Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-51609613-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 6172/16, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-3337-2009, en los términos de lo indicado en el considerando XII, por aplicación del principio de bagatela.
2Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA N° 6172/16, cuyo monto asciende a la suma de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 25/100 CENTAVOS DE DÓLAR (U$S1.948,25.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del CA desde el 31.10.2016 hasta la fecha de efectivo pago, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 C.A., con costas a la actora.
3Revocar parcialmente Resolución DE PRLA N° 6172/16, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-3337-2009, en cuanto le exige a la actora el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 29/100 CENTAVOS ($3.654,29), con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-87367413-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 8 de Septiembre de 2026 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18 Nominación), Pablo Adrián Garbarino y Christian Marcelo González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “HTI CONO SUR S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; EX-2019-51609613- -APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución 6172/2016, dictada por la Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 05.12.2016, en la Actuación Nº 12210-3337-2009, en cuanto condena a la firma HTI CONO SUR SA. al pago de una multa que asciende a la suma de $24.181 y se formula cargo en concepto de tributos, los cuales ascienden a la suma de usd 1.948,19, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., y de $3.654,29, en concepto de IVA adicional y Ganancias, por la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A., respecto a la destinación 05073IT16000263J, con vencimiento el 14.10.2006 II.- Que mediante IF-2019-51590866-APN-SGASAD#TFN, se presenta, por apoderada la firma HTI CONO SUR S.A e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada ut-supra. Relata los antecedentes del caso. Plantea la prescripción penal y tributaria conforme los arts. 934 y 805 respectivamente. Sostiene que el servicio aduanero demoró 2 años y 5 meses en notificar la resolución. Refiere a la omisión en el cumplimiento de los deberes esenciales vinculados a la razonabilidad del plazo. Cita el fallo Losicer. Afirma el cumplimiento del régimen. Señala que el único argumento utilizado por el servicio aduanero para condenarlo fue que no aporta el CTC definitivo. Manifiesta que ante la menor duda respecto de la conducta de su parte, debiera aplicarse el principio indubio pro reo. En subsidio solicita atenuación de la pena por aplicación del art. 916 del C.A. Impugna los intereses. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución condenatoria, con costas.
III. Que mediante IF-2019-79718144-APN-DNTEID#JGM se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Hace una negativa genérica de los dichos de la contraria y un resumen de lo actuado en sede administrativa. Sostiene que la actora tuvo oportunidad de ofrecer las pruebas que hacían a su derecho al formular el recurso. Respecto a los intereses sostiene que no puede perderse de vista la función a cargo de su mandante de resguardo de la renta fiscal y el principio de indisponibilidad del crédito público. Refiere que la atenuación de la multa no puede proceder atento a que surge de las actuaciones administrativas (fs. 79/85) impresiones de pantalla del sistema de registro de infractores que dan cuenta de varios antecedentes de la firma. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero apelado, con costas.
IV. Que en PV-2019-80948123-APN-VOCXVIII#TFN, se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido y se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas.
V. Mediante PV-2026-34087613-APN-VOCXVIII#TFN se certifica la prueba y a continuación, se elevan los autos a esta Sala “F” y se llaman autos para alegar. Con posterioridad se llaman autos a sentencia.
VI. Que, las actuaciones SIGEA 12210-3337-2009 se inician a fs. 1 con la denuncia n° 318/09, a fs. 4 luce agregado el sobre contenedor de la DIT 05073IT16000263J. A fs. 6 se observa agregado el aforo de la mercadería. A fs. 7/9 se efectúa la liquidación de tributos. A fs. 12 se dispone la instrucción del sumario. A fs. 14/15 se agrega copia del sistema registral. A fs. 16 se agrega print de pantalla de garantía global o unitaria. A fs. 17/22 luce agregada la determinación de base de tributos y multa. A fs. 23 se corre vista a la importadora y se cita a la aseguradora. A fs. 26/27 obra agregado sicnea que notifica la corrida de vista a la aseguradora y a la importadora en fecha 18.10.2016 y 17.10.2016, respectivamente. A fs. 28/33 contesta vista la aseguradora. A fs. 34/43 contesta vista la importadora. A fs. 45 en fecha 30/11/16 se ratifica la denuncia formulada. A fs. 47/52 se agrega el registro de infractores aduaneros. A fs. 53/54 en fecha 5.12.2016 se dicta la resolución DE PRLA N° 006172, aquí apelada. A fs. 55/56 se agrega sicnea con leyenda enviado a la firma importadora y a la firma aseguradora con fecha 07.05.2019. A fs. 57/59 se agrega la constancia de apelación ante este Tribunal. Asimismo, se agrega por cuerda un sobre de madera con documentación.
