Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 61724
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada de fs.250/254, por los fundamentos dados en el presente decisorio, en cuanto rechazó el pedido de quiebra formulado por HSBC Bank Argentina S.A. respecto de la firma concursada Ingeniero Guillermo Milia S.A. y de las personas físicas Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz (arts.77 inciso 2, 78, 79, 80, 83 y ccs. de la L.C.Q.); con imposición de las costas de ambas instancias a la parte actora que ha resultado vencida (art.68 del Cód. Proc.).
2Remitir los autos a primera instancia, una vez firme este decisorio, a fin de que se sustancie, con intervención de todas las partes involucradas, la cuestión relativa a la ley aplicable. Una vez cumplido este trámite deberán remitirse nuevamente los autos a esta alzada para el tratamiento del recurso de apelación referido a la regulación de honorarios.
Causa nº: 2-61724-2016 "HSBC BANK ARGENTINA SA C/ INGENIERO GUILLERMO MILIA S.A. Y OTROS S/ QUIEBRA (GRANDE) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 143 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los treinta y uno días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Víctor Mario Peralta Reyes y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 Ley 5827), habiéndose retirado del Acuerdo el Dr. Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados “HSBC Bank Argentina SA c/ Ingeniero Guillermo Milia Sociedad Anónima y otros s/ Quiebra” (Causa N° 61.724), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes-Dr.Galdós- Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S
1era. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.250/254?
2da. ¿Es justa la regulación de honorarios de fs. 253vta.?
3ra. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
I. En los autos caratulados “Ingeniero Guillermo Milia S.A. s/concurso preventivo (grande)” (expediente n° 172/2012 que tengo a la vista), con fecha 29 de febrero de 2012 se declaró la apertura del concurso preventivo de la firma Ingeniero Guillermo Milia S.A., inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en la matrícula n° 75.830, Legajo 138.891; disponiéndose las medidas pertinentes establecidas en la ley concursal (fs.2691/2693 de dicho expediente n° 172/2012, cuerpo n° 14).
En lo que resulta de interés en orden a la cuestión traída a juzgamiento por esta alzada, cabe puntualizar que en dicho concurso preventivo se declararon verificados los siguientes créditos insinuados por HSBC Bank Argentina S.A. (legajo 93): a) Saldo deudor de cuenta corriente n° 6543-21817-3, por un monto de $ 108.638,75, con el carácter de quirografario (ver fs.3034/3036vta., 3128vta./3129, 3653/3654vta. del expediente n° 172/2012, cuerpos n° 16 y 19); b) Préstamo con garantía prendaria correspondiente al contrato de prenda con registro n° 25.276 de fecha 28 de julio de 2011, sobre una grúa torre marca Richierr Modelo GT 1364 año 1990, por un monto de $ 598.877,76, con privilegio especial del art.241 inciso 4 de la L.C.Q. (fs.3034/3036vta., 3128vta./3129, 3655vta. de dicho expediente n° 172/2012, cuerpos n° 16 y 19). Hago constar que no refiero a los otros dos créditos insinuados por el banco que correspondían a contratos de leasing, pues los mismos fueron declarados inadmisibles en el concurso preventivo (ver fs.3128vta./3129, 3657 in fine, expediente n° 172/12, cuerpos n° 16 y 19).
Pues bien, en lo que aquí interesa, la concursada presentó una propuesta de acuerdo para los acreedores quirografarios y declarados admisibles, que consistió en el pago del cuarenta por ciento (40%) de la deuda, en diez cuotas anuales sin intereses, abonándose la primera de ellas a los ciento ochenta días de la resolución judicial que declarara alcanzadas las mayorías previstas en el art.45 de la L.C.Q., previéndose una actualización por el costo de vida publicado por el INDEC, en el caso que superara el tres por ciento (3%) mensual (fs.3464 y 3585/3585vta. del expediente n° 172/2012, cuerpo n° 18).
Mediante resolución dictada con fecha 22 de diciembre de 2014, en atención a las conformidades agregadas a los autos de los acreedores verificados y declarados admisibles, se hizo saber la existencia de acuerdo preventivo (fs.3935/3936 del expediente n° 172/2012, cuerpo n° 20). Finalmente, mediante resolución de fecha 13 de febrero de 2015, al haber transcurrido el plazo previsto en el art.50 de la ley concursal, sin que se hubieran deducido impugnaciones contra la propuesta de acuerdo, y en atención a la conformidad prestada por la sindicatura, se homologó el acuerdo preventivo y se regularon los honorarios de los profesionales actuantes (fs.3940/3941 del expediente n° 172/2012, cuerpo n° 20).
II. Corresponde referir ahora a los autos caratulados “HSBC Bank Argentina S.A. c/Milia Guillermo César y otro/a s/cobro ejecutivo” (expediente n° 4898/2012, que tengo a la vista, iniciado el día 18 de diciembre de 2012). A estas actuaciones se acompañó el escrito de solicitud de verificación de créditos que el banco actor presentó al síndico del concurso preventivo analizado en el anterior apartado I, con fecha 29 de junio de 2012 (en esta solicitud se detallan los créditos que he mencionado supra).
Esta demanda ejecutiva fue promovida contra Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz, en su carácter de fiadores y principales pagadores de las obligaciones de la empresa Ingeniero Guillermo Milia S.A., por la suma de $ 115.216,57, con más intereses, impuestos y costas. Se hizo constar que la sociedad afianzada solicitó la apertura de su concurso preventivo, que fue proveído en forma favorable (tal como surge del relato que esbocé en el apartado anterior). Y se dijo en esta demanda que el título ejecutivo consiste en el saldo deudor de la cuenta corriente bancaria n° 6543-21817-3 del HSBC Bank Argentina S.A., Sucursal Olavarría, cuyo titular es la empresa Ingeniero Guillermo Milia S.A.; precisándose que al día de clausura de la cuenta el saldo adeudado asciende a la suma reclamada de $ 115.216,57. Se señaló, asimismo, que en virtud de la fianza solidaria acompañada a fs.8/9, Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz pueden ser demandados en forma directa (ver fs.17/19 del expediente n° 4898/2012).
Aquí es de utilidad puntualizar que el crédito reclamado en estos autos a las personas físicas demandadas en su calidad de fiadores, es el mismo que el banco acreedor verificó con el carácter de quirografario en el concurso preventivo de la empresa afianzada, donde quedó alcanzado por el acuerdo preventivo que allí se homologó. Sólo es menester poner de relieve que existe una diferencia en cuanto a su monto, pero ello obedece a que la deuda verificada concursalmente fue calculada con intereses hasta la fecha de presentación del concurso, mientras que la reclamada a los fiadores en este juicio ejecutivo se determinó hasta la fecha de clausura de la cuenta corriente bancaria (ver fs.15 y 17vta. del expediente n° 4898/2012).
III. Otro proceso que reviste un marcado interés a los fines del esclarecimiento de la cuestión que ha llegado planteada a esta alzada, es el caratulado “HSBC Bank Argentina S.A. c/Ingeniero Guillermo Milia S.A. s/acción de secuestro (art.39 Ley 12962)”
(expediente n° 611/2013 que tengo a la vista, iniciado el día 5 de marzo de 2013).
A través de esta acción se persiguió el secuestro de la grúa torre que fue objeto del contrato de prenda con registro, del que se generó el crédito con privilegio especial que el banco acreedor verificó en el examinado concurso preventivo de Ingeniero Guillermo Milia S.A. (ver apartado I, segundo párrafo, punto b) del presente voto).
Insisto en la especial relevancia que ostenta este proceso a los efectos de delinear la solución que habrá de darse al sub exámine; por lo que en el apartado pertinente me explayaré sobre las distintas actuaciones cumplimentadas en esta acción de secuestro promovido con arreglo al art.39 de la ley 12962.
IV. En un momento posterior, con fecha 14 de junio de 2016, el banco acreedor promovió los presentes autos caratulados “HSBC Bank Argentina S.A. c/Ingeniero Guillermo Milia S.A. y otros. s/Quiebra (grande)” (expediente n° 2034/2016). En el escrito inicial de este proceso se solicitó la declaración de quiebra de la empresa Ingeniero Guillermo Milia S.A. y de las personas físicas Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz (fs.18/18vta. de dicho expediente).
Al indicarse el objeto del pedido de quiebra se dijo que el mismo consiste en percibir con la realización de los bienes de los deudores, la suma de $ 848.282,53, correspondiente al monto adeudado del préstamo con garantía prendaria verificado en el concurso preventivo con privilegio especial, que ya había sido objeto de la acción de secuestro que tramitó en el expediente n° 611/2013, al que aludí en el anterior apartado III. Aquí corresponde aclarar que la referida suma de $ 848.282,53, es la que la actora reclama como adeudada del convenio de pago que se concretó en el seno de ese expediente n° 611/2013, y en el cual Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz se constituyeron en fiadores y principal pagadores. Ya anticipé que en el apartado pertinente me ocuparé de lo actuado en el expediente de la acción de secuestro y de los términos del convenio que se formalizó en su seno, porque estos elementos resultan gravitantes para la decisión que adoptaré en el sub caso.
Asimismo, en el caso de las personas físicas la deuda se extendió en la suma de $ 115.216,57 (ver fs.18vta., tercer párrafo), que fue la reclamada en el ya examinado juicio ejecutivo que tramitó en el expediente n° 4898/2012, y que corresponde al saldo deudor de cuenta corriente bancaria verificado con carácter quirografario en el concurso preventivo de Ingeniero Guillermo Milia S.A., donde quedó alcanzado por el acuerdo preventivo (ver apartado II de este voto). Pero este juicio ejecutivo se promovió contra Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz, en su condición de fiadores y principales pagadores de la empresa concursada, habiéndose acompañado el instrumento de fianza solidaria que habilitaba demandarlos en forma directa. En los desarrollos siguientes de este pedido de quiebra se detallaron los hechos que se consideraron pertinentes, se remarcó la cesación de pagos de los accionados y se ofreció la prueba que se estimó pertinente (fs.18/22 de los presentes actuados).
