Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 10 de La Matanza · Causa LM-50172-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPrimero : Declarar improcedente la ejecución del pagaré acompañado con fecha 11/11/2026 como título autónomo; al haberse encuadrado la relación entre las partes bajo la normativa consumeril.-
Segundo : consecuentemente, PREPARESE LA VIA EJECUTIVA con relación al contrato de mutuo adunado con fecha 11/11/2026 (art. 523 CPCC). En caso de resultar frustrada la diligencia precedentemente ordenada y acompañado que sea el instrumento diligenciado con tal resultado, hágase saber al peticionante que podrá reiterar la misma sin necesidad de petición previa, considerándose como denunciado el domicilio inserto en el instrumento a librarse. Por otra parte y en uso de las facultades que al
Expte. Nº LM-50172-2026
San Justo, en la fecha y hora de referencia.- RF
Proveyendo la presentación electrónica de fecha 11/11/2026 22:11:05 horas, efectuada por el letrado apoderado de la parte ejecutante, titulada DEMANDA - SE PRESENTA (247702980032744089) :
Tiénese al Dr. MARIANO CAIZZA por presentado, parte, en el carácter de apoderado de HULMIC S.A , conforme el Poder Judicial acompañado (art. 47 del C.P.C.C), y por constituido el domicilio electrónico indicado (art. 40 del C.P.C.C.).-
Intímase al letrado presentante para que dentro del quinto día de anoticiado proceda a dar cumplimiento con lo prescripto por los arts. 3 de la ley 8480 y 13 de la ley 6716 (Texto según Leyes 10.268 y 11.625), bajo apercibimiento de informar a los Organismos de recaudación correspondientes ( Art. 133 del CPCC).-
Concédase las autorizaciones pedidas en los términos y con los alcances de lo normado por los arts. 113/115 de la ley 5.177 (t.o. Dec. 180/07).
Asimismo, hágase saber al letrado que el retiro de copias por intermedio de autorizado, importará la notificación de las respectivas providencias.
Que con fecha 11/11/2026 se presenta HULMIC S.A . promoviendo ejecución contra el Sr. ZACCARDO, Facundo Fabian en base al pagaré y contrato de mutuo acompañados a la referida presentación.-
Y
Que, en relación al contrato de mutuo obrante en autos, sin perjuicio que nos encontramos frente a un caso de los denominados por la doctrina, contratos bancarios, cabe efectuar a posteriori, las siguientes consideraciones a fin de determinar además si resulta de aplicación lo dispuesto por la Ley de Defensa al Consumidor 24.240.-
Ello, de consuno con lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal Provincial, en cuanto a que: "Más allá de las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título, cuando la pretensión ejecutiva reconoce arraigo en una relación de financiación para el consumo, es posible y necesario interpretar la aludida regla procesal, de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240). Y ello, a fin de poder arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores." (S.C.B.A., 109305, I, 1-9-2010, Juez HITTERS (SD) "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro René s/ Cobro ejecutivo").-
Es una operación activa porque el banco se hace acreedor de los intereses, comisiones y eventualmente de los intereses moratorios para el caso de incumplimiento del cliente.-
Las obligaciones del prestatario son las siguientes: pagar los intereses pactados y las comisiones bancarias estipuladas en el contrato y devolver el capital prestado en la fecha concertada.-
La obligación del banco consiste en prestar la suma de dinero acordada en el contrato y respetar el plazo de devolución en él estipulado.-
Atento lo dicho y toda vez que el art. 3º de la ley 24.240, define a la relación de consumo como el vínculo entre el proveedor y el consumidor o usuario, entiendo que en el caso en estudio nos encontramos ante una relación de dicha especie.-
En ese sentido, el escenario interpretativo se inclina por considerar que toda persona física o jurídica, asistida por un banco, como consumidor o usuario de servicios financieros, queda alcanzado por las normas de defensa del consumidor, en función de inferirse que la relación de consumo se da entre un profesional y un no profesional, una parte fuerte y una débil, por lo que esa asimetría amerita la protección legal. (ob. cit., pág. 331 y ss.).-
Dicha postura ha sido plasmada en la reforma del Código Civil y Comecial en el art. 1384 ".Las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1093."
Dicho lo cual, cabe señalar que si bien la naturaleza abstracta del pagaré en ejecución impide ingresar en el análisis de la causa conforme la normativa legal, encontrándose conforme ut supra se expusiera, encuadradas las presentes en una relación de consumo, surge evidentemente un conflicto normativo al cual habrá de darse solución.
