Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 156282
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 27 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs. 22/24, sin costas en atención al modo en que se resuelve y tratarse de una cuestión dudosa de derecho en virtud de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 13951 (arts. 68, 70 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios (art. 31 del dec. ley 8.904/77).IV.- Registrar el presente y transcurrido el plazo del art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
ROBERTO J. LOUSTAUNAU PEDRO D. VALLE
Alexis A. Ferrairone
Secretario
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA
REGISTRO N° 250-R FOLIO N° 419/21
EXPEDIENTE N° 156282 JUZGADO N°14
"DELMASTRO CARLOS ALBERTO y otro/a C/ SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE EDIF DE RENTA Y HORIZONTAL S/HOMOLOGACION MEDIACION LEY 13.951"
Mar del Plata,10 de junio de 2014.
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: Las presentes actuaciones traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 27, contra la resolución de fs. 22/24.
I. En el auto cuestionado el a quo rechazó la homologación del acuerdo al que arribaron las partes en la etapa de mediación prejudicial.
Para proceder como lo hizo señaló que, para la adquisición del derecho real de dominio de bienes inmuebles que tiene por causa la posesión continua de veinte años con ánimo de tener la cosa para sí se requiere el cumplimiento ineludible de normas imperativas de fuente legal, y como tales de orden público (arts. 2373, 3948, 4015, 4016 Cód. Civ), por lo que resultaba imperativo para el pretenso poseedor la acreditación de los recaudos legales (arts. 679, 681 del CPCC y 24 de la ley 14.159) toda vez que ni el allanamiento expreso del propio titular alcanzaría para eximirlo de tal carga.
II. A fs. 31/32 obran los agravios del recurrente quien alegó que el acuerdo arribado nació de la voluntad de las partes y fue formalizado mediante el instituto de la mediación obligatoria que surge de una norma especial posterior a las normas generales en las que el a quo sustenta su decisión.
Asimismo indicó que si el sentenciador interpretaba que la ley 13.951 viola un orden superior debió declarar su inconstitucionalidad y no rechazar la homologación.
III. El recurso no prospera.
1. Liminarmente, encontramos necesario señalar que, la declaración de inconstitucionalidad constituye la “ultima ratio” del orden jurídico a la que sólo cabe aludir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan las normas de inferior jerarquía (CSJN, fallos 312:2315, 316:782).
Por ello, entendiendo que el caso sub examine puede ser abordado sin cercenar los derechos de las partes, no corresponde expedirnos en torno a ello.
2. El art. 2502 del Código Civil dispone “Los derechos reales sólo pueden ser creados por la ley. Todo contrato o disposición de última voluntad que constituyese otros derechos reales o modificarse los que por este Código se reconocen, valdrá sólo como constitución de derechos personales, si como tal pudiera valer”.
Es decir que, a diferencia del ámbito de los derechos personales, en el que reina el principio de la autonomía de la voluntad privada y la libertad de las convenciones, en la perspectiva de los derechos reales el principio se modifica sustancialmente, siendo uno de los rasgos distintivos de ellos el grado de incidencia del orden público. De allí que sólo pueden generarse los derechos reales admitidos por la ley, sin que pueda modificarse las regulaciones legales sobre ellos.
Es que, las normas de orden público se caracterizan por ser imperativas, es decir que no puede ser dejada de lado por la voluntad de los particulares.
Al respecto, se ha profundizado la caracterización de las normas estatutarias, o imperativas, señalándose que ellas refieren a la determinación de los elementos que integran la relación jurídica real y, por consiguiente, a los sujetos, el objeto y a la causa de los derechos y relaciones jurídicas reales; en cuanto a esta última (causa), todo lo relacionado con su adquisición (modos, y, en su caso títulos), constitución, modificación, transferencia y extinción ( GATTI, Edmundo, "Teoría General de los Derechos Reales", Ed. Abeledo - Perrot, p. 116, AREAN, Beatriz, "Derechos reales", Ed. Hammurabi, 6ª edición renovada y ampliada, t. 1, p. 65, citado por Marcelo Antonio Mendizábal, Gonzalo Alejo, ob. cit.).
La preponderancia de las normas imperativas en los derechos reales esta dado por la gravitación social y económica de la titularidad, explotación, circulación y extinción de la riqueza, por cuya razón el reconocimiento y protección legal comprende al titular del derecho real y lo trasciende, proyectándose así sobre intereses supra individuales (conf. Marcelo Antonio Mendizábal, Gonzalo Alejo ob. cit.)
3. Así las cosas, en lo que respecta a la usucapión o prescripción adquisitiva, como modo de adquirir el dominio de bienes inmuebles, se requiere del cumplimiento ineludible de normas imperativas de fuente legal y, como tales, de orden público, como ser aquella según la cual la forma de modificar ese derecho debe provenir de un proceso judicial de carácter contencioso (art. 24 inc. a, 25 de la ley 14.159), debiendo acreditarse de manera fehaciente la posesión a título de dueño de manera continua, pacífica e ininterrumpida (arts. 2351,2378, 4015 y concds del Cód. Civ).
En este sentido nuestro Máximo Tribunal Nacional ha reiterado que “(…) dado el carácter excepcional que reviste la adquisición de dominio por el medio previsto en el art. 2524 inc. 7º y 4015 del Código Civil, la realización de los actos comprendidos en el art. 2373 de dicho cuerpo legal y el constante ejercicio de esa posesión deben haber tenido lugar de manera insospechable, clara y convincente” (fallos 300:651; 308:1699 y 316:2297, entre otros).
Es decir que “(…) no basta con que se acredite un relativo desinterés sobre el inmueble por parte de la demandada, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios efectuados por quien pretende usucapir” (fallos 326:2048 el subrayado no es de origen).
Máxime cuando ni el allanamiento del demandado en este tipo de procesos, exime al actor de la carga de probar la concurrencia de los requisitos legales, pues estando comprometido el orden público se vulneraría seriamente el interés superior de la sociedad (conf. este Tribunal, Sala I en causa 131.094 RSD-355 del 10/8/2006, Sala III causa nº 144.693 RSD 50 del 10/11/2009 y profusa jurisprudencia citada por Areán Beatriz A. en “Juicio de Usucapión”, 5ta edición actualizada y ampliada, reimpresión, Ed. Hamurabi, Bs. As. 2009, pág. 496 y ss.).
4. Así las cosas, si bien la usucapión no se encuentra dentro de las materias exceptuadas al proceso de mediación prejudicial (art. 4 ley 13.951, Anexo A del decreto reglamentario 2530/2010), al ser de orden público las normas que regulan este modo de adquirir el dominio, la cuestión no puede ser resuelta de manera privada en una audiencia de mediación y corresponde excluirla de tal proceder.
Consecuencia de ello, la convención que las partes efectúen al respecto no puede ser homologada por el sentenciador, pues se trata de un contrato prohibido por ser indisponible su objeto (arts. 21, 844 y 2502 del Cód. Civ).
5. Frente a este panorama concluimos que, no resultando suficiente la conformidad brindada en la etapa de mediación por el titular registral del bien objeto de usucapión, deberá cumplirse con la etapa probatoria, tal como las propias partes lo señalaron en la cláusula novena del acuerdo celebrado en la instancia prejudicial (ver fs. 20), a los fines de acreditar los extremos requeridos por la ley y obtenerse eventualmente la sentencia declarativa del derecho peticionado por el accionante (arts. 2351, 2358, 3948, 4015, 4016 y concds del CC, arts. 679 y concds del CPCC) pudiendo servir el acuerdo arribado como parte del plexo probatorio.
Por ello y lo normado por los arts. 34, 36, 133, 242, 245 y cctes. del C.P.C.,RESOLVEMOS: I.- Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 27 y confirmar, en consecuencia, la resolución de fs. 22/24, sin costas en atención al modo en que se resuelve y tratarse de una cuestión dudosa de derecho en virtud de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 13951 (arts. 68, 70 del C.P.C.). III.- Diferir la regulación de honorarios (art. 31 del dec. ley 8.904/77).IV.- Registrar el presente y transcurrido el plazo del art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
ROBERTO J. LOUSTAUNAU PEDRO D. VALLE
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia