Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa INC 35231 1
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeberá continuar interviniendo en autos el Juzgado en lo Correccional n° 5 Departamental, donde se radicará la presente causa con noticia al Magistrado Titular del Juzgado de Ejecución n° 2 Departamental (CPP, 21, 25 inc. 1°, 421, 433, 479, 483, 486, 494 y ccdtes).
Mar del Plata.
Los de la presente causa de trámite por ante la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, registrados bajo el n° INC-35231-1, y de cuyas constancias,
Que llega a conocimiento de esta instancia la cuestión negativa de competencia suscitada entre el Titular del Juzgado de Ejecución n° 2, Dr. Juan Sebastián Galarreta, y el Titular del Juzgado en lo Correccional N° 5, Dr. Leonardo César Celsi, respecto de quién debe proceder a la ejecución de la sentencia condenatoria de Lautaro Oscar Pereyra, estando pendiente una queja ante la SCJBA contra la denegatoria de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
El Juez de Ejecución considera que la queja interpuesta contra la denegatoria del recurso extraordinario, torna inviable la ejecutabilidad de la condena toda vez que ésta aún no ha adquirido firmeza, y que ello determina que estos actuados no se encuentren dentro de los parámetros de los arts. 25, 497 del CPP.
En sentido opuesto, el Dr. Celsi sostiene que la sentencia condenatoria se encuentra en condiciones de ser inmediatamente ejecutada, habida cuenta que la queja no constituye recurso. Asimismo, señala que el Juez de Ejecución carece de facultades para revisar la declaración de firmeza realizada en el expediente principal, puesto que la potestad de controlar la legitimidad de firmeza declarada le pertenece, únicamente, a la Cámara de Apelación y Garantías a instancia de parte agraviada.
Que, tal como surge de las constancias digitalizadas del expediente, Lautaro Oscar Pereyra fue condenado por el Juzgado en lo Correccional N° 5, con fecha 22 de febrero de 2022, a la pena de dos (2) años de prisión de efectivo cumplimiento, con más las costas del proceso y declaración de reincidencia, ello por resultar coautor de los delitos de Hurto agravado (Hecho 4, art. 163, inc. 6to, del CP), Hurto agravado (Hecho 7, art. 163, inc. 3ro, del CP) y Hurto agravado en grado de tentativa (Hecho 8, art. 163, inc. 3ro, del CP); y autor responsable de los delitos de Encubrimiento y Uso de documento público falso (Hecho 9, art. 277, inc. 1ro, y 296, en función del art. 292 del CP), en concurso real (art. 55 del CP).
Dicha sentencia fue recurrida por el encartado y por la defensa, radicándose la causa en la Sala II de esta Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal. Allí, los colegas que la componen resolvieron excusarse en razón de haber emitido opinión en la etapa preparatoria, remitiéndose luego la causa a ésta Sala III en donde el Tribunal quedó integrado por los suscriptos, tras la excusación del Dr. Raúl Alberto Paolini quien también había intervenido en la etapa preparatoria.
Luego, con fecha 29/4/2022 nos pronunciamos por la confirmación de la pena impuesta, interponiendo la defensa recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que rechazamos el 3/6/2022. Ello motivó una queja ante la SCJBA.
La cuestión a resolver, como se expuso en los resultandos, radica en determinar qué organismo jurisdiccional, Juzgado en lo Correccional o de Ejecución, resulta competente para intervenir cuando la condena aún no ha adquirido firmeza.
Voto del Dr. Esteban Ignacio Viñas
Ante la convocatoria de autos debo señalar que, luego del precedente "Olariaga" de la Corte Federal, entiendo que la ejecutabilidad de las condenas no puede realizarse cuando se encuentra pendiente el tratamiento de una queja. Así, junto a mis colegas de sala hemos concluido que el único titulo ejecutivo es la sentencia condenatoria firme ( ver, por todas, c. 29120 "GALLARDO CARLOS VIDAL S/ HOMICIDIO" 5/12/2019 R-459).
