Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias y confirmar parcialmente la determinación de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales apeladas en autos, conforme se determina en los Considerandos de la presente. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2Ordenar, en consecuencia, a la AFIP-DGI que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de lo que resulta adeudar la apelante de conformidad con lo resuelto en la presente.
I. Que a fs. 47/56vta y 153/169 se interponen sendos recursos de apelación contra las resoluciones 265/15 (DV RRME) y 266/15 (DV RRME), ambas de fecha 3 de julio de 2015. Mediante la primera de ellas se determina de oficio el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2006 con más los intereses resarcitorios correspondientes, disponiéndose además que la sustanciación del correspondiente sumario y su resolución que pudiera corresponder, tendrá lugar una vez que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la ley 24.769. Asimismo se suspende -en forma parcial- la intimación del impuesto y los intereses resarcitorios en razón de la exteriorización de dólares en Certificados de Depósitos para Inversión - CEDINES- , por considerarlos equivalentes en parte al saldo de la cuenta detectada al final del período 2006, hasta tanto exista un pronunciamiento judicial en el trámite de la causa Nº 134.053/2014 caratulado "HSBC BANK Argentina S.A. y otros s/Infracción Ley 24.769" que no sea contrario a los términos del artículo 15, inciso d) de la ley 26.860.
Por su parte la resolución 266/15 (DV RR1P) determina de oficio el Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2006 con más los intereses resarcitorios correspondientes, disponiéndose además que la sustanciación del correspondiente sumario y su resolución que pudiera corresponder, tendrá lugar una vez que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la ley 24.769. Asimismo se suspende en forma parcial la intimación del impuesto y los intereses resarcitorios en razón de la exteriorización de dólares en Certificados de Depósitos para Inversión -CEDINES- , por considerarlos equivalentes en parte al saldo de la cuenta detectada al final del período 2006, hasta tanto exista un pronunciamiento judicial en el trámite de la causa Nº 134.053/2014 caratulado "HSBC BANK Argentina S.A. y otros s/Infracción Ley 24.769" que no sea contrario a los términos del artículo 15, inciso d) de la ley 26.860. Que en primer lugar, la actora efectua planteo de prescripción en el ajuste relativo al Impuesto a las Ganancias. Afirma que se demuestra la procedencia del pedido de prescripción esgrimido por la recurrente, dado que se ha probado con meridiana claridad que la mencionada cuenta fue abierta el 10/09/2004 y que a diciembre del año 2005 contaba con un monto constatado U$S 523.329,00 y al 31 de diciembre de 2006 de U$S 575.340,00. Señala que la AFIP-DGI yerra cuando sostiene que el hecho imponible (Ganancia), se habría producido recién en el año 2006 dado que en esa misma documentación se encuentra el detalle del movimiento de la referida cuenta entre el periodo 11/2005 a 02/2007.
Manifiesta que el tribunal debe apreciar la procedencia de esta excepción de previo y especial pronunciamiento por prescripción de las pretensiones del Fisco, dado que no bastaría con sólo poder acceder a los beneficios de la Ley 26860 como plantea ademas en su recurso. Señala que la suma que pudo incluir en la exteriorización de la mencionada Ley fue sólo la existente a dicha fecha. Por lo tanto, de no acceder a la prescripción quedaría expuesta a que se le reclamase el impuesto a las ganancias por la diferencia no exteriorizada, lo que implicaría no sólo un apartamiento de las normas aplicables sino que el mismo también carecería de toda legitimidad. Alega respecto del origen de la prueba recabada por la AflP-DGI que es de público y notorio conocimiento que la información con que se inicia este proceso administrativo había sido sustraída por el informático Hervé Falciani quien trabajaba en el HSBC de Ginebra. Tanto es así que Falciani cometió los delitos de "robo de datos personales", "vulneración secreto comercial" y "violación del bancario" tipificados por el Código Penal Suizo' y como consecuencia de ello estuvo detenido durante varios meses en España por un pedido de extradición de la Confederación Suiza. Finalmente Falciani recuperó su libertad cuando entregó la información de referencia a cambio de la protección del gobierno francés, quien a su vez entregó dicha información al gobierno argentino. Por tales razones afirma que la prueba con que contó la AFlP-DGI para iniciar el procedimiento de determinación de oficio es claramente ilegal y por ello no puede reclamar los impuestos presuntamente adeudados sólo con esa información proveniente de un acto delictivo.
En cuanto a la aplicación de la ley 26860 expresa que en el artículo 4° de la Resolución n°225/2015 (DV RRME), que impugna, la AFIP-DGI dispone la suspensión de la aplicación del Régimen de Exteriorización de Voluntaria de la Tenencia en Moneda extranjera "hasta tanto exista un pronunciamiento judicial que no sea contrario a los términos del art. 15, inc. d) de la ley 26860". Al respecto manifiesta que durante los años 2005 y 2006 no estaba vigente la actual ley de Lavado de Activos (26.686 del año 2011) y por tanto a esa fecha no se encontraba tipificado el llamado "autolavado" en el que incurriría quien realizaba operaciones de lavado de activos provenientes de la evasión tributaria. Es por ello que la ley 26.860 solo excluye de sus beneficios a quienes ya recibieron una sentencia condenatoria firme por evasión tributaria o quienes se encuentran imputados o querellados por el delito de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Señala que está claro que la intención del Ente Recaudador es que los infractores impositivos se adhieran a este Régimen de Exteriorización voluntaria, más aún cuando desde un primer momento el organismo de recaudación "invitó" a los contribuyentes a acogerse a dicho Régimen, a través de cartas en las que los advertía que contaban con los datos para probar que ocultaron movimientos al fisco. Es así que -dice- no encuentra fundamento la suspensión del procedimiento de Exteriorización de la Tenencia de Moneda Extranjera regulados por ley 26.860, que dispone la AFIP-DGI ya que la situación de Silvana Teresita AYUB encuadra perfectamente en las disposiciones legales respectivas, por tanto debe resolverse su situación administrativa para obtener los beneficios contemplado en el inciso b artículo 9 de la ley 26860.
Alega que el art. 12 de la ley 26860 dispone expresamente que "deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Arqentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización". Ello quiere decir que cualquiera fuere el tipo de cambio vigente a la fecha de obtención efectiva de la renta omitida que posteriormente detecte la AFIP en un procedimiento de fiscalización, la diferencia de cotización existente entre la fecha de la omisión de declarar el ingreso, y la fecha de la efectiva exteriorización hará, que mientras más tiempo transcurra para la exteriorización, menor será la cantidad de dólares utilizadas para la compra de los CEDIN, como consecuencia de la constante devaluación de la cotización del Banco de la Nación Argentina.
Alega que como contrapartida, la AFlP-DGI emitió la Instrucción General n° 02/2015, que contradice abiertamente el texto y el espíritu de la citada ley, cuando refiere que a los fines de que, en los términos de la ley 26860, los sujetos intervinientes en una cuenta bancaria puedan, en su caso, acceder a los beneficios previstos en la citada norma respecto de los impuestos objeto de los respectivos procedimientos de determinación de oficio, la tenencia de moneda extranjera exteriorizada no podrá ser inferior a la cantidad de moneda extraniera causa de los ajustes, lo que implica la identidad de sus montos nominales (por ejemplo, sien el período fiscal 2006 no se tributó por una tenencia de u$s de 50.000, la exteriorización deberá ser por u$S de 50.000). Si la tenencia de moneda extranjera exteriorizada resultara inferior, deberán determinarse los impuestos correspondientes a la diferencia de moneda extranjera no exteriorizada.
/ En cuanto al ajuste relativo al Impuesto a los Bienes Personales afirma que presentó descargo el 10/12/2014 y con fecha 18/12/2014 se le notificó la vista del artículo 17 - L. 11683, por Resolución n° 404/2014 en la cual se le informó, una base imponible originada en la tenencia de U$S 575.340.74, que, al tipo de cambio oficial, de $ 3,022 equivalía a $ 1.738.679.72, lo que generó un "saldo a favor AFIP a ingresar" por: $ 12.272.85.- Se solicitó una nueva prórroga, mediante nota presentada el 10/2/2015, que le fue otorgada Resolución n°63 del 18/2/2015, presentando otro Descargo del art. 71 de la ley 11.683 en término, con fecha 11/03/2015. En dicho Descargo informaba que había decidido adherir al Régimen establecido por la ley 26860 de exteriorización de tenencias en moneda extranjera, con el importe total de la única cuenta en el exterior que poseía como cotitular, conformada por su esposo.
