Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo a su acogimiento a dicho régimen y, en consecuencia, revocar las Resoluciones Nros. 312/15 (DV RR1P) y 313/15 (DV RR1P), con costas al Fisco Nacional.
I. Que a fs. 34/44 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones 312/15 (DV RR1P) y 313/15 (DV RR1P), ambas de fecha 22 de junio de 2015; mediante la primera de ellas se determina de oficio el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006 con más los intereses resarcitorios correspondientes, disponiéndose además que la sustanciación del correspondiente sumario y su resolución que pudiera corresponder, tendrá lugar una vez que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la ley 24.769. Asimismo se suspende la intimación del impuesto y los intereses resarcitorios en razón de la exteriorización de dólares en Certificados de Depósitos para Inversión -CEDINES- , equivalente al saldo de la cuenta detectada al final del período 2006, hasta tanto exista un pronunciamiento judicial en el trámite de la causa Nº 134.053/2014 caratulado "HSBC BANK Argentina S.A. y otros s/Infracción Ley 24.769" que no sea contrario a los términos del artículo 15, inciso d) de la ley 26.860.
Por su parte la resolución 313/15 (DV RR1P) determina de oficio el Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006 con más los intereses resarcitorios correspondientes, disponiéndose además que la sustanciación del correspondiente sumario y su resolución que pudiera corresponder, tendrá lugar una vez que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la ley 24.769. Asimismo se suspende en forma parcial la intimación del impuesto y los intereses resarcitorios en razón de la exteriorización de dólares en Certificados de Depósitos para Inversión -CEDINES- , por considerarlos equivalentes en parte al saldo de la cuenta detectada al final del período 2006, hasta tanto exista un pronunciamiento judicial en el trámite de la causa Nº 134.053/2014 caratulado "HSBC BANK Argentina S.A. y otros s/Infracción Ley 24.769" que no sea contrario a los términos del artículo 15, inciso d) de la ley 26.860. Expresa que las presentes actuaciones tienen su origen en la supuesta información que habría recibido el Organismo recaudador de la Administración de la República Francesa donde constaría que la recurrente poseía una cuenta bancaria no declarada en una entidad financiera de la Confederación Suiza.
También hizo lo mismo la AFlP-DGI contra otros integrantes del núcleo familiar, sus hijos Mariana TIPHAINE (CUIT Ng 27-27309387-2) y Máximo TIPHAINE (CUIT NP 20-25640831-8), atribuyéndose a todos la totalidad (100 %) de los cargos formulados en el Impuesto a las Ganancias y en el Impuesto sobre los Bienes Personales con relación a los fondos de dicha cuenta por el período fiscal 2006.
Afirma que la información entregada por el Fisco Francés a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la que alude el Juez Administrativo en los actos aquí recurridos, a saber, la existencia de una cuenta patrimonial en Suiza a nombre del recurrente fue suministrada desde su origen de manera fraudulenta vulnerando todo tipo de derechos y garantías amparados por nuestra Carta Magna.
Alega que Dicha información no fue aportada por ninguna autoridad pública, ejecutiva o judicial de la Confederación Suiza ni por entidades privadas constituidas en ese país sino por una supuesta remisión de una nota por parte de la Dirección General de Finanzas Pública de Francia que no tiene potestad legal alguna sobre hechos, sujetos y operaciones de otro Estado, en el caso, de la Confederación Suiza.
Sostiene que el "Convenio para Evitar la Doble Imposición" entre ambos países no se aplica a hechos, operaciones y presunta materia tributaria de otros Estados distintos a los que han suscripto ese acuerdo bilateral, encontrando como marco de actuación y delimitación objetiva aquello ocurrido dentro de sus territorios. Así, el Convenio suscripto entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, no funciona de manera automática, por lo que excede el intercambio de información lo regulado en el art. 27 de dicha norma legal.
Destaca que el intercambio de información ha transgredido el secreto fiscal y el modus operandi empleado por la Administración ha sido ilícito por lo cual la revelación de la información obtenida se encuentra en su totalidad contraria al orden público, vulnerando no sólo el ordenamiento interno sino también el internacional. Sostiene que la base imponible utilizada por la Resolución Nº 313/15 (DV RR1P) para la liquidación del Impuesto sobre los Bienes Personales está integrada por bienes gananciales de la entonces sociedad conyugal que fueran declarados por el marido de la recurrente, Sr. Miguel TIPHAINE (CUIT 20- 04981832-8), en su correspondiente declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006. Señala que tal como surge del Anexo 1 de la resolución en crisis, la AFIP-DGI incluyó supuestos "bienes gravados situados en el país no declarados por la contribuyente" por un total de $ 1.671.391 sin especificar ni discriminar en los considerandos del acto administrativo la composición del rubro mencionado, lo que prima facie afecta evidentemente el derecho de defensa y debido proceso de la actora.
Señala que no estamos ante bienes gravados no declarados como erróneamente lo considera el acto administrativo aquí cuestionado en tanto obedecen a bienes gananciales de la sociedad conyugal de la recurrente con el Sr. Miguel TIPHAINE, siendo éste último por imperativo legal quién declaró los mismos e ingreso el impuesto resultante.
Sostiene que la Resolución Nº 313/2015 (DV RR1P) yerra al determinar el monto total eximido en el Impuesto sobre los Bienes Personales, correspondiente al período fiscal 2006, como consecuencia de la exteriorización de dólares estadounidenses reaIizada por la Sra. María Cristina Baldassare para la adquisición de Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) en los términos y bajo al amparo de la Ley Nº 26.860.
Alega que con fecha 22 de diciembre de 2014 y 12 de junio. de 2015, la recurrente prócedió a exteriorizar la suma de dólares estadounidenses tres millones noventa y nueve mil novecientos catorce con 22/100 (U$S 3.099.914,22) y dólares estadounidenses doscientos noventa y nueve mil novecientos setenta y cinco con 00/100 (U$S 299.975,00), respectivamente; totalizando el importe de dólares estadounidenses tres millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y nueve con 22/100 (U$S 3.399.889,22) para la adquisición de los Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN), obrante en los antecedentes administrativos.
Afirma que el art. 12 de la Ley N° 26.860 establece con total claridad al punto tal que exceptúa a esta parte profundizar en el tema al señalar que '7...) a los fines del presente título deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización"
Manifiesta que es el propio Congreso Nacional quién establece que para la liberación impositiva de aquellos sujetos que exterioricen moneda extranjera debe tomarse el tipo de cambio al momento de dicha exteriorización, siendo lógica dicha adopción por resultar el valor legal en curso vigente de la moneda. Ergo, es de resaltar que al momento de la exteriorización efectuada por el recurrente con fecha 22/12/2014 y 12/06/2015, el tipo de cambio vigente era U$S 1 a $ 8,46 y $ 8,94, respectivamente. No obstante, la Instrucción General Nº 2/2015 de la Administración Federal de Ingresos Públicos con un único afán recaudatorio desprovisto de toda legalidad dicta el 20 de abril del corriente año la Instrucción General Nº 2/2015.
Asimismo señala que la Resolución Nº 313/2015 (DV RR1P) aquí apelada adopta erróneamente el criterio inconstitucional de la Instrucción General Nº 2/2015 para concluir ligeramente que la liberación en el Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006 por la exteriorización de moneda extranjera efectuada por la Sra. María Cristina Baldassare al amparo de la Ley 26.860 asciende, según lo establecido en el anexo 1 de la resolución atacada, a $ 76.746,07 producto de tomar equivocadamente el tipo de cambio vigente al 31/12/2006 que era de U$S 1 a $ 3,022.
Afirma que dicha liberación resulta contraria a la Ley 26.860 que en su art. 12 establece que el tipo de cambio a los efectos de la liberación impositiva es el vigente al momento de la exteriorización, en el caso al 22/12/2014 y 12/06/2015, y no como arbitraria e ilegalmente lo calcula la AFlP-DGI con el tipo de cambio vigente al 31/12/2006. Es por ello que, el monto eximido en el Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006, producto de la exteriorización total de U$S 3.399.889,22, asciende a $ 216.802,88 conforme la correcta aplicación de la normativade rito.
