Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo a su acogimiento a la Ley 26.860 y revocar la Resolución Nº 414/2015 (DV NRR1) determinativa del Impuesto a las Ganancias del período 2006, en todas sus partes, y parcialmente la Resolución Nº 413/2015 (DV NRR1) determinativa del Impuesto sobre los Bienes Personales por igual ejercicio fiscal, en la medida de la exteriorización realizada por el contribuyente, debiendo reliquidar el monto del saldo que persiste a favor del Fisco Nacional en dicho tributo de acuerdo con lo expuesto en el Considerando VIII de la presente. Con costas al Fisco Nacional en estos aspectos.
2Confirmar la determinación de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales apelada en autos, en lo que no ha sido objeto de revocación parcial de la que da cuenta el Considerando VIII de la presente, con más los intereses resarcitorios correspondientes. Con costas a la recurrente en lo que aquí se confirma.
I. A fs. 157/188 se interpone recurso de apelación contra las resoluciones 413/2015 (DV NRR1) y 414/2015 (DV NRR1), de fecha 26 de junio de 2015, que le determinan de oficio a la apelante el Impuesto sobre los Bienes Personales y el Impuesto a las Ganancias, respectivamente, con más los intereses resarcitorios, correspondientes ambos tributos al período fiscal 2006. Asimismo ambas resoluciones suspenden la intimación de pago en relación al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto sobre los Bienes Personales (este último exclusivamente por la suma de $ 7.252,80) hasta tanto exista un pronunciamiento judicial en el trámite de la causa Nº 134.053 caratulada "HSBC Bank Argentina S.A. y otros s/Infracción Ley 26.769" que no sea contrario a los términos del artículo 15, inciso d) de la ley 26.860.
Las actuaciones que motivan la presentación se originaron en la fiscalización efectuada por el Organismo Recaudador a partir de la información obtenida en el exterior a través de instrumentos de intercambio de información internacional suscriptos con otros países.
De acuerdo a ello la información habría sido proporcionada por la Administración Francesa en el marco del Convenio para Evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal (Ley 22.357 con Protocolo modificado y aprobado por la Ley 26.276) referida a cuentas bancarias en entidades financieras en Suiza, que no habrían sido declaradas por contribuyentes argentinos.
Advierte que atento a las reiteradas notificaciones del Fisco Nacional en las que se ponía de manifiesto la posibilidad de acogerse al régimen de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera establecido por la ley 26.860, la recurrente le hizo saber que había exteriorizado en los términos de la referida ley la suma de U$S 320.000, la que agrega no se encuentra cuestionada.
Entiende que dicha exteriorización importaba la conclusión definitiva de las actuaciones administrativas, por lo que considera que resulta ilegítimo el actuar del Fisco con el dictado de los actos apelados en autos. Especifica que el Juez Administrativo pretende validar su accionar a partir de lo normado en el artículo 15, inciso d) de la ley 26.860, la que excluye de la posibilidad de exteriorizar moneda extranjera a los imputados por delitos de lavado de dinero, con lo que resulta contradictorio el actuar fiscal que le insistió e incentivó desde un principio a efectuar la exteriorización de moneda extranjera. Puntualiza que no se encuentra comprendido por ninguna de las exclusiones contempladas en el artículo 15 de la ley citada y que no se encuentra imputado de ningún delito. También resalta en este orden de ideas que los tributos reclamados no alcanzan la condición objetiva de punibilidad de los artículos 1º y 2 inciso b) de la Ley Penal Tributaria -24.769- y que la acción del Ministerio Público para imputarle el delito se encontraría prescripta.
Resalta que la denuncia efectuada por el Organismo Recaudador y el Sr. Fiscal tienden a endilgarle al HSBC, sus directivos y otras entidades la comisión del delito de lavado de dinero y que la acción típica prevista en el artículo 278 del Código Penal -conforme ley 25.246-, jamás podría haberle sido imputada porque no estaba vigente en el período fiscal 2006.
Opone la prescripción y la nulidad, esta última fundada en vicios del procedimiento por no habérsele advertido que se encontraba bajo inspección más allá de la verificación formal de la documentación. Asimismo fundamenta la nulidad en que la determinación de oficio se ha basado en simples planillas en idioma extranjero de desconocida procedencia y cuestionable legitimidad que acrediten que la cuenta bancaria ni sus presuntos movimientos provengan de la entidad financiera suiza, de cómo llegaron al Estado Francés y luego entregadas a la AFIP.
Sin perjuicio de ello considera además que la prueba que se pretende esgrimir en su contra para fundar el reclamo fiscal ha sido obtenida en el marco del Convenio con la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, resulta violatoria al mismo, toda vez que de acuerdo con el artículo 27 del mismo, la única información que podrían válidamente intercambiar los estados suscriptores del Convenio, se limita a la información necesaria para la aplicación del convenio entre dichos Estados o la información referente a impuestos con incidencia en los sujetos comprendidos en dicho Convenio, no estando habilitada la Administración Federal a recabar información vinculada a terceros Estados que no son suscriptores del Convenio, como es el caso de Suiza.
Sostiene también la inobservancia de los principios del Derecho Internacional público , ya que el actuar de la Administración Federal ha incumplido el mandtato que el legislador fijó en la ley 27.010 del Convenio entre Argentina Y Suiza para evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio de "no iniciar acciones de pesca" -pedidos de información dirigidos a la simple recolección de evidencias con carácter especulativo, sin tener conocimiento previo de situaciones concretas, con el mero afán de averiguar antecedentes sin definición concreta-.
Resalta que la información recabada de encuentra agregada en copia simple, carece de fecha cierta e, incluso en idioma extranjero sin traducción por parte de un profesional competente, lo cual también considera que constituye un obstáculo insalvable que la invalida como elemento idóneo para la determinación de la materia imponible. Entiende que a la luz de los argumentos expuestos puede concluirse en forma incontrastable que no resulta posible la aplicación del método determinativo previsto en el artículo 18 de la ley 11.683 y tampoco la determinación del Impuesto sobre los Bienes Personales, así como que no se han reunido pruebas suficientes que acrediten los hechos imponibles de estos tributos.
