Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2022-91916507-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad del art. 3 de la resolución DEPRLA 9196 (SIGEA 12197-957-2013), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-24625803-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 10 de Marzo de 2025 TRAILER INTERNACIONAL SA TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Se reúnen los Vocales de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Miguel N. Licht (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados EX-2022-91916507- -APN-SGASAD#TFN (“HTI CONO SUR SA (antes HEIL TRAILER INTERNACIONAL SA”).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 01.09.22 la firma recurrente mediante RE-2022-91913751-APN-SGASAD#TFN interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 9196 de fecha 28.11.18, dictada por la de Aduana de Buenos Aires en la actuación SIGEA 12197-957-2013, por la cual se la íntima al pago tributos por la suma de dólares estadounidense Nueve Mil Quinientos Quince con 71/100 centavos de dólar (u$s9.515,71.-) y las percepciones de IVA adicional y de ganancias por la suma de pesos Ocho Mil Quinientos Ochenta y Tres con 45/100 centavos ($8.583,45.-), por la infracción del art. 970 del Código Aduanero (en adelante “CA”) respecto de la mercadería ingresada mediante la destinación 07001IT14008334H. Reseña que la firma importó insumos para la producción de vehículos cisterna de remolque o semiremolque que fabrica y exporta.
Manifiesta que la referida importación temporaria fue autorizada por el plazo de 360 días, operando el vencimiento el 02.11.08 y que, dentro del plazo establecido por el Servicio Aduanero, la empresa cumplió con el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial al cual se había sometido. Sostiene que, sin perjuicio de ello, el 27.12.13 la Aduana inició un sumario contencioso a la empresa e imputó a su mandante la comisión de la infracción del art. 970 del CA, sin ser jamás notificado de la instrucción de sumario ni de la corrida de vista prevista para ejercer su derecho de defensa. Entiende que implícitamente el servicio aduanero consideró incumplida la importación temporaria y formuló el cargo, sin haberle dado a su mandante la posibilidad de defenderse; asimismo que el archivo del sumario no equivale a un sobreseimiento ni absolución, máxime al ser provisorio.
Señala que corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado a continuación del auto por el cual se declara la apertura del sumario. Se agravia de la falta de declaración de nulidad del acta de apertura del sumario que incumple las previsiones del art. 1094 del CA. Argumenta que la omisión de la corrida de vista del art. 1101 del CA torna nulos todos los actos procesales posteriores a la apertura de sumario, inclusive la resolución que se apela en autos, en tanto carece de sustento legal y fáctico, sin posibilidad para el administrado de defenderse. Señala que resulta agraviante pretender que el transcurso de más de catorce años desde el vencimiento de la temporal hasta la notificación del fallo administrativo condenatorio, resulte compatible con el derecho al debido proceso.
Argumenta que el plazo de prescripción respecto de los tributos es el de 5 años, que prescribe el art. 803 del CA., el cual en el caso de autos comenzó a correr a partir de la notificación de la corrida de vista, en los términos del art. 804 “b” del CA. Entiende que, de no hacer lugar a los planteos expuestos, se debe tratar las excepciones de nulidad y prescripción, atento que al momento de efectuarse la notificación del fallo recurrido el plazo de prescripción se encontraba ampliamente vencido. Asimismo, agrega la inexistencia de la infracción imputada y el cumplimiento del régimen de importación temporaria. Subsidiariamente impugna la liquidación practicada por el servicio aduanero y cita el principio de in dubio pro reo.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado el 20.03.23 mediante el IF-2023-30447819-APN-DTD#JGM y acompaña las actuaciones administrativas 12197-957-2013. Reseña los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Contesta el traslado y, en primer lugar, plantea que la actora manifiesta la nulidad de lo actuado, siendo su principal argumento la ausencia de notificación de la corrida de vista y la demora en la notificación de la resolución apelada. Considera que el objeto del presente litigio es una determinación tributaria derivada de un procedimiento infraccional, cuya resolución definitiva ha dispuesto el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la formulación del cargo.