Alega que la Resolución N° 312/2015 (DV RR1P) yerra al determinar de oficio el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006 en cuanto incluye como materia imponible las diferencias de valuación o de cambio por inversiones extranjeras de una persona física que no fueron realizadas ni percibidas, por lo cual mal puede sujetarse ello a imposición en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Tal como surge de los antecedentes administrativos y como fuera expuesto por la recurrente en instancia anterior, de la "información colectada" de Francia surge la discriminación puntual de los montos utilizados por la AFIP-DGI como base de imposición donde en su enorme mayoría obedecen a diferencias de valuación de inversiones no "realizadas" ni "percibidas".
Alega que la causal de exclusión de los beneficios de la ley 26.860 invocada por el organismo vinculada a la existencia de un delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo no resulta aplicable al caso sub examine por diversas cuestiones. A saber: a) El recurrente y su núcleo familiar no poseen ninguna causa penal por delito de lavado de dinero, ni por ningún otro delito que tenga por objeto la investigación del origen de los fondos aquí cuestionados. b) La tramitación de la referida causa penal no podría dar lugar a la causal de exclusión del Art. 15 inc. d) de la ley 26.860 referido al delito de lavado de dinero, ya que el juzgado interviniente pertenece al Fuero penal tributario sin competencia para entender en dicho delito federal. c) A todo evento, estaríamos frente a un supuesto de encubrimiento de delito de lavado de dinero que exige que se individualice previamente el origen ilícito del dinero de un tercero que luego la recurrente habría lavado mediante la utilización de la cuenta bancaria aquí cuestionada, lo cual resulta incompatible con las determinaciones de oficio cuestionadas que atribuyen los fondos de las cuentas bancarias directamente a la Sra. María Cristina Baldassare y no a un tercero. d) El delito de lavado de dinero por el ejercicio 2006 se encontraría prescripto, por lo cual no revestiría causal suficiente para la suspensión pretendida.
Sostiene que las resoluciones atacadas pretenden la aplicación del artículo 20 de la Ley Nº 24.769 a fin de "suspender" y "reservar" la eventual aplicación de sanciones administrativas por el Impuesto a las Ganancias e Impuestos sobre los Bienes Personales, correspondiente al período fiscal 2006.
Alega que dichas "reserva" debe anularse por resultar contrarias a la ley vigente en cuanto el saldo determinado por las resoluciones en crisis de $140.578,33 (Resolución Nº 312/2015 DV RR1P) y $88.514,26 (Resolución N 313/2015 DV RR1P) no alcanzan al umbral cuantitativo mínimo de $400.000 establecido en el artículo 1° de la Ley Ng 24.769. No se verifica en el caso la causal de suspensión por cuanto el hecho en cuestión (determinación de oficio por un importe inferior a la suma de $ 400.000) no da lugar a la aplicación de la ley penal tributaria por lo que la misma deviene improcedente, no surte efecto alguno y así deberá ser declaro por este Tribunal. Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y pide que oportunamente se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. A fs. 57/75 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso interpuesto solicitando su rechazo, con costas. En primer lugar afirma que las presentes actuaciones tienen relación con la causa caratulada HSBC BANK ARGENTINA S.A. y otros s/ infracción Ley 24.769", oportunamente en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1, donde el Juez interveniente ordenó dar inicio al procedimiento previsto en el artículo 18 de la citada norma legal.
En cuanto al planteo realizado por la recurrente en el Acápite III de su apelación sobre la obtención fraudulenta de la información utilizada para las determinaciones de oficio, destaca que cabe su rechazo por improcedente. Ello, en primer lugar porque la recurrente reconoció la titularidad de los fondos de las cuentas bancarias detectadas por el Fisco, atento haber adquirido certificados de depósito para la inversión (CEDIN) -emitidos por el Banco CMF S.A. el 22/12/2014 y el 12/06/2015- por la suma de u$s 3.399.89,22, por ende la actora aceptó los cargos formulados por esta Administración conforme se dejó constancia en las resoluciones apeladas, motivo por el cual corresponde rechazar los argumentos expuestos.
Sostiene que la información que ha servido de base a los ajustes, fue obtenida de las autoridades competentes del Gobierno Francés, el cual además la obtuvo en el marco de un allanamiento regularmente efectuado, tal como lo sostuvo la Corte de Casación francesa en el fallo del 27/11/13, desestimando los planteos nulificantes de la información en cuestión.
En cuanto a los agravios relacionados con el supuesto error en la base imponible del impuesto sobre los bienes personales por haberse incluido bienes gananciales de la sociedad conyugal declarados por su marido, manifiesta que es totalmente improcedente el planteo del actor, ya que éste realizó una presentación donde exteriorizó moneda extranjera a través de la adquisición de certificados de depósito para inversión (CEDIN) emitidos por el Banco CMF en el marco de la Ley N° 26.860 por la suma total de U$S 3.399.88922.-.
En virtud de ello surge claramente que la actora es titular del 100% de los fondos obrantes al 31/12/2006 en las cuentas 43143 MB 5091467972 y 5091048317 del HSBC Bank de Suiza. Además de lo expuesto surge que el planteo no puede prosperar, toda vez que la contribuyente no aportó ninguna documentación respaldatoria que acredite los mismos, por lo cual, resultan ser meras manifestaciones verbales carentes de todo sustento. Afirma que la Sra. Baldassare adquirió certificados de depósito para la inversión (CEDIN) por un importe que supera el monto del saldo de las cuentas cuestionadas al 31/12/2006, por ende corresponde rechazar los agravios esgrimidos en este punto.
Manifiesta que se verifica en autos el incremento patrimonial no justificado invocado por el Organismo, sin que haya probado la actora que las sumas de dinero depositado en la cuenta bancaria descubierta no sea de su titularidad o que no se corresponda a ingresos gravables, razón por la cual corresponde -por mandato legal del art. 18 inciso f) de la ley de rito fiscal- otorgarle el carácter de ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, y en el caso de bienes personales sumarla a la base imponible del impuesto en cuestión que corresponda al responsable.
Reitera que la existencia de cuentas bancarias en el exterior que fue no fueron incluidas por el contribuyente aquí actor en su declaración del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2006, como activo, habilita a mi mandante a aplicar la presunción legal contenida en el citado artículo 18, inciso f) de la Ley Nro. 11.683 (t.v.), derivando en una incidencia directa en el impuesto a las Ganancias, con su correlato en el Impuesto sobre los Bienes Personales.
Alega que la recurrente expone que en las resoluciones apeladas no se verifica la causal de suspensión por cuanto los saldos determinados en las mismas ($140.578,33 en la Resolución N° 312/2015 y de $ 88.514,26 en la Resolución N° 313/2015) no alcanzan el umbral cuantitativo mínimo de $400.000 establecido en el artículo 1° de la Ley N° 24.769, cuestión que no da lugar a la aplicación de la ley penal tributaria. En cuanto a dicho planteo, reitera lo expuesto en las vistas conferidas el 17/12/2014, notificadas el mismo día, donde se dejó constancia que el origen de las actuaciones fue el oficio emitido el 02/12/2014 por el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N°1, en el marca de la causa N° 1652/2014 " Denuncia HSBC - Cuentas Suizas", mediante el cual solicitó a este Organismo realizar el informe prescripto en el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley N° 24.769. Trae a colación el artículo 3 de las Resoluciones N° 312/15 (DV RRIP) y N° 313/15(0V RRIP), en donde se dejó constancia que: "La presente Resolución es dictada dentro del marco previsto por la Ley N° 24.769, y atento a lo dispuesto por el artículo 20 de la misma, no resulta de aplicación lo previsto en el articulo 74 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por lo que la sustanciación del correspondiente sumario y su resolución con relación a la sanción que pudiera corresponderle, tendré lugar una vez que sea dictada la senfencia definitiva en sede penal.".
En cuanto a lo manifestado por la recurrente sobre la validez de la Instrucción General N° 02/15 (AFIP) que fija el tipo de cambio a utilizar, destaca que la misma es una norma vigente y válidamente dictada por el Administrador Federal en el marco de sus competencias legalmente establecidas, por lo que no cabe hacer lugar a su cuestionamiento, en tanto constituye una normativa que se adecua de manera precisa a los términos y espíritu de la ley aplicable; y siendo que, en definitiva, lo que la contribuyente rechaza es el efecto contradictorio a sus intereses personales que la misma acarrea.
