Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las caducidades decretadas por el fisco detalladas en el primer párrafo del Considerando I, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-102160620-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Septiembre de 2022 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) para resolver en el Expte.N° 46.556-I, caratulado: “HUNTER DESIGN S.A. s/recurso de apelación”
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 22/35vta., la actora apeló dos actos de fechas 22/9/2015 y 4/3/2016, por los que se le comunicó la caducidad de los planes de facilidades de pago dispuesto por la RG (AFIP) N° 3516, Nros H029558 y H0939591, respectivamente, que le fueran notificadas mediante el servicio de “e-ventanilla”. Asimismo, se la intimó para que en el plazo de 15 días ingrese la suma de $488.503,26, con más intereses resarcitorios, hasta la fecha de su efectivo pago, debiendo informar la fecha, monto y lugar de pago, en la dependencia donde se encuentra inscripta, comunicándosele además que la falta de cumplimiento a lo dispuesto daría lugar al cobro del total adeudado por vía judicial.
Reconoció haberse acogido a los planes de facilidades de pago establecidos por el fisco por diversos saldos, abonando las cuotas en la forma pautada. Se agravió de que el fisco le haya intimado su pago por estar supuestamente caducos dichos planes sin mediar previamente notificación y/o intimación fehaciente que permita conocer la situación. Consideró que al declarar caducos los planes de pago se le impuso una sanción de carácter penal. Entendió además vulnerado su derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso.
Planteó la nulidad de las resoluciones recurridas calificándolas de arbitrarias, en tanto se apartó de lo normado por los art. 1 y 21 de la ley 19.549 y su decreto reglamentario, a lo que agregó que los actos recurridos no se sustentaron en dictámenes jurídicos previos.
Ofreció prueba informativa y pericial contable y por las razones que expuso solicitó que se declare la nulidad de los actos apelados, con expresa imposición de costas.
II. Que a fs. 41/42 esta Sala “C” declaró la incompetencia de este Tribunal para entender en la causa, con costas. Con motivo de la apelación interpuesta por la recurrente contra dicha sentencia, a fs. 78/78vta. la Sala III de la CACAF revocó lo allí decidido y devolvió los autos a este Tribunal a fin de que reasuma su competencia. La Alzada se remitió a lo resuelto in re “Industrias Publicitarias Acierto SA (TF 36189-I) c/ DGI”, sent. del 13/6/2013 en donde entendió que la caducidad debe asimilarse al concepto de sanción administrativa, entendido éste como un mal infligido por la Administración a una persona física y/o jurídica, como consecuencia de una conducta ilegal, que consiste en la privación de un bien o de un derecho. Ello así concluyó en que la sanción que se traduce en la caducidad del plan está incluida en el supuesto normativo “otras sanciones” al que se refiere el inc. b) del art. 159 de la ley 11.683.
III. Que devueltos los autos a este Tribunal, a fs. 84 se corrió traslado al fisco del recurso interpuesto, quien lo contestó a fs. 95/104, se opuso a la prueba ofrecida por la contraria y por los argumentos que desarrolló y la jurisprudencia que citó, solicitó que se dicte sentencia rechazando el recurso interpuesto, con costas.
IV. Que a fs. 111 se rechazó la oposición formulada por el fisco a la pruebas ofrecidas por la recurrente, intimándose a las partes para que propongan perito contador. Si bien el ente fiscal propuso perito contador de su parte, a fs. 119 se reiteró la intimación respecto de la actora, bajo apercibimiento de darle por decaído el derecho a su producción. A fs. 124 se hizo efectivo dicho apercibimiento y se le dió a la actora por decaído el derecho a producir la prueba contable ofrecida. A fs. 127 se abrió la causa a prueba a fin de producir la prueba informativa ofrecida a fs. 34vta., dándose por decaído el derecho a su producción a fs. 132 atento que la recurrente no acreditó el diligenciamiento del oficio ordenado.
Finalmente, a fs. 135 se elevó la causa a conocimiento de la Sala C y a fs. 144 se pusieron los autos para dictar sentencia.
V. Que en primer lugar cabe puntualizar que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros).
VI. Que la recurrente centró sus agravios en que el fisco vulneró las disposiciones de la ley 19.549 por encontrarse los mismos viciados en la causa al desconocer los motivos por los cuales se decretó la caducidad de los planes, que no se emitieron dictámenes jurídicos previos y que debió ser anoticiada de la situación antes de declararse la caducidad del plan de pagos, puesto que venía abonando las cuotas en la forma pautada. Invocó el art. 21 de dicha ley, contrastándolo con la jerarquía normativa de la resolución que regla la caducidad, en el caso, la RG (AFIP) 3516.
VII. Que tal como surge de los antecedentes administrativos de la causa que corren por cuerda, el 8/3/2016 mediante nota del 6/10/2015 la Agencia N° 6 de la AFIP-DGI intimó a la recurrente para que en el término de 15 días ingrese las sumas adeudadas -que detalló- con más accesorios que correspondan hasta la fecha de su efectivo pago, relativas al plan de facilidades de pago “Mis Facilidades N° H029558” cuya caducidad fue notificada mediante el servicio “e ventanilla”. Asimismo, y con relación al plan H939591 se le comunicó con fecha 8/3/2016 la caducidad del mismo, intimándo para que ingrese la suma resultante. En ambos casos, bajo apercibimiento de ejecutar el total adeudado por vía judicial.