V. Pues bien, luego de oírse a los síndicos y de haber contestado la demanda los accionados (fs.240/244vta.), se procedió al dictado de la sentencia que arribó apelada a esta instancia, donde se rechazó el pedido de quiebra formulado por HSBC Bank Argentina S.A., respecto de la firma Ingeniero Guillermo Milia S.A. y de los Sres. Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz, con imposición de costas a la actora vencida, regulándose los estipendios de los profesionales intervinientes en autos (fs.250/254).
Para sentar esta conclusión expuso la magistrada las siguientes motivaciones medulares. Expresó que surge del expediente concursal que existe acuerdo preventivo homologado para los acreedores quirografarios, y que la empresa ha abonado la segunda cuota del plan de pagos, todo lo cual demuestra que la sociedad estuvo en una situación de desequilibrio patrimonial que está intentando superar, habiendo cumplido en tiempo y forma con las metas propuestas en esa causa judicial (fs.252/252vta.). Señaló, asimismo, que no existe constancia de que el acreedor privilegiado iniciara el correspondiente concurso especial en los términos del art.209 de la ley 24.522, opción otorgada por la ley con la finalidad de obtener una liquidación que le permita el cobro preferencial de su crédito (fs.252vta.).
En lo que respecta a la petición de quiebra de las personas físicas, compulsó la a quo el juicio ejecutivo que tramita en el referido expediente n° 4898/2012, en el que se dictó sentencia de remate por la suma de $ 115.216,57, con más intereses, costos y costas. Dijo que han transcurrido varios años desde el dictado de esta resolución, sin que se advierta medida alguna con la finalidad de obtener el cobro de dicho crédito; y agregó que existe constancia de embargo sobre un inmueble, pero no hay diligencias tendientes a activar la realización del bien (fs.252vta.). Adujo que el art.79 de la ley concursal da amplia facultad al juez para apreciar sobre la existencia de la situación de cesación de pagos, pero en este caso el instrumento base de la acción no reúne prima facie potencialidad suficiente como para ser tenido como hecho revelador de la cesación de pagos (fs.252vta.).
VI. La aludida sentencia fue apelada por el banco accionante (fs.256), quien fundó su recurso a través del memorial glosado a fs.262/269. Luego de relatar los antecedentes de la causa, se extendió el apelante en consideraciones relativas a la improcedencia del concurso especial que fue señalado en la sentencia como la vía adecuada para la reclamación del acreedor (fs.fs.263vta./264). Tras ello recaló en la procedencia del pedido de quiebra con cita de los arts.57 y 80 de la ley concursal, resaltando los datos emergentes del concurso preventivo en cuanto al pasivo quirografario, al activo y a la propuesta concordataria (fs.264vta.), poniendo de relieve que esos datos son reveladores del estado de cesación de pagos de la concursada (fs.265vta.).
Señaló que su parte inició la acción de secuestro del bien sobre el que recae la prenda a los efectos de liquidarlo y cobrar su crédito, pero los intentos de localizar el mismo fueron infructuosos, habiendo mediado, inclusive, una intimación judicial a poner a disposición el bien prendado, lo cual obtuvo silencio de parte del deudor. Dijo que en ese expediente de secuestro judicial los fallidos no opusieron excepciones ni defensas y firmaron un acuerdo de pago. Expresó que agotada la primera vía prevista por el citado art.57, a su parte no le queda otra alternativa que solicitar la quiebra (fs.265). Aseveró que su crédito se encuentra debidamente verificado en el concurso preventivo y que en el caso se ha convalidado la mala fe del concursado, quien ha perjudicado a los acreedores con privilegio especial (fs.265).
Insistió en consideraciones sobre el expediente donde tramitó la acción de secuestro, mencionando el convenio de reconocimiento de deuda agregado a esos actuados, la imposibilidad de localizar la grúa objeto de la prenda y el silencio del deudor concursado en indicar la ubicación de ese bien (fs.266). Adujo que también constituye un hecho revelador los cheques rechazados que figuran en la base de datos del BCRA, de acceso al público en general, y manifestó que la jueza pudo haber dispuesto medidas sumarias de oficio, las que no cumplimentó (fs.266). Formuló diversas consideraciones sobre el concurso preventivo, sobre el atraso en el pago de las cuotas concordatarias, y acerca de las acciones que tuvieron que promover los acreedores que quedaron fuera del acuerdo; negando que se haya superado el desequilibrio económico de la empresa concursada, más allá de que ésta haya acompañado facturas electrónicas y órdenes de compra (fs.266vta.).
Destacó la mala fe del deudor y la desprotección que aqueja a los acreedores privilegiados (fs.267/267vta.).
En la parte final del memorial se refirió el apelante a la eximición de la declaración de quiebra con respecto a las personas físicas. Y con referencia al mencionado juicio ejecutivo seguido contra ellas, adujo que la juzgadora no reparó en que la demandada es titular de la nuda propiedad del inmueble embargado, ya que el dominio tiene un usufructo vitalicio a favor de un tercero. Así señaló que el remate de una nuda propiedad es absolutamente irracional, ya que el precio que se puede obtener no cubriría ni los gastos (fs.267vta./268). Efectuó alegaciones sobre el estado de cesación de pagos de estas personas físicas y aludió a los salarios que perciben, preguntándose cómo podrían hacer frente a una deuda tan elevada (fs.268). Culminando su escrito recursivo y como planteo subsidiario, apeló por altos los honorarios regulados en la anterior instancia (fs.268vta.).