Cita doctrina y jurisprudencia, agrega prueba documental, ofrece informativa, hace reserva del caso federal, pide que oportunamente se revoquen los actos apelados, declarando que la recurrente goza de los beneficios previstos en el artículo 9 de la ley 26.860 y, en subsidio se declare que las resoluciones apeladas resultan nulas e ilegítimas con imposición de costas al Fisco Nacional.
II. A fs. 197/222 el Fisco Nacional contesta el recurso interpuesto solicitando su rechazo con costas. Señala que la recurrente omitió consignar en su declaración jurada presentada en el Impuesto a los Bienes Personales período fiscal 2006, el saldo de su cuenta bancaria radicada en una entidad financiera de la confederación Suiza, dejando de ingresar el tributo en su justa medida y que no presentó la declaración jurada correspondiente al Impuesto a las Ganancias 2006.
Apunta que el cargo formulado encuentra origen en la información obtenida en el marco del Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, normado por la ley 22.357 y el Protocolo Modificatorio al Convenio aprobado por la ley 26.276.
En cuanto a la exteriorización en los términos de la ley 26.860 expresa que en la determinación de oficio del Impuesto las Ganancias, la materia neta imponible objeto de ajuste, resultó inferior a los dólares exteriorizados por medio de la adquisición de CEDINES por parte del actor, en virtud de lo cual el acto apelado dispone la suspensión de la intimación del impuesto determinado con más sus intereses, en razón de la exteriorización en CEDINES equivalentes al saldo de la cuenta detectada al final del período 2006, neta del saldo al inicio del mismo, hasta tanto exista pronunciamiento judicial en la causa caratulada "HSBC Bank Argentina S.A. y otros s/Infracción ley 24.769 que no sea contrario a los términos del artículo 15, inciso d) de la ley 26.860. En cuanto al Impuesto sobre los Bienes Personales, en la determinación practicada, la materia imponible resultó superior a los dólares exteriorizados mediante la adquisición de CEDINES. Por tal motivo se le determinó una diferencia de impuesto a ingresar que le fue intimada con más los intereses resarcitorios y, el monto eximido mediante la adquisición de CEDINES quedó supeditada al pronunciamiento judicial en la causa caratulada "HSBC Bank Argentina S.A. y otros s/Infracción ley 24.769 que no sea contrario a los términos del artículo 15, inciso d) de la ley 26.860.
Señala que al momento del dictado de los actos recurridos, el actor se encontraba denunciado penalmente, por lo que no se pudo convalidar el blanqueo efectuado en el marco de la ley 26.860.
Especifica la denuncia efectuada por el Fisco en la causa "HSBC Bank Argentina S.A. y otros s/Infracción ley 24.769 que no sea contrario a los términos del artículo 15, inciso d) de la ley 26.860, donde se puso de relieve la existencia de una plataforma ilegal montada por el Banco citado, sus directivos, contadores, abogados, licenciados en economía y apoderados con el fin de facilitar a los contribuyentes argentinos evadir sus impuestos, mediante la colocación de fondos en extraña jurisdicción y que no fueron exteriorizados en las declaraciones juradas de los titulares de dichos fondos. Asimismo resalta que el dictamen del Fiscal en la causa penal alude al la posible existencia de otros delitos que se le achacan a los sujetos denunciados en la mencionada causa penal, en la que se encuentra imputado el recurrente como "Lavado de Activos Financieros de Origen Ilícito".
En cuanto a la prescripción esboza su defensa en que resultan de aplicación las suspensiones que establecen las leyes 26.476 y 26.860, así como la causal suspensiva del artículo 65 de la ley 11.683 desde la fecha de la notificación de la vista o instrucción sumarial, cuando se trate de períodos fiscales próximos a prescribir y por 180 días corridos anteriores hasta que se produzca la correspondiente prescripción.
En orden a las nulidades planteadas con sustento en el cuestionamiento de la fiscalización electrónica y la falta de Orden de Intervención, se refiere a las facultades que otorga al Fisco la ley 11.683 en su artículo 33 y siguientes. Destaca que son facultades de carácter general las que se mencionan en el artículo 33 y discrecionales las del artículo 35, que constituyen amplios poderes para verificar el cumplimiento de los deberes de contribuyentes, responsables y terceros, incluso respecto de períodos fiscales en curso. Alude a l Resolución General 3416 en materia de Fiscalización Electrónica. Resalta que el contribuyente tomó conocimiento de la fiscalización y del requerimiento, contestó el requerimiento cursado, sin haber regularizado su situación ante el Fisco y que las resoluciones atacadas fueron dictadas de conformidad con las normas procedimentales contenidas en la ley de rito.
En lo relativo a los vicios de causa y motivación de los actos apelados referidos a la validez de la prueba colectada, esboza que se hizo estricta aplicación de lo que dispone el artículo 27 del Convenio para evitar la doble imposición, el que permite a los Estados contratantes brindar asistencia mutua en forma de intercambio de información tributaria en su más amplia extensión con el fin de establecer las bases adecuadas para la aplicación de la legislación tributaria interna de los estados contratantes y la aplicación de las disposiciones particulares del Convenio. Destaca la competencia del Administrador Fiscal de Ingresos Públicos en la materia , la que surge de la Resolución Nº 336/03 y del Dto 618/1997.
Pone de manifiesto la licitud de la información brindada por la autoridad fiscal francesa. En lo referido a las formalidades del apostillado, certificación y traducción de la prueba, se refiere al Dictamen Nº 1387/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que dispone que la información obtenida en el marco de los acuerdos -entre otros la convención de La Haya de 1961, aprobada por ley 23.458- no requiere la colocación de la apostille para la validez en la república ni ninguna legalización consular.