VII. Que corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos opuesto por la actora. Vale aclarar, en primer lugar, que, sin perjuicio de mi opinión respecto a la interpretación de las normas de prescripción del CA, por razones eminentes de economía procesal corresponde aplicar en autos lo decidido por el plenario de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03 y el precedente de la Corte Suprema in re "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12 de mayo de 2009.
Que, conforme lo dispuesto en los arts. 934 y 935 del CA, la acción del Fisco para imponer penas prescribe por el transcurso de cinco años, plazo que comienza a computarse desde el 1° de enero del año siguiente a la fecha de comisión infracción imputada (14.10.2006). Siendo ello así, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2007 y vencía el 31/12/11.
Que, conforme lo dispuesto en el art. 937, inc. a), del CA “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario...”.
Que, conforme surge de fs. 12 de las actuaciones administrativas, el curso de la prescripción penal se interrumpió el 05.12.2011 con el dictado de la instrucción de sumario, comenzando a correr el nuevo plazo quinquenal el 06.12.2011.
Que, en consecuencia, el plazo de la prescripción penal habría operado el 06.12.16; por lo que habiéndose dictado la Resolución apelada el 05.11.2016, no se encuentra prescripta la acción del fisco para imponer la multa en trato.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de la actora en este sentido.
VIII. Que, corresponde ahora tratar el planteo de prescripción tributaria.
Que, el art. 803 del C.A. establece: "Prescríbese por el transcurso de CINCO (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera" y el art. 804 dispone: "La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación.”
Que, el art. 805 inc. a) del CA establece: "La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera se suspende en los siguientes supuestos: a) Desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión"
Que, no se encuentra discutido en autos que el vencimiento del plazo otorgado para la regularización de la mercadería temporariamente mediante el DIT 05073IT16000263J operó el 14.10.2006.
Que, en consecuencia, comienza el cómputo de la prescripción tributaria el 01.01.2007 y de no mediar causales suspensivas ni interruptivas del curso de la prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos, la misma opera el 31/12/11.
Que, habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 05.12.11 -ver fs. 12 de las actuaciones administrativas-, se encuentra suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”-conforme art. 805, inc. a), del C.A. La resolución se dictó el 05.12.2016.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria.
IX. Que a lo expuesto debe adicionarse que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial invocada por la actora referida al “plazo razonable” establecida por la CSJN en los autos “Bossi y García” del 08/11/2011 y “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/06/2012, atento que en la primera de las causas se trataba de un procedimiento recursivo que se había prolongado durante más de veintitrés años y en el segundo, de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años y, en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado con fecha 26/3/2013 (ver acta denuncias de fs. 1) en el que dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el CA, la Aduana ha tramitado el sumario infraccional que diera origen a la resolución apelada ante este Tribunal.
X. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver la procedencia de la multa y de los tributos reclamados por la falta de reexportación en término de la mercadería importada en forma temporaria mediante la destinación DIT 05073IT16000263J.
Que, mediante dicha destinación, oficializada el 12.10.2005 ante la Aduana de Ezeiza, la firma HEIL TRAILER INTERNACIONAL SA documentó en los términos del Decreto 1439/96 mediante el ítem 1,2,3,4,5 y 6 mercadería con la posición arancelaria 7609.00.00.900Q, 8205.59.00.900C, 8310.00.00.000K, 8485.90.00.100L, 8536.90.90.990U, 8716.90.90.900L, respectivamente.
En tales condiciones, se concedió el libramiento con fecha 14.10.2005 y se autorizó la permanencia de la mercadería importada temporariamente por un plazo de 365 días, cuyo vencimiento operó el 14.10.2006.
Que al no existir constancias del cumplimiento total de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria el servicio aduanero consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole a la importadora la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del CA, oportunidad en que, asimismo se reclamó el pago de los tributos adeudados.
Que, en virtud de lo actuado en las actuaciones administrativas se dictó la Resolución DEPRLA 6172/16, aquí apelada.
Que el artículo 250 del CA establece que: "La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo ". Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen de importación temporaria para los beneficiarios del mismo, es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado al efecto.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el art. 970 del CA sanciona al que "no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria".
Que la carga de la prueba de la reexportación y/o nacionalización de la mercadería en término recae sobre el beneficiario del régimen preferencial y es quien debe demostrar en forma fehaciente, mediante la documentación aduanera correspondiente, el cabal cumplimiento de sus obligaciones. En tal sentido, le basta al servicio aduanero acreditar el vencimiento del plazo de permanencia, por cuanto la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción, produce la inversión de la carga de la prueba.
Que, como se dijo, la destinación involucrada en autos fue documentada en los términos del Decreto 1439/96 -que establece el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial- en virtud del cual la mercadería que se importa para ser sometida a un proceso industrial, debe ser exportada a consumo bajo la nueva forma resultante dentro del plazo de un año, prorrogable por otro plazo igual.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del DIT que nos ocupa -Res. ANA 127/92 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos PE. Que para acceder a dicho beneficio se impone al beneficiario la obligación de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- que emite la Secretaría de Industria de acuerdo a las declaraciones de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por el importador.
Que el CTC es el documento que establece la relación insumo/producto de manera que, a través del mismo, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados en forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que en los CTC debe individualizarse tanto la posición arancelaria del insumo importado en forma temporaria como la del producto para el cual el mismo es emitido. De esta manera, el certificado describe cuál es la mercadería a exportar e indica expresamente su posición arancelaria.
Que de ello se desprende que la relación insumo/producto establecida en el CTC se refiere en particular a la mercadería involucrada y a la posición arancelaria que se detalla en el mismo. En virtud de los datos que surgen del certificado, la Aduana puede determinar si los insumos importados en forma temporaria fueron correctamente descargados en los permisos de embarque.
Que, asimismo, cabe destacar que el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se acogió la firma importadora, le exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero".
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin SA”, sentencia del 01/10/91).
XI. Que, en esta instancia, se abre la causa a prueba mediante PV-2019-90898927-APN-VOCXVIII#TFN la que luce agregada a los presentes actuados mediante IF-2019-109067672-APN-SGASAD#TFN, IF-2025-137302855-APN-SGASAD#TFN e IF-2026-14182226-APN-SGASAD#TFN.
Que, corresponde analizar la documentación acompañada por la recurrente tanto en sede aduanera como durante la sustanciación de las presentes actuaciones, así como también la acompañada como consecuencia de la prueba producida en autos, a fin de determinar si la misma resulta suficiente para acreditar la cancelación de la destinación suspensiva mediante las exportaciones allí invocadas.
Que, a tal efecto, fueron examinadas las solicitudes de CTC, las hojas de descarga y los veintidós (22) permisos de embarque agregados a la causa, advirtiéndose que la documentación aportada no permite verificar con el grado de certeza exigible, la relación entre los insumos importados temporalmente y las mercaderías posteriormente exportadas.
En dicho análisis se observa que las solicitudes de C.T.C. presentan inconsistencias que obstan a su valoración como elemento demostrativo suficiente. En diversos casos la descripción de los insumos allí consignada no guarda correspondencia con la mercadería amparada por la destinación de importación temporaria; en otros los insumos carecen de la debida tipificación, circunstancia que impide individualizarlos y establecer su trazabilidad con los bienes exportados. A ello se suma que parte de la documentación acompañada resulta incompleta o presenta un grado de ilegibilidad que imposibilita su adecuado examen.
Cabe aclarar que los veintidós permisos de embarque agregados a la causa comprenden la descarga de diversos ítems, sin que de su análisis conjunto pueda reconstruirse la secuencia documental necesaria para verificar la relación insumo-producto.