Vale precisar que el fisco aplicó las disposiciones de la RG 3516/2013, cuyo art. 13 establece que “La caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo cuando se produzca alguna de las siguientes causales: … b) Se registre la falta de cancelación de UNA (1) cuota, en las fechas de débito previstas en el Artículo 10....Una vez operada la caducidad -situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación que se le cursará por el servicio “e-Ventanilla” al que accederá con su “Clave Fiscal”-, el juez administrativo competente, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, deberá disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.”
De lo expuesto, se observa que el ente fiscal cumplió con lo dispuesto por la normativa aplicable, careciendo de sentido la nulidad articulada relativa a la falta de dictamen jurídico previo. Tampoco puede declararse la nulidad con sustento en la supuesta omisión de intimación con anterioridad a decretar el decaimiento del plan de facilidades de pago, y con el argumento de que la actora se habría visto impedida de exponer ante el ente fiscal los argumentos que hacen a su defensa y de ofrecer prueba. Ello, pues la CSJN tiene dicho que “cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en un procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación al art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanarse esa restricción en una etapa jurisdiccional ulterior” (Fallos 202:549, 247:52 cons. 1º; 267:393 cons. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “...ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia” (Fallos 205:249; consid. 5 y sus citas).
Respecto del agravio de la recurrente de que los actos apelados se encuentran viciados en su causa, debe destacarse que la falta de este elemento esencial del acto o del motivo del mismo acontece cuando los hechos invocados como antecedentes del mismo no existen o son falsos o cuando el derecho invocado tampoco existe, lo que genera la nulidad absoluta del acto. Pero si los hechos o el derecho que se invocan como presupuestos para el dictado del acto existen pero contienen algún defecto o vicio, nos encontraríamos frente a un acto anulable, consistiendo dicho defecto en una errónea interpretación de los hechos o del derecho.
De la lectura de los actos apelados no se desprende la existencia de vicio alguno que cause la nulidad de los actos apelados o del procedimiento seguido por el fisco en su emisión.
Es que fue la actora quien voluntariamente formuló el acogimiento al plan de pagos cuyo trámite - especialmente su decaimiento- se encuentra detalladamente reglamentado, no habiendo dicha parte acreditado en autos -como afirmó- que hubiere “abonado las cuotas en la forma pautada” (sic). Cabe recordar que el fundamento de la doctrina de los actos propios reside en que el mismo ordenamiento jurídico es el que no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercer un derecho en abierta contradicción con una conducta suya previa, en otras palabras, nadie puede alegar un derecho que esté en pugna con su propio actuar. Este principio en el campo del derecho tributario ha sido implícito, pero inequívocamente aplicado por la jurisprudencia de la Corte (entre otros, Fallos: 169:245, 149:137, 187:444, 274:96). Ello así, y habiéndole asignado la Alzada naturaleza sancionatoria a los actos apelados y sin perjuicio de la opinión del suscripto al respecto, corresponde analizar los elementos que conforman a toda sanción tributaria, esto es, los elementos objetivo y subjetivo atribuibles al responsable, con arreglo al principio de culpabilidad, requisito ineludible de validez de toda sanción.
Tal como lo dispone el art. 13 de la RG 3516/2013, el primero, se configuró al haberse incumplido el pago de la primera cuota de ambos planes de facilidades de pago (v. fs. 4 y 7/8, aa) y, respecto del segundo, debe puntualizarse que la actora no acreditó en estos actuados error alguno que lo exima de responsabilidad. Nótese al respecto que las pruebas pericial contable e informativas ofrecidas por dicha parte no fueron producidas debido a su propio desinterés (v. fs. 124 y 130), por lo que no cabe mas que confirmar las caducidades decretadas por el fisco detalladas en el primer párrafo del Considerando I, con costas. El Dr. Vicchi dijo:
Que siguiendo los lineamientos dados por la Alzada por cuanto consideró que los actos aquí apelados por la actora tienen carácter sancionatorio, el organismo fiscal debió llevar adelante el procedimiento de instrucción de sumario administrativo previsto en los artículos 70 y siguientes de la ley de rito; por el contrario, negó a dicha parte el derecho a un debido proceso adjetivo al no otorgarle la posibilidad de exponer los fundamentos de sus pretensiones y defensas, habiéndose visto la recurrente, de igual manera, imposibilitada de ofrecer y producir prueba (cf. Sagemüler SA s/recurso de apelación, TFN, Sala C, 25/03/2003).
Que en tal sentido, el inciso b) del art. 14 de la ley 19.549, establece que el acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable cuando fuere emitido mediante violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.
Que en atención a ello y no habiendo el fisco cumplido con el procedimiento mencionado precedentemente a efectos de aplicar la sanción la sanción de caducidad de los planes de pago, con el fin de resguardar los derechos del contribuyente, corresponde declarar la nulidad de los actos administrativos apelados. Que en virtud de la forma en la que se resuelve y las particularidades del caso deben imponerse las costas por su orden.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere a los fundamentos del voto del Sr. Vocal instructor, coincidentes con lo sostenido por la suscripta en oportunidad de sentenciar la causa N° 36.189-I "Industrias Publicitarias Acierto S.A." (7/4/2022).
Por ello, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar las caducidades decretadas por el fisco detalladas en el primer párrafo del Considerando I, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados. Date: 2022.09.23 14:27:16 -03:00 Date: 2022.09.26 09:50:45 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.26 16:35:09 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.26 16:35:09 -03:00
Fin de la sentencia