En efecto, hemos sostenido que: "...una interpretación del art. 285 del CPCCN que autorice la ejecución de la pena aún no firme deviene incompatible con el mencionado postulado de nuestra Carta Magna: por lo que la previsión de la norma citada mantiene operatividad frente a múltiples resoluciones adoptadas a lo largo del proceso, pero pierde su adecuación constitucional cuando aquello que se pretende ejecutar, sin que la sentencia adquiera firmeza, es una pena". Menos aún puede, entonces, ejecutarse una pena en casos como éste donde se encuentra en trámite una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
La ley 14.647 (BO 5/XII/2014), ha modificado el trámite relativo a la impugnación extraordinaria diagramada por la ley 11.922 y sus modificatorias, correspondiendo al órgano que dictó la resolución que se pretende impugnar realizar el primer juicio de admisibilidad de la manifestación impugnativa. De esta manera, el legislador provincial ha decidido establecer un sistema recursivo con un doble control de admisibilidad: el primero, atribuido al Tribunal que emite la resolución en crisis y, el segundo, reservado a la Corte como Tribunal ad quem que, además, como "Juez" de la causa tiene competencia privativa y excluyente en lo relativo a la fundabilidad de la impugnación (CSJBA, c. P. 125.577, 17/07/2015).
En otras palabras, de prosperar el reclamo articulado con arreglo al art. 486 del CPP, existe la posibilidad que el fallo sea revocado y, por lo tanto, entiendo que la sentencia no se encuentra en condiciones de ser ejecutada. Consecuentemente, quien debe continuar interviniendo es el Juez en lo Correccional.
Voto del Dr. Pablo Martín Poggetto.
Analizada la cuestión de competencia traída a conocimiento de este Tribunal he de expresar que comparto la conclusión a la que arriba el colega preopinante, en cuanto asigna competencia al Juez en lo Correccional, pero considero oportuno diferenciar el caso que nos ocupa, donde la queja se encuentra dentro de la órbita provincial respecto de aquéllas que tramitan ante la CSJN.
En efecto, he sostenido que: "...la sentencia dictada por la señora Jueza a quo y confirmada por este Tribunal y a su vez implícitamente por la Suprema Corte que rechazó por inadmisible el remedio extraordinario interpuesto por la Defensa, debe ser ejecutada no obstante encontrarse pendiente la decisión respecto del recurso de queja ya mencionado. Obrar de otro modo implicaría tanto como tornar prácticamente ilusoria la ejecución de las sentencias, a pesar de encontrarse ya sujetas a un doble conforme cuya revisión, por añadidura, no ha sido estimada viable siquiera en el muy estrecho marco de la vía extraordinaria" c. 26.668 "Bonifazi, Matías Eduardo. Homicidio culposo doblemente agravado" (9/2/2015 Reg-9). Pero aquí la SCJBA aún no se ha pronunciado, con respecto a la admisibilidad de la queja interpuesta, y existiendo la posibilidad de que la condena sea revocada por el Superior la misma no está en condiciones de ser ejecutada.
Con esta salvedad adhiero a la solución adoptada por el colega de la Sala I, en cuanto concluyó que en las presente causa debe continuar interviniendo el órgano de juicio, esto es, el Juzgado en lo Correccional N° 5 deptal.
En razón de ello y por mayoría de fundamentos, el Tribunal RESUELVE: deberá continuar interviniendo en autos el Juzgado en lo Correccional n° 5 Departamental, donde se radicará la presente causa con noticia al Magistrado Titular del Juzgado de Ejecución n° 2 Departamental (CPP, 21, 25 inc. 1°, 421, 433, 479, 483, 486, 494 y ccdtes).
Regístrese. Notifíquese a las partes y al Juzgado de Ejecución Penal N° 2. Radíquese la causa ante el Juzgado en lo Correccional N° 5.
Firmas
Funcionario Firmante: 31/08/2022 13:23:05 - VIÑAS Esteban Ignacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 14:01:04 - POGGETTO Pablo Martin - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 14:01:54 - NUREMBERG Lucas Germán - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 31/08/2022 14:05:12 hs. bajo el número RR-419-2022 por NUREMBERG LUCAS GERMAN.
Fin de la sentencia