Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 47.096-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar los actos apelados en autos, en todas sus partes, con costas.
2Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 690.870 (Pesos seiscientos noventa mil ochocientos setenta) por el patrocinio letrado y de $ 276.348 (Pesos doscientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho) por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos primeras etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 2.651.309 (Pesos dos millones seiscientos cincuenta y un mil trescientos nueve) equivalente a 86,75 (ochenta y seis con 75/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 6.628.272 (Pesos seis millones seiscientos veintiocho mil doscientos setenta y dos) equivalente a 216,88 (doscientos dieciséis con 88/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe firma conjunta Número: IF-2024-14475120-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 8 de Febrero de 2024 caratulado “HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias”.
En Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 47.096-I (y acumul. N° 48.136-I, 47.507-I, 48.402-I y 48.836-I) caratulado “HONDA MOTOR DE ARGENTINA S.A. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias”.
El Dr. Martin dijo:
I. Que a fs. 39/49, 133/148, 1878/1891, 2108/2123 y 2329/2340 Honda Motor de Argentina S.A. interpone recurso de apelación contra los siguientes actos:
a. Resolución Nº 105/2016 (DV DEOB) de fecha 24 de junio de 2016 dictada por la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales por la cual se impugnó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2008 y se determinó el impuesto y el saldo a favor de la contribuyente en dicho impuesto y mismo período fiscal, luego del cómputo de anticipos, impuesto a los créditos y débitos bancarios, retenciones y percepciones. -Expte. N° 47.096-I- b. Resolución Nº 81/2017 (DV DEOB) de fecha 23 de junio de 2017 dictada por la División Determinaciones de Oficio “B” del Departamento Técnico Grandes Contribuyentes Nacionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales por la cual se determinó la situación tributaria frente al Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2009 a 2012 y se determinó el monto a ingresar por el período fiscal 2009 con más intereses resarcitorios y se aplicó una multa equivalente al 70% del gravamen omitido por el período fiscal 2009 en los términos del art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.). -Expte.
N° 48.136-I- c. Resolución de fecha 12 de octubre de 2016 dictada por el Jefe (int.) de la División Recaudación del Departamento Gestión de Cobro de la AFIP-DGI, por la cual se rechazó la compensación con saldos originarios del Impuesto a las Ganancias 2009 al periodo fiscal 2011 y se intimó el ingreso del monto correspondiente al período fiscal 2011. -Expte. N° 47.507-I- d. Resolución de fecha 20 de octubre de 2017 dictada por el Jefe (int.) del Sector Atención de Cuenta Corriente de la División Recaudación de la Dirección Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI por la cual se intimó el ingreso de saldos adeudados de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias de los periodos 2011 y 2012 como consecuencia del cómputo indebido en el pago a cuenta del Impuesto a las Ganancia Mínima Presunta. -Expte.
N° 48.402-I- e. Resolución de fecha 4 de mayo de 2018 dictada por el Jefe (int.) de la División Recaudación del Departamento de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP-DGI, por la cual se anuló y reemplazo la intimación de fecha 20/10/2017 y se intimaron, en lo que aquí interesa, los saldos deudores de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias resultantes de las determinaciones de oficio recurridas en las presentes actuaciones -Expte. N° 48.836-I-.
Explica que es una sociedad anónima cuya principal actividad es la fabricación y venta de automóviles, motocicletas, productos de fuerza, accesorios y repuestos, y que importa algunos de dichos bienes para venderlos a sus concesionarios. Aclara que parte de las operaciones de importación y comercialización son llevadas a cabo en la Pcia. de Tierra del Fuego, donde ingresan al territorio provincial bienes provenientes del extranjero que luego vende a concesionarios radicados en dicha provincia.
Relata que a raíz de una presentación efectuada en fecha 16 de octubre de 2009 por la cual solicitó la devolución de saldos a favor en relación al Impuesto a las Ganancias por el periodo fiscal 2008, el Organismo Fiscal resolvió iniciar una verificación impositiva, lo que generó el dictado de las Resoluciones Nº 105/2016 y Nº 81/2017, y con posterioridad el Fisco Nacional dictó las intimaciones sobre los pagos relacionados a los periodos apelados al haber rechazado las compensaciones efectuadas.
Detalla que en el ajuste se consideró que las ganancias provenientes de las ventas de los bienes importados a la Pcia. de Tierra del Fuego y comercializados a clientes radicados en esa jurisdicción no gozaban de la exención del Impuesto a las Ganancias prevista en el Régimen Promocional establecido por la Ley N° 19.640, sin embargo remarca que desarrolló operaciones en el territorio de Tierra del Fuego, respecto de bienes que fueron importados a esa provincia, por lo que entiende que puede gozar de los beneficios previstos en el régimen promocional al haber cumplido con los recaudos y la finalidad de la norma.