Afirma que no cabria tener por liberada la obligación tributaria atento a que debe supeditarse la atribución de los beneficios de la ley 26.860 a lo que resulte de la causa penal, ello en atención a que no se tiene certeza de que el contribuyente no se encuentre comprendido en lo dispuesto por el punto d) del artículo 15 de la Ley 26860. Ello dado que, el 26/11/2014 esta Administración Federal de Ingresos Públicos formuló denuncia penal contra el Banco HSBC BANK ARGENTINA S.A. y diversas personas físicas y jurídicas presuntamente involucradas bajo las figuras de "Evasión Fiscal" y "Asociación Fiscal Ilícita", en los términos del inciso d) del artículo 15 y el Título 1 de la Ley 24.769. En dicha denuncia se puso de relieve la existencia de una plataforma ilegal montada por el Banco antes citado, sus directivos y por contadores, abogados, licenciados en economía y apoderados con el único fin de facilitar a contribuyentes argentinos evadir sus impuestos, mediante la colocación de fondos en una extraña jurisdicción y que no fueron exteriorizados a la hora de confeccionarse las respectivas declaraciones juradas de los titulares de dichos fondos.
Cita doctrina y jurisprudencia. Se manifiesta sobre la procedencia de los intereses resarcitorios toda vez que la recurrente no plantea agravios específicos a su respecto. Introduce la cuestión federal y pide que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas.
III. A fs. 83 se abre la causa a prueba ordenandose producir la prueba informativa y pericial contable. A fs. 92 se hace lugar a la prueba pericial contable. A fs.99/100, 112, 131, 132, 140/255, 259/265, 295 obra prueba informativa. A fs. 281/285 presentan informe pericial contable.
A fs. 298 se clausura la etapa probatoria.
A fs 303 se ordena como medida para mejor proveer el libramiento de oficio al Juzgado Penal Económico Nº 9 a fin de solicitarle informe si en la causa Nº 134053/2014 (CPE 162/2014) caratulada "HSBC BANK ARGENTINA S.A. y otros s/infracción a la ley 24.769, el recurrente se encuentra imputado y, en su caso, cuáles son los delitos que motivaron la imputación.
La medida se contesta a fs. 307 informándose que la Sra. María Cristina Baldassare (D.N.I. 10.134.533) se le recibió declaración indagatoria en autos con fecha 17/11/2015, ocasión en la que se le imputó haber evadido el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2005, por una suma superior a $800.000, mediante la ocultación presuntamente maliciosa de activos depositados en el exterior del país en el grupo de cuentas abierto en el HSBC PRIVATE BANK SUTSSE, a nombre de la sociedad ANTARES CORPORATION - respecto de la cual la nombrada revestía el carácter de apoderada- (cfrm. el delito previsto en el art. 2°, inc. b), en función del art. 1° de la ley 24.769 -texto según ley 26.735-). No obstante ello, señala el informe, el 4 de agosto del 2017 el Juzgado Nac. en lo Penal Económico N° 11 resolvió liberar de la acción penal en los términos del Art. 9, inc. "b", de la ley N° 26.860, siendo dicho decisorio confirmado por la Sala "B" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico el 4 de abril del 2018, y se encuentra firme.
A fs. 318 se elevan los autos a Sala. A fs. 322 se pone para alegar. A fs. 327/333 y 335/342vta. obran los alegatos de la actora y el Fisco Nacional. Posteriormente a fs. 349 se pasan los autos a sentencia.
IV. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. En cuanto a los agravios de la recurrente relativos a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que “Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de/presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Articulo 1. Las informaciones que reciba un Etado serán mantenidas en secreto de ¡a misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el mismo, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el articulo 27 del convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países lo celebran deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
VI. Que corresponde abordar el tratamiento de la cuestión referida a la exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el marco de la Ley Nº 26.860 que efectuara el recurrente.