En lo que hace a la falta de traducción entiende que no son de aplicación lo dispesto en el artículo 6 de la ley 20.305 que regula el ejercicio de la profesión de Traductor Público, ni del artículo 28 del decreto 1759/72, porque en el caso particular se trata de información entre autoridades competentes de dos Estados Contratantes, en el marco de un tratado internacional que así lo prevé y, por otro lado en el caso se trata de datos personales cuya traducción resulta irrelevante, no pudiendo constituir un presupuesto de invalidez o nulidad.
Se manifiesta sobre la procedencia de las determinaciones impositivas de conformidad con la ley procedimental y las respectivas leyes de fondo.
Cita doctrina y jurisprudencia, se opone a la prueba ofrecida por la recurrente, agrega las actuaciones administrativas, introduce la cuestión federal y pide la confirmación de las resoluciones apeladas, con costas.
III. A fs. 234 se abre la causa a prueba, ordenándose informativas. A fs. 273 luce contestación del ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A fs. 299 se agrega la contestación del oficio dirigido a la Fiscalía en lo Penal Económico Nº 9. A fs. 305/311 vta. y fs. 328/330 AFIP contesta oficios. A fs. 341se clausura la etapa probatoria y se elevan los autos a Sala, los que se ponen para alegar a fs. 342. A fs. 346/353 obra el alegato de la actora y a fs. 354/356 el del Fisco Nacional. A fs. 363 pasan a sentencia.
IV. A los efectos de resolver la cuestión traída a decisión de este Tribunal cabe tener presente que, en principio, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros). En efecto “los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)”, citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, “Rúffolo Roque c/ DGI”, TFN 13.174-I.
V. En primer lugar, se entiende procedente que abordar el tratamiento de la cuestión referida a la exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el marco de la Ley Nº 26860 que efectuara el recurrente. Que la ley en cuestión regula la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, a través de la adquisición de los instrumentos financieros creados, a esos fines, por el Título I de la misma, y siendo reglamentada por la Resolución General N° 3.509 emanada de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La mentada ley, en su artículo 3°, dispone las condiciones en que será aplicable la exteriorización de moneda extranjera, la cual comprenderá la tenencia, en el país y en el exterior, al 30 de abril de 2013, inclusive, pudiendo, a su vez, incorporarse la tenencia de moneda extranjera que surja del producido de bienes existentes a dicha fecha.
En su artículo 5° establece que el importe exteriorizado no estará sujeto a impuesto especial alguno, quedando el goce de los beneficios, según el artículo 7°, supeditado a que dicho importe sea afectado a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros a que hace mención el Título I.
El artículo 9° establece, en la parte que aquí interesa, que “[l]os sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios: a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, con respecto a las tenencias exteriorizadas. (…) c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.
Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Pesonas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice. 2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar. 3.
Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bienes sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas. 4. Eximición del Impuesto a las Ganancias por las ganancias netas no declaradas, en su equivalente en pesos, obtenidas en el exterior, correspondientes, a las tenencias que se exteriorizan (...)” El artículo 10°, por su parte, manifiesta que las personas físicas y las sucesiones indivisas podrán, mediante la exteriorización, “liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares”.
Debe entenderse que el término “liberar” empleado por el legislador en referencia a las “obligaciones fiscales” indica que los beneficios de la ley alcanzan incluso a obligaciones que ya hubieren sido determinadas, por cuanto en caso contrario, de ser inexistentes, no podrían ser referidas como pasibles de liberación. Ello así, toda vez que de la misma ley surge que el Organismo Fiscal ha de abstenerse de sustanciar recursos por el valor del monto liberado contra los contribuyentes que se hubieren acogido al régimen mentado.
A los fines de determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, de conformidad con el artículo 12°, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.” A su vez, el artículo 13° prevé que “[s]erá requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.”
Por su parte, el artículo 15° dice “Quedan excluidos de las disposiciones de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones: (…) d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente (…)”
En el título III, por su parte, se establecen las disposiciones generales que regulan la presente ley. Siendo que el artículo 18° expresa que “[l]a Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el título II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.”, corresponde hacer referencia a la Resolución General 3509/2013, dictada por el Fisco Nacional con fecha 06 de junio de 2013, por la cual se regula la ley bajo análisis.
Que la misma en su artículo 1° reproduce prácticamente de manera literal lo establecido por la Ley 26.860 en sus artículos 9° y 10°. El artículo 2°, en lo que hace a las presentes actuaciones, dispone: “La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, conforme lo establecido por la Ley N° 26.860 (...) se considerará perfeccionada una vez cumplidos los requisitos, plazos y condiciones dispuestos por la citada ley, la presente resolución general y demás normas que se dicten al efecto.”
En el artículo 5° se aclara en qué situación se considerarán cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 13° de la ley para el usufructo de los beneficios por ella dispuestos. Se encontrarán consumados, explicita el articulado, cuando “las declaraciones juradas se hayan presentado, y el saldo resultante de las mismas se haya cancelado o incluido en un plan de facilidades de pago dispuesto por esta Administración Federal.”
VI. Que, no se encuentra controvertido en las presentes actuaciones el monto exteriorizado por el contribuyente, es decir la suma de U$S 320.000. Por el contrario, el propio Juez administrativo hace constar en las resoluciones apeladas (vide hoja 11 del acto determinativo de ganancias y hoja 10 del de Bienes Personales) que “...el rubrado acompañó copia de los certificados de seis (6) “CEDINES”, por un monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES DE TRESCIENTOS VEINTE MIL (U$S 320.000) los que constan agregados a fojas 245 y 271.”
Continúa el juez administrativo señalando que “...cabe indicar que los mencionados certificados fueron debidamente validados conforme los procedimientos internos de este Organismo”.
