Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de San Isidro · Causa SI-48767-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclararme oficiosamente incompetente para entender en los presentes obrados los cuales, a tenor del domicilio del demandado denunciado en la demanda presentada el 11/11/2026, disponiéndose la remisión para su tramitación al Juzgado de Paz de Pilar, previa baja de los libros de Secretaría y con conocimiento de la Receptoría Gral. de Exptes. (art. 352 inc. 1º del CPCC).-
Expte. Nº. SI-48767-2026
San Isidro,.-
VISTOS Y CONSIDERANDO :
I. La ley 26361 -sancionada el 12/03/08, promulgada el 03/04/08 y publicada en el B.O. el 07/04/08- modificó la ley 24240 de Defensa del Consumidor.
En lo que interesa a los fines que aquí se debaten, por medio de su art. 15 sustituyó el art. 36 de la ley 24240 -contenido en el Capítulo VIII titulado "De las Operaciones de Venta de Créditos"-, norma que se encarga de enunciar los requisitos que debe contener el documento en el que se instrumenten las operaciones financieras o de crédito para consumo.
El último párrafo del art. prevé que "...Será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor...".
Esta regla no es nueva en el ámbito de las contrataciones bancarias y de crédito (v.g., art. 14 "i" de la ley de Tarjeta de Crédito 25065).
Esta modificación no obstante, no hace más que ratificar contenidos preexistentes en la ley de Protección al Consumidor, cuyo art. 37 -no modificado- dispone que cabe tener por no convenidas las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones.
II. En punto a la naturaleza de la obligación que en el presente se intenta ejecutar, hallo plenamente aplicable la normativa analizada al pagaré por cuanto el mismo fue suscripto tal como reza en su texto por igual valor recibido .-
La aplicación de esta normativa se encuentra supeditada a que se registre alguno de los supuestos de hecho previstos en los arts. 1, 2 y 3 de la ley de Defensa del Consumidor, esto es, en la medida en que el crédito otorgado esté destinado al consumo final del tomador -o de su grupo familiar o social-. Y, por oposición, quedará excluída la aplicación de la norma en la medida en que el destino de la financiación se vuelque a un proceso de producción, transformación o comercialización de bienes o servicios.
El pagaré de autos ha sido librado por un persona física a favor de una entidad financiera. En este contexto, las circunstancias personales de las partes y la leyenda inserta en el mismo a la cual hice referencia precedentemente, permiten presumir que se trata de una operación de crédito para consumo. En efecto, la ejecutante es una empresa profesional de crédito encuadrable, por ende, en la definición de "proveedor" contenida en el art. 2º de la LDC. Y al tiempo, la ejecutada es una persona física con las características que el art. 1º de la LDC requiere para estar en presencia de un "consumidor o usuario". Cabe presumir entonces que estamos ante una relación de consumo en los términos del art. 3º de la LDC.
A mayor abundamiento, se impone la interpretación a favor del consumidor (conf. art. 3º -segundo párrafo parte final- y 37 -segundo párrafo- de la LDC).-
III. Si alguna duda existiera sobre la aplicación al juicio ejecutivo de la legislación que estamos analizando, entiendo ello se resuelve acudiendo a la jerarquía de la Constitución Nacional y de la Ley de Defensa del Consumidor -que en definitiva es reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. 42, en cuanto establece el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos-, que evidentemente prevalecen sobre la normativa tanto procesal, como de fondo vinculada a los títulos cambiarios.
Asimismo, del propio contenido de la LDC se desprende su carácter de orden público (art. 65), por lo cual, como allí se otorga al consumidor un régimen especial derivado de su debilidad intrínseca en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios, sus normas son de aplicación imperativa en todos los casos -incluso en los juicios ejecutivos- ya que han modificado implícitamente la legislación sustancial y procesal vigente.
Entre las normas que tácitamente se han visto modificadas, se encuentra sin duda el art. 2º del C.P.C.C., y la posibilidad que prevé de prorrogar tácitamente la competencia. Pues no sólo una cuestión de jerarquía normativa, a resultas de una interpretación sistemática del ordenamiento, y de orden público, así lo imponen; sino que revisten en relación a este precepto, las restantes normas citadas en el curso de la presente,carácter de ley especial y ley posterior (Cámara Nacional Comercial, Sala E, "COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. c/CASTRUCCIO, Juan Carlos s/Ejecutivo", Causa Nº 68557/08, 26/VIII/09, con votos de los Dres. Sala-Bargalló y Caviglione Fraga, y dictamen concordante del Ministerio Público).
IV. A mayor abundamiento cabe poner de resalto lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con fecha 1º de septiembre de 2010 en C. 109.305 "Cuevas Eduardo Alberto C/ Salcedo Alejandro Rene S/ Cobro Ejecutivo", donde dispuso ante la existencia de una contienda negativa de competencia entre dos Juzgados, otorgar competencia al correspondiente al domicilio real del deudor. Para así resolver dijo el máximo tribunal provincial que ante el dilema existente entre lo normado por el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y lo normado por el art. 542 del CPCC, éste último en cuanto impide en los títulos abstractos toda discusión fondal sobre la causa de la obligación, debe imperar un criterio hermenéutico que permita arribar a la solución que proteja de modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerable (CSN "Fallos" 331:819; causa H. 270 XLII "Halabi", sent. del 24-2-2009) como ocurre con los usuarios y consumidores. Dicha lectura armonizante consiste en autorizar a los jueces a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la LDC (conf. Voto del Dr. Hitters).-
Que, dicho criterio fue mantenido recientemente por el máximo tribunal provincial en los autos "BBVA Banco Francés S.A. C/ Ortíz Miguel Angel S/ Cobro Ejecutivo S/ Incidente de Competencia", FAllo C 113.770, del 16 de marzo de 2011.-
Amén de todo lo expuesto cabe resaltar que con fecha 30 de septiembre de 2014 la Excmá. Cámara de Apelaciones Departamental en lo Civil y Comercial en Acuerdo Plenario dispuso adoptar similar criterio concluyendo por mayoría en lo que aquí interesa que debe declararse de oficio la incompetencia territorial en los juicios ejecutivos en razón del domicilio del ejecutado, presunto consumidor, cuando el conflicto se circunscribe al ámbito de la Provincia de Buenos Aires (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Deptal. en pleno, causa "Luna Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda. C/ Galarce Gustavo Enrique S/ Cobro Ejecutivo").-
V. De conformidad a lo normado por el art. 61, punto II, inc. k de la ley 5827, el Juzgado de Paz Letrado de Pilar es competente en razón de la materia y el territorio para entender en juicio ejecutivos como el presente.-
Por todo lo expuesto, y lo dispuesto por los artículos 42 CN; 1º, 2º, 3º, 36, 37 y 65 LDC 24240; 2º -a contrario sensu- C.P.C.C., y 1092 y 1093del CCyCN, y lo normado por el art. 61, ap. II, inc. K de la ley 5827; RESUELVO:
Declararme oficiosamente incompetente para entender en los presentes obrados los cuales, a tenor del domicilio del demandado denunciado en la demanda presentada el 11/11/2026, disponiéndose la remisión para su tramitación al Juzgado de Paz de Pilar, previa baja de los libros de Secretaría y con conocimiento de la Receptoría Gral. de Exptes. (art. 352 inc. 1º del CPCC).-
REGISTRESE .-.NOTIFIQUESE.
ALCH sl
MARIANO GARCIA FRANQUEIRA
JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: GARCIA FRANQUEIRA Mariano - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1830-2026
Fin de la sentencia