El memorial fue contestado por la concursada (fs.276), y ya en esta instancia se confirió vista al Fiscal General (fs.286/286vta.). Posteriormente se devolvieron las actuaciones al juzgado de origen para que se expidieran los síndicos y se remitieran las causas conexas (fs.289/289vta.), lo que fue cumplimentado a fs.291, 295/295vta., 301 y 304. Reanudado el trámite procesal (fs.307) se practicó el sorteo de rigor (fs.310), habiendo quedado estos actuados en condiciones de ser examinados a los fines del dictado de la presente sentencia.
VII. Abordaré, en primer lugar, la cuestión relativa al rechazo del pedido de quiebra formulado por el banco accionante, con relación a la empresa concursada Ingeniero Guillermo Milia S.A. Este pedido de quiebra se encuentra sustentado en el crédito con privilegio especial emanado del referido contrato de prenda con registro, que fuera debidamente verificado en el concurso preventivo, pero que quedó al margen del acuerdo preventivo que sólo alcanzó a los créditos quirografarios. Y esta petición de quiebra se fundó en dicho crédito privilegiado, porque el otro crédito quirografario derivado del saldo deudor de cuenta corriente bancaria, quedó alcanzado por el acuerdo preventivo que abarcó –únicamente- a esta categoría de acreedores quirografarios (ver apartado I de este voto).
1. Y debo puntualizar, desde ya, que la problemática en escorzo debe ser resuelta a la luz de las normas establecidas en los arts.44, 57, 80 y ccs. de la L.C.Q., por lo que a su examen me abocaré en este punto. Sólo debo señalar que no es atinente la vía del concurso especial que fue señalada en la sentencia apelada y que mereció la crítica del apelante (ver apartado V, segundo párrafo). En efecto, el concurso especial previsto en el art.209 de la L.C.Q., no corresponde al trámite del concurso preventivo, sino que se encuentra localizado dentro de la sección I del capítulo VI del título III de la ley 24.522, destinado a la realización de los bienes del fallido en el marco de la liquidación y distribución que corresponde al proceso de quiebra. Se trata, por ende, de un trámite ajeno a la cuestión de autos.
Retomando el análisis de las normas aplicables en la especie, cabe puntualizar –siguiendo a Rouillón- que puede haber concurso preventivo sin propuesta de acuerdo para acreedores privilegiados, pues la única propuesta imperativamente ineludible es la dirigida a los acreedores quirografarios. Por ello es válido el concurso en el cual el deudor ofrece y concierta acuerdo preventivo sólo con sus acreedores quirografarios (tal como sucedió en el caso de autos). Pero en este supuesto se pregunta Rouillón ¿cuándo cobran los acreedores privilegiados? Y puntualiza como respuesta que en el caso de los acreedores hipotecarios y prendarios, pueden proseguir sus ejecuciones después de haber presentado la demanda de verificación (art.21 de la L.C.Q.) (Rouillón, Régimen de concursos y quiebras, 16ª edición, comentario al art.44, págs.130 y 131). Además señala este autor otra alternativa que está al alcance de los acreedores privilegiados cuando no hubiese acuerdo preventivo que les comprendiera, cual es la posibilidad de ejecutar la sentencia de verificación ante el juez que corresponda, una vez homologado el acuerdo preventivo de los acreedores quirografarios (art.57 L.C.Q.) (ob. cit. págs.131 y 170). Pues bien, al comentar dicho artículo 57 del ordenamiento concursal, hace referencia Rouillón a la última frase de esta norma, donde se expresa que los acreedores privilegiados “También podrán pedir la quiebra del deudor de conformidad a lo previsto en el art.80, segundo párrafo”. Y sobre esta norma señala: “La última frase del art.57 de la LCQ quiere destacar que la quiebra pedida por un acreedor titular de crédito privilegiado concurrente al concurso preventivo, pero no comprendido en los términos del acuerdo, se rige por las reglas de la quiebra directa necesaria. No es, entonces, un caso de quiebra indirecta en los cuales basta con acreditar el incumplimiento de la acreencia prometida en el concordato, sino que es menester demostrar los extremos de toda petición de quiebra directa necesaria (art.80 LCQ). Es competente el juez que intervino en el concurso preventivo y actúa el mismo síndico, según lo reglado por el art.64 in fine de la LCQ” (ob. cit. pág.171).