Asimismo hace constar el juez administrativo que la materia imponible objeto de ajuste en el Impuesto a las Ganancias resulta inferior a los dólares exteriorizados, en tanto que en lo que respecta a Bienes Personales, de acuerdo con la cotización que toma en cuenta el organismo fiscal, la materia imponible en este tributo resultaría superior a la exteriorización efectuada, procediendo a la reliquidación tomando como liberado el impuesto originado por el incremento del activo imponible por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas, restando un saldo a favor del Ente recaudador de $ 20.278,33.
No obstante ello, y aquí discrepan las posturas de las partes, el Fisco Nacional siguió adelante con la determinación por el total del impuesto dejando supeditado los efectos de la exteriorización de la Ley 26860 hasta tanto exista un pronunciamiento en la causa judicial Nº 134053/2014 “HSBC Bank Argentina S.A. y otros” (CPE 1652/2014), por entender que el contribuyente podría quedar incurso en las previsiones del artículo 15, inciso d) de la citada ley. Ahora bien, con relación a la causal de exclusión de los beneficios que establece la ley incluida en el inciso d) del artículo 15, y que motivara la supeditación del goce de dichos beneficios al resultado de la causa penal ya citada, vale decir en primer término que dicho inciso excluye a los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo y que de los mismos dichos de la AFIP, la denuncia que efectuara involucra las figuras de “Evasión Fiscal” y “Asociación Fiscal Ilícita” y no la del delito de lavado de dinero.
Al respecto cabe señalar que a fs. 299 de estos autos obra agregado el informe producido por el Ministerio Público Fiscal, más precisamente del Fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Nº 9, del que surge que el Sr. Alberto Raúl Hails (DNI 8.250.304) no fue citado en el marco de los autos “HSBC Bank Argentina S.A. y otros s/Inf. Ley 24.769” a prestar declaración indagatoria ni se encuentra imputado por la comisión de delito alguno.
Vale decir entonces que el recurrente no sólo no se encuentra imputado por el delito de lavado de dinero, sino que no fue siquiera denunciado por los delitos de evasión o asociación ilícita, contrariamente a lo que afirma el Fisco en los actos recurridos. Al respecto, de la lectura del inciso d) del artículo 15 de la ley 26.860, surge que el texto legal que nos ocupa es indudablemente de una claridad meridiana y requiere haber sido “imputado” en una causa penal por el delito de lavado de dinero. Y como es sabido, cuando una norma es clara en su formulación y sus alcances no ofrecen inconvenientes interpretativos, no cabe sino su directa aplicación (Fallos 308:1745; 320:2145). Es doctrina inveterada de nuestro más Alto Tribunal que no cabe admitir una interpretación de las disposiciones legales que equivalga a prescindir de su texto, si no media para ello declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad (Fallos 285:358; 307:2153) pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su letra o de su espíritu.
Por lo tanto, siendo que de las constancias de autos ha quedado acreditado que el apelante adquirió CEDINES de acuerdo con lo establecido por la ley 26.860 y que no se encuentra comprendido en la causal de exclusión prevista en el inciso d) del artículo 15 de dicha ley, se considera que resultan aplicables al caso los beneficios previstos por la mencionada ley (en similar sentido, Sala “D”, in re “Cervio Guillermo José”, sentencia del 7/8/2017, con voto del Dr. Magallón como Subrogante de la Vocalía de la 11ª Nominación).
VII. En virtud de lo expuesto y resultando del propio texto de la resolución determinativa del impuesto a las ganancias que la exteriorización cumplida por el recurrente se enmarca en la Ley 26.860 y que el contribuyente ha manifestado su acogimiento a ella aportando a tal efecto los correspondientes certificados de depósitos para la inversión -CEDIN- que aplican a la pretensión fiscal en dicho tributo, corresponde hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo a su acogimiento a la Ley 26.860 y revocar la Resolución Nº 414/2015 (DV NRR1). Con costas.
VIII. En lo atinente al Impuesto sobre los Bienes Personales, también procede hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo al acogimiento informado. No obstante aquí la cuestión tiene otro aspecto que merece la precisión de este Tribunal.
En efecto, en la Resolución Nº 413/2015 (DV NRR1) determinativa de dicho tributo se señala que el monto en pesos exteriorizado por el contribuyente alcanza sólo parcialmente a cubrir el saldo determinado a favor del Fisco Nacional. A tales efectos el Organismo recaudador tomó el valor de cotización de conformidad con lo establecido en la Instrucción General 2/2015. Asimismo, y como lo reconoce el actor en su escrito recursivo el monto exteriorizado responde a la diferencia patrimonial entre los saldos de la cuenta a diciembre del 2015 y a diciembre del 2016, en tanto que debió haber tributado por la tenencia al 31/12/2016.
Que el Fisco Nacional basa su argumentación -para sostener que no se encuentra totalmente satisfecha la pretensión fiscal- en lo establecido en la Instrucción General 2/2015, punto 2.5 , la cual dice que “A los fines de que, en los términos de la ley 26.860, los sujetos intervinientes en una cuenta bancaria puedan, en su caso, acceder a los beneficios previstos en la citada norma respecto de los impuestos objeto de los respectivos procedimientos de determinación de oficio, la tenencia de moneda extranjera exteriorizada no podrá ser inferior a la cantidad de moneda extranjera causa de los ajustes, lo que implica la identidad de sus montos nominales (por ejemplo, si en el período fiscal 2006 no se tributó por una tenencia de U$S de 50.000, la exteriorización deberá ser por u$s de 50.000). Si la tenencia de moneda extranjera exteriorizada resultara inferior, deberán determinarse los impuestos correspondientes a la diferencia de moneda extranjera no exteriorizada”. Que del análisis de las circunstancias fácticas del sub lite y de las normas precedentemente reseñadas, entendemos que el supuesto resulta subsumible en la liberación impositiva que instituyó el régimen bajo análisis. Precisamente del cuerpo normativo de la Ley 26.860 surge con claridad que los sujetos que exterioricen voluntariamente la tenencia de moneda extranjera a través de la adquisición de los instrumentos financieros (CEDINES), gozarán de determinados beneficios, entre los que se encuentran la eximición del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, y que para determinar el monto en pesos de la moneda extranjera exteriorizada, “deberá considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.” (cfr. art 12).
Por lo que, tal como lo hiciéramos al sentenciar la causa “Savio Pablo – Savio Marcela” el 7/5/2019, consideramos que corresponde estar a la interpretación del art 12 de la Ley 26.860 efectuada por el contribuyente y no la que sostiene el Organismo fiscal, es decir que para determinar el monto de pesos de la moneda extranjera exteriorizada se debe considerar el tipo de cambio vigente a la fecha en que se efectuó la exteriorización. En efecto, no corresponde la aplicación en la especie de lo establecido en el punto 2.5 de la Instrucción General N° 2/15, porque más allá de lo que establezca la referida instrucción, lo cierto es que la misma no resulta de aplicación obligatoria para este Tribunal, aunque sí habrá de serlo para todas las dependencias de la Administración Fiscal.
En efecto, ese tipo de actos de la administración no producen efectos con relación a los administrados, pues, correspondiendo a la actividad interna de la Administración agotan su eficacia dentro de la esfera de ésta sin proyectarse hacia lo exterior de ella o más allá de tal esfera.
Además, concluimos que el punto 2.5 de la citada Instrucción General no se condice con el texto expreso del artículo 12 de la ley 26.860, el cual corresponde aplicar en el caso de autos, en cuanto establece en forma clara y precisa que debe considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda al tipo de cambio comprador del Banco Nación, vigente a la fecha de la respectiva exteriorización.
Que en función de todo lo aquí expuesto, la normativa contemplada en la Ley 26.860 y su reglamentación, aprehenden el caso aquí ventilado de manera integral, no correspondiendo otorgarle el alcance pretendido por el Fisco Nacional, apelando para ello a una Instrucción que no resulta jurídicamente obligatoria ni para los contribuyentes ni para este tribunal, en función de lo expresado precedentemente.
Que, por las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo a su acogimiento a la Ley 26.860 y revocar parcialmente la Resolución Nº 413/2015 (DV NRR1) determinativa del Impuesto sobre los Bienes Personales, en la medida de la exteriorización realizada por el contribuyente, debiendo reliquidar el monto del saldo que persiste a favor del Fisco Nacional de acuerdo con lo expuesto precedentemente. Con costas al Fisco Nacional en estos aspectos.
IX. Que atento la forma en que se resuelve, corresponde entrar al análisis de los restantes agravios formulados por el recurrente en lo que la causa continúa, esto es la diferencia del Impuesto sobre los Bienes Personales que no llega a cubrir la exteriorización efectuada en los términos de la Ley 26.860.
Ello así, corresponde el tratamiento del planteo de prescripción que efectúa el actor respecto de las facultades del Fisco para reclamar el Impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio fiscal 2016. El actor entiende que por aplicación de las suspensiones previstas en las Leyes 26.476 y 26.860 el plazo de prescripción que comenzó a correr el 1/1/2008, habría operado el 1/1/2015. Alega que no puede oponerse la causal suspensiva del artículo agregado a continuación del artículo 65 de la ley de rito, por cuanto considera que se ha dado inicio a un procedimiento viciado con la única finalidad de correr vista para intentar suspender el curso de la prescripción. Al respecto, el mencionado artículo establece “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción”.
Al respecto se ha sostenido que “En este caso debe tratarse de períodos fiscales próximos a prescribir y siempre que esa vista se notifique dentro de los 180 días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción...No aclara la norma cómo deben computarse los 120 días, pero es indudable que ellos serán los hábiles administrativos, teniendo en cuenta la norma general establecida en el art. 4° de la ley procedimental...” (Horacio Ziccardi, 75 Aniversario de la Ley 11.683, Ed. Edicoal, Pags.543/546). En ese sentido, teniendo en cuenta que la resolución por la que se confirió vista al contribuyente en el impuesto que nos ocupa y por el período fiscal aludido, le fue notificada dentro del plazo de 180 días corridos anteriores a la fecha en que se hubiera producido la prescripción -1° de enero de 2015-, habiéndose dictado la resolución apelada con fecha 26/6/2015, esto es, dentro del plazo que estipula la norma antes citada; cabe concluir que las facultades del fisco para determinar y exigir el impuesto por el período fiscal citado precedentemente, no se encuentran prescriptas.
No modifica lo expuesto el planteo de la recurrente respecto de la validez de la vista administrativa puesto que la misma fue dictada dentro del marco del procedimiento legalmente previsto para el proceso de determinación de oficio. Además, conforme surge de fs. 21 de las actuaciones administrativas el contribuyente fue notificado de la existencia de una fiscalización electrónica en curso, anoticiándole del inicio del procedimiento de determinación de oficio reglado por el artículo 16 y siguientes de la Ley 11683, individualizándose en dicho F 8400/L los conceptos y períodos que la misma abarcaría, lo que finalmente se concretó con el dictado el 2/12/2014 de la resolución de vista. Cabe recordar que la ley procedimental, en su artículo 16, establece que la determinación administrativa de tributos sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos y por su parte el artículo 17 de la ley ritual establece que el procedimiento determinativo se inicia con una vista al contribuyente que otorga el juez administrativo, circunstancia que se encuentra cumplida en el subexamine. Precisamente, conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa el Organismo Fiscalizador dio cabal cumplimiento con los requisitos establecidos por la ley ritual, habiéndole corrido a la recurrente la vista que dispone el artículo 17 del citado texto legal, verdadera e insubsanable oportunidad en que se anoticia a quienes tengan responsabilidad impositiva, de los cargos, impugnaciones y fundamentos de los mismos.
Que en función de lo expuesto, procede rechazar la prescripción opuesta por el recurrente.
X. Que a continuación procede el tratamiento de los planteos de nulidad que articula el actor en su recurso. a) En primer lugar y respecto de la falta de una inspección y de una orden de intervención, cabe reiterar aquí lo expuesto por esta Sala con fecha 18/12/2017 in re “COMPARIN, DANIEL HORACIO”, en el sentido que el Formulario Orden de Intervención tiene por finalidad proveer a un mejor control interno de las áreas de fiscalización. Con el mismo se instruye a los funcionarios actuantes, generalmente indicándoles períodos, gravámenes, alcances que posteriormente permitirán evaluar resultados, rendimientos, tiempos insumidos y desvíos a la propia orden. Es decir, las jefaturas de fiscalización formalizan una orden a sus subordinados, respecto a ciertos contribuyentes, períodos o gravámenes; órdenes éstas, que se ajustan después formalmente o no a la realidad de los hechos y las observaciones detectadas.
En este sentido la Sala “B” en su anterior constitución al sentenciar en la causa “Rodríguez, Gerardo Oscar” del 11/02/09, sostuvo: “Que, el dictado de la Orden de Intervención ... por parte del Organismo Recaudador no es más que el ejercicio de las facultades (y deberes) que la ley procedimental otorga a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, para verificar en cualquier momento el cumplimiento que los obligados y responsables dan a sus obligaciones tributarias, no advirtiéndose por parte de este Tribunal, irregularidad alguna en su dictado.”
“Que, mediante la orden de intervención, acto interno de la repartición fiscal, el superior jerárquico de la Dirección Regional instruye a determinado agente para que verifique el cumplimiento que el contribuyente ha dado a las disposiciones de la materia, actuación que resulta razonable y oportuna a efectos de lograr una adecuada puesta en marcha de la “maquinaria” fiscal.”
“Que, cabe destacar que el accionar del ente fiscal encuentra sustento en los artículos 35 y 36 de la Ley de Rito, correspondiéndose con los amplios poderes que posee el Fisco para verificar el cumplimiento que los obligados den a las leyes y demás disposiciones tributarias ... En este sentido, no se observa que los requerimientos cuestionados por la recurrente sean arbitrarios, improcedentes ni contrarios a derecho. Al respecto, es importante recordar que la inspección tributaria opera como una colección de datos, es decir, se trata de una actividad administrativa cuyo presupuesto es la atribución de una potestad de comprobación encaminada a la búsqueda de hechos y datos que ignora el Organismo Recaudador, que le permitan establecer la corrección o inexactitud de lo declarado por el contribuyente.”
“Que, ello es coherente con el sistema de autodeterminación que rige en nuestro país, donde es el contribuyente quien efectúa una autoliquidación del tributo, reservando entonces la legislación fiscal, amplias facultades al Organismo Recaudador para verificar la corrección de las declaraciones juradas presentadas por los responsables, recayendo sobre los contribuyentes, e incluso terceros en general, el deber de colaboración con en el ente fiscalizador. En efecto, como sostiene Jarach, todos los administrados tienen un deber general de colaborar con la Administración, de modo tal que ésta pueda cumplir con las funciones de interés público que le han sido encomendadas (Dino Jarach, “Curso de Derecho Tributario”, Ed. Cima, 1980, p. 310).”
“Que, la ley procedimental, en su artículo 16, establece que las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados que intervienen en la fiscalización de los tributos no constituyen determinación administrativa, la que sólo compete a los funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces administrativos. Por su parte, el artículo 17 de la ley ritual establece que el procedimiento determinativo se inicia con una vista al contribuyente que otorga el juez administrativo, circunstancia que se encuentra cumplida en el subexamine.” “Que, precisamente, conforme surge de los antecedentes administrativos de la causa el Organismo Fiscalizador dio cabal cumplimiento con los requisitos establecidos por la ley ritual, habiéndole corrido a la recurrente la vista que dispone el artículo 17 del citado texto legal, verdadera e insubsanable oportunidad en que se anoticia a quienes tengan responsabilidad impositiva, de los cargos, impugnaciones y fundamentos de los mismos.” Que, por ello, no existe motivo para declarar la nulidad de lo actuado ya que el plexo de actuaciones administrativas pone de manifiesto que la actora estuvo abundantemente informada sobre el actuar fiscal y con total posibilidad de ejercer sus derechos (ver en similar sentido TFN, Sala “B” in re “Ribotta, Roberto Francisco” - 30/03/1999-, y “Victorio Américo Gualtieri S.A.”, del 08/05/2007). Ello así,el agravio en examen debe ser rechazado.
b) Seguidamente, cabe analizar el siguiente planteo nulificante introducido por el actor, en este caso dirigido a cuestionar el sustento del cargo, por entender que no existen elementos en las actuaciones administrativas que demuestren que las constancias obrantes a fs. 8/14 provengan de una entidad financiera de Suiza o de qué llegaron o como llegaron al Estado Francés, ni que fueron entregadas por la administración tributaria francesa al Sr. Echegaray. En definitiva, cuestiona el origen de la prueba del Fisco nacional, cuestiona la supuesta cadena de custodia y plantea la ilegitimidad en la obtención de la información por la Administración Tributaria francesa. Al respecto cabe efectuar las siguientes precisiones: a fs. 6 de las actuaciones administrativas obra una nota fechada en París el 25 de septiembre de 2014 en idioma francés, obrando una traducción al español a fs. 7, si bien no se encuentra firmada por traductor oficial. Se advierte de dicha nota que se trata del envío por parte del Estado francés de la información requerida por nuestro país en el marco del Acuerdo Fiscal entre ambos países. A fs. 8/9 obra una impresión de lo que puede considerarse un instructivo para interpretar las planillas con la información de las personas, los datos de la cuenta y los montos. A fs. 12/13 obran glosadas dos planillas: de la primera surgen los datos personales del aquí recurrente vinculado al código BUP 5090168524, PER_ID 115144 y PER_NO 168524; de la segunda planilla surgen los datos correspondientes a los saldos mensuales vinculados al código BUP y de cliente que surgen de la primera de ellas.
A raíz de la prueba ofrecida por la propia parte actora, a fs. 306 y stes. del presente expediente obra la respuesta del Fisco Nacional al oficio que le fuera librado en autos. En dicha oportunidad el Ente fiscal aporta nuevamente la nota fechada en Paría el 25/9/2014, copia de la actuación SIGEA Nº 13288-1070-2014/3 en la cual se describe el procedimiento seguido, en la que se da cuenta de la existencia de una reunión con la Administración Tributaria Francesa, en la cual se entregó un CD-ROM encriptado en sobre lacrado con información financiera y bancaria de cuentas de argentinos que se encontrarían vinculadas a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos seguida a la entidad HSBC.
En dicha actuación se fija el procedimiento a seguir para la apropiación de la información. Además se agrega un acta de fecha 1/10/2014 en la que funcionarios de la AFIP hacen constar la recepción de las actuaciones referidas a dicha información financiera y bancaria, en la que se recibe un sobre cerrado y lacrado que al abrirlo se constata la existencia de un soporte óptico CD ROM y la clave de acceso al mismo, procediéndose a desencriptar la información del mismo, haciendo constar el contenido del mismo y que a los efectos del resguardo del archivo se procedió a subir la información en estado original en el sistema SCD (Seguimiento y Control de Documentación). Se hace constar allí además que las actuaciones y el respectivo CD se resguardan en la División de Intercambio de Información Tributaria que cuenta con las medidas de seguridad pertinentes, armarios bajo llave en sector cerrado con cámaras de video.
A fs. 328/330 el Fisco Nacional aporta además copia de la nota enviada al Ministro de Finanzas de la República Francesa solicitando la información. Que de lo expuesto cabe tener por acreditado, en consonancia con lo resuelto por el Juzgado Nacional Penal Económico Nº 11 al resolver el 7/3/2017 el Incidente de Nulidad sobre el origen de la prueba en la causa HSBC Bank Argentina SA y otros s/L 24769, que el 4/7/2014 el Administrador Federal inició las gestiones ante el Ministerio de Economía a efectos de obtener la información financiera y bancaria de contribuyentes argentinos en poder de la Administración Tributaria Francesa, lo que se concretó con la nota remitida por el titular del aludido ministerio a su par de la República Francesa.
La información le fue entregada al Administrador Federal en ocasión de su viaje a París el día 25/9/2014, en un CD encriptado, el cual fuera recibido y mantenido en custodia por la División de Intercambio de Información Tributaria de la AFIP.
Tal como se señala en la sentencia del Incidente de nulidad antes referido “...los archivos en cuestión fueron secuestrados, en poder de un particular, por las autoridades de la República Francesa en el marco del registro domiciliario … y posteriormente entregados a la autoridad fiscal de nuestro país en el marco del art. 27 de la ley 22.357 … No se advierte la intevención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Hervé FALCIANI de los datos cuestionados...”
“Los eventuales delitos que pudiera haber cometido el poseedor de tales documentos -Hervé FALCIANI-, tal como se indica en los diferentes planteos, no constituye una circunstancia que invalide “per se” la obtención de los documentos secuestrados por las autoridades estatales.”
Asimismo en dicha sentencia se señala “Que, en otro orden de ideas, las objeciones planteadas con relación a la presunta violación de la cadena de custodia y la posible contaminación de la documentación aportada por la República Francesa no resulta cuestiones nomativamente vinculadas a la validez de esos documentos sino que, por el contrario, guardan relación con el valor probatorio que jurisdiccionalmente pueda asignárseles”.Agrega al respecto que “En conclusión, al no corresponder un juicio anticipado y aislado sobre el mérito de la documentación acompañada por la República Francesa, el análisis de las objeciones y planteos desarrollados por el acápite (ii) del considerando 3º excede el marco de la presente incidencia”.
Si bien se trata de documentación que carece de firma y apostillado, tal como se describe en el fallo que venimos transcribiendo “que tratándose de documentos privados secuestrados en poder de un particular, tales recaudos no constituyen un requisito de validez sin perjuicio de su valor probatorio...”. En cuanto a la falta de traducción, este Tribunal entiende que a tenor de los datos que surgen de la misma consistentes en datos personales de las personas y montos asignados a determinados números de códigos de clientes, la falta de traducción no es óbice para su análisis. Por otra parte, el recurrente ha tenido la posibilidad de requerir en esta instancia la traducción de dicha documentación por un perito traductor público, lo que no ha acontecido, surgiendo del propio escrito de apelación que el recurrente no ha tenido en principio inconveniente para interpretar los datos que de ella surge.
Que, en este orden, es dable recordar la doctrina de nuestro más alto Tribunal, en el sentido de que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica- Amet c/ Buenos Aires Provincia de y otro s/ amparo", C.S.J.N., 5/10/95, t. 318, p.1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", C.S.J.N. 6/2/01, t. 324, p. 151, entre otros).
Cabe agregar que para pretender la nulidad de las actuaciones administrativas, se debe demostrar de qué concretas defensas y pruebas se habría visto privada la parte en las instancias administrativas y la incidencia que dichas omisiones hubieran podido tener para modificar en su favor la situación que da origen a la causa judicial (conf. Fallos: 282:188 y sus citas; Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, Sala V - “in re” “Sugart Pedro Medrano SA c/Secretaría de Comercio e Inversiones - disposición [DNCI] 2373/1996” - 23/9/1998), lo que no se ha acreditado en autos.
Que por lo expuesto, corresponde rechazar la defensa de nulidad articulada por el contribuyente en autos.
