Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, Sala III · Causa 34422
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez de Garantías Gabriel Adrián Bombini y, consecuentemente, dictar el sobreseimiento del encausado Darío Oscar Gómez, filiado en autos, en orden al hecho que se le imputa en esta causa y que fue calificado como hurto, evento acaecido en la ciudad de Blacarce el día 19 de febrero del corriente año en perjuicio de Sergio Víctor Corredoira. Todo ello en cuanto fue materia de recurso de apelación por parte del Sr. co defensor del encausado, letrado Simón Isaías Serrano. Rigen los artículos 106, 210, 323 inc. 7 primer párrafo, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
34422 "GOMEZ DARIO OSCAR S/ HURTO". IPP 08-01-576-21
En la ciudad de Mar del Plata, a los 11 días del mes de Agosto de 2021, se reúne la Sala III de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, en Acuerdo ordinario, con el objeto de dictar sentencia en los autos n° 34422 caratulados "GOMEZ DARIO OSCAR S/ HURTO", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo de ley, resultó del mismo que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Señores Jueces Raúl Alberto Paolini y Pablo Martín Poggetto.
1. Que el Sr. Juez de Garantías Gabriel Adrián Bombini no hizo lugar al pedido de sobreseimiento efectuado en autos en favor del encausado Darío Oscar Gómez.
2. Que contra ese pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Sr. co defensor del encausado, letrado Simón Isaías Serrano.
Entiende el recurrente que uno de los argumentos empleados por el a quo para denegar el sobreseimiento requerido resulta violatorio del principio de legalidad. Ello en razón que la exigencia de petición o acompañamiento del sobreseimiento por parte del Ministerio Público Fiscal, requerida por el a quo para la precedencia de la desvinculación de Gómez en la presente causa, no se encuentra prevista legalmente. Precisa así, que la resolución impugnada resulta ser contraria a derecho, debido a que impone una condición que la ley no exige.
En la interpretación legal que desarrolla, que considera la correcta al caso, estima que si el pedido de sobreseimiento es realizado por la defensa y el fiscal no lo acompaña, el juez de garantías deberá continuar con el trámite procesal correspondiente; tal como lo marca el artículo 326 del C.P.P. Así el juez de garantías debe resolver lo que por derecho corresponda, pero de ningún modo la normativa exige la anuencia del fiscal. Acompaña criterios doctrinarios sobre el punto.
Apunta además, desde otra óptica de análisis, que la oposición del Ministerio Público Fiscal al dictado del sobreseimiento de Gómez resulta arbitraria e irracional. Indica que ello estriba en que el aquí encausado resulta investigado en el marco de otra IPP 01-1352-21 por un hecho similar al de autos; y que en ese contexto podrían acumularse ambos procesos y revocarse el archivo dispuesto en autos por la comisión de un nuevo delito. Criticando ese fundamento, expresa que el archivo ordenado jamás podría revocarse por la presunta comisión de un nuevo delito, debido a que a diferencia de otros institutos alternativos (por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba), esa posibilidad no se encuentra prevista legalmente. Agrega que la única causal que podría justificar la revocación del archivo es el incumplimiento de la condición impuesta, situación completamente ajena al supuesto de autos, dado que Gómez cumplió cabalmente con las obligaciones aplicadas. Agrega que revocar el mismo conllevaría romper el acuerdo logrado entre el imputado y la víctima, reabrir la persecución penal en contra del encausado, y obligar al Sr. Corredoira a devolver $185.000.- que recibió como parte del acuerdo; concluye que ello implicaría una afectación a los derechos de su asistido procesal pero también revictimizar al damnificado.
Con lo señalado, en el entendimiento que en el caso se cumplieron con las condiciones impuestas, único requisito que la ley exige para la transformación del archivo en sobreseimiento, solicita que se revoque el auto disponiéndose el sobreseimiento del encausado a tenor de lo previsto en el artículo 323 inc. 7 del C.P.P.
En otro orden, entiende que el supuesto dado en autos se produjo la extinción de la acción penal emergente. Describe, en este sentido, que la ley 27.147 agrega al artículo 59 del C.P. el inciso 6; dando así lugar a un nuevo supuesto de extinción de la acción penal. Precisa que en el presente el archivo dispuesto en los términos del artículo 56 bis del C.P.P tiene su origen en el acuerdo conciliatorio y de íntegra reparación del daño alcanzado con la víctima, tal como surge de las constancias de autos. Este extremo incide directamente en la vigencia de la acción penal. Trae criterios doctrinarios y jurisprudenciales en apoyo de su postura.
Concluye que con el acuerdo alcanzado entre las partes no solo se concilió el conflicto que motivara la formación de la presente causa penal, sino que además el aquí imputado entregó a la víctima de autos más dinero del que fuera objeto de desapoderamiento ($150.000, conforme surge de la propia denuncia); ello a los fines de reparar integralmente los perjuicios que se podrían haber ocasionado. Así, también se encuentra en autos extinguida la acción penal, tal lo normado en el inciso 6 del artículo 59 del CP.