El encuadramiento de este supuesto como un caso de quiebra directa necesaria a pedido del acreedor (arts.77 inciso 2, 78 y 79 de la L.C.Q.), conduce a la aplicación del art.80, que establece: “Todo acreedor cuyo crédito sea exigible, cualquiera sea su naturaleza y privilegio, puede pedir la quiebra. Si, según las disposiciones de esta ley, su crédito tiene privilegio especial, debe demostrar sumariamente que los bienes afectados son insuficientes para cubrirlo. Esta prueba no será necesaria, si se tratare de un crédito de causa laboral”. El segundo párrafo de este artículo es el que a mi juicio define la problemática de autos, expresando al respecto Rouillón: “Los acreedores con privilegio especial, si bien están legitimados para peticionar la quiebra de su deudor, están constreñidos a levantar una carga probatoria más severa que los restantes acreedores; además de los presupuestos enunciados en el art.83 de la LCQ, deben demostrar –prima facie- la insuficiencia de los bienes afectados al privilegio para cubrir el monto de la deuda. Esta mayor exigencia probatoria no es aplicable al peticionario de la quiebra con privilegio especial laboral” (ob. cit. pág.195; lo destacado es de mi autoría; en un mismo orden de ideas ver Heredia, Tratado Exegético de Derecho Concursal, tomo 2, págs.285, 286 y 287; Junyent Bas y Molina Sandoval, Ley de concursos y quiebras comentada, tomo I, págs.350, 351 y 352). Pues bien, adelantando opinión y sobre la base de las constancias allegadas a la causa que examinaré en el punto siguiente, considero que el banco acreedor no ha cumplimentado la carga probatoria exigida por el citado art.80, segundo párrafo, del ordenamiento concursal. De allí que habré de propiciar, por los fundamentos expresados en este voto, la confirmación de la sentencia apelada de la anterior instancia.
2. Tal como ya lo puntualicé supra, a los fines de dilucidar la cuestión traída a juzgamiento, reviste importancia el análisis de las actuaciones cumplidas en el proceso que es previo a la promoción del presente pedido de quiebra, al cual ya aludí en el apartado III de este voto. Me estoy refiriendo, claro está, a la acción de secuestro entablada -con fecha 5 de marzo de 2013- por HSBC Bank Argentina contra la concursada Ingeniero Guillermo Milia S.A., con arreglo al art.39 de la ley 12.962, y a través de la cual se persiguió el secuestro de la grúa torre objeto de la prenda con registro, a los fines de realizar su venta extrajudicial. Sostuvo la actora -en esta demanda- que la deudora incumplió el pago de las cuotas acordadas en el contrato de prenda con registro a partir del día 4 de enero de 2012, por lo que optó por acogerse al procedimiento que establece el art.39 de la ley 12,692, con la finalidad de obtener el secuestro del bien gravado con derecho real de prenda y proceder a la subasta del mismo para el recupero del crédito (ver fs.32/34vta. del expediente n° 611/2013).
banco accionante; se dijo que la deudora incurrió en mora el día 4 de enero de 2012 (o sea en la misma fecha denunciada en la demanda a fs.33); se reconoció el monto de la deuda en la suma de $ 1.181.221,10, en concepto de capital, ajuste por intereses compensatorios y punitorios y sus impuestos; en el momento del convenio el deudor abonó la suma de $ 140.000; la suma restante de $ 1.041.221,10 se abonaría en doce cuotas mensuales y consecutivas, venciendo la primera de ellas el día 31 de julio de 2014; y el cronograma de pago de esas cuotas se extendió desde esta última fecha hasta el 30 de junio de 2015 (ver fs.94/95). Se hizo constar que el convenio no implicó novación ni modificación de las obligaciones emergentes del contrato de prenda con registro (fs.95), y que Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz continuaban en su carácter de codeudor, principal pagador, fiador solidario liso y llano, con renuncia a los beneficios de excusión, división e interpelación previa (fs.95vta.).
El convenio mencionado en el párrafo anterior pone en evidencia que al poco tiempo de haber recibido la intimación para que denunciara la ubicación actual del bien prendado, la concursada se avino a negociar y a suscribir dicho acuerdo en el que se refinanció la deuda y se estableció un nuevo cronograma de pagos, mediante el abono de una suma en ese acto y la fijación de doce cuotas mensuales y consecutivas para la satisfacción del saldo existente. Esto permite dejar en claro que si con posterioridad se produjo un incumplimiento de la deudora en el pago de las nuevas cuotas convenidas, el pedido de quiebra de la concursada no era la vía adecuada que debía transitar el banco acreedor para obtener la satisfacción de su acreencia, sino que, por el contrario, debió haber denunciado tal incumplimiento y requerir, en forma inmediata, el secuestro del bien prendado para proceder a su subasta. El sendero procesal idóneo que tenía a su alcance el acreedor privilegiado prendario para obtener la satisfacción de su crédito, consistía en la prosecución de la acción de secuestro que ya venía tramitando en el expediente n° 611/2013, conforme se encontraba perfectamente habilitado en virtud de las normas que son aplicables y que analicé en el anterior punto 1 de este apartado (arts.21, 57 y ccs. de la L.C.Q.).