Para tal fin, viene bien citar lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala F in re "Banco Hipotecario SA c/ Tangir Andrés David s/ Ejecutivo" de fecha 12/2/2015 atento la claridad expositiva que se dimana del mismo, que a saber reza: "(...) la problemática del financiamiento para el consumo debe abordarse desde una perspectiva integral. Ello en tanto que la discusión incluye necesariamente y de modo preeminente el plano normativo pero no se agota en él, pues requiere ampliar el debate para brindar un cabal entendimiento del conflicto que buscó atender el legislador. Una madura comprensión del carácter social y científico del tema, que trasciende al análisis exclusivamente jurídico para integrarse con los datos aportados desde el campo de la economía y la sociología que coadyuvan a la adulta comprensión del marco social en el que han de verificarse las decisiones del consumidor con vistas a un endeudamiento razonable.
En efecto, la especial relevancia del artculo 36 LDC reside en su función preventiva, como medio para combatir la vigente temática del sobreendeudamiento del consumidor. Constituye la herramienta especialmente seleccionada desde el ámbito legislativo como medida de política económica. Y dicha solución se corresponde precisamente con la génesis del derecho del consumo que se erigió a partir de la necesidad de superar situaciones de desequilibrio que trajo aparejado la globalización, la masificación de los productos de consumo y la provisión de servicios entre otras circunstancias más profundas que son muy bien analizadas desde la óptica de la sociología (Jorge Luis Bilbao, "Inhabilidad del pagaré de consumo y un pronunciamiento que dará que hablar", LLBA2013 (agosto), 724; La Ley online: AR/DOC/2094/2013).
(...) No puede desconocerse la difundida práctica de instrumentar en títulos circulatorios las operaciones que las entidades bancarias y financieras celebran con los consumidores, con independencia de la formalización con que, además, usualmente se practique del negocio (Ibdem). Y es justamente el empleo ante el consumidor de instrumentos pensados por comerciante y para comerciantes, el que da origen a la tarea hermenéutica aquí planteada. Agréguese que las legislaciones extranjeras han llegado a: a) prohibir la utilización de títulos cambiarios en las relaciones de crédito al consumo (Alemania y Francia); b) permitir su empleo con la indicación inequívoca de su origen (letra o pagaré de consumo), de modo que el tenedor esté anoticiado de las características del título que recibe, que posibilitará al firmante oponer las excepciones o defensas que hubiere tenido respecto del proveedor por la relación jurídica que origina la emisión de la cambial (Estados Unidos), y c) posibilitar al consumidor la oposición de defensas contra el tenedor basadas en las relaciones con el proveedor de los bienes o servicios (España) (Marcelo Quiroga, "La reforma del Régimen de Defensa del Consumidor por Ley 26.361", Ariel Ariza, coordinador, Editorial Abeledo Perrot, año 2008, pág. 113; citado en el voto ya referido del Dr.
Barreiro). Sin embargo en el orden normativo nacional la anticipada protección del consumidor financiero fue instituida a través de la modificación del mentado LDC 36 que incorporó mayores requisitos con el afán de garantizar que aquel sujeto conociera verdaderamente el alcance de la obligación dineraria asumida y, en su caso, previniera la posibilidad de caer en un sobreendeudamiento. Dicho de otro modo, mediante esa norma se persiguió que el proveedor brindara adecuadas precisiones sobre la financiación, a fin de que la elección de contraer deuda fuera asumida de forma informada y responsable. No se trató en modo alguno de descalificar el crédito sino de instrumentarlo de forma apropiada y, por cierto, con mayor rigurosidad.
En definitiva y como se verá a continuación, si se estima configurada cualquier operación financiera para consumo y/o crédito para el consumo "art. 36 de la LDC-, a través de cualquier instrumento o título ejecutivo -pagaré, cheque, letra hipotecaria, leasing, obligaciones negociables, hipoteca, prenda, entre otros- y éste sea objeto de ejecución, la enunciada "relación jurídica" habilitará la aplicación de toda la preceptiva tuitiva de la legislación consumerista, e impondrá que el juez la jerarquice por encima de las limitaciones que la legislación cambiaria o comercial -dirigida a agilizar el tráfico comercial- establece a la hora de impedir indagar en la causa-fuente de la obligación. Por eso, la relación de consumo, más allá que las partes puedan esgrimirla como defensa, en realidad es débito y materia a indagar por el sentenciante (Guillermo E.