Que la ley en cuestión regula la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, a través de la adquisición de los instrumentos financieros creados, a esos fines, por el Título I de la misma, y siendo reglamentada por la Resolución General N° 3.509 emanada de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La mentada ley, en su artículo 3°, dispone las condiciones en que será aplicable la exteriorización de moneda extranjera, la cual comprenderá la tenencia, en el país y en el exterior, al 30 de abril de 2013, inclusive, pudiendo, a su vez, incorporarse la tenencia de moneda extranjera que surja del producido de bienes existentes a dicha fecha.
En su artículo 5° establece que el importe exteriorizado no estará sujeto a impuesto especial alguno, quedando el goce de los beneficios, según el artículo 7°, supeditado a que dicho importe sea afectado a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros a que hace mención el Título I.
El artículo 9° establece, en la parte que aquí interesa, que “[l]os sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con respecto a las tenencias exteriorizadas. (…) c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.
Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice. 2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. 3.
Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas. 4. Eximición del Impuesto a las Ganancias por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes, a las tenencias que se exteriorizan (...)” El artículo 10°, por su parte, manifiesta que las personas físicas y las sucesiones indivisas podrán, mediante la exteriorización, “liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares”.
Debe entenderse que el término “liberar” empleado por el legislador en referencia a las “obligaciones fiscales” indica que los beneficios de la ley alcanzan incluso a obligaciones que ya hubieren sido determinadas, por cuanto en caso contrario, de ser inexistentes, no podrían ser referidas como pasibles de liberación. Ello así, toda vez que de la misma ley surge que el Organismo Fiscal ha de abstenerse de sustanciar recursos por el valor del monto liberado contra los contribuyentes que se hubieren acogido al régimen mentado.
A los fines de determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, de conformidad con el artículo 12°, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.” A su vez, el artículo 13° prevé que “[s]erá requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.”
Por su parte, el artículo 15° dice “Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones: (…) d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente (…)”
En el título III, por su parte, se establecen las disposiciones generales que regulan la presente ley. Siendo que el artículo 18° expresa que “[l]a Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el título II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.”, corresponde hacer referencia a la Resolución General 3509/2013, dictada por el Fisco Nacional con fecha 06 de junio de 2013, por la cual se regula la ley bajo análisis.
Que la misma en su artículo 1° reproduce prácticamente de manera literal lo establecido por la Ley 26.860 en sus artículos 9° y 10°. El artículo 2°, en lo que hace a las presentes actuaciones, dispone: “La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, conforme lo establecido por la Ley N° 26.860 (...) se considerará perfeccionada una vez cumplidos los requisitos, plazos y condiciones dispuestos por la citada ley, la presente resolución general y demás normas que se dicten al efecto.”
En el artículo 5° se aclara en qué situación se considerarán cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 13° de la ley para el usufructo de los beneficios por ella dispuestos. Se encontrarán consumados, explicita el articulado, cuando “las declaraciones juradas se hayan presentado, y el saldo resultante de las mismas se haya cancelado o incluido en un plan de facilidades de pago dispuesto por esta Administración Federal.”
VII. Que, no se encuentra controvertido en las presentes actuaciones el monto exteriorizado por el contribuyente, es decir la suma de U$S 3.399.889,22. Por el contrario, el propio Juez administrativo hace constar en las resoluciones apeladas (vide hoja 5 del acto determinativo de ganancias y hoja 5 del de Bienes Personales) que “Que sobre el particular, interesa dejar asentado que del análisis de los elementos aportados por la encartada, surge que la misma es titular del 100% de los fondos obrantes al 31/12/2006 en las cuentas 43143 MB 5091467972 y 5091048317 del HSBC Bank de Suiza, por lo que exteriorizó la suma de DOLARES TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS (U$S 3.399.889,22), en el marco del Régimen de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el país y en el exterior, establecido en el Título II, artículo 4°, de la Ley N° 26860...” (fs. 59 a 95 y 107 a 109 del cpo. Bienes Personales) y (fs. 47 a 83 y 95 a 97 del Cpo. Ganancias). Continúa el juez administrativo señalando que “...cabe indicar que los mencionados certificados fueron debidamente validados conforme los procedimientos internos de este Organismo”.