Y tan es así que el acreedor privilegiado prendario intentó transitar este camino correcto de prosecución de la acción de secuestro, habiendo presentado –con fecha 11 de mayo de 2015- un escrito electrónico en dicho expediente n° 611/2013 (que no fue agregado a las actuaciones), en el cual solicitó un nuevo mandamiento de secuestro del bien prendado a los mismos fines que el ordenado a fs.61, lo que se proveyó favorablemente mediante el despacho de fs.76, que lleva fecha 15 de mayo de 2015 (donde también se estuvo a la designación de depositario). Fue así que se libró un nuevo mandamiento de secuestro con fecha 11 de agosto de 2015, el que –llamativamente- no fue diligenciado y fue devuelto por la Oficina de Mandamientos “por cuanto no se presentó persona autorizada a solicitar turno para su diligenciamiento” (ver fs.77/78vta. y especialmente fs.77vta. in fine). Las posteriores actuaciones de este expediente n° 611/2013, carecen de interés a los fines que aquí interesan, pues sólo están dirigidas a obtener la reinscripción de la prenda con registro (fs.79, 80, 81, 92, 93, 99, 100, 101/113 de esos actuados).
Se desprende de lo antedicho que no le asistió razón al banco acreedor, cuando en el escrito de petición de quiebra (fs.20, tercer párrafo), tras aludir al convenio de reconocimiento de deuda y pago que se celebró en el seno del expediente n° 611/2013 (acción de secuestro), y tras señalar que los deudores abonaron la entrega inicial y tres cuotas del convenio adeudando por este concepto la suma de $ 848.282,53 (más intereses desde la fecha de vencimiento de cada cuota), pasó a expresar lo siguiente: “Destaco a V.S. que mi mandante trató infructuosamente de percibir su crédito intentando hacer efectiva la garantía real lo que no fue posible porque no se logró ubicar la maquinaria que garantizaba el crédito prendario. Intimados que fueron la empresa demandada a ponerla a disposición, tampoco cumplió con el requerimiento judicial. Con ello queda cumplido con la exigencia del art.80 de la ley 24.522” (fs.20, tercer párrafo, del presente expediente de pedido de quiebra n° 2034/2016).
La aserción de la accionante no puede ser compartida en modo alguno, surgiendo lo contrario del detenido análisis de la acción de secuestro (expediente n° 611/2013), que he realizado en el decurso de este punto 2. Efectivamente, en estos actuados sólo se diligenció un mandamiento de secuestro en la sede de la empresa concursada, donde la persona apoderada que allí se encontraba manifestó que el bien prendado no se hallaba en el lugar, lo cual resulta de toda lógica porque es muy difícil que una herramienta de trabajo de esa naturaleza estuviera –en ese momento- en la sede empresaria. Y ante la intimación que se cursó a la concursada para que denunciara la ubicación actual de la máquina prendada, en poco más de un mes se negoció y suscribió el aludido convenio de reconocimiento de deuda y pago.
Puede advertirse así que la concursada demostró su voluntad de solucionar el conflicto, mediante la suscripción de este convenio. Pero, por el contrario, cuando la deudora habría incumplido el pago de las cuotas del nuevo convenio de refinanciación, el acreedor prendario no tuvo una actitud diligente para secuestrar el bien objeto de la prenda; más aún, solicitó que se librara otro mandamiento de secuestro que fue proveído favorablemente (como no podía ser de otro modo), pero no concurrió a solicitar turno para su diligenciamiento (arts.163 inciso 5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.). Quiere ello decir que en la especie no se cumplió con la severa carga probatoria que les impone a los acreedores con privilegio especial el segundo párrafo del art.80 de la L.C.Q., esto es, la demostración sumaria de que los bienes afectados a la prenda son insuficientes para cubrir el crédito.
Por supuesto que no hay prueba alguna sobre el valor de la máquina prendada, a lo que se suma que el acreedor no ha sido diligente para proceder a su secuestro, pese a que tenía a su alcance todas las herramientas legales. La vía procesal idónea con que contaba el acreedor prendario para la satisfacción de su crédito dotado de privilegio especial, consistía en la prosecución de la acción de secuestro que ya venía tramitando en el expediente n° 611/2013, a los fines de proceder a la subasta del bien prendado y obtener de allí el cobro de su acreencia; máxime que había cumplido con su carga de insinuación en el concurso preventivo y su crédito se declaró verificado en la pertinente sentencia de verificación (art.39 ley 12.962; arts.21, 32, 36, 57 y ccs. de la L.C.Q.).
No se ha producido ninguna prueba en el sentido de que la máquina afectada a la prenda sea insuficiente para cubrir el crédito prendario, por lo que, por estos fundamentos, propicio la confirmación de la sentencia apelada de fs.250/254, en cuanto rechazó el pedido de quiebra respecto de la firma concursada Ingeniero Guillermo Milia S.A., con costas a la actora vencida (art.77 inciso 2, 78, 79, 80, 83 y ccs. de la L.C.Q.; art.68 del Cód. Proc.).
Las conclusiones que he dejado expuestas tornan innecesario el abordaje de otros planteos contenidos en el escrito recursivo, donde se abunda en consideraciones sobre la cesación de pagos de la concursada, la supuesta mala fe del deudor, los cheques rechazados que surgirían de la base de datos del BCRA, las dificultades de otros acreedores para obtener el cobro de las cuotas concordatarias y las medidas de oficio que pudo haber adoptado la juzgadora (ver apartado VI de este voto). Lo cierto y concluyente es que el banco accionante no ha cumplimentado la carga probatoria que le impone el art.80, segundo párrafo, de la ley 24.522, y esto define la suerte adversa del recurso de apelación interpuesto.
