Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en los presentes autos, en consecuencia, remítase la causa -previo trámite de ley por Mesa de Entradas Únicas- al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nominación que previno.
2Sin costas.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: TREINTA Y CUATRO
San Fernando del Valle de Catamarca, 19 de octubre de 2026
Estos autos Corte Nº 036/2026 "HUERTAS, Antonio C/ SANCHEZ, María Paula, HOSPITAL INTERZONAL SAN JUAN BAUTISTA, GOB. DE LA PCIA. DE CATAMARCA Y MTRIO. DE SALUD DE LA PCIA. DE CATAMARCA s/ Daños y Perjuicios", y
Voto de los Dres/as. Martel, Gómez, Saldaño, Bracamonte, Cáceres y Rosales Andreotti:
1. Que el día 04/06/2026 (fs. 634 vta.) se recibe el expediente en la Secretaría Contencioso Administrativa de la Corte de Justicia en virtud de la remisión ordenada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nominación (fs. 634). Dicha decisión tuvo origen en la SI N° 61 de fecha 12/03/2026 dictada por el Juez Dr. José Mauricio Quispe, en la que se declara incompetente para continuar entendiendo en la causa de referencia (fs. 626 vta./629).
De las constancias de autos, surge que a fs. 505/535 comparece el Sr. Antonio Huertas, con patrocinio letrado, y promueve acción de daños y perjuicios en contra de la Dra. María Paula Sánchez, el Hospital Interzonal San Juan Bautista, el Gobierno de la Provincia de Catamarca, el Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca y/o contra quien resulte civilmente responsable de los daños. Persigue la reparación de daños y perjuicios ocasionados por mala praxis médica, estimados en la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL ($56.470.000) o lo que más o menos se determine conforme las constancias de la causa, su respectiva actualización monetaria, intereses, costas y honorarios profesionales.
Al tiempo de presentar la demanda, el actor sostiene la competencia civil para resolver el caso atento a la naturaleza del reclamo -resarcitoria y patrimonial-, el objeto de la pretensión y la prueba anticipada tramitada previamente en el mismo expediente conforme las normas del CCCN.
En el relato de los antecedentes fácticos describe su patología, internaciones y cirugías en los que funda la existencia de mala praxis y responsabilidad: a) objetiva del Estado y sus dependientes en tanto el HISJB es un hospital público directamente dependiente del Estado Provincial y del Ministerio de Salud de la Provincia; b) objetiva del Hospital Interzonal San Juan Bautista y sus médicos dependientes y c) subjetiva de la Dra. María Paula Sánchez, detallando en cada caso, las razones de su imputación.
A continuación, describe los daños patrimoniales (emergente, lucro cesante, gastos futuros) y extrapatrimoniales (psicológico, moral) que reclama y su respectiva cuantificación.
Fundamenta su derecho en el Código Civil y Comercial de la Nación, Ley de Salud Pública N° 26529, doctrina y jurisprudencia que estima aplicable al caso. Ofrece prueba y peticiona en definitiva se haga lugar a la totalidad de la demanda, con costas.
A fs. 620 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nominación otorga participación de ley y previo a todo trámite ordena correr vista al Ministerio Público de la competencia. A fs. 622 vta./623 vta. luce Dictamen N° 887/2025 de la Fiscalía Civil N° 4 en el que propicia la competencia del Juzgado Civil actuante. A fs. 626 vta./629 luce Sentencia Interlocutoria N° 61/2026 mediante la cual el Dr. José Mauricio Quispe -Juez del Juzgado Civil de mención- se declara incompetente para continuar entendiendo en los presentes autos. A fs. 634 se ordena la remisión de la causa a Mesa General de Entradas Única a los fines de su posterior radicación en la Secretaría Contencioso Administrativa de la Corte de Justicia. - - -
A fs. 634 vta. se recibe la causa en el Tribunal y a fs. 639 se corre vista al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la jurisdicción y competencia de la Corte de Justicia para entender en autos, el que emite Dictamen N° 74/2026 en sentido favorable (fs. 640/642 vta.).
CORTE Nº 036/2026 A fs. 643 luce el proveído que llama autos para resolver, el que firme deja la causa en estado de emitir pronunciamiento.
2. Que, corresponde a esta Corte de Justicia, expedirse prima facie respecto a su jurisdicción y competencia en la cuestión traída a conocimiento conforme la previsión expresa del art. 204 de la Constitución Provincial.
En ese cometido, es menester recordar que la competencia de este Tribunal se encuentra atribuida por expresas normas constitucionales y legales, siendo estas de orden público, de interpretación restrictiva y excepcional. Además, a los fines de determinar la competencia debe estarse, de modo principal, a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y en tanto se adecue a ello, al derecho invocado como fundamento de la pretensión. (Conf.: Fallos: 308:229; 310:1116; 311:172).
Analizadas las constancias de la causa, se comprueba la promoción de demanda por daños y perjuicios en contra de la Dra. María Paula Sánchez, el Hospital Interzonal San Juan Bautista, el Gobierno de la Provincia de Catamarca, el Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca y/o contra quien resulte civilmente responsable de los daños derivados de una presunta una mala praxis médica.
Que, en tales condiciones, corresponde rechazar la competencia de este Tribunal para entender en la presente causa, toda vez que la pretensión deducida no reviste naturaleza contencioso administrativa en los términos del art. 204 de la Constitución Provincial. En efecto, la competencia atribuida a esta Corte de Justicia por mandato constitucional lo es en razón de la materia y no de las personas entre quienes se traba la litis, por lo que no resulta suficiente, a los efectos de habilitar su jurisdicción originaria, la circunstancias de que una de las partes revista carácter estatal. Las causas contencioso administrativas a las que refiere la citada norma constitucional son aquellas en las que un particular -o una autoridad administrativa- reclama contra una resolución administrativa de última instancia, cuando ésta vulnera un derecho de naturaleza administrativa reconocido al reclamante por un acto de igual naturaleza jurídica. En el caso, la pretensión se dirige a obtener la atribución de responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se alegan derivados de una presunta mala praxis médica, cuestión que remite al análisis de los presupuestos propios de la responsabilidad civil y no a la impugnación de un acto administrativo definitivo que haya lesionado un derecho de carácter administrativo. Por consiguiente, la naturaleza de la pretensión deducida excluye la configuración de la materia contencioso administrativa constitucionalmente prevista y determina la incompetencia de este Tribunal para entender en la causa, sin que la eventual participación de un ente estatal pueda alterar, por sí sola, dicha conclusión.
3. Sin costas atento a la naturaleza de la cuestión.
Voto del Dr. Figueroa Vicario:
I. Que comparto la relación de causa precedente, adhiero a la resolución final que declara la incompetencia de este Tribunal para entender en la presente causa, realizando algunas ampliaciones que entiendo oportunas.
II. Como se ha sostenido, para determinar la jurisdicción y competencia corresponde el análisis preliminar del contenido y naturaleza de la pretensión deducida, haciendo mérito de la relación jurídica sustancial esgrimida, en base a los hechos expuestos en la demanda y, en su caso, de acuerdo con el encuadre normativo acordado por el actor a la acción. Palacio, Lino E.; Albarado Vellosso, Adolfo, (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -Explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1997, T.I, pp.56-59).
Conforme constancias de autos, se promueve demanda por indemnización de daños y perjuicios, en contra de:
1. Dra. María Paula Sánchez;
2. Hospital Interzonal San Juan Bautista;
CORTE Nº 036/2026 4.- Ministerio de Salud de la Pcia. de Catamarca;
En virtud del mandato constitucional y legal, la competencia contencioso administrativa de esta Corte de Justicia, es de orden público, de excepción, es estrictamente revisora de la actuación administrativa, este Alto Tribunal entiende en revisión de la decisión tomada por la administración, en tanto existe un acto administrativo que lesione derechos subjetivos.
Analizada la pretensión del actor, es netamente patrimonial, ajena a la materia contencioso administrativa, conforme el art. 204 de la Constitución Provincial.
No se soslaya, que en el Dictamen Nº 74 del Procurador General, se citan precedentes de esta Corte de Justicia, para justificar que el tribunal competente es el de jurisdicción contencioso administrativa. (640/642 vta.).
Habida cuenta de ello, corresponde reafirmar que en autos: Corte Nº 044/2015 "BLANES, Daniel c/ GOBIERNO PROVINCIAL s/ Acción de Amparo" SI Nº 77/2015, se declaró la incompetencia de este Tribunal para entender en la acción de amparo en contra del Poder Ejecutivo Provincial, sosteniendo que la competencia es la sustancia del litigio y no el hecho de aplicar normas administrativas cuando tienen carácter adjetivo. (Conf.: Luqui, p.112, T.I; CSJN, Fallos 295:112; 298:446; 302:545 y 304:377).
Luego en autos Corte Nº 005/2022 "HERRERA, María Verónica c/ OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS (OSEP) s/ Daños y Perjuicios" SI Nº 113/2022, se declaró la jurisdicción y competencia de este Tribunal para entender en la causa, dado que se alegaba la existencia de negativa de cobertura de la Obra Social de Empleados Públicos.
Finalmente, en autos Corte Nº 059/2023 "BELAUSTEGUI, Ana María C/ MUNICIPALIDAD DE VALLE VIEJO s/ Cobro de Pesos y Daños y Perjuicios" SI Nº 02/2024, se declaró la jurisdicción y competencia de este Tribunal para entender en la causa, porque se alegaba un acto de desposesión arbitrario de un inmueble por la Municipalidad de Valle Viejo.
Es decir, que en dichos antecedentes se corroboraba la competencia de naturaleza contencioso administrativa, que importaba la revisión de un acto u omisión de la administración y se encontraba vulnerado un derecho de naturaleza administrativa. En tal inteligencia, adhiero a la mayoría, sosteniendo que esta Corte de Justicia resulta incompetente para entender en la presente causa. Así voto.
Por ello y oído el Ministerio Público,
LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en los presentes autos, en consecuencia, remítase la causa -previo trámite de ley por Mesa de Entradas Únicas- al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nominación que previno.
2. Sin costas.
3. Protocolícese y notifíquese.
Fdo.: Dres.Néstor Hernán Martel (Presidente), Fabiana Edith Gómez (Ministra), Rita Verónica Saldaño (Ministra), Jorge Rafael Bracamonte (Ministro), José Ricardo Cáceres (Ministro), Maria Fernanda Rosales Andreotti (Ministra), Carlos Miguel Figueroa Vicario (Ministro). Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia)"
Fin de la sentencia