Asimismo hace constar el juez administrativo en el ajuste correspondiente al Impuesto a las Ganancias que la materia neta imponible reliquidada objeto de ajuste de U$S 145.673,00, resulta comprendida por los dolares exteriorizados por medio de la adquisición de los certificados CEDIN. (fs. 10)
En el ajuste correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales el juez administrativo hace constar que la adhesión realizada por la rubrada al Régimen de Exteriorización Voluntaria de la Tenencia de Moneda Extranjera en el país y en el exterior, establecido en el Título II de la Ley N° 26.860, satisface parcialmente la pretensión fiscal por el impuesto y período fiscal del asunto.
No obstante ello, el Fisco Nacional siguió adelante con la determinación por el total del impuesto dejando supeditado los efectos de la exteriorización de la Ley 26.860 hasta tanto exista un pronunciamiento en la causa judicial Nº 134053/2014 “HSBC Bank Argentina S.A. y otros” (CPE 1652/2014), por entender que el contribuyente podría quedar incurso en las previsiones del artículo 15, inciso d) de la citada ley. Ahora bien, con relación a la causal de exclusión de los beneficios que establece la ley incluida en el inciso d) del artículo 15, y que motivara la supeditación del goce de dichos beneficios al resultado de la causa penal ya citada, vale decir en primer término que dicho inciso excluye a los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y que de los mismos dichos de la AFIP, la denuncia que efectuara involucra las figuras de “Evasión Fiscal” y “Asociación Fiscal Ilícita” y no la del delito de lavado de dinero.
Al respecto cabe señalar que a fs. 307 de autos obra el informe producido por el Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nro. 9, en el marco de los autos caratulados : "HSBC Bank Argentina s.A. y otros s/inf. ley 24.769", Expte. Nº CPE 1652/2014, en respuesta a la medida ordenada a fs. 303 de autos, en donde se hace saber “...informándose que la Sra. María Cristina Baldassare (D.N.I. 10.134.533) se le recibió declaración indagatoria en autos con fecha 17111/2015, ocasión en la que se le imputó haber evadido el pago del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio anual 2005, por una suma superior a $800.000, mediante la ocultación presuntamente maliciosa de activos depositados en el exterior del país en el grupo de cuentas abierto en el HSBC PRIVATE BANK SUISSE, a nombre de la sociedad ANTARES CORPORATION - respecto de la cual la nombrada revestía el carácter de apoderada- (cfrm. el delito previsto en el art. 2°, inc. b), en función del art. 1° de la ley 24.769 -texto según ley 26.735-).
No obstante ello, el 4 de agosto del 2017 el Juzgado Nac. en lo Penal Económico N° 11 resolvió liberar de la acción penal en los términos del Art. 9, inc. "b", de la ley N° 26.860, siendo dicho decisorio confirmado por la Sala "B" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico el 4 de abril del 2018, y se encuentra firme.
Vale decir entonces que el recurrente no sólo no se encuentra imputado por el delito de lavado de dinero, sino que no fue siquiera denunciado por los delitos de evasión o asociación ilícita, contrariamente a lo que afirma el Fisco en los actos recurridos. Al respecto, de la lectura del inciso d) del artículo 15 de la ley 26.860, surge que el texto legal que nos ocupa es indudablemente de una claridad meridiana y requiere haber sido “imputado” en una causa penal por el delito de lavado de dinero. Y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). Es doctrina inveterada de nuestro más Alto Tribunal que no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales que equivalga a prescindir de su texto, si no media para ello declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad (Fallos 285:358; 307:2153) pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu.
Por lo tanto, siendo que de las constancias de autos ha quedado acreditado que el apelante adquirió CEDINES de acuerdo con lo establecido por la ley 26.860 y que no se encuentra comprendido en la causal de exclusión prevista en el inciso d) del artículo 15 de dicha ley, se considera que resultan aplicables al caso los beneficios previstos por la mencionada ley (en similar sentido, Sala “D”, in re “Cervio Guillermo José”, sentencia del 7/8/2017, con voto del Dr. Magallón como Subrogante de la Vocalía de la 11ª Nominación).