VIII. Corresponde incursionar ahora en la otra temática traída a esta alzada, relativa al pedido de quiebra formulado con relación a las personas físicas Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz, en su condición de fiadores y principales pagadores de las obligaciones de la empresa concursada (ver apartado IV). En lo que respecta a su calidad de fiadores del crédito privilegiado prendario, les son aplicables las mismas consideraciones vertidas precedentemente, por lo que me remito a lo señalado en el anterior apartado VII.
En el caso de estas personas físicas el pedido de quiebra se extendió a la suma de $ 115.216,57, que fue la reclamada en el juicio ejecutivo que tramitó en el citado expediente n° 4898/2012, y que corresponde al saldo deudor de cuenta corriente bancaria verificado con carácter quirografario en el concurso preventivo de Ingeniero Guillermo Milia S.A., donde quedó alcanzado por el acuerdo preventivo. Y este juicio ejecutivo se promovió contra Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz, en su condición de fiadores y principales pagadores de la empresa concursada, habiéndose acompañado el instrumento de fianza solidaria que habilitaba demandarlos en forma directa (ver apartados II y IV tercer párrafo, del presente voto).
En doctrina y jurisprudencia se ha tratado la coexistencia o superposición entre el juicio individual de cobro y el posterior pedido de quiebra, habiendo marcado Rouillón y Figueroa Casas la existencia de tres posturas sobre esta temática, las cuales, en rigor, terminan subsumiéndose en una de ellas que si bien admite la pendencia de la vía individual abierta, exige la acreditación de la frustración de ésta o, al menos, de las medidas cautelares allí obtenidas (Código de Comercio comentado y anotado, Rouillón director, Alonso coordinador, tomo IV-B, pág.29, con cita de Ribichini, El pedido de quiebra por acreedor y las vías individuales paralelas). Así mencionan estos autores algunos fallos judiciales, habiéndose resuelto en uno de ellos: “quien inició una acción individual, encontrándose en etapa de ejecución de sentencia, no puede presentar contra su deudor un pedido de quiebra, toda vez que no justificó que los bienes embargados fueran insuficientes para garantizar la condena allí recaída, pues el simple incumplimiento no puede considerarse como revelador del estado de cesación de pagos” (Cám. Apel. Civ. y Com. La Matanza, Sala I, 13-4-2004, LLBA 2004-645). En una misma línea de pensamiento se ha dicho que el acreedor no está legitimado para pedir la quiebra de su deudor, si ha embargado bienes suficientes para cubrir su crédito, hipótesis en la que es razonable exigir la previa excusión de tales bienes y sólo en su defecto o faltante en el producido quedará habilitada la solicitud de quiebra (conf. Gebhardt, Concursos y Quiebras, Chomer director, Frick coordinador, tomo 2, pág.331).
Pues bien, en la sentencia apelada se desestimó esta petición de quiebra luego de haberse compulsado las actuaciones del referido juicio ejecutivo, y se sostuvo que existe constancia de embargo sobre un inmueble, pero no hay diligencias tendientes a activar la realización del bien (ver apartado V, tercer párrafo, de este voto). En su escrito recursivo pretende el apelante refutar este argumento medular del fallo apelado, aseverando que no se reparó en que la demandada es titular de la nuda propiedad del inmueble embargado, ya que el dominio tiene un usufructo vitalicio a favor de un tercero (ver apartado VI, segundo párrafo, del presente voto). Pero este argumento basal del apelante no encuentra respaldo en las constancias del juicio ejecutivo, del cual no surge elemento alguno sobre el supuesto usufructo vitalicio que ha sido denunciado (ver fs.50/52 del expediente n° 4898/2012).
De esta manera ha quedado incólume la motivación central del decisorio de grado, perdiendo toda virtualidad otras alegaciones contenidas en el escrito recursivo sobre la supuesta cesación de pagos de estas personas físicas, sobre los salarios que perciben y su relación con las deudas en cuestión (fs.268). Por todo lo expuesto, propongo la confirmación de la sentencia apelada de fs.250/254, en cuanto rechazó el pedido de quiebra contra las personas físicas Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz, con costas a la actora vencida (arts.77 inciso 2, 78, 79, 80, 83 y ccs. de la L.C.Q.; art.68 del Cód. Proc.).
IX. Sólo resta señalar que las costas de alzada también deben imponerse al actor, en atención al resultado desfavorable obtenido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.). Y con relación a los honorarios regulados en la sentencia apelada (fs.253vta.), al haber sido apelados por altos por el accionante (fs.268vta.), al abordarse la segunda cuestión se procederá a la revisión de estos estipendios determinados en la instancia de origen.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
Tal como ya se señaló, en la sentencia apelada, al rechazarse el pedido de quiebra formulado por HSBC Bank Argentina S.A., se impusieron las costas a la actora vencida y se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes en autos (ver apartado V). Esta regulación fue motivo de la apelación deducida por la actora apelante, quien consideró altos los honorarios regulados en primera instancia (fs.268vta.; ver apartado VI, segundo párrafo, in fine).