A fin de sistematizar el análisis efectuado se incorpora el siguiente cuadro demostrativo:
ITEM UNIDADES PERMISOS DE ITEM DEL DIT
OFICIALIZACIÓN PA PA HOJA SOL CTC/ CTC Observaciones EMBARQUE DEL PE QUE DESCARGA REFIERE No coincide la 05001EC03039770N 09/11/2005 1 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 09/11/2005 1 8716.31.00.900a 5 8536.90.90.990U 2 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 09/11/2005 1 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 09/11/2005 2 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 4 S01:0365479/06 descripción del insumo No coincide la 09/11/2005 2 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0365479/07 descripción del insumo No coincide la 09/11/2005 2 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0365479/08 descripción del insumo No tipifica el 05001EC03044888T 09/12/2005 1 8716.31.00.900a 1 7609.00.00.900Q 5 S01:0430171/05 insumo No coincide la 1 8716.31.00.900a 5 8536.90.90.990U 2 S01:0430171/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900a 6 8716.90.90.900L 1 S01:0430171/05 descripción del insumo No tipifica el 05008EC03005064J 04/11/2005 1 8716.31.00.900a 3.1 8310.00.00.000K 4 S01:0346702/05 insumo No tipifica el 2 8716.31.00.900A 3.1 8310.00.00.000K 4 S01:0346702/05 insumo No coincide la 05001EC03038811X 02/11/2005 1 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 05001EC03038814L 02/11/2005 1 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No tipifica los 05001EC03041030S 18/11/2005 1 1 7609.00.00.900Q 4 S01:0382256/05 insumos No tipifica los 1 4 8485.90.00.100L 2 S01:0382256/05 insumos No tipifica los 1 5 8536.90.90.990U 4 S01:0382256/05 insumos 1 6 8716.90.90.900L 1 S01:0382256/05 No tipifica los insumos No tipifica los 1 2 8205.59.00.900c 1 S01:0382256/05 insumos No tipifica los 1 2 8205.59.00.900c 1 S01:0382256/05 insumos No coincide la 05008EC03004817Y 19/10/2005 1 8716.31.00.900A 3.1 8310.00.00.000K 4 S01:0346702/05 descripción del insumo No coincide la 05001EC03038815M 02/11/2005 1 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0365479/05 descripción del insumo La solicitud 05001EC03041106W 21/11/2005 1 8716.31.00.900A 1 7609.00.00.900Q 1 S01-0346702/05 está incompleta La solicitud 1 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 6 S01-0346702/05 está incompleta La solicitud 1 8716.31.00.900A 3.1 8310.00.00.00K 4 S01-0346702/05 está incompleta 05001EC03041152A 21/11/2005 1 8716.31.00.900A 1 7609.00.00.900Q 1 S01:0346702/05 La solicitud está incompleta La solicitud 1 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 6 S01:0346702/05 está incompleta La solicitud 1 8716.31.00.900A 3 8310.00.00.000K 4 S01:0346702/05 está incompleta La solicitud 2 8716.31.00.900A 1 7609.00.00.900Q 1 S01:0346702/05 está incompleta La solicitud 2 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 6 S01:0346702/05 está incompleta La solicitud 2 8716.31.00.900A 3.1 8310.00.00.000K 4 S01:0346702/05 está incompleta No coincide la 06001EC03006843J 23/02/2006 1 8716.31.00.900A 1 7609.00.00.900Q 6 S01:0064751/06 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 4 S01:0064751/06 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 6 8716.90.90.900L 3 S01:0064751/06 descripción del insumo No coincide la 05001EC03040106V 11/11/2005 1 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 2 8716.31.00.900A 4 8485.90.00.100L 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 2 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 2 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0365479/05 descripción del insumo No coincide la 05001EC03041964L 25/11/2005 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01-0365479/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01-0365479/05 descripción del insumo No coincide la 2 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01-0365479/05 descripción del insumo No coincide la 2 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01-0365479/05 descripción del insumo No coincide la 3 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01-0365479/05 descripción del insumo No coincide la 3 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01-0365479/05 descripción del insumo No tipifica el 05001EC03043358K 06/12/2005 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0413766/05 insumo No tipifica el 1 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0413766/05 insumo No tipifica el 2 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0413772/05 insumo No tipifica el 2 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0413772/05 insumo No 06001EC03023841G 29/06/2006 descarga el dit No tipifica el 05001EC03043347X 06/12/2005 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:04513774/05 insumo No tipifica el 1 8716.31.00.900A 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0413774/05 insumo No 06001EC03029651L 10/08/2006 descarga el dit No coincide la 06008EC03002845Y 27/07/2006 1 8716.31.00.900a 6 8716.90.90.900L 1 S01:0262752/06 descripción del insumo No coincide la 05001EC03042104V 28/11/2005 1 8716.31.00.900A 1 7609.00.00.900Q 1 S01:0400609/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0400609/05 descripción del insumo No coincide la 1 8716.31.00.900A 6 8716.90.90.900L 1 S01:0400609/05 descripción del insumo No tipifica el 05001EC03043495M 07/12/2005 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0415789/05 insumo No tipifica el 1 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0415789/05 insumo No obra ni 05001EC03043499Z 07/12/2005 1 8716.31.00.900A 5 8536.90.90.990U 2 S01:0413774/05 solicitud ni ctc No obra ni 1 3.2 8310.00.00.000K 4 S01:0413774/05 solicitud ni ctc No coincide la 06001EC03021486J 13/06/2006 5 5 8536.90.90.990U 3 S01:0197049/06 descripción del insumo No coincide la 6 5 8536.90.90.990U 1 S01:0197049/06 descripción del insumo Conforme lo expuesto, la prueba documental aportada no permite tener por acreditado el extremo invocado por la recurrente, toda vez que las inconsistencias señaladas ut-supra y en el cuadro anexo, impiden corroborar la efectiva trazabilidad de los insumos importados temporalmente y los productos exportados y por consiguiente, la correcta cancelación de la destinación suspensiva en los términos exigidos por el régimen preferencial al cual se adhirió la importadora, motivo por el que toda la documental obrante en autos, carece de aptitud para desvirtuar las conclusiones a las que arribó el servicio aduanero.
Que, como quedó expuesto, la importadora tiene la obligación de presentar los documentos aduaneros que acrediten la exportación para consumo en término de la mercadería (permisos de embarque y CTC, según el caso)
Que la falta de una adecuada declaración y correcta documentación de la reexportación de la mercadería importada temporariamente por la actora, a cuyo cargo se encontraba esa prueba, obliga a confirmar la condena respecto a la mercadería ingresada al amparo de la destinación temporal 05073IT16000263J.
XII. Que en el caso de autos el servicio aduanero graduó la multa en cuatro veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Que el art. 915 del CA establece que “Las penas serán graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor”.
Que sólo se computarán como antecedentes aquellos que resulten verificables conforme la redacción del art. 927 del C.A. por infracciones cometidas con anterioridad al hecho cuya sanción se revisa. Mal podría calificar como antecedente, una denuncia, una causa en trámite o la condena por un hecho posterior al del proceso.
Que, en el presente caso, los antecedentes infraccionales glosados por el servicio aduanero a fs. 47/52 a efectos de sustentar la agravación de la sanción, no resultan idóneos toda vez que la documentación acompañada no contiene elementos suficientes para verificar su existencia, alcance y firmeza, limitándose a referencias que, por sí solas, no permiten tener por acreditada la reincidencia o la concurrencia de antecedentes válidos a los fines de la graduación de la sanción. En consecuencia, es propicio que la multa se fije en una vez el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, la que queda fijada en la suma de SEIS MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 6.045,42), por carecer la encartada de antecedentes computables en la infracción en trato.
Que, sin perjuicio de ello, en virtud de la insignificancia del monto de la multa a la quo se arriba, considero que debe dejarse sin efecto el reclamo de la misma, por aplicación del principio de bagatela. Ello no significa revocar la aplicación de la multa por no haberse dado la configuración de la infracción investigada en el presente, sino por la insignificancia del monto y el costo administrativo que irrogaría su percepción.
XIII. Que, asimismo, cuando vence el plazo de permanencia sin cumplirse con la obligación de regularizar la situación de la mercadería importada temporalmente, se genera la aplicación a los efectos tributarios del art. 274.1 inc. a), del CA, que prevé que se considerará importada para consumo -en forma irregular, conf. arts. 638, inc. e) y 639 del CA-, la mercadería cuya situación aduanera no hubiera sido regularizada y que, quien hubiere importado temporariamente la mercadería y su garante serán responsables de las correspondientes obligaciones tributarias.
Que, a los efectos de la determinación de los tributos adeudados, no escapa al suscripto que en la liquidación de tributos y multa de fs. 17/22, se incluye el IVA adicional y el impuesto a las ganancias y se utiliza el tipo de cambio correspondiente a la fecha de la comisión del hecho imponible (14.10.2006 U$S1 = $3,103) Que, en este sentido la Corte Suprema en la causa caratulada “CLADD ITA SA c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26/11/2019, se expidió, señalando que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”. La Corte sostuvo que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. Resulta pues de aplicación al caso el criterio sustentado por el más Alto Tribunal, y dado que en la causa el plazo al que hace referencia la Corte Suprema ha precluido, corresponde revocar las percepciones exigidas por la Aduana.
XIV. Que, ello así, corresponde reliquidar la deuda tributaria, conforme se detalla a continuación:
TRIBUTOS ITEM 1 VALOR EN ADUANA U$S 773,05
Derechos (14%) U$S 108,23 Estadística (0,50%) U$S 3,87 BASE IVA U$S 885,15 IVA (21%) U$S 185,88 TOTAL: 297,98 ITEM 2 VALOR EN ADUANA U$S 25 Derechos (18%) U$S 4,50 Estadística (0,50%) U$S 0,13 BASE IVA U$S 29,63 IVA (21%) U$S 6,22 TOTAL: 10,9 ITEM 3 VALOR EN ADUANA U$S 3.080,15 Derechos (16%) U$S 492,82 Estadística (0,50%) U$S 15,40 BASE IVA U$S 3.588,37 IVA (21%) U$S 753,56 TOTAL: 1.261,78 ITEM 4 VALOR EN ADUANA U$S 636,60 Derechos (14%) U$S 89,12 Estadística (0,50%) U$S 3,18 BASE IVA U$S 728,91 IVA (21%) U$S 153,07 TOTAL: 245,37 ITEM 5 VALOR EN ADUANA U$S 295,52 Derechos (16%) U$S 47,28 Estadística (0,50%) U$S 1,48 BASE IVA U$S 344,28 IVA (21%) U$S 72,3 TOTAL: 121,06 ITEM 6 VALOR EN ADUANA U$S 27,23 Derechos (16%) U$S 4,36 Estadística (0,50%) U$S 0,14 BASE IVA U$S 31,72 IVA (21%) U$S 6,66 TOTAL: 11,16 TOTAL DE TRIBUTOS ADEUDADOS U$S 1.948,25 Que, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, la obligación tributaria a cargo de la actora en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA emergente del DIT asciende a la suma de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 25/100 CENTAVOS DE DÓLAR (U$S1.948,25) con más los intereses del art. 794 del CA desde el 31.10.2016 hasta la fecha de efectivo pago.
XV. Que, respecto a los intereses, los mismos deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la corrida de vista a la firma HTI CONO SUR S.A, que data del 17.10.16 (ver fs. 27 de las actuaciones administrativas), es decir desde el 31.10.16 hasta la fecha de efectivo pago. Por todo lo expuesto, voto por:
1. Revocar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 6172/16, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-3337-2009, en los términos de lo indicado en el considerando XII, por aplicación del principio de bagatela.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA N° 6172/16, cuyo monto asciende a la suma de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 25/100 CENTAVOS DE DÓLAR (U$S1.948,25.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del CA desde el 31.10.2016 hasta la fecha de efectivo pago, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 C.A., con costas a la actora.
3. Revocar parcialmente Resolución DE PRLA N° 6172/16, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-3337-2009, en cuanto le exige a la actora el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 29/100 CENTAVOS ($3.654,29), con costas por su orden.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que me remito al relato de los hechos formulado en el voto que antecede.
II. Que adhiero a lo decidido en el Pto. 1.- del voto del Vocal instructor.
En efecto, habida cuenta la insignificancia del monto de la multa impuesta en la litis - cuyo valor asciende a la cantidad de $ 24.181, es decir, una suma inferior a U$S 16, según cotización de dicha divisa al día de hoy -, considero que debe dejarse sin efecto el reclamo por dicho concepto, por aplicación del principio de bagatela o insignificancia fiscal (en el mismo sentido, vide Sala “F” in re “Citrusvil S.A.” -Expte. Nro. 29.993-A-, del 16 de agosto de 2022, voto del suscripto; “Aceitera General Deheza. S.A.” –Expte. Nro. 35.111-A-, del 10 de abril de 2023; entre muchos otros).
Ello no significa concluir que respecto a la firma recurrente se ha configurado –o no- la infracción investigada en autos, sino que el análisis –e hipotética ejecución- de la multa deviene prescindible para la sociedad por su insignificancia pecuniaria y el costo administrativo que irrogaría su percepción, en virtud de su escaso monto.
Por lo demás, no debe olvidarse que al tratarse de un procedimiento por infracciones (Sección XIV, Título II, Capítulo III, del Código Aduanero), resultan aplicables en primer término las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal (hoy Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063), según lo dispone expresamente el inc. 2, del artículo 1.017 de la ley 22.415 y la doctrina de Fallos 332:1109 -voto del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni-, entre muchos otros.
En tal sentido, ha sido la propia DGA, en su calidad de organismo instructor de los sumarios aduaneros que pueden terminar siendo objeto de revisión plena por parte de esta magistratura imparcial e independiente, quien adopta un criterio similar, en plena consonancia con el denominado “principio de oportunidad” o de la disponibilidad de la acción por parte del Ministerio Público Fiscal, pues a través del dictado de la Instrucción General Nro. 3/2023 del 30 de enero del 2023 dispuso, siguiendo las mismas pautas procedimentales de sus antecesoras, como la Instrucción General Nro. 9/2017, que los -mal denominados, a criterio del suscripto- jueces administrativos a cargo de las áreas indicadas en el apartado C. de la referida normativa -previa evaluación de cada caso en particular- podrán disponer el archivo de las actuaciones en las que tramita la aplicación de sanciones por infracciones aduaneras (entre las cuales se encuentra expresamente incluida la norma infraccional aplicada en la litis) cuando el importe de la multa mínima no alcanzare la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000).
