Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 91372281-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente las apelaciones deducidas por las partes y, en consecuencia:
I) se revoca la resolución del 28/12/2023, de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, por la cual se declaró la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 4511/2018 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12210-209-2012, y rechazó el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora -por mayoría-; correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la importadora, pendientes de tratamiento (Considerandos VII, IX y X); y ii) se modifica la distribución de costas relativa a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo concerniente a las cuestiones allí debatidas y resueltas por el pronunciamiento del 28/12/2023, las que se distribuyen en el orden causado, al igual que las relativas a esta instancia judicial (conf. Considerandos XI).
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2025.-
VISTOS estos autos 10717/2024 caratulados “HTI CONO SUR SA (TF 91372281-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” y
I. Por resolución DE PRLA N° 4511/18 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Dirección General de Aduanas, dictada con fecha 5 de julio de 2018, en el marco del Expte. 12210-209-2012, se dispuso el archivo sin más trámite de las actuaciones en los términos de lo dispuesto por la Instrucción General N° 09/17 (DGA), y se formuló cargo a la firma HTI Cono Sur y a la garante Chubb Argentina de Seguros SA, con relación a la destinación de importación temporaria N° 06 073 IT16 000244 J, en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 3.870 y de $7.313,22 en concepto de percepción de Iva Adicional e impuesto a las Ganancias (conf. esp. fs. 28/29 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
II. La firma HTI Cono Sur SA solicitó la revisión del acto aduanero por parte del Tribunal Fiscal de la Nación (en los términos del artículo 1132, apartado 1, inciso a, del CA) y, a fin de cuentas, peticionó se revoque la misma, con costas (ver fs. 5/25 del hipervínculo insertado en el Considerando que antecede).
En su presentación, puntualizó que el 30 de julio de 2013 el servicio aduanero dictó el auto de instrucción de sumario, el cual se limitó únicamente a indicar que se abrió el referido sumario por una presunta infracción al art. 970 del C.A. en relación a la DIT 06 073 IT16 000244 J.
Indicó que el auto a través del cual el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario respectivo, omitió cumplir con los recaudos establecidos por el artículo 1094 del Código Aduanero, toda vez que no se encuentra descripto el hecho configurativo de la infracción que se le imputa, así como tampoco se detalla la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, ni ningún otro requisito establecido por el mencionado artículo.
Sostuvo que resultaba evidente que ese auto tuvo como única y exclusiva finalidad interrumpir el plazo de prescripción previsto en los arts. 803 y 934, sgtes. y cctes. del C.A.
Refirió que las omisiones señaladas anteriormente atentan contra el ejercicio del derecho de defensa en juicio que se ve seriamente afectado. Especialmente, conforme indicó, si se tiene en cuenta la prueba que acompañó en dicha oportunidad, que daría cuenta que la totalidad de la mercadería en cuestión fue reexportada al vencimiento del plazo de permanencia autorizado por el servicio aduanero.
Señaló que ese tipo de nulidades que trascienden un acto particular del procedimiento y que abarcan a la totalidad del mismo, pueden ser declaradas de oficio en cualquier estado o grado del proceso. Y reiteró que el auto de apertura del presente sumario era nulo y que, en consecuencia, carece de los efectos interruptivos y suspensivos de la prescripción que el Código Aduanero le asigna.
Así las cosas, solicitó que, al ser nulo dicho auto, correspondía declarar prescripta la acción del Fisco tanto para imponer penas como para percibir tributos.
Afirmó que todos los actos procesales posteriores a la apertura de sumario en cuestión eran nulos, por cuanto en ningún momento el servicio aduanero procedió a correrle vista a su mandante del sumario instruido, lo que vulneró su derecho de defensa en juicio. Manifestó que no existe en las actuaciones ninguna notificación más que la tendiente a comunicar la Resolución N° 4511/18, lo que demuestra que en ningún momento con anterioridad a dicho acto, le fue permitido a HTI participar en los presentes actuados y esgrimir las defensas de que pudiera valerse.
Indicó que aquello iría en contra de las previsiones del art. 1101 del C.A., tornándose nulo todo lo actuado, “en tanto las irregularidades del presente sumario violan no sólo la ley (art. 1.101 del C.A.), sino que también los principios del debido proceso y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional”.