Explica que GC Área Aduanera S.A. se encargaba de realizar, en su nombre, todas las gestiones aduaneras necesarias para el ingreso de los bienes al territorio y la remisión a los depósitos fiscales correspondientes, lo que una vez que se encontraban allí, eran retirados por una empresa de transportes contratada para ser entregados a los concesionarios que los habían adquirido, de acuerdo a los pedidos de compra efectuados, todos ellos domiciliados en la Pcia. de Tierra del Fuego. Indica que los bienes importados eran entregados, a través del servicio proporcionado por Transportes Rubén O. García S.A., en el domicilio de cada concesionario, lo que perfeccionaba en ese momento la operatoria de compraventa en el territorio de la citada provincia.
Por ello, destaca que toda la operatoria comercial se desarrolló en el territorio provincial, respecto de bienes importados y situados en esa misma jurisdicción. De este modo, los recaudos establecidos en la norma y la finalidad de la misma se encontraban cumplidos, lo que afirma se desprende de la documental acompañada que acredita que todos los bienes comercializados fueron importados al territorio provincial e ingresados a depósitos fiscales allí situados y vendidos en dicha provincia a sujetos radicados en esa misma jurisdicción. Explica que la Ley N° 19.640 dispuso un régimen aduanero y fiscal especial para el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur con el fin de corregir las imperfecciones en la oferta de bienes y así facilitar la competencia y defender la demanda local y su poder adquisitivo mediante desgravaciones fiscales. De acuerdo con el texto de la ley, expone que se consagra como principio rector la territorialidad de las operaciones y no el lugar de domicilio social de la entidad, como pretende el Fisco Nacional. Exhibe que el régimen en cuestión ha sido establecido con el propósito de defender la demanda interna y paliar las dificultades que se atraviesan en relación a la situación geográfica de la provincia.
Plantea la vulneración al principio de legalidad dado que las ganancias obtenidas durante estos períodos fiscales gozaban de la exención en el Impuesto a las Ganancias prevista en la Ley N° 19.640. Manifiesta que el Fisco Nacional refiere al incumplimiento de dos recaudos que no se encontraban explícita ni implícitamente exigidos por el régimen promocional: que las empresas o sucursales del contribuyente se encuentren radicadas en la provincia y que los documentos vinculados con la operatoria desarrollada sean emitidos en la misma. Destaca que ni en la norma ni en el decreto que la reglamentó surge que eso sea necesario para gozar de las franquicias impositivas previstas en la Ley, por lo que de esta manera se afecta la finalidad del propio régimen. Con relación a las resoluciones por las cuales se rechazaron las compensaciones pretendidas y se intimaron los saldos adeudados, remite a los argumentos por los cuales sostiene la improcedencia del ajuste discutido en autos en razón de que las mismas reconocen origen en las determinaciones dictadas.
En particular en lo que hace a los importes reclamados en la intimación de fecha 20 de octubre de 2017, que fue posteriormente anulada mediante la emitida en fecha 4 de mayo de 2018, aduce que contiene una liquidación errónea.
Alega la improcedencia de los intereses resarcitorios reclamados al ser accesorios de la obligación tributaria sustancial y, al no haber capital exigible, tampoco podrían devengarse.
En cuanto a la multa aplicada por la Resolución Nº 81/2017, sostiene la falta del elemento objetivo, al haber accionado de acuerdo con la normativa impositiva vigente y resultar evidente la falta del elemento subjetivo ya que no obró culposamente, sino que lo hizo en el fiel convencimiento de que actuaba conforme a la ley. Por último, ofrece prueba documental e informativa y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada, peticiona que oportunamente se dicte sentencia revocando las resoluciones apeladas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 61/69, 163/173, 2134/2150 y 2349/2358 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Anticipa que de los actos apelados no surge la existencia de vicio alguno al tener presentes todos los elementos que hacen a la validez de los mismos.
Explica que se detectó que Honda Motor de Argentina S.A. ajustó impositivamente como menor ganancia del ejercicio 2008 sumas en concepto de resultado por ventas Tierra del Fuego amparada en las disposiciones del Régimen de Promoción establecido mediante Ley N° 19.640, cuyo objetivo fue promover la actividad económica en una región en desventaja y es clara al prever que es de aplicación respecto del deber de pago de impuestos que deberían abonarse por actividades que se realicen en el territorio, única y directamente en la zona geográfica promocionada.