III. Que, por ende, cabe concluir, de acuerdo al criterio sostenido por el suscripto a partir de su voto en el precedente “DENSO MANUFACTURING ARGENTINA S.A.” (EXPTE. 2020-373800/76), del 17 de noviembre de 2021, que tramitara por ante la Vocalía de la 17° Nominación, que uno de los criterios de oportunidad que posibilitan la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal es aquél que hace referencia a la “Insignificancia del hecho”, debiendo interpretarse que se trata de hechos de mínima importancia, que no poseen la entidad suficiente como para poner en peligro ni lesionar el bien jurídico tutelado ni tampoco el interés público, siendo que este principio, con los matices y dentro de los límites propios de la materia aduanera, puede ser aplicado por la Dirección General de Aduanas al momento de instruir casos de escasa significación económica, a través de la aplicación de normas reglamentarias que recepten su hermenéutica y siempre que no resulten incompatibles con las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
IV. Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que el principio de bagatela también ha sido aplicado inveteradamente por el Tribunal Fiscal de la Nación, en supuestos en los que se analizó la procedencia de aplicar sanciones cometidas en infracciones aduaneras ante incumplimientos de importaciones suspensivas, entre los que, sólo a modo de ejemplo, se pueden mencionar las sentencias dictadas por la Sala “E” (en su anterior composición) en los expedientes n° 17.847-A, “REGA S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, del 18/02/2004, y Expediente n° 18.188-A ,“POLIMETAL S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; sentencia del 26/08/2004, siendo que en ambos pleitos se revocaron las resoluciones aduaneras condenatorias.
Asimismo, en la misma dirección -revocatoria- se ha expedido esta Sala “F” en los expedientes n° 32.184-A, “MANUFACTURA DE MOTORES ARGENTINOS S.R.L c/ D.G.A. s/ apelación”, Expediente n° 29.748-A, “MOLINOS RÍO DE LA PLATA S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, ambas del 1° de marzo de 2017, y en el Expte. Nro. 35.247-A, caratulado “ASEGURADORES DE CRÉDITOS Y GARANTIAS S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, al que se encontraba acumulado el expediente n° 35.279-A caratulado “DANCAN S.A. c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, del 3 de noviembre de 2016, que tramitara por ante esta Vocalía de la 16° Nominación (voto del Dr. Pablo Garbarino, al que adhirieron los Dres. González Palazzo y Basaldúa).
Y, por lo demás, también en idéntico modo se pronunció la Sala “G” en los expedientes n° 19.223-A, “Y A BASILE SAICE C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”; sentencia del 18/03/2014 y n° 24.515-A, “AGRO ACEITUNERA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”.
Por otra parte, en el mismo sentido también se ha pronunciado la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al sostener “...Que el principio que en materia penal se ha dado en denominar de bagatela o irrisoriedad o insignificancia es aquél en virtud del cual deben considerarse atípicas aquellas conductas que si bien por su exteriorización resultan encuadrables en la descripción de un tipo legal, han afectado de modo insignificante, irrelevante o manifiestamente menor al bien jurídico que la norma tiene como fin tutelar. Su creación es eminentemente pretoriana por vía jurisdiccional.”. Además, la Alzada sostuvo que “Atento la ínfima cantidad de mercadería en infracción, en pos de dotar de plena vigencia a los principios básicos del derecho penal y los principios y garantías fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, es que se impone mantener la decisión recurrida, pues la afectación del bien jurídico tutelado es tan escasa que no es posible aplicar una pena sin afectar la proporcionalidad que debe guardar con el disvalor jurídico de la conducta típica que contempla el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero. Es que la cantidad de mercadería en infracción es tan intrascendente, que aplicar una multa a su respecto conllevaría transgredir el principio de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional…”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, Sala III, in re “Anilinas Americanas Versanil S.A.” c. DGA”, causa N° 36215/12, del 19/11/2013).
Que, por lo demás, cabe destacar que dicha doctrina ha sido aplicada por la propia competencia impositiva de este Tribunal Fiscal in re “Lemesoff, Néstor Mario” (Sala C, sentencia de fecha 12/7/99); como así también por el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires en los expedientes n° 2360- 0368336, “FRIGORÍFICO RYDHANS S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, sentencia de fecha 28/02/19 y n° 2360-214941 caratulado “MOLINO OLAVARRIA S.A. C/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, sentencia de fecha 31/08/21, siendo que, en ambos casos, el mencionado Tribunal dispuso revocar las disposiciones condenatorias emanadas del organismo fiscal local.