Aclaró que no “se estaría pidiendo la nulidad por la nulidad misma ya que en el caso no se configura únicamente una nulidad sin mayores consecuencias, en tanto como ya se dijo, la misma acarrea la prescripción de las acciones del Fisco tanto para imponer sanciones como para percibir tributos. Por su parte, al no cumplir el acto de instrucción de sumario con los requisitos impuestos por la ley, y al no habérsele corrido vista de las actuaciones a mi representada, no existen dudas que no se han brindado a mi parte los elementos necesarios para ejercer su derecho de defensa de manera adecuada y en un plazo razonable. Se produce así una restricción de la defensa en juicio que no resulta subsanable en ulteriores instancias por cuanto el paso del tiempo atenta contra dicha defensa. Tampoco resulta subsanable el resolver que la aduana deba correr vista de la infracción. Como se dijo, los plazos han precluido y atento el largo tiempo transcurrido por exclusiva responsabilidad del servicio aduanero, no debe permitirse que mi parte sea sometida al procedimiento en sede aduanera, ya que se ha afectado su derecho de defensa y el principio de plazo razonable”.
Por otro lado, para el hipotético caso en que no se hiciera lugar a la nulidad planteada, postuló que -de igual manera- la acción del Fisco se encontraba prescripta.
En ese orden de ideas, explicó que el vencimiento del plazo otorgado en relación a la destinación de importación temporaria de autos fue el 6 de septiembre de 2008, por lo que a dicha fecha se consideraría cometida la supuesta infracción aquí imputada, por lo que la acción del Fisco para percibir los tributos e imponer las penas habría prescripto el 31/12/2013.
Puesto ello de relieve, indicó que la resolución aduanera apelada fue dictada el 5 de julio de 2018; y que si bien era cierto que el auto de apertura de sumario fue emitido al filo de su prescripción -el 30 de julio de 2013-, el mismo no se exteriorizó ni cobró eficacia, al no haber sido notificado a su parte.
Añadió que fue con fecha 3 de julio de 2023 -catorce (14) años y diez (10) meses después de “cometida” la supuesta infracción que se le imputa-, que se le notifica la Resolución condenatoria recaída en el presente sumario, y es allí cuando la firma se anoticia de la infracción que se le imputa.
Por ello, bajo el entendimiento de que no se advierie en las actuaciones administrativas constancia alguna de notificación a su parte, afirmó que las acciones del fisco para percibir los tributos e imponer penas se encuentran prescriptas.
Añadió que luego de transcurridos más de 14 (catorce)
años desde el vencimiento de la DIT (fecha en que se configuraría el hecho imponible de la infracción endilgada), el servicio aduanero notificó por primera vez a su parte sobre la existencia de la supuesta infracción al art. 970 del C.A., mediante la notificación de la Resolución en recurso. En esa línea argumental, remarcó que le asiste a su representada el derecho a una debida defensa en juicio que incluya la garantía de todo ciudadano a que se resuelva su situación procesal frente al Estado y frente a la sociedad en un plazo razonable; por lo que entendió que resultaba aplicable una solución en los términos que fuera aplicada en el precedente “Losicer”, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En otro acápite, planteó la inexistencia de infracción imputada, en función de señalar que cumplió con el régimen de importación temporaria.
Indicó que de los documentos que acompañó se podía constatar que cumplió con la regularización de la mercadería conforme detalló.
Subsidiariamente, impugnó la liquidación practicada en las presentes actuaciones, respecto de las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias que afirmó no debió ser incluido en el caso de autos (solicitó que se aplique la jurisprudencia fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia del 26/11/2019 dictada en el caso “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN- DGA resol. 2590/09 (expte. 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”). En definitiva, solicitó se deje también sin efecto el reclamo por los conceptos IVA adicional y Percepción de Impuesto a las Ganancias.
III. Por resolución del 28/12/2023, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación declaró, por mayoría, la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 4511/2018 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12210-209-2012; ello con costas a la DGA. Paralelamente, rechazó el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora, sin costas (conf. esp. fs. 624/629 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Para así decidir, luego de efectuar una reseña de las actuaciones, precisó que la resolución aduanera apelada al tiempo que dispuso el archivo de la denuncia infraccional por aplicación de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), ordenó formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Explicó que las actuaciones administrativas se iniciaron con la denuncia por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., como consecuencia de considerar el organismo aduanero que al vencimiento del plazo acordado para la permanencia de la mercadería, cuyo ingreso se documentó mediante la destinación suspensiva de importación temporaria N° 06 073 IT16 000244 J, no habría sido regularizada su situación, incurriendo así la importadora, a criterio del servicio aduanero, en un incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición al otorgamiento del régimen.