XI. Que entrando al análisis del fondo del asunto traído a decisión, conviene comenzar por destacar que este Tribunal tiene dicho que “los métodos presuntivos para la determinación de tributos, son alternativas válidas que habilita la ley a favor de la Administración para que pueda cumplir sus objetivos en aquellos casos en que, debido a la inexistencia de elementos, registración con notorias falencias, o documentación que no resulte fehaciente...deba recurrir en forma supletoria o complementaria a esta metodología para cuantificar la base imponible” (cfr. entre otros, Armotec SACIFIC, TFN, Sala B, 10/02/1999, "Victorio Américo Gualtieri S.A.", 08/05/2007). El legislador ha aceptado la necesidad de implantar métodos indiciarios con el propósito de contrarrestar la evasión fiscal. La validez de los mismos dependerá de que su uso guarde razonable correspondencia con los restantes elementos de convicción obrantes en la causa. (doctrina de CNACAF, Sala I, in re “Casado Abel y otros”, 7/5/93).
Cabe señalar que el Fisco Nacional ha obtenido información del Fisco Francés relativa a la tenencia de cuentas bancarias en el HSBC Suiza por parte de ciudadanos argentinos. De la información en cuestión surge, conforme las planillas de fs. 12/13 la existencia de diversos activos en una cuenta cuyos datos de perfil coinciden con los asignados al aquí actor. En efecto, de la planilla de datos personales del titular de la cuenta surgen los datos personales del aquí recurrente vinculados a determinados códigos internos y de perfil de clientes que coinciden con aquellos a los que se atribuyen los activos financieros y bancarios.
Que, en la materia que se aborda, la inversión de la carga probatoria que recae, en definitiva, en cabeza del contribuyente, ha sido inveterada y pacíficamente reconocida por la jurisprudencia de las diversas Salas de este Tribunal y la Alzada (ver al respecto Ledesma, Amalia, TFN, Sala D, 18/07/2001, Inmobiliaria Quesada SRL, TFN, Sala A, 11/04/2000, Campisi, Benito, Sala B, 10/05/1999, Bur, Delia Matilde, CNACAF, Sala IV, 12/11/1996).
Cabe recordar que si las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración de los hechos y errores que le atribuye.
Que como tiene dicho la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede omitirse que -según reiterada doctrina, las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad -cfr. art. 12 de la ley 19.549- por lo que no resultaría ajustado admitir de inicio que ellas respondan a un obrar injustificado o abusivo (Fallos: 318:2431; 321:695; 325:2347, entre muchos otros) por lo que, "la peculiar naturaleza del acto cuestionado tiene a su favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad administrativa (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)...". Asimismo, de seguirse otra tesitura "la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos desaparecería frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos: 218:312; 324 y 372; 294:69)" (cfr. CSJN in re "Romero SA", sentencia del 8/2/2005).
En el caso concreto debe tenerse en cuenta que el contribuyente decidió blanquear en los términos de la Ley 26860 el equivalente al monto correspondiente al incremento en el año 2006 de la tenencias de fondos en la cuenta que se le atribuye, habiéndose encaminado en su recurso a cuestionar la suficiencia de la prueba aportada por el Fisco para adjudicarle la cuenta en cuestión, cuya titularidad no ha negado expresamente ni ha producido prueba alguna tendiente a comprobar no ser el titular de los fondos allí depositados, como lo hubiera podido hacer mediante una informativa vía exhorto al HSBC Suiza requiriendo que dicha entidad informara si lo tenía como cliente y titular de alguna cuenta bancaria.
Al respecto cabe destacar que si bien este Tribunal (en virtud de lo dispuesto por el art. 146 de la ley 11683 -t.o. en 1978 sus modificaciones) tiene “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica “llegar al extremo de reemplazar a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de la igualdad procesal” (en tal sentido ver D.F. XXII, -Compendio de Fallos- pág. 1183, referido a la causa: “Tameyfú S.R.L., Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal -Sala II- del 27/6/72, Tribunal Fiscal de la Nación C-833, del 26/3/71). Debe entenderse que incumbe a la apelante poner en movimiento la etapa de probanzas del proceso, a fin de lograr el mayor grado de verdad -apodíctica-, esto es, lograr que a partir de las pruebas aportadas el juzgador llegue al mayor grado de certeza, eliminando la posibilidad de que las cosas o los hechos hayan sucedido de forma diferente a lo que se está aseverando. Que, en virtud de lo expuesto, procede confirmar la determinación de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales apelada en autos, en lo que no ha sido objeto de la revocatoria parcial de la que da cuenta el Considerando VIII de la presente. Costas a la recurrente en lo que aquí se confirma.
XII. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación en la proporción en que se confirma el impuesto omitido en este acto. No obstante ello, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
Por ello, SE
1. Hacer lugar al planteo del recurrente en lo relativo a su acogimiento a la Ley 26.860 y revocar la Resolución Nº 414/2015 (DV NRR1) determinativa del Impuesto a las Ganancias del período 2006, en todas sus partes, y parcialmente la Resolución Nº 413/2015 (DV NRR1) determinativa del Impuesto sobre los Bienes Personales por igual ejercicio fiscal, en la medida de la exteriorización realizada por el contribuyente, debiendo reliquidar el monto del saldo que persiste a favor del Fisco Nacional en dicho tributo de acuerdo con lo expuesto en el Considerando VIII de la presente. Con costas al Fisco Nacional en estos aspectos.
2. Confirmar la determinación de oficio del Impuesto sobre los Bienes Personales apelada en autos, en lo que no ha sido objeto de revocación parcial de la que da cuenta el Considerando VIII de la presente, con más los intereses resarcitorios correspondientes. Con costas a la recurrente en lo que aquí se confirma.
3. Se deja constancia que la presente resolución es suscripta por los miembros titulares de las Vocalias 4° y 5° en virtud de lo dispuesto en el art. 6°, 10° párrafo del R.P.T.F.N.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.02.21 19:42:51 ART Date: 2022.02.22 10:01:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.22 10:01:20 -03:00
Fin de la sentencia