Trae a colación la IG 11/16 (DGA) y relata que la norma prevé que los jueces administrativos a cargo del sumario deberán, previa evaluación del caso, archivar las actuaciones por las que tramita la investigación de sanciones por infracciones aduaneras en una serie de casos. Agrega que el archivo de las actuaciones de ninguna manera obstará la formulación de cargos por tributos. Con relación al planteo de la prescripción señala que el art 803 del CA establece un plazo de prescripción de cinco años que comienza a correr a partir del primero enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado o el incumplimiento achacado, conforme el art. 804 del CA. Agrega que el art. 805 del C.A. regula las causales de suspensión de la prescripción.
En cuanto a la cuestión de fondo, expone que se desprende de la resolución recaída que ella resulta ajustada a derecho, toda vez que la mercadería ingresada mediante la DIT, no ha sido reexportada en legal plazo, por lo que se configuró la infracción del art. 970 del CA. Señala que siendo que el hecho imponible de los tributos a la importación consiste en la “importación a consumo”, y que ésta opera automáticamente al vencimiento del plazo de permanencia de las importaciones temporarias (art. 274 del CA), sin lugar a dudas corresponde el pago del derecho de importación establecido por la norma vigente a la fecha de dicho vencimiento. Señala que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones al régimen de importación temporal recae sobre la importadora y es ella quien debe demostrar -en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente- que ha cumplido con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado.
Ofrece las actuaciones administrativas como prueba. Hace reserva de caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
III. De la actuación SIGEA 12197-957-2013 surge que a fs. 2 obra la carpeta de la destinación involucrada en autos y a fs. 3 el acta denuncia 551/2013, de fecha 27.02.13, mediante la cual se indica que analizada la DIT 07001IT14008334H se entiende prima facie que la firma HEIL TRAILER INTERNACIONAL SA (hoy HTI CONO SUR SA), habría incurrido en la infracción tipificada en el art. 970 del CA. Realizados diferentes pases, se practica la liquidación de tributos. A fs. 8, con fecha 27.12.13, se dispone la instrucción de sumario y a fs. 9 se liquida tributos y multa. A fs. 10 obra la constancia de la consulta realizada al sistema SUMARCHI -sin fecha- y a fs. 12 se dicta la resolución DE PRLA 9196 de fecha 28.11.18 apelada en autos, la que fuera notificada a la aseguradora por cédula SICNEA estado “notificado” con fecha 10.08.22 (fs. 13). Obra a fs. 14 la presentación, de fecha 06.09.22, de la firma recurrente por la que se le comunica a la Aduana de la interposición del presente recurso y a fs. 25 se dicta la aclaratoria de la resolución DE PRLA 9196 en la que se agrega como imputada del cargo a CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS SA, en su carácter de garante de la obligación tributaria cuestionada (RESOL-2022-7197-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA), resolución que es impugnada por la aseguradora conforme constancias de fs. 29/32.
IV. Que, inmediatamente, se elevan los autos a la Sala “E” y luego, se llaman los autos a sentencia.
V. Que corresponde resolver los planteos de nulidad y prescripción de la recurrente.
Por razones de orden procedimental se examinará, en primer lugar, los planteos referidos a la ineficacia del acto administrativo, a fin de constatar la validez de la actuación de la Aduana.
Del examen de las actuaciones administrativas surge que labrada el acta de denuncia 551/2013 de fecha 27.02.13 y practicadas las correspondientes liquidaciones, con fecha 27.12.13 se ordena la instrucción de la apertura del sumario (v. fs. 8 act. adm.). No hay constancias de que se haya notificado de ello, ni de ningún otro acto que se haya generado en los actuados, a la recurrente. Tampoco obran constancias de que se hayan efectuado las diligencias necesarias a los fines de verificar la existencia de comisión de la infracción que prima facie habría sido verificada.
El Código Aduanero establece que las infracciones aduaneras, salvo aquellas que tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgaran conforme el procedimiento reglado en el Capítulo Tercero del Título II de la Sección XIV, por cual cuando la Aduana tome conocimiento de la presunta configuración de una infracción, deberá practicar todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acuerden (Conf. Arts. 1080 y 1081 del CA). El artículo 1101 del CA dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el artículo 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder. Si no tuvieren en su poder la prueba documental, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare”.
Surge evidente de las actuaciones administrativas que el servicio aduanero omitió correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, limitándose a dictar la resolución que aquí se apela, disponiendo el archivo del sumario de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General (DGA) 11/16 y la formulación de cargo a la recurrente en concepto de derechos de exportación. Nótese asimismo que conforme surge de los antecedentes la resolución apelada de fecha 28.11.18 fue notificada cuatro (4) años después de su dictado (10.08.22) y, no obstante ello, posteriormente a la notificación del dictado de la resolución, se dictó con fecha 14.10.22 una aclaratoria por haberse omitido imputar a la aseguradora en su carácter de garante.
De lo relatado surge manifiesto que la recurrente ha sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, corolario del derecho de defensa tutelado por el artículo 18 de la Constitución. La recurrente recién tomo conocimiento del sumario en trato al notificarse de la resolución que aquí se apela, por la cual se generó un cargo en concepto de derechos de exportación por una destinación que fue oficializada en el 2007.
Por lo expuesto, debe señalarse que el servicio aduanero se apartó del trámite reglado por el CA para los procedimientos infracciónales, situación que no puede ser subsanada ante esta instancia. Le asiste razón al recurrente al sostener que la resolución administrativa vulnera groseramente la garantía del derecho de defensa, como así también el principio de tutela judicial efectiva que ampara al imputado, afectando sus derechos subjetivos e intereses legítimos al privarlo de una defensa oportuna.
Resulta claro que no se dio intervención al presunto imputado y responsable del incumplimiento que se endilga, por el que se exige además el pago de tributos. Tampoco fue dictada la resolución en los términos de lo establecido en el artículo 1112 del CA. Ello es así dado que el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, si hubiese seguido el procedimiento reglado en tiempo hábil, debería haber condenado o absuelto al imputado (conf. el inc. a) del art. 1112 del CA) y no ordenar el archivo, sin más trámite, de acuerdo a lo establecido en la Instrucción General N° 11/16 (DGA). Conforme lo expuesto corresponde declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DEPRLA 9196 apelada, haciendo lugar al planteo formulado por la firma HTI CONO SUR SA (antes HEIL TRAILER INTERNACIONAL SA), con costas a la Aduana. Por la forma en que se resuelve el planteo de nulidad deviene inoficioso expedirse acerca de la prescripción de las acciones de la Aduana para exigir tributos.
Por todo ello VOTO POR:
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DEPRLA 9196 (SIGEA 12197-957-2013), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Me remito al relato de los hechos expuesto en los considerandos I a IV del voto del Dr. Soria.
II. Presentada la denuncia por presunta infracción del artículo 970 del Código Aduanero el 27 de febrero de 2013, el 27 de diciembre de 2013 se dispuso la instrucción del sumario. Posteriormente, se efectuó el aforo y la liquidación de multa y tributos. En tales condiciones, previa consulta de garantía y constancia de la inexistencia de antecedentes infraccionales de la sumariada, se dictó la resolución ahora apelada.
Que la disposición aduanera impugnada fue dictada en cumplimiento de la IG N° 11/16 de la D.G.A., que modifica la IG N° 02/07 (D.G.A.) y su ampliatoria, la IG N° 2/08 (D.G.A.). En consecuencia, al ordenar el archivo de la denuncia infraccional, dispone también la formulación del cargo por los tributos considerados adeudados.
Que el servicio aduanero ha omitido la consideración de que el archivo de la denuncia revestía carácter provisorio hasta que transcurra el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo. Por tal motivo la resolución DE PRLA n° 9196/2018 no puede considerarse definitiva y sólo puede reconocérsele efectos de intimación al pago de tributos.
Que, en tal sentido, deviene nula la notificación cuya constancia luce a fs. 15 de las actuaciones, que fácilmente pudo inducir a la actora a interpretar que la resolución revestía el carácter de definitiva, cuando no lo es. Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la notificación de la Resolución DE PRLA n° 9196/2018 dirigida a la firma importadora, con costas a la demandada.
III. Que visto lo resuelto precedentemente, corresponde atender el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer multa y percibir tributos opuesto por la actora.
Que, el régimen de prescripción de la acción del Fisco para imponer la multa en la especie se encuentra regulado por el C.A. el cual, en el art. 934 establece que: “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años”, plazo éste que conforme lo dispone el art. 935 comienza a correr “el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
Que, de acuerdo a la normativa transcripta precedentemente, el plazo quinquenal mencionado debe computarse desde el 1º de enero de 2009, atento a que el vencimiento de la DIT operó el 2/11/2008 conforme surge de fs. 4 de los antecedentes.
Que, sin embargo, el plazo prescriptivo para imponer penas fue interrumpido, con el auto que dispuso la apertura del sumario de fecha 27/12/2013 (fs. 8 de los ant. adm.).
Que, por ende, habiéndose dictado el auto que dispuso la apertura del sumario el 27/12/2013, se interrumpió la prescripción en lo referente a la acción para imponer penas en los términos del art. 937, inc. a), del C.A. Que, desde el 27 de diciembre de 2013 hasta el dictado de la Resolución del 28 de noviembre de 2018 (fs. 12 de los antecedentes administrativos), no transcurrió el plazo quinquenal previsto en el artículo 934 del Código Aduanero. Que, por ende, no operó el plazo de cinco años de prescripción a que refiere el art. 934 del C.A. con relación a la acción para imponer penas, por lo que no corresponde hacer lugar a la prescripción opuesta por la actora en este sentido, con costas a la vencida.
Que respecto presunta prescripción de la acción del Fisco para el cobro de los tributos, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 803 y 804 del Código Aduanero, la acción del fisco para exigir tributos prescribe por el transcurso de cinco años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha del hecho gravado, el cómputo de la prescripción comenzó el 1/1/2009 se suspendió el 27/12/2013 con el dictado del auto de apertura del sumario, hasta la fecha del dictado de la Resolución que habilita el ejercicio de la acción para percibir los tributos (cfme. art. 805, inc. a). Que, por lo expuesto, la acción del fisco para percibir tributos que se reclaman no se encuentra prescripta, razón por la que corresponde rechazar la excepción opuesta por la actora, con imposición de costas.
IV. Que el artículo 1104 del Código Aduanero dispone que dentro del plazo previsto en el artículo 1101, los supuestos responsables podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas, con fundamento en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo.
Que, por lo tanto, corresponde devolver las actuaciones a la DGA y disponer que la División Secretaría de Actuación n° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, subsanando las irregularidades incurridas, imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el art. 1101 del CA.
Asimismo, para la prosecución del trámite deberá considerarse el procedimiento de impugnación iniciado por Chubb Argentina de Seguros S.A. ante la Secretaría de Actuaciones N° 1, conforme surge de fs. 29/32 de los antecedentes administrativos.
V. Que en la forma en que se resuelve, no corresponde el tratamiento del resto de los planteos realizados.
Por ello, VOTO por:
1. Declarar la nulidad de la notificación de la Resolución DE PRLA n° 9196/2018 dirigida a la firma HTI CONO SUR SA, con costas al fisco.
2.-Rechazar los planteos de prescripción formulados por la actora, con costas.
3. Disponer la devolución de las actuaciones para que la División Secretaría de Actuación N° 1 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros imprima el trámite pertinente a la exigencia tributaria en el marco del procedimiento infraccional, conforme lo previsto en el artículo 1101 del Código Aduanero (Ley Nro. 22.415).
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Declarar la nulidad del art. 3 de la resolución DEPRLA 9196 (SIGEA 12197-957-2013), en cuanto intima al pago de tributos a la actora, con costas a la Aduana.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Licht por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.03.05 18:28:36 -03:00 Date: 2025.03.10 14:49:16 -03:00 Miguel Nathan Licht Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.10 15:04:56 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.10 15:04:57 -03:00
Fin de la sentencia