Reiteró las implicancias de la Instrucción General referida y que en función de ella el servicio aduanero dispuso en la resolución apelada en autos el archivo de la denuncia (en virtud de que la liquidación practicada arrojó un monto de $11.928,44 en concepto de multa mínima y la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento).
Puesto de relieve ello, afirmó que dicha resolución resultó condenatoria para la importadora, si se tiene en cuenta que se ordenó formular cargo por los tributos que se consideraron adeudados e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporaria, según lo previsto en el art. 274 del C.A. A continuación, se expidió respecto del planteo que efectúa la recurrente sobre la nulidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución aduanera, en cuanto aduce que no se le ha corrido vista del sumario de marras y que, en consecuencia, no pudo ejercer su derecho de defensa.
Así las cosas, reseñó el art. 1101 del C.A. y señaló que de las actuaciones administrativas surgía que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 13, ninguna intervención se le dio al importador -ya que los actos procesales cumplidos posteriormente fueron realizados en su totalidad por el servicio aduanero-.
Es decir, que no existió oportunidad alguna de acompañar -o en su caso, solicitar su agregado- de la documentación que acreditara el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el régimen de importación temporaria.
Indicó que las únicas notificaciones que se cursaron a la aseguradora y a la importadora se realizaron a efectos de hacerles saber el dictado de la Resolución DE PRLA Nº 4511/2018, sin que con anterioridad se haya notificado a las partes para tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas de que pudieran valerse; ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A. ya citado. Reseñó el art. 1012 del C.A. y concluyó que la demandada no dio cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.). Puntualmente, el consistente en conferir vista a la importadora a fin de que aporte la documentación que creyera idónea, siendo dicho procedimiento la etapa procesal oportuna para acreditar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Puesto ello de relieve, sostuvo que el proceder del servicio aduanero afectó no sólo el derecho de defensa frente a la imputación administrativa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso.
En definitiva, concluyó que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada; por lo que, la omisión de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que dio origen a esta causa tornaría nula la Resolución DE PRLA Nº 4511/2018, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario. A todo evento, dejó expresado que no resultaba óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera se ordenara el archivo de la denuncia en los términos de la Instrucción General N° 9/17 (DGA), pues tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determinase en forma fehaciente la configuración de la infracción imputada a la importadora que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que ahora se pretenden exigirle.
Por ende, declaró que “no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero”; por lo que correspondía declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución DE PRLA N° 4511/2018, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., con costas al fisco.
A lo que añadió que la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco. Finalmente, trató el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora, respecto del cual, sucintamente y luego de especificar las fechas, concluyó que dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario (30/07/2013); ello “en virtud del art. 805 del C.A. que estipula que la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura de sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. Por lo que, en definitiva, rechazó el planteo relativo a la prescripción mencionada, sin costas.
A su vez, señaló que por la forma en que se resuelve la presente causa, no correspondía considerar las demás cuestiones planteadas por la actora.
IV. Disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación. El Fisco Nacional apeló y fundó su recurso en la misma presentación, con fecha 15/3/2025 (conf. esp. fs. 644/654 del hipervínculo incluido en el primer Considerando); y la parte actora interpuso recurso de apelación con fecha 14/3/2024, fundando su pretensión el día 10/4/2025 (fs. 636 y 662/682 del hipervínculo referido anteriormente).
V. El Fisco Nacional se agravió en el entendimiento de que la Resolución (DE PRLA) 4511/2018 no aplicó una sanción, ya que el contenido de la intimación del Servicio Aduanero es exclusivamente tributario. Por ende, afirmó que en dicho tipo de procedimientos la vista exigida es innecesaria y carece de virtualidad para determinar la nulidad de un acto que se presume válido.