Señala que la ley expresa como requisito que el bien sobre el que recae la operación debe estar radicado en la zona beneficiada y que ésta se realice en el área, por lo que las operaciones deben ser desarrolladas directa e íntegramente dentro del territorio promovido, y tanto las partes como los bienes deben estar radicadas en él. Disiente con la actora cuando manifiesta que el único principio rector para que proceda el beneficio es la territorialidad de las operaciones y no el domicilio de la entidad que las lleva a cabo.
Refiere a la situación constatada y advierte que durante la etapa fiscalizadora, la recurrente explicó que no tenía una sucursal u oficina en Tierra del Fuego ni contaba con personal permanente prestando servicios allí, sino que las operaciones se realizaban desde la oficina del despachante de aduana, que tenía asignado un número de punto de venta en ese domicilio. Así también detalló que la venta de los bienes se perfeccionaban en dicha jurisdicción, ya que el punto de venta en la provincia era el domicilio del despachante, previa nacionalización y entrega de los bienes al mismo, es decir que indicó que el despachante procedía a la nacionalización y en ese momento se producía la entrega del bien al cliente, contra el pago del precio con cheques que podía ser entregrados en la sede de Vicente López o enviados a través del correo o por transferencia bancaria.
Concluye que no puede aceptarse que la simple asignación de un punto de venta en el domicilio de un despachante de aduana pueda ser considerado como radicación de una empresa en un determinado lugar, por ello apunta que así se pretende el traslado de los beneficios promocionales a empresas no radicadas en la zona sobre la que recae el mismo.
Ante lo cual se entendió que la actora sólo nacionalizaba a través de un despachante en la Pcia. Tierra del Fuego los vehículos que importaba, lo que podría hacer desde cualquier punto del territorio del país, para luego entregarlos a los concesionarios en virtud de los pedidos de compra por ellos efectuados. En este contexto, resalta que es improcedente la exención impositiva en beneficio del contribuyente sobre las ganancias obtenidas por las operaciones analizadas, sin que se vulnere el principio de legalidad.
Aduce a la procedencia de los intereses resarcitorios reclamados con fundamento en los argumentos que convalidan el ajuste practicado y sobre la multa manifiesta que la misma debe ser confirmada al existir una falta de pago de los tributos. (Resolución Nº 81/2017).
Por último, se opone a la prueba ofrecida y por las razones de hecho y de derecho que desarrolla, peticiona que se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas, y pide que se tenga presente la reserva del caso federal.
III. Que a fs. 79 se abrió la causa a prueba en el Expte. N° 47.096-I, haciendo lugar a la prueba informativa, a fs. 88 se acumuló el Expte. Nº 48.136-I, por lo que a fs. 187 se admitió la prueba informativa ofrecida a fs. 147. A fs. 851/856, 1803/1811 se agregó la prueba informativa dirigida a Loy Guillermo Gino por los períodos fiscales 2008 y 2009 a 2012, a fs. 188/824 y 1306/1798 se agregó la dirigida a Luciano Preto y Cia. S.C.C. por los mismos periodos, y a fs. 857/1299 la dirigida a Transportes Rubén García S.A.
Por sentencia dictada a fs. 1933/1934 se rechazó la excepción de incompetencia planteada en el Expte. N° 47.507- I y a fs. 1938 se acumuló el Expte. Nº 47.507-I, por lo que a fs. 1947 se admitió la prueba informativa ofrecida. Luego por sentencia dictada a fs 2171/2172 en el Expte. N° 48.402-I y a fs. 2373/2374vta. en el Expte. 48.836-I se rechazó la excepción de incompetencia entablada.
A fs. 2378 se acumularon los expedientes N° 48.402-I y 48.836-I al N° 47.096-I y sus acumulados Nros. 48.136-I y 47.507-I.
A fs. 2390 se tuvo por decaída la prueba informativa ofrecida en el Expte. N° 47.507-I y se cerró el periodo de instrucción.
Que ello así, mediante PV-2023-127013056-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”. Mediante RE-2023-135792788-APN-SGAI#TFN se agregó el alegato presentado por el Fisco Nacional, sin que la recurrente hiciera uso de tal derecho.
Finalmente mediante IF-2024-11850828APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
IV. Que corresponde establecer si las resoluciones e intimaciones dictadas se ajustan a derecho. Que la recurrente tiene como actividad principal declarada la venta de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios y cierra sus ejercicios comerciales el 31 de diciembre de cada año.
Que como consecuencia de la verificación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias se detectó que ajustó impositivamente como menor ganancia en los períodos fiscales 2008 a 2012 sumas en concepto de resultado por ventas Tierra del Fuego en función de lo dispuesto por el Régimen de Promoción Ley N° 19.640.