Señala que ha exteriorizado el 13/03/2015, un monto de moneda extranjera de U$S 180.154. Tomando en cuenta el tipo de cambio a esa fecha, tal como dispone el art 12 Ley 26860 ($ 8.783), significan: $ 1.582.292,58 de base imponible alcanzada por tal exteriorización. Ello que implica un impuesto sobre los bienes personales liberado por ley 26860 de $ 11.099.94 que comparado con los $ 12.272.85 reclamados por AFIP, (s/Resolución Determinación de oficio n°266/2015) sólo resta cubrir tan sólo $ 1.172.90, cifra ésta que en definitiva, sería el impuesto sobre los bienes personales adeudado correspondiente al año 2006.
Cita jurisprudencia, hace reserva del caso federal y pide que oportunamente se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. A fs. 75/90vta y 191/203 el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos interpuesto solicitando su rechazo, con costas.
Señala que el primer agravio al que apunta la actora con sus argumentos es sobre la información con la que se inicia el procedimiento, sosteniendo que la misma es de origen ilegal Argumenta que la Administración Federal recibió por parte del Fisco francés información financiera y bancaria referida a nacionales y/o contribuyentes argentinos -vinculada a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos iniciada contra la entidad bancaria HSBC en dicho país- en un sobre cerrado y lacrado que contenía un soporte óptico CD-ROM.
Posteriormente, mediante la correspondiente contraseña se abrió el mismo, descomprimiéndose el archivo que contenía el citado soporte óptico. Asimismo, se recibió una nota del Fisco francés en la que detallaba y describía la información contenida en dicho soporte óptico.
Señala que esta información no requiere certificación alguna, en virtud de que la misma ha sido emitida por la autoridad competente francesa. En este sentido, el Dictamen MRECIC N° 1387/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto del 21/11/2007 expresa que si bien los Acuerdos de Intercambio de Información no eximen expresamente de legalización, es de destacar que aquellos logran que el envío de información provenga directamente del Fisco extranjero, al cual le es solicitada. Esta circunstancia, llevada a cabo en el marco de un Convenio Bilateral, resulta suficiente para tener por válida la información así obtenida, sin que resulte necesario exigir la colocación de la apostilla o alguna otra legalización consular. Por lo tanto, la información obtenida en el marco de los acuerdos citados, no requiere la colocación de la apostilla para su validez en la República ni ninguna otra legalización consular.
El siguiente punto de agravio, refiere a la suspensión del blanqueo fiscal (en lo que a sus beneficios refiere), en función a las limitaciones establecidas por el art. 15 inc. d) de la Ley 26860. Señala que si bien el Juez administrativo dio acabado responde a este argumento reiterativo de la recurrente, destaca que la liberación pretendida (en el marco del régimen de regularización de la Ley 26680); no puede verificarse en la medida que no se tiene certeza de que el contribuyente no se encuentre comprendido en lo dispuesto por el punto d) del artículo 15 de la Ley 26860. Ello dado que, el 26/11/2014 esta Administración Federal de Ingresos Públicos formuló denuncia penal contra el Banco HSBC BANK ARGENTINA S.A. y diversas personas físicas y jurídicas presuntamente involucradas bajo las figuras de "Evasión Fiscal" y "Asociación Fiscal Ilícita", en los términos del inciso d) del artículo 15 y el Título 1 de la Ley 24,769.
Alega que deviene prematuro, entonces promover la aceptación de los CEDINES presentados por la apelante, y hacer efectivas sus cualidades liberatorias sobre una contribuyente que se encuentra formalmente denunciada y cuya situación procesal aún no se encuentra definida en sede penal, es decir, que aún cuenta con la posibilidad de resultar imputada por lavado de dinero constituyéndose la causal excluyente del régimen. Lo contrario atentaría contra los actos propios del Fisco y contra la lógica y economía procesal, obligando al Fisco Nacional a ejecutar una serie de actos liberatorios que luego habría de retrotraer con la consiguiente lesión a los derechos adquiridos y el derecho de defensa de la contribuyente.
Manifiesta que la ventaja que la recurrente está pretendiendo obtener y sobre la que además solicita se le conceda una protección a través de sentencia a su favor queda absolutamente alejado del objetivo definitivo de la norma; cual es que aquéllos que se sustrajeron al control fiscal en forma DOLOSA, reingresen esos capitales al sistema financiero argentino y aunque debieron haberlo hecho en su momento; se los exima del pago de impuestos consecuente (NO PAGAN IMPUESTOS QUE DEBERÍAN HABER PAGADO); sobre montos que en definitiva fueron percibidos y sustraídos de las obligaciones fiscales consecuentes.
En cuanto al planteo de prescripción opuesto en el ajuste del Impuesto a las Ganancias destaca que, el Juez administrativo dejó señalado en el acto, que no se encontraba probado el devenir de los movimientos bancarios de la cuenta, en la forma que exterioriza la contribuyente y que esa circunstancia, exigía que la atribución de la renta fuera en el año 2006 y de allí el primer tropiezo en las cuestiones planteadas por la actora.-
Señala que no es cierto que el Fisco tenga un criterio disímil en la valoración de la prueba; los elementos colectados en el marco del intercambio entre administraciones financieras, no permiten aseverar las apreciaciones efectuadas por la contribuyente; ergo, sólo corresponde otorgar validez a aquéllos elementos que son fidedignos en función al origen de su obtención.-
Destaca que en lo que respecta al plazo computable; el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del período fiscal 2006 operó en el año 2007, razón por la cual el cómputo del plazo de la prescripción comenzó a correr el 10 de enero de 2008, el cual se vio suspendido el 24 de diciembre de 2008, fecha en que se publicó en el Boletín Oficial la ley 26.476 que estableció un régimen de regularización impositiva y de protección de empleo y que en su artículo 44 dispuso la suspensión del curso de la prescripción con carácter general en los siguientes términos: "Suspéndese con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de /os tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en /os juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales." Conforme el relato de los hechos, surge que el plazo para determinar el gravamen (a partir de las suspensiones dispuestas por estas normas) prescribía el 31 de diciembre de 2014.-
Tratándose de un período fiscal próximo a prescribir, se contempló que la vista fue notificada a la contribuyente el 18 de diciembre de 2014, es decir dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha de prescripción ya señalada.- En tales condiciones, resultó aplicable el agregado a continuación del art. 65 de la Ley de procedimientos tributarios, que suspendió el curso de la prescripción de las acciones del Fisco por ciento veinte (120) días - hábiles administrativos - según el art. 40 de la Ley 11.683 (t.o. citado), plazo no transcurrido a lafecha del dictado de la resolución de determinación de oficio.
Cita doctrina y jurisprudencia. Se manifiesta sobre la procedencia de los intereses resarcitorios toda vez que la recurrente no plantea agravios específicos a su respecto. Introduce la cuestión federal y pide que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas.
III. A fs 224 se ordena como medida para mejor proveer el libramiento de oficio al Juzgado Penal Económico Nº 9 a fin de solicitarle informe si en la causa Nº 134053/2014 (CPE 162/2014) caratulada "HSBC BANK ARGENTINA S.A. y otros s/infracción a la ley 24.769, el recurrente se encuentra imputado y, en su caso, cuáles son los delitos que motivaron la imputación.
La medida se contesta a fs. 228 informándose que el Sra. Silvana Teresita Ayub no figura entre las personas que fueron llamadas a prestar declaración indagatoria en dichos autos, ni de momento se encuentra imputada por delito alguno en el marco de aquella pesquisa.
A fs. 229 se elevan los autos a Sala. A fs. 241 pasan a sentencia.
IV. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. Que corresponde abordar el tratamiento de la cuestión referida a la exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el marco de la Ley Nº 26860 que efectuara el recurrente.
Que la ley en cuestión regula la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, a través de la adquisición de los instrumentos financieros creados, a esos fines, por el Título I de la misma, y siendo reglamentada por la Resolución General N° 3.509 emanada de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La mentada ley, en su artículo 3°, dispone las condiciones en que será aplicable la exteriorización de moneda extranjera, la cual comprenderá la tenencia, en el país y en el exterior, al 30 de abril de 2013, inclusive, pudiendo, a su vez, incorporarse la tenencia de moneda extranjera que surja del producido de bienes existentes a dicha fecha.
En su artículo 5° establece que el importe exteriorizado no estará sujeto a impuesto especial alguno, quedando el goce de los beneficios, según el artículo 7°, supeditado a que dicho importe sea afectado a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros a que hace mención el Título I.
El artículo 9° establece, en la parte que aquí interesa, que “[l]os sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con respecto a las tenencias exteriorizadas. (…) c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.
Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice. 2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. 3.
Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas. 4. Eximición del Impuesto a las Ganancias por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes, a las tenencias que se exteriorizan (...)” El artículo 10°, por su parte, manifiesta que las personas físicas y las sucesiones indivisas podrán, mediante la exteriorización, “liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares”.
Debe entenderse que el término “liberar” empleado por el legislador en referencia a las “obligaciones fiscales” indica que los beneficios de la ley alcanzan incluso a obligaciones que ya hubieren sido determinadas, por cuanto en caso contrario, de ser inexistentes, no podrían ser referidas como pasibles de liberación. Ello así, toda vez que de la misma ley surge que el Organismo Fiscal ha de abstenerse de sustanciar recursos por el valor del monto liberado contra los contribuyentes que se hubieren acogido al régimen mentado.
A los fines de determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, de conformidad con el artículo 12°, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.” A su vez, el artículo 13° prevé que “[s]erá requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.”
Por su parte, el artículo 15° dice “Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones: (…) d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente (…)”
En el título III, por su parte, se establecen las disposiciones generales que regulan la presente ley. Siendo que el artículo 18° expresa que “[l]a Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el título II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.”, corresponde hacer referencia a la Resolución General 3509/2013, dictada por el Fisco Nacional con fecha 06 de junio de 2013, por la cual se regula la ley bajo análisis.
Que la misma en su artículo 1° reproduce prácticamente de manera literal lo establecido por la Ley 26.860 en sus artículos 9° y 10°. El artículo 2°, en lo que hace a las presentes actuaciones, dispone: “La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, conforme lo establecido por la Ley N° 26.860 (...) se considerará perfeccionada una vez cumplidos los requisitos, plazos y condiciones dispuestos por la citada ley, la presente resolución general y demás normas que se dicten al efecto.”
En el artículo 5° se aclara en qué situación se considerarán cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 13° de la ley para el usufructo de los beneficios por ella dispuestos. Se encontrarán consumados, explicita el articulado, cuando “las declaraciones juradas se hayan presentado, y el saldo resultante de las mismas se haya cancelado o incluido en un plan de facilidades de pago dispuesto por esta Administración Federal.”
VI. Que, en las presentes actuaciones el ajuste correspondiente a la materia neta imponible reliquidada es de U$S 575.340,74. Asimismo corresponde señalar que en las Resoluciones Nº 265/15 (DV RRME) y 266/15 (DV RRME) determinativas de los tributos aquí apelados, el monto exteriorizado por el contribuyente alcanza -a criterio del organismo fiscal- sólo parcialmente a cubrir el saldo determinado a favor del Fisco Nacional. Que en primer lugar, corresponde analizar si se encuentra debidamente cuantificado el ajuste en el Impuesto a las Ganancias. El mismo se sustenta en un incremento patrimonial no justificado en función de los depósitos en la cuenta en cuestión. Pero este Tribunal advierte que el Fisco ha procedido a determinar de esa forma tomando el monto total de la cuenta al 31/12/2006, pero se observa en las planillas que dieran origen al ajuste (vide fs. 72/74) que las sumas depositadas provienen de años anteriores, observándose la existencia de un saldo final del período fiscal 2005. Ello así, la determinación del incremento patrimonial respecto del período fiscal 2006 debe ser la diferencia existente entre el saldo al cierre del periodo 2006 (U$S 575.340) con el saldo al cierre del periodo fiscal 2005 (U$S 523.329) en la cuenta objeto de autos. Por lo tanto, el monto base del ajuste sería de U$S 52.011.-
Atento lo expuesto corresponde señalar que el monto que toma el Fisco Nacional resulta erróneo ignorando o desatendiendo la propia información a la que la misma Administración pretende otorgarle validez, circunstancia esta que resta sustento a los argumentos del Fisco Nacional por cuanto sostiene que la recurrente no arrima prueba alguna que demuestre que los fondos contenidos en el saldo al inicio son los mismos que se encuentran contenidos al cierre.
VII. Por otra parte, el Fisco Nacional siguió adelante con la determinación por el total del impuesto dejando supeditado los efectos de la exteriorización de la Ley 26860 hasta tanto exista un pronunciamiento en la causa judicial Nº 134053/2014 “HSBC Bank Argentina S.A. y otros” (CPE 1652/2014), por entender que el contribuyente podría quedar incurso en las previsiones del artículo 15, inciso d) de la citada ley. Ahora bien, con relación a la causal de exclusión de los beneficios que establece la ley incluida en el inciso d) del artículo 15, y que motivara la supeditación del goce de dichos beneficios al resultado de la causa penal ya citada, vale decir en primer término que dicho inciso excluye a los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y que de los mismos dichos de la AFIP, la denuncia que efectuara involucra las figuras de “Evasión Fiscal” y “Asociación Fiscal Ilícita” y no la del delito de lavado de dinero.
Al respecto cabe señalar que a fs. 228 de autos obra el informe producido por el Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nro. 9, en el marco de los autos caratulados : "HSBC Bank Argentina s.A. y otros s/inf. ley 24.769", Expte. Nº CPE 1652/2014, en respuesta a la medida ordenada a fs. 224 de autos, en donde se hace saber "que la Sra. Silvana Teresita Ayub (D.N.I. Nro. 16.654.960) no figura entre las personas que fueron llamadas a prestar declaración indagatoria en autos, ni de momento se encuentra imputada por delito alguno en el marco de la presente pesquisa"
Vale decir entonces que el recurrente no sólo no se encuentra imputado por el delito de lavado de dinero, sino que no fue siquiera denunciado por los delitos de evasión o asociación ilícita, contrariamente a lo que afirma el Fisco en los actos recurridos. Al respecto, de la lectura del inciso d) del artículo 15 de la ley 26.860, surge que el texto legal que nos ocupa es indudablemente de una claridad meridiana y requiere haber sido “imputado” en una causa penal por el delito de lavado de dinero. Y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). Es doctrina inveterada de nuestro más Alto Tribunal que no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales que equivalga a prescindir de su texto, si no media para ello declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad (Fallos 285:358; 307:2153) pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu.
Por otro lado en cuanto a la utilización por parte del Organismo recaudador del valor de cotización de conformidad con lo establecido en la Instrucción General 2/2015 corresponde señalar que el Fisco Nacional basa su argumentación -para sostener que no se encuentra totalmente satisfecha la pretensión fiscal- en lo establecido en la Instrucción General 2/2015, punto 2.5 , la cual dice que “A los fines de que, en los términos de la ley 26.860, los sujetos intervinientes en una cuenta bancaria puedan, en su caso, acceder a los beneficios previstos en la citada norma respecto de los impuestos objeto de los respectivos procedimientos de determinación de oficio, la tenencia de moneda extranjera exteriorizada no podrá ser inferior a la cantidad de moneda extranjera causa de los ajustes, lo que implica la identidad de sus montos nominales (por ejemplo, si en el período fiscal 2006 no se tributó por una tenencia de U$S de 50.000, la exteriorización deberá ser por u$s de 50.000). Si la tenencia de moneda extranjera exteriorizada resultara inferior, deberán determinarse los impuestos correspondientes a la diferencia de moneda extranjera no exteriorizada”.
Que del análisis de las circunstancias fácticas del sub lite y de las normas precedentemente reseñadas, entendemos que el supuesto resulta subsumible en la liberación impositiva que instituyó el régimen bajo análisis. Precisamente del cuerpo normativo de la Ley 26.860 surge con claridad que los sujetos que exterioricen voluntariamente la tenencia de moneda extranjera a través de la adquisición de los instrumentos financieros (CEDINES), gozarán de determinados beneficios, entre los que se encuentran la eximición del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, y que para determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.” (cfr. art 12).
Por lo que, tal como lo hiciéramos al sentenciar la causa “Savio Pablo – Savio Marcela” el 7/5/2019, consideramos que corresponde estar a la interpretación del art 12 de la Ley 26.860 efectuada por el contribuyente y no la que sostiene el Organismo fiscal, es decir que para determinar el monto de pesos de la moneda extranjera exteriorizada se debe considerar el tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectuó la exteriorización. En efecto, no corresponde la aplicación en la especie de lo establecido en el punto 2.5 de la Instrucción General N° 2/15, porque más allá de lo que establezca la referida instrucción, lo cierto es que la misma no resulta de aplicación obligatoria para este Tribunal, aunque sí habrá de serlo para todas las dependencias de la Administración Fiscal.
En efecto, ese tipo de actos de la administración no producen efectos con relación a los administrados, pues, correspondiendo a la actividad interna de la Administración agotan su eficacia dentro de la esfera de ésta sin proyectarse hacia lo exterior de ella o más allá de tal esfera.
Además, concluimos que el punto 2.5 de la citada Instrucción General no se condice con el texto expreso del artículo 12 de la ley 26.860, el cual corresponde aplicar en el caso de autos, en cuanto establece en forma clara y precisa que debe considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda al tipo de cambio comprador del Banco Nación, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.
Que en función de todo lo aquí expuesto, la normativa contemplada en la Ley 26.860 y su reglamentación, aprehenden el caso aquí ventilado de manera integral, no correspondiendo otorgarle el alcance pretendido por el Fisco Nacional, apelando para ello a una Instrucción que no resulta jurídicamente obligatoria ni para los contribuyentes ni para este tribunal, en función de lo expresado precedentemente.
Por lo tanto, siendo que de las constancias de autos ha quedado acreditado que el apelante adquirió CEDINES de acuerdo con lo establecido por la ley 26.860 y que no se encuentra comprendido en la causal de exclusión prevista en el inciso d) del artículo 15 de dicha ley, se considera que resultan aplicables al caso los beneficios previstos por la mencionada ley en la medida en que el monto en pesos exteriorizado por el contribuyente alcance a cubrir el saldo determinado a favor del Fisco Nacional.
Que, por las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo a su acogimiento a la Ley 26.860 y revocar en su totalidad la Resolución Nº 265/2015 correspondiente al Impuesto a las Ganancias -teniendo en cuenta el monto que debe considerarse como base del ajuste de conformidad con lo establecido en el Considerando VI de la presente- y revocar parcialmente la Resolución Nº 266/2015 correspondiente al Impuesto sobre los Bienes Personales, en la medida de la exteriorización realizada por el contribuyente, debiendo reliquidar el monto del saldo que persiste a favor del Fisco Nacional de acuerdo con lo expuesto precedentemente.
VIII. Que atento la forma en que se resuelve, corresponde entrar al análisis de los restantes agravios formulados por el recurrente en lo que la causa continúa, esto es la diferencia del Impuesto sobre el Impuesto a los Bienes Personales determinado que no llegan a cubrir la exteriorización efectuada en los términos de la Ley 26.860. En cuanto a los agravios de la recurrente relativo a la inaplicabilidad del convenio suscripto con el Estado de Francia y frente a los cuestionamientos vinculados a la validez de la información que origina los cargos formulados en las resoluciones apeladas, corresponde destacar lo resuelto por el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 11 al resolver el 7/3/2017 el Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba en la causa HSBC Bank Argentina SA y otros s/L 24769, donde el juez señala que el 4/7/2014 el Administrador Federal inició las gestiones ante el Ministerio de Economía a efectos de obtener la información financiera y bancaria de contribuyentes argentinos en poder de la Administración Tributaria Francesa, lo que se concretó con la nota remitida por el titular del aludido ministerio a su par de la República Francesa. La información le fue entregada al Administrador Federal en ocasión de su viaje a París el día 25/9/2014, en un CD encriptado, el cual fuera recibido y mantenido en custodia por la División de Intercambio de Información Tributaria de la AFIP. Tal como se señala en la sentencia del Incidente de nulidad antes referido “...los archivos en cuestión fueron secuestrados, en poder de un particular, por las autoridades de la República Francesa en el marco del registro domiciliario … y posteriormente entregados a la autoridad fiscal de nuestro país en el marco del art. 27 de la ley 22.357 … No se advierte la intevención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Hervé FALCIANI de los datos cuestionados...”. “Los eventuales delitos que pudiera haber cometido el poseedor de tales documentos - Hervé FALCIANI-, tal como se indica en los diferentes planteos, no constituye una circunstancia que invalide “per se” la obtención de los documentos secuestrados por las autoridades estatales.”
Asimismo, resulta menester recordar que el artículo 27 del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.537, que cuenta con un Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276 prevé que “Las autoridades competentes de los Estados intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de/presente Convenio, o aquellas de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos por el Convenio, en la medida en que la imposición que ella prevé no sea contraria al Convenio. Dicho intercambio de información no se verá restringido por las disposiciones del Articulo 1. Las informaciones que reciba un Etado serán mantenidas en secreto de ¡a misma manera que los intercambios obtenidos por aplicación de la legislación interna de ese Estado y sólo se entregará a las personas o autoridades (incluso tribunales y órganos administrativos) a quienes compete el establecimiento o recaudación de los impuestos comprendidos en el Convenio, o la sustanciación de causas judiciales o apelaciones relativas a impuestos, o para las decisiones sobre los recursos concernientes a esos impuestos. Estas personas o autoridades sólo usarán estos informes para estos fines. Podrán revelar las informaciones en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales.”
En virtud del precepto glosado, resulta claro que no existían obstáculos legales para que nuestro país, en el marco del mentado convenio, requiera información relativa a los sujetos e impuestos comprendidos en el mismo, tendiente a su correcta administración.
No se advierte, pues, que el intercambio efectuado exceda lo dispuesto en el articulo 27 del convenio referido, sino en cambio, que el intercambio se encuentra dentro del marco de lo dispuesto en el mismo. Del texto del convenio se extrae que las autoridades competentes intercambiarán las informaciones que sean necesarias para la aplicación de las disposiciones de la legislación interna de los Estados relativas a los impuestos comprendidos en el Convenio —cfr. artículo 27-. Tal como se desprende de los fundamentos que se extraen del propio convenio, ambos países lo celebran deseosos de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.
IX. Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge la existencia de diversos activos en una cuenta cuyos datos de perfil coinciden con los asignados al aquí actora. En efecto, de la planilla de datos personales del titular de la cuenta surgen los datos personales de la aquí recurrente vinculados a determinados códigos internos y de perfil de clientes que coinciden con aquellos a los que se atribuyen los activos financieros y bancarios.
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Que, en virtud de lo expuesto, procede confirmar la resolución 266/15 apelada en autos, en lo que no ha sido objeto de la revocatoria parcial de la que da cuenta el Considerando VI de la presente. Costas a la recurrente en lo que aquí se confirma.
X. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en la proporción en que se confirma los impuestos omitidos en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE
1. Revocar la determinación de oficio del Impuesto a las Ganancias y confirmar parcialmente la determinación de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales apeladas en autos, conforme se determina en los Considerandos de la presente. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2. Ordenar, en consecuencia, a la AFIP-DGI que en el término de treinta (30) días practique la reliquidación de lo que resulta adeudar la apelante de conformidad con lo resuelto en la presente.
3. Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 6°, 10° párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.02.14 18:09:55 ART Date: 2022.02.15 19:50:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.15 19:50:14 -03:00
Fin de la sentencia