Explicó la diferencia entre el hecho imponible y el hecho punible, y sostuvo que la vista en materia infraccional que exige el Tribunal Fiscal de la Nación es innecesaria y carece de virtualidad para determinar la nulidad de un acto administrativo que se presume válido. Explicó que ello era así porque el reclamo del Servicio Aduanero se circunscribe exclusivamente al cargo por tributos. Postuló que las garantías y principios constitucionales que informan al derecho tributario y al derecho penal, excepto por el principio de legalidad (arts. 4, 17 y 18 CN), difieren sustancialmente; y afirmó que en el ámbito tributario la carga de la prueba recae sobre quien se encuentra en mejores condiciones de producirla y las presunciones tienen más peso, admitiendo claro siempre prueba en contrario. A ello agregó que la eventual afectación del derecho de defensa en juicio, como la que se invoca en autos, puede ser en todo caso subsanada en la instancia revisora del Tribunal Fiscal de la Nación.
Por otra parte, se agravió de que la nulidad decretada por el Tribunal Fiscal de la Nación es, a su entender, abiertamente abstracta (traduciendo la nulidad por la nulidad misma), toda vez que en el art. 3 de la resolución aduanera se reclaman obligaciones tributarias que se han devengado al verificarse el supuesto previsto en el art. 274 in fine del CA, debiéndose prestar especial atención a dicho artículo para una correcta interpretación y resolución de las cuestiones traídas a conocimiento de esta Alzada (lo que conllevaría la nulidad por la nulidad misma); y que cualquier eventual nulidad planteada por la recurrente respecto de lo ocurrido en sede administrativa, ya fue purgado por el conocimiento de las actuaciones por parte del Tribunal Fiscal de la Nación.
Dicha presentación mereció réplica de la parte actora (conf. esp. fs. 687/696).
VI. Por su parte, la actora se agravió, en primer término, por cuanto entendió que ahora debe aguardar a que el servicio aduanero le corra vista del presente sumario, situación sobre la cual no tiene certeza cuándo ocurrirá, y señala que el tiempo transcurrido afectaría su derecho de defensa.
Indicó que el procedimiento cuenta con más de diecisiete (17) años de trámite desde que se efectuó la operación aquí investigada (06/09/2006); a lo que agregó que está lejos de concluir. Solicitó se revoque la resolución apelada y se disponga la nulidad de lo actuado y por consiguiente se declare la prescripción de la acción del servicio aduanero para imponer penas, así como para percibir tributos.
Así planteó la nulidad del acto administrativo por el cual se apertura el presente sumario -y de todos los actos posteriores-. Remarcó que le asiste razón al Tribunal Fiscal en cuanto a que ningún acto de los realizados por el servicio aduanero en el presente expediente se realizó de acuerdo a lo establecido por el ordenamiento jurídico.
Por lo que, a su entender, corresponde que se declare la nulidad de todo lo acontecido hasta el momento.
Sostuvo que el auto a través del cual el servicio aduanero dispuso la instrucción del sumario “omitió cumplir con los recaudos establecidos por el artículo 1.094 del Código Aduanero, en función de que no se halla descripto cuál es el hecho configurativo de la infracción que se le imputa a su mandante, no se halla detallada la liquidación de los tributos que pudieren corresponder, así como tampoco se encuentran reunidos ningún otro requisito establecido por el mencionado artículo”; por lo que interpreta que correspondía declararlo nulo y, por ende, prescripta la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos.
A lo que añadió que resultaba evidente que ese auto tuvo como única y exclusiva finalidad interrumpir el plazo de prescripción previsto en los arts. 803 y 934, sgtes. y cctes. Del C.A.
Por otro lado, señaló que incluso en el caso en que se considerare válido el auto de apertura de sumario, correspondería igualmente declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y percibir tributos en estos actuados.
Ello en el entendimiento de que el dictado del auto de apertura de sumario no pudo jamás suspender ni interrumpir el curso de la prescripción, toda vez que nunca fue notificado (conf. 1012, inciso b, del CA); y que dicho acto sólo produce los efectos que les son propios a partir de su notificación.
Añadió que resultaba aplicable supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo y el Código Procesal Penal (en función de los previsto en el artículo 1017 del CA), y se había incumplido con el plazo previsto para notificar el acto objeto de notificación.
Afirmó que la acción del Fisco para percibir los tributos e imponer las penas habría prescripto el 31/12/2013; y que: “Si bien es cierto que el auto de apertura de sumario se dictó al filo de su prescripción el 30 de julio de 2013, el mismo no se exteriorizó ni cobró eficacia al no haber sido notificado a mi parte. Recién el 3 de julio de 2023, casi quince (15) años después de “cometida” la infracción que se le imputa a mi mandante, es que se le notificó a HTI la Resolución condenatoria recaída en el presente sumario, y es allí cuando la firma se anoticia de la infracción que se le imputa. No cabe dudas V.E., que las acciones del fisco para percibir los tributos e imponer penas se encontraban ya prescriptas”.
En función de todo ello, agregó que el auto de apertura del sumario carece de entidad suficiente para producir la interrupción de la acción del fisco para imponer penas (art. 937, inc a) del C.A.), y para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos del art. 805, inc a) del C.A. Por su parte, señaló que incluso de considerarse válido el auto de apertura de sumario para producir sus efectos -pese a no haberse corrido con la notificación pertinente conforme había sido expuesto en el punto anterior-, correspondería igualmente declarar prescripta la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos en estos actuados, toda vez que a la fecha en que se notificó la Resolución de condena, el plazo de prescripción se encontraba cumplido.
Ello en función de que, entre el dictado de la resolución apelada y su notificación, transcurrió el plazo de prescripción de la acción del Fisco, tanto para imponer penas como para exigir tributos. Descartó, además, supuestos de suspensión del plazo analizado, en tanto indicó que “desde el dictado de la resolución de autos no existió ninguna nueva causal de suspensión (como pudo haber sido la interposición de recurso de apelación con efecto suspensivo o la interposición del Fisco en sede judicial de la demanda tendiente a obtener el cobro de los tributos adeudados), todo lo cual no podía suceder por la propia responsabilidad del Fisco al no notificar la resolución aduanera dentro de un plazo razonable, pero que no lo exime de la prescripción de la acción para percibir los tributos aduaneros”.
En otro acápite, manifestó que sería aplicable al caso la doctrina del “plazo razonable”, ya que llevan transcurridos 17 (quince) años -en ese entonces- desde el vencimiento de la DIT (fecha en que se configuraría el hecho imponible de la infracción endilgada).
A continuación, reiteró que, a su vez, “...la infracción que el servicio aduanero pretende aplicar a HTI resulta a todas luces improcedente ya que, como fuera sostenido por esta parte al interponer el recurso de apelación, HTI cumplió con el régimen de importación temporaria al cual se había sometido”.
En el siguiente acápite, explicó que fue debidamente acreditado que cumplió acabadamente con el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial, reexportando/nacionalizando la totalidad de la mercadería importada temporalmente en su nueva forma resultante. Ello “mediante 53 (cincuenta y tres) operaciones aduaneras, y conforme se desprende de la Declaración Jurada para Cancelación de Importaciones Temporales y de los Certificados de Tipificación de Importación Temporaria N° S01:0440072/06, S01:0350209/06, S01:0328068/06, S01:0262752/06, S01:0197049/06, 02447/2007 y 00331/2007, acompañados en autos”. A continuación, sostuvo que debía aplicarse el principio in dubio pro reo e impugnó la liquidación, para el hipotético caso en que no se hiciera lugar al planteo, respecto del Iva Adicional y percepción de impuesto a las ganancias, en función de la doctrina emanada del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Cladd”.
Dicha presentación no mereció réplica de la contraria.
VII. Evaluado lo actuado administrativamente, oportunamente reseñado en el Considerando I de la presente, a entender del Tribunal, conforme lo que a continuación se explicará, no se advierte irregularidad de tenor suficiente que justifique una decisión como la adoptada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
Es que, tal como destacara el Fisco Nacional en su apelación, si bien la actuación administrativa AFIP SIGEA Nº 12210-209- 2012, fue iniciada a efectos de investigar la posible comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero por parte de HTI Cono Sur, por resolución DE PRLA 4511/2018, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Dirección General de Aduanas decidió limitar la pretensión fiscal en lo que respecta al DIT N° 06 073 IT16 000244 J al reclamo tributario, disponiendo el archivo de la faceta infraccional.
Estas circunstancias explican la razón por la cual no habría sido corrida la vista pertinente, según lo dispuesto en el artículo 1101 del Código Aduanero, a los fines que la importadora y la aseguradora ejercieran su derecho de defensa.
Es decir, por aplicación de la Instrucción general DGA 9/2017, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso el archivo de la investigación de la conducta infraccional (en la que si bien se había ordenado la apertura de sumario, aún no se había ordenado citar a la importadora y su aseguradora), y, con asiento en la documentación colectada hasta ese entonces, consideró incumplido el régimen de excepción, teniendo a los bienes como importados para consumo, e intimó al pago de los tributos adeudados.