Falco y María Constanza Garzino, "El juicio ejecutivo, las defensas causales y la ley de defensa al consumidor", nota a fallo en diario La Ley del 15/2/2011). a) Ha de tenerse en consideración que la ley de defensa del consumidor integra nuestro derecho sustantivo (art. 65: rige en todo el territorio nacional), como complementaria de los códigos civil y de comercio (art. 75 inc. 12, CN), a la vez que reglamentaria de la cláusula constitucional contenida en el art. 42 de la CN (en cuanto contempla la protección de los derechos de usuarios y consumidores en lo que denomina la relación de consumo) (conf. voto de los Dres. Monti y Tevez en el citado plenario Autoconvocatoria"). En efecto, la ley de defensa del consumidor regula lo que la propia Carta Magna denomina "relación de consumo" (art. 42); por lo que sus disposiciones afectarán no sólo normas de derecho civil, sino también comercial, procesal, administrativo, penal, etc.
Se debe respetar entonces la jerarquía de la Constitución Nacional y de la Ley de Defensa del Consumidor que evidentemente prevalecen sobre la normativa tanto procesal como de fondo, vinculada a los títulos cambiarios (conf. ponencia del Dr. Barreiro a la que adhirió el Dr. Ojea Quintana en el fallo plenario "Autoconvocatoria"). La primacía del estatuto del consumidor por sobre las normas de forma del Código Procesal Civil y Comercial se funda en la necesaria armonización entre las normas procesales y sustanciales, y en la ya referida jerarquía constitucional de la Ley de Defensa del Consumidor (voto del Dr. Sala en CNCom, Sala E, 26/08/09, "Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Castruccio Juan Carlos s/ejecutivo").
Tampoco puede soslayarse que la propia ley de defensa del consumidor en su artículo 65 se califica como de orden público. Esa condición de los derechos de consumidores y usuarios obedece a la necesidad de fijar directrices para el mercado desde una perspectiva realista, lo que impone una interpretación amplia, extensiva y sistemática del dispositivo legal. De modo que tanto el elemento temporal como la especificidad de la legislacin que protege a consumidores y usuarios resultan adecuadas pautas valorativas a los fines aquí concernidos. Asimismo, debe tenerse principalmente en cuenta que la LDC responde a una realidad mucho más cercana en el tiempo que ha hecho evidente la imperiosa necesidad de dar protección a ciertos intereses con preferencia sobre otros (conf. voto del Dr.
Barreiro al que adhiri el Dr. Ojea Quintana en el fallo plenario "Autoconvocatoria"). Además de norma de orden público, la LDC es en este contexto una ley especial en cuya virtud se otorga al consumidor o usuario un régimen particular derivado de su condición de parte débil en la relación con el empresario o productor de bienes o servicios. Por eso sus normas son de aplicación preferente y deben considerarse modificatorias de la legislación sustancial y procesal cuando éstas puedan interferir en lo que específicamente es objeto de tutela (del voto de los Dres. Monti y Tevez en el fallo plenario "Autoconvocatoria"). (...) Resultaría impropio, en tales términos, desplazar la prioridad que en su aplicación presenta el artículo 36 LDC en aras de consagrar las normas procesales que resguardan el ejercicio del principio de abstracción de los títulos de crédito.
Es que el principio de abstracción cambiaria debe ceder frente a la indagación necesaria para determinar si al título cambiario le subyace una relación de consumo, toda vez que mediante la utilización de aquél no se pretende cumplir con la finalidad de los títulos (circulación), sino que por el contrario se pretende sortear las garantías mínimas que emanan de la propia Constitución Nacional y la vigente ley 24.240 (Álvarez Larrondo Federico M. - Rodríguez Gonzalo M., "El reconocimiento expreso de la supremacía del Derecho del Consumo, frente a la abstracción cambiaria", DJ 9/11/2011). Ya se ha referido precedentemente que resulta práctica habitual que al concretarse operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios, también se le haga firmar al deudor pagarés configurándose entonces una duplicidad formal de la deuda asumida por el deudor, lo que es indicativo de una dbil transparencia contractual (conf. voto del Dr.
Heredia en el fallo plenario "Autoconvocatoria"). Se trata de no avalar que el pagar se convierta en un instrumento utilizado en fraude a la ley, violentando el régimen de orden público y defraudando el artículo 36 LDC (Bilbao, op. cit., con referencia a la ponencia del Dr. Pettigiani, SCBA, en los autos: "Cuevas Eduardo Alberto c/ Salcedo Alejandro René" del 1/9/2010 y a Álvarez Larrondo Federico M. - Rodríguez Gonzalo M., "La extremaunción del pagaré..." supra citado). En otras palabras, ha de impedirse que se utilicen instrumentos legales como cobertura de un accionar fraudulento que tiene en miras eludir la aplicación de normas de orden público (Mosset Iturraspe, "El fraude a la ley", Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 4, pág. 7).