Que durante la etapa de fiscalización Honda Motor de Argentina S.A. presentó distintas notas (act. adm. Cpo. Solicitud devolución), de las cuales cabe hacer mención en razón de que mediante las mismas aportó información sobre las operaciones involucradas en autos. Ello así manifestó que “las ventas de productos en Tierra del Fuego comienza con la importación de los bienes provenientes del exterior (es decir fuera de Argentina). Estos bienes ingresan y se nacionalizan por parte de Honda Motor de Argentina S.A. en dicha provincia, a través de un despachante de aduana ubicado en tal jurisdicción. Resulta importante destacar que Honda Motor de Argentina S.A. no tiene sucursal u oficina en la mencionada provincia, sino que las operaciones se realizan desde la oficina del despachante de aduana, la cual tiene asignado un número de punto de venta en ese domicilio, encontrándose radicada la actividad en ese lugar. Honda Motor de Argentina S.A. perfecciona la venta de los bienes en dicha jurisdicción (utilizando el punto de venta mencionado en el párrafo anterior), entregando los bienes en Tierra del Fuego, por tal motivo resultan de aplicación los beneficios fiscales establecidos por la Ley Nº 19.640…” También agregó que “Honda Motor de Argentina S.A., todos los meses asigna las unidades a vender a sus diferentes clientes y éstos últimos aceptan los mismos. Una vez que se cuenta con la aprobación de los clientes de los bienes se procede a su distribución. En el caso particular de las operaciones realizadas en Tierra del Fuego, los bienes son nacionalizados y entregados en la isla a través del despachante de aduana. El punto de venta de Honda en esa provincia es el domicilio del despachante. El despachante procede a la nacionalización y en ese momento se produce la entrega del bien al cliente. Por último, el cliente abona el precio del bien a través de cheques que pueden entregarse en la sede de Vicente López o son enviados los mismos a través del correo o transferencia bancaria…”.
Asimismo, informó que “…Honda Motor de Argentina S.A. no cuenta con personal permanente prestando servicios en la provincia de Tierra del Fuego… en el caso de venta de automóviles los clientes realizan transferencia bancaria a la cuenta de Honda Motor de Argentina S.A o bien emiten cheque, dependiendo de la entrega de la unidad y documentación correspondiente. Con respecto a la venta de motocicletas, el cliente tiene una cuenta corriente la cual se cancela con cheques a nombre de Honda Motor de Argentina S.A. Con respecto al lugar de emisión de recibos, los mismos se emiten desde la sede de Vicente López… Honda Motor de Argentina S.A. declaró un domicilio Local y de Establecimiento ubicado en 25 de Mayo Nº 260 -Ushuaia- Tierra del Fuego, dicho domicilio corresponde al domicilio de la oficina del despachante de aduana.”
Que el personal actuante circularizó al despachante de aduana, cuyas manifestaciones fueron ratificadas por la apelante y también solicitó información a la firma GC Área Aduanera S.A., encargada del transporte. Que con los elementos colectados se arribó a las siguientes conclusiones: a) Honda Motor de Argentina S.A.no tenía sucursal u oficina en la Pcia. de Tierra del Fuego, b) las operaciones eran realizadas desde la oficina del despachante de aduana, la cual tenía asignado un número de punto de venta, c) dicho domicilio fue constituido con fines administrativos, d) el precio de la operación era cancelado por el cliente a través de cheques que podían ser entregados en la sede de Vicente López o enviados a través de correo o transferencia bancaria, e) en el supuesto de algún cambio en los términos de venta, los mismos eran acordados a través de una visita que realizaba personal del sector comercial de Honda en el domicilio del cliente en Tierra del Fuego, f) las facturas de venta eran emitidas desde la sede de Vicente López (Pcia de Buenos Aires), g) Honda Motor de Argentina S.A. no contaba con personal permanente prestando servicios en la Pcia. de Tierra del Fuego y h) el domicilio local y de establecimiento declarado en la Pcia. por la recurrente era la oficina del despachante de aduana. Que por ello, según el organismo fiscal la sola asignación de un punto de venta en el domicilio de un despachante de aduana no implica que una empresa se encuentre radicada en la Pcia. de Tierra del Fuego, y consideró que de esta manera se pretendía el traslado de beneficios promocionales a una empresa no radicada en la zona amparada por el régimen promocional. Más aún cuando la contribuyente en el territorio de la Pcia. de Tierra del Fuego solo nacionalizaba a través de un despachante de aduana los vehículos que importaba, lo que podría hacerse desde cualquier punto del país, para luego ser entregados a los concesionarios en virtud de los pedidos de compra por ellos efectuados.