En este entendimiento, cuadra hacer hincapié en el inapropiado enfoque con el cual fue examinado lo actuado. En la especie, según se explicara anteriormente, el Fisco Nacional, por aplicación de la Instrucción General DGA 9/2017, dejó de lado el ejercicio de la potestad punitiva, limitando su pretensión al reclamo de tributos.
Este suceso, quita entidad al razonamiento expuesto en el pronunciamiento recurrido en orden al apartamiento de lo normado en el título II, capítulo III, del Código Aduanero, que regula el procedimiento para infracciones, mas no lo relativo al reclamo tributario, como el seguido por la resolución aduanera impugnada.
En definitiva, producto del archivo de la actuación a los fines de ejercer la potestad sancionatoria, la resolución aduanera impugnada, por la que se tuvo por incumplido el régimen de importación temporaria al que fuera acogida la mercadería en trato y se reclamó el pago de los tributos debidos por su importación para consumo, no luce nula en los términos planteados por la aseguradora y admitidos por el Tribunal Fiscal de la Nación; debiendo entenderse a lo actuado como la puesta en práctica de las potestades de la AFIP - DGA a los fines de perseguir el cobro de los impuestos debidos por la nacionalización de los bienes ingresados al territorio aduanero bajo un régimen de excepción cuya condición, a los fines de evitar su pago (su reexportación antes del vencimiento del término acordado al efecto) no se encontraría acreditada en la base de datos de la autoridad aduanera, determinando ello la intimación para regularizar la situación, bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal (conf. artículo 1122 del Código Aduanero).
VIII. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 8079/2024 caratulados “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 120201516-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resolución del 27/8/2024.
IX. Lo expuesto basta para concluir que el procedimiento seguido por ante el servicio aduanero no resultaría nulo en los términos resultantes del pronunciamiento apelado; debiendo -por tanto- revocarse la decisión recurrida en este sentido, y ordenar el reenvío del expediente al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones planteadas por la importadora, pendientes de tratamiento.
X. Ahora bien, respecto del rechazo del planteo de prescripción tributaria, cuestión expresamente recurrida por la parte actora, cabe señalar que examinado el caso a la luz de los agravios propuestos se advierte que la solución adoptada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación trató el planteo de prescripción tributaria opuesto bajo el fundamento de que el plazo se encontraría suspendido desde el dictado de la apertura de sumario (30/07/2013), en virtud del art. 805 del C.A., más no valoró ninguno de los agravios o fundamentos respecto de la cuestión.
Lo hasta aquí sostenido, da cuenta que la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación omitió considerar, al menos mínimamente, los agravios sobre el punto, omitiendo dar respuesta al menos a los planteos centrales, lo que quita sustento a la decisión recurrida y basta para su revocación.
Tales omisiones determinan la revocación de la decisión adoptada y la necesidad de adecuar el trámite de la causa, requiriendo que el Tribunal Fiscal se pronuncie respecto de los planteos introducidos por la importadora para dilucidar lo que estime corresponder respecto de lo relativo a la prescripción.
Por ello, y en línea con lo expresado en el considerando que antecede, corresponde devolver la causa al Tribunal Fiscal de la Nación, para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento que dé acaba respuesta a los planteos introducidos por la parte actora, lo que debe realizarse en consonancia con lo decidido en los Considerandos que anteceden.
XI. En atención al modo en que se resuelve, los recursos interpuestos y el alcance de la decisión, sumado a las particularidades de la causa, se estima pertinente distribuir las costas en el orden causado, tanto de lo actuado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como ante esta instancia judicial, respecto de la cuestión debatida y decidida (conf. artículos 68, segunda parte, 69 y 279, todos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero)
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. admitir parcialmente las apelaciones deducidas por las partes y, en consecuencia:
i) se revoca la resolución del 28/12/2023, de la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, por la cual se declaró la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 4511/2018 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12210-209-2012, y rechazó el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora -por mayoría-; correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la importadora, pendientes de tratamiento (Considerandos VII, IX y X); y ii) se modifica la distribución de costas relativa a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo concerniente a las cuestiones allí debatidas y resueltas por el pronunciamiento del 28/12/2023, las que se distribuyen en el orden causado, al igual que las relativas a esta instancia judicial (conf. Considerandos XI).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia