
Las costas de Alzada se imponen por su orden atento el modo en que se resuelve y la falta de contradicción (art. 68, 2do. párr., 69 del CPCC).
POR ELLO, se confirma la apelada resolución de fecha 26/10/2020. No hallando mérito el Tribunal para modificar el aludido resolutorio en cuanto fija los honorarios del doctor Roberto Pablo Journe (T.51, F.242, CALP) -letrado patrocinante de la parte actora-, de la doctora Carolina Nadal (T.60, F.50, CALP) -letrada patrocinante de la demandada en la etapa de mediación-, y de la mediadora María Eva Simurro, se confirma también en este aspecto el decisorio de fecha 26/10/2020 (arts. 1, 2, 9 ap. II inc. 10, 10, 15, 16, 21, 25 y concs. ley 14.967; 1255, CCCN; 260, 272, CPCC), con más el aporte legal ley 10.268. Se deja establecido que la accionada deberá responder en forma exclusiva por la totalidad de los honorarios convenidos en el acta de mediación, y respecto de las diferencias en más entre esos estipendios y los regulados en la sentencia recurrida que aquí se confirma -con más sus aportes de ley-, serán soportados de la siguiente manera: la diferencia correspondiente a la mediadora, en partes iguales entre requirente y requerida; la diferencia respecto del doctor Journe (letrado de la requirente) a cargo de su patrocinada; los honorarios regulados a la doctora Nadal (letrada de la requerida) a cargo de la demandada apelante (arts. 35 de la ley 13951 y 19 del decreto 43/2019). Las costas de Alzada se imponen por su orden atento el modo en que se resuelve y la falta de contradicción (art. 68, 2do. párr., 69 del CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE (art. 36 ley 5827)
Se transcriben a continuación las disposiciones del artículo 54 ley 14.967.ARTÍCULO 54 LEY 14.967: "Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado.Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido.Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio.En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo.Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio.Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles.Operada la mora, el profesional podrá optar por:a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual.b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación". _
Fin de la sentencia