Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8794/2025 Sentencia: Definitiva Actor: Huenuman Alvaro Fabián Demandada: Minera Santa Cruz S.A.
Objeto: Demanda Laboral Fecha: 25-02-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 25 del mes de Febrero de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “HUENUMAN, ALVARO FABIÁN C/MINERA SANTA CRUZ S.A. S/DEMANDA LABORAL" Expte. Nº18.661 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, y de Minería con asiento en la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº8794/2025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que en PE 1716869-2025 la Dra. Griselda Bard se excusa de intervenir por cuanto su esposo, Dr. Eduardo Gonzalez interviene profesionalmente en el presente. Invoca el art. 17 y 30 del CPCC. Que es de público conocimiento que nuestra colega se encuentra unida en matrimonio con el Dr. Eduardo Gonzalez y por ende, su situación encuadra en lo dispuesto en el art. 17 inc. 1 del CPCC. Por lo que resulta procedente la excusación y por ello corresponde aceptarla y apartar a la Dra. Griselda Bard del conocimiento y trámite de la presente. Así lo propongo al acuerdo.
II. Que a fs. 6/7 se presenta el Sr. Alvaro Fabián Huenumán con el patrocinio letrado del Dr. Sergio Acevedo y promueve demanda laboral contra Minera Santa Cruz SA a los fines de que se la condene a la entrega de la documentación establecida en el art. 80 Ley 20.744 y su reforma por Ley 25.345, esto es, certificado de trabajo, certificado de remuneraciones y servicios y certificado de aportes y contribuciones, como así también se la condene al pago de la indemnización de tres veces la mejor remuneración normal y habitual que ha percibido durante el contrato de trabajo por la suma de Noventa y un Mil Pesos ($91000), reservándose el derecho de demandar su reingreso invocando haber sido discriminado por razones de salud y por el accidente de trabajo que sufrió el día 3 de septiembre de 2.016. Al relatar los hechos dice que ingreso a trabajar para la demandada el 1 de agosto de 2.016 y que el 1 de febrero de 2.017 fue ilícitamente despedido y que hasta la fecha de la promoción de la demanda no ha tenido la constancia de la liquidación final y tampoco le hicieron entrega de la documentación laboral que reclama. Funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final. A fs. 9 amplia el ofrecimiento probatorio.
III. Que a fs. 53/56 se presenta el Dr. Eduardo Gonzalez e invocando la representación de la parte demandada contesta la acción. Con ese objeto, adjunta la documental consistente en certificado de constancia de baja del trabajador en formulario de AFIP trámite registrado bajo el Nro. 171244531470, constancia de retención de impuesto a las ganancias, certificado de trabajo de fecha 10/3/2.017, copia de los últimos 2 recibos de haberes abonados al actor y certificado de servicios, remuneraciones y aportes en formulario ANSES, solicitando se haga entrega al actor de dicha documentación. Formula negativas particulares de los hechos y le atribuye al actor haberse ocultado luego de recibido la comunicación de despido, para no recibir por vía de correo la documentación a la que alude el art. 80 de la LCT. Destaca los antecedentes que fundan esa postura y concluye en que está probado que el reclamo es tardío por haber sido posterior a la puesta a disposición de la documentación, entendiendo por ello que la demanda es improcedente. Funda en derecho, ofrece prueba y hace su petición final.
IV. Que por PE 1282952-2024 se dicta sentencia definitiva en fecha 14 de marzo de 2.024, Reg. N° 1634, T° XXXI, mediante la cual, se desestima la demanda incoada por Alvaro Fabian Huenuman contra Minera Santa Cruz SA, condenando en costas a la parte actora (art. 68 CPCC) y regula los honorarios profesionales de los Dres. Sergio Acevedo, Víctor Martensen y Diego Díaz en forma conjunta por los trabajos realizados en ambas etapas en un 13 % y a favor del Dr. Eduardo González en un 20 % (arts. 13,18,20, 49 Ley 3330 y art. 22 Ley 1444)
V. Contra el fallo dictado la parte actora interpone recurso de apelación y lo funda mediante PE 1312293-2024. En sustento de su crítica, arguye que el magistrado de grado no puede pasar por alto que los certificados del art. 80 LCT fueron confeccionados con fecha 14 de marzo de 2.017 fecha en la cual la demandada tenía pleno conocimiento que el trabajador se domiciliaba en la localidad de Pico Truncado y ya no el domicilio registrado en el legajo personal. Sostiene en ese sentido que ello surge de la misiva TCL CD 517629995 de fecha 17 de febrero de 2.017 mediante la cual el actor intimó a su ex empleadora para que denuncie la fecha cierta del accidente laboral y continúe con las prestaciones médicas, pues, entiende que con la recepción de esa misiva la demandada tomó conocimiento del nuevo domicilio real del Sr. Huenuman antes de la confección de la documentación peticionada. Expresa también que esa circunstancia se acredita además con la prueba testimonial y la informativa librada al Registro Civil y Capacidad de las Personas de Pico Truncado. Invoca el principio de la primacía de la realidad y el de buena fe y cita doctrina y jurisprudencia que entiende aplicable.
VI. Los agravios fueron contestados por la demandada por PE 1337187-2024. Alega esa parte que es deber del trabajador mantener actualizado su domicilio en su legajo personal por imperio de la buena fe y que hubiere sido correcto que del texto de la comunicación aludida por el actor se hubiere insertado y destacado el nuevo domicilio para que no pase desapercibido y así tome conocimiento su empleadora y le envíe nuevamente los documentos que le interese. Destaca en ese sentido que tal comunicación no demuestra el cambio de domicilio ya que sólo se consignan los datos personales del actor. Entiende por ello que al actor no le interesaba la documentación que reclama sino exigir el pago de la sanción por un incumplimiento que no hubo configurándose un abuso de derecho del trabajador. Invoca el voto del Dr. Monelos en los autos “Appel, Daniel Humberto S/Geoservice” Expte. Nro. 13.048 y afirma que su mandante obro en todo momento de buena fe, tanto a lo largo de la vida del contrato del trabajo como frente a la extinción y aun posteriormente. Aduce también que no quedan dudas que los aportes y contribuciones patronales han sido hechos ya que se incorporó con la contestación de la demanda la documentación laboral que así lo evidencia. Señala que Minera Santa Cruz por su tamaño ingresa los aportes y contribuciones mediante el sistema F931 lo que hace que mensualmente se cumpla con la obligación de ingresar los mismos al sistema, razonando que la obligación de emitir dichos certificados no cumple ninguna función y que ha quedado implícitamente derogado a partir del art. 39 de la ley 25.877. Cita jurisprudencia y solicita se confirme la sentencia de primera instancia.
VII. Expuestos los términos en los que se planteó el agravio de la parte actora y la réplica que recibió de la contraparte, considero que la postura de la quejosa no puede revertir la decisión de grado que desestimó la pretensión de condena a la entrega de la documentación laboral prevista en el art. 80 de la LCT y al pago de la pertinente indemnización.
Para así opinar, tengo presente primero lo dicho por nuestro Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia en Sentencia inscripta al Tomo XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521 – Prot. Elect. TSS1008.171, en el que señalo que “es la omisión de hacer entrega de los certificados que indica la norma la que genera la indemnización prevista en la misma, y no el actuar de los actores, debiendo analizarse solamente lo realizado por la demandada”.
Bajo esa directiva jurisprudencial, aprecio que tal como lo señala el magistrado de la instancia anterior, cuyo razonamiento comparto, la demandada ha procurado efectivizar la entrega de dicha documental al actor, pues, ese proceder surge nítido de las constancias probatorias incorporadas a la causa. En ese sentido, parto de la base que conforme a los datos personales que el actor le aporto a su empleadora, los que surgen de la documental agregada a fs. 14/31, su domicilio real se encontraba situado en la calle 12 de Octubre Nro. 737 de la localidad de Perito Moreno. Esa circunstancia fue ratificada luego por prueba informativa producida por la Comisaría de la localidad de Perito Moreno, la que remite la documental agregada a fs. 139/143 por medio de la cual se certifica la autenticidad del certificado de domicilio Nro. 717-CPM/16 agregado a fs. 14 y asimismo por el Registro Civil y Capacidad de las Personas con sede en la ciudad de Pico Truncado el que informa a fs. 119 que el trabajador tuvo su domicilio en aquella dirección.
Destaco también las constancias detalladas en la sentencia de grado consistentes en las diligencias judiciales obrantes a fs. 99/100vta., la providencia de fs. 103 y las actas de audiencia de fs. 226 y 236, pues, en éstas últimas se consigna como domicilio real el cito en calle 12 de Octubre 737 de la localidad de Perito Moreno. A partir de allí, interpreto que las notificaciones que fueron cursadas por la empleadora demandada a ese domicilio son plenamente válidas en razón de que se ajustaron a la información relativa a los datos personales del trabajador consignados en el legajo personal que obra en poder de la primera. Fue así que la comunicación del despido materializada por Carta Documento OCA CCX00536606, de fecha 1 de febrero de 2.017, fue dirigida a ese domicilio real y fue efectivamente recibida por el Sr.
Huenuman tal como se desprende de la documental obrante a fs. 15/16 acompañada por la demandada. Dichas constancias están reconocidas por el actor en virtud de que también agregó su texto a fs. 1 y reconoció de manera expresa su recepción por telegrama ley 23.789 (CD 51762999 5) que está incorporado a fs. 2 de autos. Así también su entrega fue acreditada por el correo privado OCA por nota de fecha 27 de septiembre de 2.019 en el que informa que fue entregada en destino el día 13/02/2.017. El tenor del telegrama en cuestión, da cuenta que en el punto 2) se le hizo saber al trabajador que la certificación de servicios y remuneraciones le serían remitidas vía correo al domicilio declarado en la empresa, es decir, al domicilio de la calle 12 de Octubre 737 de la localidad de Perito Moreno.
Concordante con ello la demandada remitió luego, el día 14/3/2.017, el envío postal OCA Nro. 4654424 (8) el que de acuerdo al informe de dicho correo privado obrante a fs. 157, a los fines de su entrega se llevaron a cabo tres visitas en fecha 17/3/2.017, 28/3/2.017 y 7/4/2.017 habiendo sido devuelta al remitente por no haber respondido el destinatario.
Así las cosas, ha quedado entonces acreditado que la empleadora le hizo saber expresamente al trabajador reclamante qué la documentación laboral de que se trata le iba a ser enviada al domicilio real que declaró y pese a ello, el actor no notifico un cambio de domicilio conforme al deber que le correspondía de mantener actualizados sus datos personales obrantes en su legajo personal, no siendo pertinente a mi entender, asignarle ese carácter a la recepción por parte de la empleador de una misiva (CD 51762999 5) en la cual si bien se consignó otro domicilio real, no tenía para nada esa finalidad sino que tenía un objeto totalmente distinto. No pierdo de vista tampoco que los certificados reclamados fueron agregados con el escrito de contestación de demanda tal como se aprecia de la documental incorporada con la demanda obrante a fs. 18/31.
Que conforme a todo lo señalado, considero que el proceder de la demandada ha sido indudablemente diligente, pues, por un lado, el hecho de no haber sido recepcionada la documental por su destinataria no constituye óbice para reconocerle ese mérito ya que fueron remitidas al domicilio real denunciado, y por el otro, las certificaciones fueron efectivamente agregadas a éstos autos con la pertinente estampilla del correo privado con el número de remisión.
Contrario a ese comportamiento, el trabajador reclamante no mostró una conducta acorde a los principios contenidos en el art. 63 de la LCT, pues, si pretendía que las comunicaciones que se pudieran dar entre las partes debían ser dirigidas a un domicilio distinto, era a él a quien le cabía informarlo en virtud a un básico sentido de colaboración que gobierna en los vínculos contractuales.
Con ese temperamento comparto la jurisprudencia que dice: “En las relaciones de trabajo existen distintas comunicaciones entre las partes, muchas de las cuales se realizan por medios formales, telegramas y cartas documento. En estas comunicaciones existen distintas situaciones que generan dudas diversas, cuyas respuestas deben buscarse primeramente en la lógica que gobierna todos los extremos de la relación entre las partes, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo, y esta lógica surge principalmente de los principios contenidos en los artículos 62 y 63 de la RCT. En este sentido, y de acuerdo a la RCT, las partes están obligadas, activa y pasivamente, no solo a lo que resulta expresamente de los términos del contrato, sino a todos aquellos comportamientos que sean consecuencia del mismo, apreciados con criterios de colaboración y solidaridad, debiendo obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo”. Concluyo así que el demandante no se condujo conforme al principio de la buena fe y procedió sin más a demandar la multa prevista en el art. 80 de la LCT.
Enseña nuestra doctrina que “…hemos sugerido que los jueces al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán merituar las particularidades del caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (arts. 62 y 63 y concordantes de la LCT)” (Revista de Derecho Laboral – Actualidad Rubinzal-Culzoni año 2.010-2 página 285)
Que por las razones dadas, y habiendo entonces la demandada exteriorizado una conducta tendiente a concretar la entrega tempestiva de los certificados en cuestión, concluyo que no cabe más que rechazar el agravio en tratamiento y así lo propongo al acuerdo.
Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es justa, con costas a la parte recurrente por el principio objetivo de la derrota. Así lo propongo al acuerdo.
Que respecto de lo honorarios de los profesionales intervinientes, dado que en la instancia anterior se regulo un porcentaje de un monto que no se encuentra determinado, los mismos en ésta instancia serán regulados bajo la misma modalidad conforme a los parámetros porcentuales contenidos en el art. 30 de la ley 3950.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
VIII. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
IX. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y tramite de la presente causa 2º) Rechazar el agravio formulado por la parte actora confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio 3°) Imponer las costas en ésta instancia a la actora vencida (art. 68 C.P.C.). 4º) Regular los honorarios profesionales por la actuación ante ésta instancia del Dr. Víctor Vicente Martensen, apoderado de la parte actora en un 30 % y del Dr. Eduardo Gonzalez, apoderado de la parte demandada, en un 35 % de los regulados en la instancia de grado (arts. 16,30, y cctes. De la ley 3950.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 25 de Febrero de dos mil veintiséis.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A: 1°) Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa. 2º) Rechazar el agravio formulado por la parte actora confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio. 3°) Imponer las costas en ésta instancia a la actora vencida (art. 68 C.P.C.). 4º) Regular los honorarios profesionales por la actuación ante ésta instancia del Dr. Víctor Vicente Martensen, apoderado de la parte actora en un 30 % y del Dr. Eduardo Gonzalez, apoderado de la parte demandada, en un 35 % de los regulados en la instancia de grado (arts. 16,30, y cctes. De la ley 3950. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Juan Pablo Olivera no suscribe la presente por encontrarse usufructuando feria anual compensatoria, no existir disidencia entre los abajo firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara- Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201006S.261 Tomo: CV Sentencia: 3177 Folio Nº: 005/006 Secretaria: 1
Fin de la sentencia