Que el Fisco Nacional basa su argumentación -para sostener que no se encuentra totalmente satisfecha la pretensión fiscal- en lo establecido en la Instrucción General 2/2015, punto 2.5 , la cual dice que “A los fines de que, en los términos de la ley 26.860, los sujetos intervinientes en una cuenta bancaria puedan, en su caso, acceder a los beneficios previstos en la citada norma respecto de los impuestos objeto de los respectivos procedimientos de determinación de oficio, la tenencia de moneda extranjera exteriorizada no podrá ser inferior a la cantidad de moneda extranjera causa de los ajustes, lo que implica la identidad de sus montos nominales (por ejemplo, si en el período fiscal 2006 no se tributó por una tenencia de U$S de 50.000, la exteriorización deberá ser por u$s de 50.000). Si la tenencia de moneda extranjera exteriorizada resultara inferior, deberán determinarse los impuestos correspondientes a la diferencia de moneda extranjera no exteriorizada”. Que del análisis de las circunstancias fácticas del sub lite y de las normas precedentemente reseñadas, entendemos que el supuesto resulta subsumible en la liberación impositiva que instituyó el régimen bajo análisis. Precisamente del cuerpo normativo de la Ley 26.860 surge con claridad que los sujetos que exterioricen voluntariamente la tenencia de moneda extranjera a través de la adquisición de los instrumentos financieros (CEDINES), gozarán de determinados beneficios, entre los que se encuentran la eximición del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, y que para determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.” (cfr. art 12).
Por lo que, tal como lo hiciéramos al sentenciar la causa “Savio Pablo – Savio Marcela” el 7/5/2019, consideramos que corresponde estar a la interpretación del art 12 de la Ley 26.860 efectuada por el contribuyente y no la que sostiene el Organismo fiscal, es decir que para determinar el monto de pesos de la moneda extranjera exteriorizada se debe considerar el tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectuó la exteriorización. En efecto, no corresponde la aplicación en la especie de lo establecido en el punto 2.5 de la Instrucción General N° 2/15, porque más allá de lo que establezca la referida instrucción, lo cierto es que la misma no resulta de aplicación obligatoria para este Tribunal, aunque sí habrá de serlo para todas las dependencias de la Administración Fiscal.
En efecto, ese tipo de actos de la administración no producen efectos con relación a los administrados, pues, correspondiendo a la actividad interna de la Administración agotan su eficacia dentro de la esfera de ésta sin proyectarse hacia lo exterior de ella o más allá de tal esfera.
Además, concluimos que el punto 2.5 de la citada Instrucción General no se condice con el texto expreso del artículo 12 de la ley 26.860, el cual corresponde aplicar en el caso de autos, en cuanto establece en forma clara y precisa qué debe considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda al tipo de cambio comprador del Banco Nación, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.
Que en función de todo lo aquí expuesto, la normativa contemplada en la Ley 26.860 y su reglamentación, aprehenden el caso aquí ventilado de manera integral, no correspondiendo otorgarle el alcance pretendido por el Fisco Nacional, apelando para ello a una Instrucción que no resulta jurídicamente obligatoria ni para los contribuyentes ni para este tribunal, en función de lo expresado precedentemente.
VIII. En función de lo expuesto en los Considerandos precedentes, habida cuenta el acogimiento de la recurrente a la Ley 26860, habiendo aportado los certificados de depósitos para la inversión -CEDIN- que aplican a la pretensión fiscal en estas actuaciones, corresponde hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo a su acogimiento a dicho régimen y, en consecuencia, revocar las Resoluciones Nros. 312/15 (DV RR1P) y 313/15 (DV RR1P), con costas al Fisco Nacional.
Por ello, SE
1. Hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo a su acogimiento a dicho régimen y, en consecuencia, revocar las Resoluciones Nros. 312/15 (DV RR1P) y 313/15 (DV RR1P), con costas al Fisco Nacional.
2. Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 6°, 10° párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.04.25 10:58:32 ART Date: 2022.04.25 13:21:40 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.04.25 13:23:01 -03:00
Fin de la sentencia