V. Que, sentado ello, corresponde entender en el planteo impetrado por la firma recurrente respecto de la prescripción de la acción del Fisco Nacional para exigir tributos. Que la resolución apelada en la litis fue dictada el 5 de noviembre de 2016 y notificada recién el 13 de mayo de 2019, por lo que los agravios de la parte actora introducidos en materia prescriptiva en la presente causa encuentran adecuada respuesta en los fundamentos de los votos emitidos por el suscripto in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN y “EX-2022-71387564- -APN-SGASAD#TFN- MERISANT ARGENTINA S.R.L.”, del 7 de septiembre de 2023, entre muchos otros.
En efecto, cabe destacar que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de cinco años que prescribe el artículo 803 del Código Aduanero, que comenzó a correr el 1/1/2007, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 (atento a que el vencimiento de la operación en trato operó el 14/10/2006), debiendo haber fenecido el 1/1/2012, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Por otra parte, desde el instante en que se dispuso la apertura del sumario (fs. 12 act. adm.), en fecha 5/12/2011, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
VI. Que, bajo tales postulados, corresponde tener en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración, en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del Código Aduanero -norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 6 de marzo de 2015, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del suscripto-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915- A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Cabe destacar que, si bien desde la fecha en que se dispusiera la apertura del Sumario hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 5 de noviembre de 2016- el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a la recurrente el día 13 de mayo de 2019, es decir, casi 2 años y 6 meses después de su dictado -constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar-, cuando el curso de la prescripción había ampliamente fenecido, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 de la ley 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
VII. Que, en tales condiciones, y toda vez que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415 -más allá que la normativa que rige en la actualidad, es decir la Ley 27.742, también conocida como Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, actualizó la Ley de Procedimientos Administrativos, disponiendo en su artículo 1 bis, inciso e), apartado iv) que “Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de diez (10) días”-, reanudando su cómputo a partir de dicho instante. Que, por su parte, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo –vigente al momento de los hechos analizados- dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
VIII. Que, por ello, cabe colegir que la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en la referida normativa no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del Código Aduanero, en la litis sólo operaba hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.
IX. Que, por consiguiente, se concluye que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, incluso aun si se tuviera en consideración la causal de suspensión establecida en el artículo 17 de las ley 26.840 (B.O. 3/6/2013) en materia tributaria, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo, con expresa imposición de costas (en el mismo sentido, esta Sala in re “3M ARGENTINA SACIFIA”, del 3 de febrero de 2023); siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios años, lustros, decenios, etc.) una resolución datada antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados (en el mismo sentido, esta Sala “F” in re “EX-2019-112544550- ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S A”, del 3 de febrero de 2022, IF-2022-10838655-APN-VOCXVIII#TFN, voto del Dr. Pablo Garbarino), y sin respetar la mencionada garantía del plazo razonable de tramitación de procesos aduaneros, de raíz tanto constitucional como convencional, vinculada estrechamente con el derecho al debido proceso adjetivo, cuyo irrestricto respeto corresponde a este Tribunal siempre salvaguardar.
X. Que, en definitiva, entiendo que la forma en que se resuelve tanto la cuestión tributaria como el reproche infraccional es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y la legalidad, al resultar sus efectos compatibles con los demás derechos fundamentales, preservando la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siendo que, en tal sentido, siempre se deben aplicar, en debida forma, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.).
Por ello VOTO por:
1. Revocar el artículo 1° de la Resolución (DE PRLA) 6172/2016, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12210-3337-2009, por expresa aplicación del principio de bagatela o insignificancia fiscal. Costas por su orden.
2. Declarar la prescripción de la acción del Fisco Nacional (DGA) para percibir tributos en relación a la firma HTI CONO SUR S.A. en las presentes actuaciones. Costas a cargo de la DGA.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Adhiero al voto del Dr. Soria Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 6172/16, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-3337-2009, en los términos de lo indicado en el considerando XII, por aplicación del principio de bagatela.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la Resolución DE PRLA N° 6172/16, cuyo monto asciende a la suma de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON 25/100 CENTAVOS DE DÓLAR (U$S1.948,25.-) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA con más los intereses del art. 794 del CA desde el 31.10.2016 hasta la fecha de efectivo pago, por la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 C.A., con costas a la actora.
3. Revocar parcialmente Resolución DE PRLA N° 6172/16, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12210-3337-2009, en cuanto le exige a la actora el pago de los rubros de IVA Adicional y Ganancias los que ascienden a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 29/100 CENTAVOS ($3.654,29), con costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo Adrián Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.09.08 12:38:14 ART Date: 2026.09.08 17:30:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.08 21:43:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.08 21:43:45 -03:00
Fin de la sentencia