Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa H-894/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: H-894/24-TSJ Sentencia N°: 1187 Actor: HUBERT MIGUEL ANGEL Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 11/09/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1187 FOLIO Nº 3937/3939 PROT. ELECT. TSS1 044 C.251
Río Gallegos, 11 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “HUBERT MIGUEL ANGEL C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº H-894/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver sobre la competencia y en su caso la admisibilidad formal de la acción, de conformidad con lo estatuido en los artículos 67 y 60 del CPCA, Ley Nº 2600.-
El Sr. Miguel Angel Hubert, con el patrocinio letrado de las Dras. Marcela Casto Dassen y Agostina Fenoglio, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Santa Cruz, solicitando se le reconozca el derecho a percibir las licencias anuales reglamentarias correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010 no usufructuadas por razones de servicio por imperio de la Resolución Nº 206/11 y la licencia anual reglamentaria correspondiente al año 2011 no usufructuada con motivo de su retiro (cfr. PE1646853-2024, pág. 1 y PE1721614-2025).- Dice que en el año 1980 ingresó a la Policía de la Provincia de Santa Cruz como cadete de la escuela de Oficiales desarrollando una carrera profesional hasta alcanzar el cargo de Comisario General (cfr. PE1646853-2024, pág. 1).-
Sostiene que las últimas cinco (5) licencias anuales ordinarias no fueron usufructuadas en forma regular como tampoco previas a su retiro el que es concedido mediante Decreto Provincial Nº 562/12 (cfr. PE cit., pág. 2).-
Narra que, luego de una serie de reclamos y: “Ya reconocido mi derecho a percibir las licencias reglamentarias no usufructuadas comienza el trámite para percibir las mismas, determinándose con fecha 2/12/2013 el importe pendiente en la suma de $ 133.672,75…” (cfr. PE cit., pág. 4).-
Seguidamente agrega: “Luego de peregrinar más de diez años reclamando el instrumento legal pertinente que resuelva la cuestión ante los diferentes dictámenes contradictorios, con fecha 26 de marzo de 2024 se dicta la resolución 129 emanada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz rechazándose la solicitud del pago de las licencias anuales reglamentarias por no encontrarse reunidos los extremos jurídicos.” (cfr. PE y pág. cits.).- Añade que: “Dicha resolución es notificada con fecha 16 de abril de 2024 y con fecha 23 de abril de 2024 interpongo recurso jerárquico. Con fecha 11 de julio de 2024 presento nota al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz requiriendo el pronto despacho…sin respuesta alguna, configurándose entonces el silencio de la administración pública provincial.” (cfr. PE cit., pág. 5).-
Que en PE1813891-2025, la Provincia de Santa Cruz, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado, Dr. Ramiro Esteban Castillo y el Dr. Ramiro Serantes, contesta demanda solicitando su rechazo con costas (cfr. PE cit., págs. 1/9).-
Luego de las negativas de rigor, plantea la incompetencia de este Alto Cuerpo como defensa de fondo sosteniendo: “Dada la naturaleza patrimonial del reclamo, el Tribunal no debe entender en aquel proceso que tenga por objeto el cobro de una suma de dinero, como sucede en el caso de autos, ya que su competencia originaria únicamente corresponde a lo que respecta a normas de materia contencioso administrativa, resultando ajena a ella los procesos de contenido patrimonial.” (cfr. PE cit., pág. 6).- Seguidamente arguye que la acción para reclamar el pago se encuentra prescripta y que el derecho a exigir la compensación por las vacaciones no gozadas ha caducado. Concretamente sostiene: “… en el caso que nos ocupa, en el que el actor reclama licencias ordinarias que datan de los años 2007-2010, no corresponde el pago compensatorio solicitado porque ha perdido su derecho de gozar de dichas licencias… y así deberá resolverse.” (cfr. PE cit., pág. 7).- Corrida vista al Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal, a efectos que se expida sobre la competencia de este Alto Cuerpo, y sobre la admisibilidad formal de la demanda y materia de la litis, emite su dictamen señalando que: “…debe hacerse lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada, lo que torna inadmisible la demanda contencioso administrativa, en función de lo previsto en los arts. 61 inc. a) y 62 inc. b).” (cfr. PE1831334-2025, pág. 3).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE1097809-2025.-
II. Luego de reseñada, brevemente, la cuestión que suscitara la promoción de estas actuaciones y los planteos de las partes, debemos analizar, liminarmente, la competencia de este Tribunal para entender en autos. Así también debe recordarse que el artículo 67 del CPCA, Ley Nº 2600, dispone que la incompetencia, si no se hubiere opuesto como excepción deberá ser declarada por el Tribunal como primera resolución que dicte.- Ahora bien, la asignación de competencia debe efectuarse tal como lo ha sostenido este Alto Tribunal en base a la propia naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, ya que estos constituyen el sustento de la pretensión que la parte actora propone a decisión con relación al derecho sustancial reclamado (cfr. Interlocutorio, Tomo IV, Reg. 416, Folio 692/693).-
Para ello es preciso recordar que la atribución de competencia en razón de la materia debe -inexorablemente- prevalecer sobre la efectuada en razón del órgano administrativo. En este sentido este Alto Cuerpo ha resuelto que: “...Aunque la relación jurídica que une a ambas partes constituya, tanto por su objeto como por las normas a la que está subordinada, un vínculo de empleo público, en el marco de la jurisprudencia vigente en la materia, dicha circunstancia no configura un antecedente que por sí baste, cuando la pretensión se fundamenta en normas laborales, para que el caso sea de la competencia contencioso administrativa (SCBA, B 55233 -I-3-8-93 in re: ‘Vargas Juan c. Prov. de Bs. As. s.
Dem. Cont. Adm’.) (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Contencioso Administrativo, Reg. 632, Folio 1770/1772).” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 916, Folio 2705/2710).- Este criterio también ha sido receptado por destacada jurisprudencia en la materia en cuanto la opinión mayoritaria se inclina técnicamente a favor de estimar que la competencia contencioso administrativa no se define porque intervenga el Estado (a salvo los ordenamientos que así lo preceptúan) sino por la materia en debate, por el contenido jurídico, por el derecho que se intenta valer, por las normas de fondo para resolver el caso, por la subsunción del caso al derecho administrativo (conf. CNCAFed., Sala 3ra. 10/05/01, “Estado Nacional v.
Aguas Argentinas”, Fallos: 164:188; 244:252; 295:112 y muchos más) (cfr. STJ de la Provincia del Chubut “T. P. S.A. y Otros c/ Municipalidad de Trelew s/ contencioso administrativo”. Microjuris, cita online: MJ-JU-M-76974-AR MJJ76974 del 22/10/2022).- Por su parte, el artículo 1º del CPCA, Ley Nº 2600, prescribe que el Tribunal Superior de Justicia en pleno conocerá y resolverá en instancia única en las acciones cuyas normas predominantes en la resolución del conflicto sean de derecho administrativo y que se deduzcan por violación de un derecho subjetivo o de un interés legítimo tutelado por el ordenamiento jurídico, originados en la actuación del Estado Provincial, sus entidades autárquicas y jurídicamente descentralizadas y las Municipalidades.- Sumado a ello, el artículo 2º de la citada normativa establece que serán competencia contencioso administrativa las controversias en que sean parte las empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Provincial, sus entes autárquicos y jurídicamente descentralizados, las municipalidades y comisiones de fomento en la actividad regida predominantemente por el derecho administrativo, en tanto no se trate de cuestiones que se susciten con sus empleados o funcionarios (cfr. art. cit., inciso e).-
III. En el concreto caso de autos la cuestión planteada no resulta ser de competencia de este Alto Cuerpo en virtud que se suscita entre la accionante y su empleadora la Policía de la Provincia de Santa Cruz expresamente excluída en el artículo 2 inciso e) in fine de la Ley Nº 2600 y además tiene por objeto la percepción de las licencias anuales reglamentarias correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 no usufructuada oportunamente.- El artículo 89 del CPCA, Ley Nº 2600, impide su sustanciación en este proceso al disponer que: “El Tribunal no podrá hacer en la sentencia declaraciones sobre derechos laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza que no sean los limitados al derecho administrativo para resolver la cuestión conforme a lo alegado y probado por las partes”.
Asimismo es doctrina de este Alto Cuerpo que no entenderá en aquel proceso que tenga por objeto el cobro de una suma de dinero basada en relación laboral, ya que su competencia originaria únicamente corresponde a lo que respecta a normas de materia contencioso administrativa, resultando ajena a ella los procesos de contenido patrimonial (cfr. Sentencia, Tomo XXII, Reg. 723, Folio 4351/4359; Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1131, Folio 3645/3652).- En igual sentido se ha señalado, con relación a un reclamo como el de autos que: “Esta última pretensión debe ser desestimada, toda vez que se trata de una cuestión que excede el marco del proceso contencioso administrativo (cfr. art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600).
En efecto, es criterio de este Tribunal Superior de Justicia que en este tipo de juicios, sólo debe decidirse sobre la materia contencioso administrativa (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo IX, Reg. 626, Folio 1748/1750). Por ello en el sub lite…La solicitud de la parte actora deberá ser objeto de planteo por la vía y forma correspondiente, toda vez que se trata de una materia extraña, en principio, a la acción contencioso administrativa…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1067, Folio 3369/3375).- Si bien es cierto que el artículo 132, inc. 2º de la Constitución Provincial atribuye al Tribunal Superior de Justicia en instancia única la competencia en materia contencioso administrativa, no es menos exacto que las normas legales necesarias dictadas para ponerlo en ejecución, han dispuesto que las acciones de tal índole contencioso administrativa de las que conocería este Alto Cuerpo jurisdiccional quedaban limitadas a la revisión de actos administrativos sin abarcar en esa taxativa numeración las acciones resarcitorias de perjuicios o reclamatorias de salarios caídos o deudas.
Es más, el legislador vedó expresamente al Tribunal Superior pronunciarse en sus sentencias sobre reclamaciones de derechos patrimoniales que las partes aleguen tener (art. 89 del CPCA, Ley Nº 2600), que es precisamente lo que constituye una de las pretensiones de la actora. En el ordenamiento provincial, en el derecho positivo vigente, impera una notable escisión entre la revisión judicial de los actos administrativos de competencia originaria de este Alto Cuerpo, y el juzgamiento de sus consecuencias patrimoniales, a cargo de la justicia ordinaria, para así garantizar su revisión en la doble instancia; lo que no permite asimilarlo a otro ordenamiento provincial o federal.- En síntesis, la reclamación bajo análisis excede el marco del proceso contencioso administrativo y deberá canalizarse por la vía procesal correspondiente.-
IV. Que, de las consideraciones expuestas se concluye, que la presente acción no constituye materia contencioso administrativa de conocimiento originario y exclusivo de este Tribunal Superior de Justicia (art. 132, inc. 2° de la Constitución Provincial), debiendo declararse la incompetencia en razón de la materia, con imposición de las costas por su orden, de conformidad a lo prescripto por el art. 90 del CPCA, Ley N° 2600; y difiriendo la regulación de honorarios de las letradas intervinientes -por la parte actora- hasta tanto den cumplimiento con las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Por todo lo expuesto, jurisprudencia y normas legales citadas, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar la incompetencia del Tribunal Superior de Justicia para entender en la presente acción.-
3. Diferir la regulación de honorarios de las letradas intervinientes -por la parte actora- hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, devuélvanse las actuaciones administraciones mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo. Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1044C.251 Tomo: XX Sentencia: 1187 Folio N°: 3937/3939 Secretaría: 1
Fin de la sentencia