Es ante dicho panorama que la jurisdiccin debe proveer de un adecuado control judicial con el objeto de disuadir cualquier maniobra que persiga prescindir de la aplicación del citado artículo 36 LDC mediante la instrumentalización de la operación financiera en un título de crédito. Por lo dems, ante una solución diversa quedaría configurado un claro supuesto de abuso de derecho, mediante la utilización del denominado fraude a la ley, resultando justamente de las circunstancias consideradas por el sentenciante que la validación de lo actuado por el ejecutante al acudir al recurso de instrumentar originariamente la deuda derivada de dicha operación crediticia con un consumidor, en un título cambiario, para luego presentarlo a ejecución so pretexto de hacerlo según lo establecido en el ordenamiento jurídico y bajo la condición de no poder cuestionarse el origen o causa del crédito atento los conocidos caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonoma y abstracción del título.
Aceptar tal proceder consagraría una contravención palmaria de la finalidad específica de la tutela establecida por el orden público del consumo (arts. 36 y 65 ley 24.240, según texto 26.361; arg. arts. 21, 953, 1071 Cód. Civ) (conf., en lo pertinente, SCJBA, voto del Dr. Pettigiani, en causa "Cuevas Eduardo Alberto c/ Salcedo Alejandro René", del 1/09/10, publicado en LA LEY, 2010-E, 226). (...)".
De tal guisa, evaluadas que fueran las presentes actuaciones y sin perjuicio que el pagaré acompañado cumple con lo dispuesto por el Dto. Ley 5965/63, no puede pasarse por alto que este en definitiva esconde una relación de consumo (ver mutuo adunado) violando la ley 24.240 y sus modificatorias de rango constitucional y de orden público, por lo que corresponde rechazar la presente ejecución al respecto. -
Ahora bien, sin perjuicio de las consideraciones hasta aquí vertidas, y teniendo en consideración que el instrumento allegado se encuentra dentro de aquellos enumerados por el art. 521 del C.P.C.C., cítese al ejecutado para que dentro del término de 5 (cinco) días, comparezca personalmente a efectuar el reconocimiento de la firma inserta en el instrumento adjuntado con fecha 11/11/2026, que determina el art. 523 inc. 1º del C.P.C.C bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 524 del citado Código y conforme art. 314 del CCyC vigente.
Por todo lo expuesto, citas legales, doctrinarias, jurisprudenciales y específicamente lo dispuesto por el decreto ley 5965/63, ley 24.240, con las modificaciones introducidas por las leyes 26.361 y 26.994 y los especificamente normado por los arts. 1092, 1093, 1378, 1384 y cdtes. del CCyC; RESUELVO:
Primero : DECLARAR IMPROCEDENTE la ejecución del pagaré acompañado con fecha 11/11/2026 como título autónomo; al haberse encuadrado la relación entre las partes bajo la normativa consumeril.-
Segundo : consecuentemente, PREPARESE LA VIA EJECUTIVA con relación al contrato de mutuo adunado con fecha 11/11/2026 (art. 523 CPCC). En caso de resultar frustrada la diligencia precedentemente ordenada y acompañado que sea el instrumento diligenciado con tal resultado, hágase saber al peticionante que podrá reiterar la misma sin necesidad de petición previa, considerándose como denunciado el domicilio inserto en el instrumento a librarse. Por otra parte y en uso de las facultades que al Suscripto le confiere el art. 34 inc. 5º apdos. "a" y "e" del CPCC, de ser necesario a fin de conocer el domicilio de la parte demandada, líbrense oficios a: Policía Federal, Jefatura de la Policía Bonaerense, Registro Nacional de las Personas, Cámara Nacional Electoral y Juzgado Federal con competencia Electoral en el distrito de la Provincia de Bs. As. (art. 145 del CPCC) los que podrán reiterarse ante su incontestación sin necesidad de petición previa. En caso necesario, transcríbase los arts. 396 y 397 del Ritual. Asimismo, se hace saber al peticionante que se encuentra habilitado en ésta Dependencia el sistema de solicitud de informes a la Cámara Nacional Electoral mediante correo electrónico. A tal fin, deberá realizar la petición por escrito en el expediente y adjuntar la estampilla correspondiente (CSJN - Ac. 29/95, disponible en Banco Ciudad, Suc. San Justo, sito en la calle H. Yrigoyen 2589), consignando claramente nombre, apellido, y tipo y número de documento del requerido-
Tercero: Téngase presente la medida cautelar y lo demás solicitado en el escrito liminar, para su oportunidad.-
Cuarto: REGISTRESE. NOTIFIQUESE mediante despacho auto notificable (Ac. 4039/2021, que modifica Ac. 4013/2021).-
Firmas
Funcionario firmante: ROTA Edith Irene - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 2481-2026
Fin de la sentencia