Que el Fisco manifestó que no pueden extenderse los beneficios exentivos de la ley Nº 19.640 sobre las ganancias obtenidas por la recurrente, como tampoco puede pretender encontrarse incluida en los propósitos de la norma, como es la defensa de la demanda interna y paliar las dificultades que atraviesan las habitantes de dicha provincia.
Que se expresó en los actos recurridos que la totalidad de las franquicias establecidas en la ley Nº 19.640 son de aplicación a las empresas y sucursales radicadas en la zona promovida, siempre que los bienes se encuentren, a su vez, situados en la jurisdicción de la Pcia. de Tierra del Fuego y que los documentos sean emitidos en dicha jurisdicción. Es decir que para gozar del beneficio impositivo las operaciones deben ser desarrolladas directa e íntegramente dentro del territorio promovido, y las partes de la relación jurídica como los bienes objeto de la misma deben estar radicados en él, ya que de lo contrario se permitiría a empresas ubicadas en el Territorio Continental y que comercializan bienes que fueron radicados en la Pcia. de Tierra del Fuego gozar de las franquicias impositivas sin contribuir con el fin de la norma, es decir, promover el desarrollo poblacional y económico de la zona más austral del país.
V. Que por ley Nº 19.640 (BO - 2/6/1972) “Exención impositiva en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” se estableció: “ARTICULO 1º.-Exímese del pago de todo impuesto nacional que pudiere corresponder por hechos, actividades u operaciones que se realizaren en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o por bienes existentes en dicho Territorio, a: a) Las personas de existencia visible; b) Las sucesiones indivisas; c) Las personas de existencia ideal”. Mientras que en su ARTICULO 2º se dispuso que “En los casos de hechos, actividades u operaciones relativas a bienes, la exención prevista en el artículo anterior sólo procederá cuando dichos bienes se encontraren radicados en la jurisdicción amparada por la franquicia o se importaren a ésta”.
Por lo tanto, para que una "operación" o "actividad" pueda considerarse alcanzada por la exención dispuesta, debe realizarse en el Territorio de Tierra del Fuego y recaer sobre bienes radicados en dicho territorio (tal como lo exige el art. 2 de la ley citada). Por lo que deben cumplirse dichos requisitos: que la operación se realice en dicho territorio y que además, los bienes objeto de dicha actividad estén radicados en el mismo.
Ello así, el tema traído a resolver se circunscribe a determinar si los ingresos obtenidos por la recurrente por la venta de vehículos automotores y motocicletas y repuestos, según ella desarrolladas en la Pcia. de Tierra del Fuego, se encuentran exentos del Impuesto a las Ganancias, en virtud de lo normado por la ley Nº 19.640.
VI. Que ello así cabe considerar los agravios planteados junto con las distintas constancias documentales incorporadas a la causa y la prueba informativa producida ante este Tribunal.
Que conforme hace saber la recurrente las transacciones en estudio comprenden operaciones de importación y posterior comercialización que son llevadas a cabo en la Provincia de Tierra del Fuego, al ingresar al territorio provincial bienes provenientes del extranjero que luego vende a sus clientes, quienes son concesionarios radicados en dicha provincia.
Que en esta afirmación se encuentra el principal punto de fricción, ya que dice ingresar bienes al territorio provincial, los que luego son vendidos a sus clientes. Que Honda Motor de Argentina S.A., sobre dicha hipótesis, entiende que la ganancia generada con esa venta debe ser atribuida a la Provincia de Tierra del Fuego y en consecuencia considera a dichas ventas como exentas del Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, el thema decidendum consiste en profundizar esa operatoria y evaluar si efectivamente dicha ganancia fue generada en el Territorio Continental o en la Provincia de Tierra del Fuego, y en este último caso si le son aplicables las normas promocionales que contempla la Ley N° 19.640.
Que el principal argumento de la actora para considerarse amparada por el régimen promocional y en consecuencia, declarar exentos en el Impuesto a las Ganancias a los ingresos obtenidos, radica en que al momento de comercializar los bienes con sus clientes, los mismos se encontraban radicados en la Pcia. de Tierra del Fuego, por ello rechaza los argumentos fiscales que exigen que debería estar domiciliada en Tierra del Fuego y que la documentación de venta debió ser emitida allí al entender que el Fisco Nacional se extralimitó en la letra y en el espíritu de la ley, vulnerando así el principio de legalidad. Insiste sobre la territorialidad de las operaciones y no en el lugar del domicilio social ni comercial de la entidad que las lleva a cabo, como hace hincapié el ajuste practicado al estimar que el presupuesto de hecho debe hacerse efectivo directamente en la zona geográfica promocionada.
Que resulta procedente que en el terreno teórico se requiera de territorialidad como aspecto necesario para que se configure la exigencia legal, sin embargo aquí se hace necesario evaluar la situación de hecho que demuestre que existe realmente esa territorialidad para descartar que en la práctica solo se recurrió a una instrumentación que persigue forzar esa condición de territorialidad y los propios principios rectores referidos a la finalidad y espíritu de la ley N° 19.640. Esto último lleva al interrogante de por qué debería beneficiarse Honda Motor de Argentina S.A. con una exención en el Impuesto a las Ganancias por una actividad íntegra de importación desde el exterior y/o eventual producción, armado, administración, depósitos, salarios, impuestos, transporte, seguros, cuando sólo la entrega se produce en la Pcia. de Tierra del Fuego. Aquí resulta fundamental no confundir que la entrega o tradición de la cosa perfecciona la venta, pues en las exportaciones rige el criterio general que la ganancia pertenece al país que la produce (art. 8 LIG).
VII. Que no se encuentra en discusión que las operaciones fueron concretadas en la Pcia. de Tierra del Fuego por cuenta y orden de Honda Motor de Argentina S.A. a través de la labor del Señor Gabriel García Corado quien se desempeñaba como despachante de Aduana, para que tuviera lugar la importación de los bienes al territorio promocionado, los que con posterioridad eran comercializados en el territorio provincial. Sin embargo la importación y nacionalización en la Pcia. de Tierra del Fuego por parte de la empresa formaba parte de una única operación ya concertada en el Territorio Continental con lugar de entrega en la mencionada provincia. Que la circunstancia que haya estado a cargo del despacho aduanero de ingreso de la mercadería, no implica que la transacción se realizó en la Pcia. de Tierra de Fuego, inclusive luce rústica su implementación debido a que la oficialización del despacho es un mero trámite para entregar el bien de una operación ya concertada, cuando en autos todo el valor agregado vinculado con la actividad desarrollada fue gestado en la Pcia. de en Buenos Aires (importación previa desde el exterior, armado, transporte, depósito, ganancia, etc).
Que en ese sentido las facturas del transportista, Transportes Rubén O. García S.A., que detallaban los bienes trasladados y los remitos/carta de porte demostraron que los bienes partieron de la Ciudad de Zarate, Pcia. de Buenos Aires con destino a los clientes - concesionarios, en la Pcia. de Tierra del Fuego. Que la secuencia documentada acreditó que se cargaron en el transporte con la certeza de que esos bienes ya formaban parte del acuerdo de venta. La falta de depósitos propios demuestra que no existía una figura de “importación y luego comercialización”, ya que la comercialización estaba pactada de antemano.
Que la recurrente no proporcionó ningún elemento que convalide que las condiciones de venta, el cliente y/o la forma de pago se llevaron a cabo in itinere mientras los bienes llegaban al territorio de la Pcia. de Tierra del Fuego, incluso la propia empresa avaló documentalmente esas operaciones emitiendo facturas tipo E reservadas para operaciones de exportación. A ello se agrega que tampoco las ventas eran negociadas mientras los bienes estaban en los depósitos fiscales, resultando poco verosímil que se remitieran bienes en grandes cantidades sin saber si serían vendidos, con el agravante que no había depósitos propios de Honda Motor de Argentina S.A. para disponer su estadía hasta que se decidiera la venta.
Ella misma relata que una vez que los bienes estaban en los depósitos fiscales de la Pcia. de Tierra del Fuego eran retirados por la empresa de transporte para ser entregados directamente a los cuatro concesionarios – clientes identificados (período fiscal 2008: Luciano Preto y Cia. S.C.C., Loy Guillermo Gino, López Hugo Daniel y Grupo Kayen S.R.L.; períodos fiscales 2009-2012 los mismos menos López Hugo Daniel) que los habían adquirido, de acuerdo a los pedidos de compras efectuados, pedidos que ya se conocían con anticipación al haberse pactado en forma previa al envío a la Pcia. Sin embargo, las facturas del transportista, claramente indicaban que el viaje se hizo desde la Pcia. de Buenos Aires con destino a la Ciudad Ushuaia y/o Rio Grande, sin constar una identificación de un viaje al depósito y otro al cliente, por lo que sus dichos no guardan correspondencia con la documentación de respaldo, en razón de que cuando partió el transporte ya se sabía el destino final (concesionarios). A pesar de que en las facturas se consignó como domicilio 25 de Mayo 260 PB Dpto. 5, Ushuaia, domicilio fiscal del Apoderado General del despachante de aduana, no hay constancias ni se describe el lugar efectivo de entrega, ya que el comprobante no acredita que se haya entregado en ese lugar, de hecho, como ya se dijo, la factura indicaba la entrega en dos ciudades diferentes.
Si bien en su escrito recursivo menciona a modo de ejemplo la situación con el concesionario Luciano Preto y Cia. S.C.C para hacer saber que los vehículos eran entregados en el domicilio del mismo como consecuencia de las órdenes de compra remitidas y que la comercialización se producía en el territorio de la Pcia. de Tierra del Fuego, dichas manifestaciones demuestran que la venta ya estaba definida con anterioridad al ingreso del bien a dicha jurisdicción.
En síntesis, al existir un valor agregado, principalmente en lo que interesa en esta instancia constituido por la ganancia aquí cuestionada, es porque al precio del exterior se le adicionaron todos los gastos inherentes a las operaciones y el rédito proviene de una función de venta llevada a cabo en el Territorio Continental. No existe actividad sustancial alguna que justifique el argumento de que la obtención de la ganancia proviene de tareas, funciones, desempeño o actividades realizadas en Tierra del Fuego.
VIII. Que no resulta vulnerado el principio de legalidad al exigirse la fijación de un establecimiento y la emisión de facturas en la Pcia. de Tierra del Fuego, todo lo cual en armonía con el propósito de la ley N° 19.640, debido a que la ausencia de ambos recaudos contribuye junto con los aspectos señalados en los párrafos anteriores a demostrar que no se está frente a la existencia de una venta en la Pcia. de Tierra del Fuego sino de una exportación con un destino previamente fijado, por los clientes receptores de los bienes, tal como se acreditó con las facturas y remitos de los transportistas.
Que a mayor abundamiento se señala que no son aplicables al caso los antecedentes jurisprudenciales citados por la aquí actora, dado que se ha recurrido a un abuso interpretativo, ya que la comercialización que pretende atribuir a bienes radicados en el territorio, en rigor no es tal pues se trata de una operación previamente convenida, una exportación en los términos del régimen de la ley N° 19.640 debido a que la actividad que pudo haber generado el valor agregado de producción, armado o simple reventa se obtuvo previamente en el Territorio Continental. Que la propia documental producida en la etapa probatoria abona esta postura, cabe remarcar que las facturas emitidas por Honda Motor de Argentina S.A., a fs. 198/207 de autos, tienen como leyenda “OPERACIÓN DE EXPORTACION”, para lo que se utilizaba el Formulario E destinado a tal fin, la emisión de la facturación se hacía desde la Pcia. de Buenos Aires. Por otro lado, se observa a su vez que allí se hacía referencia a un número de remito N° 23413 y a un número de pedido N° 345170/70587, dato que resulta contundente para no dejar dudas de que se trataba de una operación concertada previamente. Ello así, se está en presencia de ventas desde el Continente con facturas E de exportación, previo acuerdo también en el Continente con lugar de entrega en la Pcia. de Tierra del Fuego.
Que tampoco se llega a comprender cuál es el motivo por el cual en algunas operaciones se utilizaron además facturas tipo A -punto de venta 099-, las que fueron agregadas en autos a partir de fs. 208, cuando sobre ambos tipo de facturas el cliente Luciano Preto y Cia. S.C.C. informó que los bienes objeto de las operaciones fueron automotores, motovehículos, cuatriciclos, generadores, repuestos y accesorios.
Que la nacionalización consiste en un icono más que integra la operatoria de venta que realizó la empresa desde el Continente ¿Hubiera cambiado el resultado si la nacionalización la hubiera efectuado cada cliente? No se puede admitir que se instale y disponga de un arbitraje con el fin que se deslocalice una ganancia gravada y se la transforme en exenta.
Que ello así, se advierte que no se presenta un sustento funcional en la Pcia. de Tierra del Fuego que abone la tesis defendida por la actora ¿Qué argumento tendría el legislador para promover la actividad de Honda Motor de Argentina S.A. en el Territorio Continental –ganancia de comercialización y/o producción-? La respuesta es ninguna en razón de que la empresa pretendió reubicar la renta y por ende el impuesto al no estar involucrado un bien situado en la zona promovida, y que se trató de una operatoria que busca usufructuar los beneficios que amparan las operaciones concertadas íntegramente en la Pcia. de Tierra del Fuego, en un claro menoscabo del fin de la norma promocional.
Que al resultar evidente que la operación estaba previamente convenida en la Pcia. de Buenos Aires, la utilidad no resulta atribuible a la Pcia. de Tierra del Fuego. Y si bien los bienes fueron llevados directamente al destino final, no hay una concertación posterior que pueda hacer valer la venta en la Pcia. de Tierra del Fuego, en razón de que el despacho se relaciona con el lugar de entrega la mercadería, y en este caso el despacho fue un eslabón más de la venta instrumentada desde la localidad de Zarate, siendo contundente que la falta de trazabilidad de que los bienes hayan llegado a Ushuaia y que allí se haya decidido la venta, por lo que corresponde imputar la totalidad del “valor agregado” al territorio continental.
IX. Que cabe insistir que de admitirse la pretensión de la recurrente se estaría deslocalizando la operación y consecuentemente la ganancia al permitirle valerse de un régimen promocional que no le es aplicable. Lo descripto en los párrafos precedentes pone de relieve que se está intentando transformar una típica operación de exportación desde el Territorio Continental –en los términos del artículo 20 de la Ley 19.640-, en una venta en el territorio de la Pcia. de Tierra del Fuego. Aún bajo la figura de “tránsito”, los bienes tomaron en ámbito continental el mayor valor generador de la ganancia.
X. Que si bien la recurrente agregó en autos numerosa prueba documental, entre ellas órdenes de compra, facturas, remitos, recibos, cartas de porte, contratos de adhesión de los concesionarios y constancias de CUIT de los concesionarios, lo cierto es que no hay correspondencia entre aquellas constancias documentales y la operatoria bajo consideración, por lo que ante la ausencia de elementos certeros, las meras manifestaciones de la apelante carecen de sustento suficiente para contradecir el criterio fiscal seguido en autos, conforme se expuso precedentemente.
Que lo expuesto hace aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que ello así resultan procedentes las determinaciones de oficio dictadas por el Fisco Nacional, por lo que corresponde convalidar el ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias en las Resoluciones Nros. 105/2016 y 81/2017.
XI. Que con relación a los intereses resarcitorios reclamados en la Resolución Nº 81/2017, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), lo que se produce por el solo vencimiento del plazo, es decir en forma automática. A ello se agrega que fueron calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998), por lo que cabe disponer su confirmación.
XII. Que cabe referirse a la sanción impuesta en la Resolución Nº 81/2017, por la que se aplicó una multa equivalente al 70% del gravamen omitido por el período fiscal 2009 en los términos del art. 45 de la ley N° 11.683, respecto de la cual se encuentran acreditados los elementos que permiten encuadrar la conducta de la recurrente en dicha figura al configurarse el presupuesto básico de omisión de pago, sin que haya logrado acreditar la falta de culpa en su accionar, ni tampoco la existencia de un error con entidad para eximirla conforme se desprende del análisis de los hechos y pruebas producidas. Por lo que cabe disponer la confirmación de la misma.
XIII. Que por último se encuentran apeladas en autos las intimaciones de saldos adeudados dictadas como consecuencia de las determinaciones de oficio del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2008 a 2012, mediante actos de fecha 12/10/2016 y 4/05/2018, en razón de que aquel de fecha 20/10/2017 fue reemplazado por el último de los actos mencionados.
Que en primer lugar cabe aclarar que en el Expte. N° 48.402-I la recurrente aduce que los montos intimados resultan erróneos, lo que resulta rectificado por el ente fiscal en el acto de fecha 4/05/2018, por lo que dicho agravio se ha tornado abstracto.
Que teniendo en cuenta la forma en como se resuelve en el Considerando VIII las intimaciones emitidas sobre la base de la recalificación de las operaciones analizadas deben ser convalidadas.
XIV. Por lo expuesto, corresponde confirmar los actos apelados en autos, en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O´Donnell dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por el Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar los actos apelados en autos, en todas sus partes, con costas.
2. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 690.870 (Pesos seiscientos noventa mil ochocientos setenta) por el patrocinio letrado y de $ 276.348 (Pesos doscientos setenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho) por la representación procesal, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las dos primeras etapas cumplidas, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 2.651.309 (Pesos dos millones seiscientos cincuenta y un mil trescientos nueve) equivalente a 86,75 (ochenta y seis con 75/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $ 6.628.272 (Pesos seis millones seiscientos veintiocho mil doscientos setenta y dos) equivalente a 216,88 (doscientos dieciséis con 88/100) UMA – Unidad de Medida Arancelaria –, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la última etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29 y 51 de la Ley N° 27.423 y la Acordada N° 36/23 (CSJN) y la Resolución SGA 3369/2023.
4. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.02.08 08:11:17 -03:00 Date: 2024.02.08 10:36:31 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.02.08 15:52:49 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.02.08 15:52:50 -03:00
Fin de la sentencia