En función de todo lo expuesto, concluye que el sobreseimiento de Gómez resulta inevitable; sea por vía del inciso 7 del art. 323 del código de rito, o por la extinción de la acción penal que ha operado en autos tal la manda del artículo 59 inc. 6 del C.P. y 323 inc. 1 del C.P.P.
En definitiva, requiere que este Tribunal haga lugar al recurso interpuesto y dicte el sobreseimiento del encausado Darío Oscar Gómez.
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Raúl Alberto Paolini dijo:
1. Preliminarmente, independientemente del orden expuesto en el recurso que abre la instancia, hay que avocarse al conocimiento de la prescripción solicitada -de previo y especial pronunciamiento-, la que de receptarse favorablemente sella la suerte de las demás cuestiones traídas a análisis.
Así, el presente se abordará, a la luz de la previsión legal contenida en el artículo 323 inciso 7 primer párrafo del rito.
2. En autos el día 26 de marzo del corriente año el Sr. Agente Fiscal Rodolfo Moure dispuso el archivo de la presente investigación con relación al imputado Oscar Darío Gómez. En esa oportunidad, en lo que aquí importa, se fijó como condición a cargo del encausado el pago a la víctima de una suma dineraria que ascendía a treinta y cinco mil pesos, ello en concepto de reparación del daño causado, no imponiéndosele alguna otra obligación al causante.
El Sr. Fiscal General Adjunto actuante, entendió razonable el criterio de oportunidad aplicado al caso y convalidó el archivo ordenado.
El día 12 de abril el encausado pagó a la víctima la suma mencionada en la condición impuesta.
3. Tal como lo expresa tanto el sentenciante de grado como el Sr. Agente Fiscal, el imputado dio cumplimiento a la condición impuesta al momento de disponerse el archivo de esta causa a su respecto.
En este marco debe notarse que la satisfacción de única pauta ordenada para la procedencia del instituto de oportunidad aplicado, genera en el encausado el derecho al dictado del sobreseimiento aquí reclamado.
Luego, el fundamento que esgrime el Ministerio Público Fiscal para oponerse a la desvinculación definitiva del imputado en el hecho materia de investigación en autos, carece de razonabilidad. Nótese que allí se invoca que el aquí encausado se encuentra imputado de un delito, de similares características al pesquisado en el presente, que habría acontecido el día 6 de mayo del corriente año (investigado en la IPP 01-1352-21); consecuentemente la condición impuesta en autos fue cumplida por Gómez con anterioridad a la invocación que trae el representante de la acción pública en su dictamen.
Así, esa cuestión de procedibilidad para el dictado del sobreseimiento normado en el artículo 323 inciso 7 primer párrafo del rito, no se halla prevista en el caso.
4. En función de lo analizado, entiendo que debe reconocerse el derecho al sobreseimiento del imputado cuando se dispuso un archivo condicionado por parte del representante del Ministerio Público Fiscal, y en el mismo se cumplimentó - en el supuesto dado - con la única obligación impuesta. En ese momento, nace la prerrogativa a obtener la desvinculación definitiva que legisla el artículo 323 inciso 7 primer párrafo del CPP.
Asimismo entiendo que la condición dispuesta en el archivo, cumplida ella, guarda estrecha relación con lo normado por el art 59 inc. 6 del CP, en cuanto refiere la posibilidad de extinción de la acción, a resultas de la reparación integral del perjuicio, en este caso económico, y que fuera única condición del archivo dispuesto.
Es en este orden de fundamentación, que propongo al Acuerdo revocar el auto de la instancia y dictar el sobreseimiento de Oscar Darío Gómez respecto del hecho que se le imputa en autos y que fue calificado como hurto.
Así lo voto.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Pablo Martín Poggetto dijo: Voto en igual sentido que el colega preopinante y por aducir los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el Acuerdo, en mérito de cuyos fundamentos, y citas legales el Tribunal RESUELVE: revocar el pronunciamiento dictado en autos por el Sr. Juez de Garantías Gabriel Adrián Bombini y, consecuentemente, dictar el sobreseimiento del encausado Darío Oscar Gómez, filiado en autos, en orden al hecho que se le imputa en esta causa y que fue calificado como hurto, evento acaecido en la ciudad de Blacarce el día 19 de febrero del corriente año en perjuicio de Sergio Víctor Corredoira. Todo ello en cuanto fue materia de recurso de apelación por parte del Sr. co defensor del encausado, letrado Simón Isaías Serrano. Rigen los artículos 106, 210, 323 inc. 7 primer párrafo, 421, 434, 439, 440 y cctes.).
Regístrese. Notifíquese y devuélvase a origen a fin de realizar las pertinentes comunicaciones.
Fin de la sentencia