Como consecuencia de la decisión a que aquí se arriba (confirmatoria del fallo apelado), sólo restaría proceder a la revisión de dicha regulación de honorarios y a la determinación de los honorarios por los trabajos de alzada; teniendo en cuenta, muy especialmente, que el único recurso de apelación fue deducido por la actora por considerar altos los honorarios regulados, y no es posible modificar la base regulatoria por apego al principio que prohíbe la reformatio in peius (art.266 del Cód. Proc.). Pero no puede soslayarse la reciente sanción de la ley 14.967, que ha introducido una sustancial modificación a los arts.9 y 15 del decreto ley 8.904/77, en cuanto a los parámetros que determinan el valor del jus y en cuanto a la necesidad de que la regulación se exprese en esta unidad arancelaria (art.15 de la ley 14.967). Y en virtud de dicha reforma legal la Suprema Corte Provincial dictó las Acordadas 3869 de fecha 18 de octubre de 2017, y 3871 de fecha 25 de octubre de 2017, que revelan una sustancial diferencia en los valores del jus según cuál se considere la normativa aplicable.
Cabe señalar, obiter dicta, que este tribunal ha acudido reiteradamente a la regla de la aplicación inmediata de la ley nueva (arts. 1, 2, 3, 7 ss. y cdtes. del Cód. Civ. y Com.) pero lo hizo cuando estaban claramente definidas las consecuencias de las relaciones jurídicas no agotadas bajo el régimen anterior o cuando había mediado sustanciación, que no es el supuesto del caso de autos (esta Sala, causas nro. 60.877, sent. del 30/11/2016 “Olivetto…”, nor. 60.647, sent. del 17/11/2016 “Espil…”, nro. 61.122, sent. del 27/12/2016 “Virga…”,61.029, sent. del 21/2/2017 “Otalora Fernández…”, nro. 61.459, sent. del 7/3/2017 “Corradi…”, nro. 61.769, sent. del 8/6/2017 “López…”, nro. 61.149, sent. del 8/6/2017 “Duhalde…”, entre otras; cfr. Galdós, Jorge Mario “El art 7 CCCN y el derecho transitorio en la responsabilidad civil (en la primera etapa de implementación del Código Civil y Comercial)” en Moisset de Espanés, Luis, “Derecho transitorio en el nuevo Código Civil y Comercial”, Ed. Advocatus, Córdoba, 2016 p. 281). Por dicha razón deben remitirse los autos a primera instancia, una vez firme este decisorio, a fin de que se sustancie, con intervención de todas las partes involucradas, la cuestión relativa a la ley aplicable. De este modo, no se obstaculiza el dictado de esta sentencia donde se define la cuestión principal (art.34 inc.5 e) del CPCC). Una vez cumplido este trámite deberán remitirse nuevamente los autos a esta alzada para el tratamiento del recurso de apelación referido a la regulación de honorarios.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi, por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido. A LA TERCERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fs.250/254, por los fundamentos dados en el presente decisorio, en cuanto rechazó el pedido de quiebra formulado por HSBC Bank Argentina S.A. respecto de la firma concursada Ingeniero Guillermo Milia S.A. y de las personas físicas Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz (arts.77 inciso 2, 78, 79, 80, 83 y ccs. de la L.C.Q.); con imposición de las costas de ambas instancias a la parte actora que ha resultado vencida (art.68 del Cód. Proc.). 2) Remitir los autos a primera instancia, una vez firme este decisorio, a fin de que se sustancie, con intervención de todas las partes involucradas, la cuestión relativa a la ley aplicable. Una vez cumplido este trámite deberán remitirse nuevamente los autos a esta alzada para el tratamiento del recurso de apelación referido a la regulación de honorarios.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Dra. Longobardi por los mismos fundamentos, adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 31 Octubre de 2017. –
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada de fs.250/254, por los fundamentos dados en el presente decisorio, en cuanto rechazó el pedido de quiebra formulado por HSBC Bank Argentina S.A. respecto de la firma concursada Ingeniero Guillermo Milia S.A. y de las personas físicas Guillermo César Milia y Silvina Leonor Ruiz (arts.77 inciso 2, 78, 79, 80, 83 y ccs. de la L.C.Q.); con imposición de las costas de ambas instancias a la parte actora que ha resultado vencida (art.68 del Cód. Proc.).
2. Remitir los autos a primera instancia, una vez firme este decisorio, a fin de que se sustancie, con intervención de todas las partes involucradas, la cuestión relativa a la ley aplicable. Una vez cumplido este trámite deberán remitirse nuevamente los autos a esta alzada para el tratamiento del recurso de apelación referido a la regulación de honorarios. Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase a su Juzgado de origen. Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II – Dra. María Inés Longobardi - Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Claudio Marcelo Camino – Secretario – Cám. Civ. y Com. Sala II.
Fin de la sentencia