Abriendo la norma
I-6340-sanchez Dylan Gabriel, S/ Homicidio Calificado Por Utilizar Medio Idoneo, Encubrimiento Calificado Tribunal en lo Criminal N.º 4 de La Matanza · Causa 6340
Lo que resolvió el tribunal
I. Imponer a DYLAN GABRIEL SANCHEZ, de otros datos personales obrantes en autos, la pena de 28 (VEINTIOCHO)
AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL PROCESO, por ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y autor de encubrimiento, en concurso real entre sí, ocurridos el día 19 de marzo de 2020, en la localidad de Los Pinos, Partido de La Matanza, en perjuicio de quien en vida fuera Franco Omar Romego y la administración pública (arts. 5, 12, 29, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 277 inc. 1° apartado “c” del Código Penal).-
II. Imponer a GABRIEL ALEJANDRO HERRERA, de otros datos personales obrantes en autos, la pena de 19 (DIECINUEVE) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL PROCESO, por ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, ocurrido el día 19 de marzo de 2020, en la localidad de Los Pinos, Partido de La Matanza, en perjuicio de Egidio Ariel López (arts. 5, 12, 29, 40, 41, 41 bis, 42, 45 y 79 del Código Penal).-
III. DECOMISAR el rodado marca Ford Eco Sport, dominio LFM-896 (arts. 522 y ss C.P.P. y 23 del C.P.).-
IV. Regular los honorarios profesionales de los representantes de la Particular Damnificada señora Alejandra Elizabeth Romego, doctores Carla Vanesa Arrighi -T° IV F° 378 del C.A.L.M.-, Paolo Amadeo Ricciari -T° IV F° 21 del CALM- y Lucas Augusto Caronello -T° XII F° 245 del CALM-, por su comprometida labor en defensa …
Constituido el Tribunal en lo Criminal Nº 4 del Departamento Judicial La Matanza, conforme su incuestionada integración unipersonal por el doctor Nicolás Grappasonno, en su sede de la calle Entre Ríos N° 2795 segundo piso de esta Ciudad de San Justo, Partido de la Matanza, a los doce días del mes de julio del año dos mil veintitrés, con el objeto de resolver las cuestiones pendientes en los términos del art. 375 bis C.P.P., en causas nº 6340 y 6653 seguida Dylan Gabriel Sanchez, con D.N.I. Nº 50.717.567, de nacionalidad argentina, nacido el 13 de septiembre de 2001, en Morón, de estado civil soltero, hijo de Natalia Sanchez, domiciliado en la calle Granaderos nro. 4573 de este partido; y Gabriel Alejandro Herrera con D.N.I. N° 25.592.970, de nacionalidad argentina, soltero, nacido el 3 de mayo de 1977, hijo de José Orlando y Dora Elena Bataglia, domiciliado en calle La Rioja N° 850 de San Justo, de este partido.-
C U E S T I O N E S P R E L I M I N A R E S
1. Instrucciones 2.- Veredicto de Culpabilidad A la PRIMERA CUESTION preliminar, el señor juez, dijo:
Conforme la manda procesal apuntada, tratándose el caso de un juicio por jurados, a continuación se transcriben las instrucciones que recibieran los ciudadanos en su tarea, a saber: “señoras y señores del Jurado, hemos llegado al momento del juicio en el que ustedes deben resolver las cuestiones aquí planteadas, antes que se retiren a la sala de deliberaciones. Presten atención a las instrucciones que les voy a leer, aunque una copia de la misma la van a tener en la sala de deliberaciones. En primer lugar, les recordaré los principios que les he explicado al comienzo de esta audiencia, es decir, aquellos que rigen el proceso y las reglas de la prueba. A continuación, les hablare de la ley aplicable a este caso indicándoles los veredictos a los que ustedes podrían arribar.
En ese momento les voy a decir cómo llenar los formularios y la modalidad de discusión en la sala de deliberaciones. Una vez que finalice con toda esta explicación ustedes se retirarán a esa sala y comenzarán allí a discutir el caso”. Las partes consensuaron las instrucciones para la deliberación, por lo cual, se elaboraron y se transcribieron al presente acta, el Jurado debe resolver las cuestiones aquí planteadas, antes de retirarse a la sala de deliberaciones. Deben prestar atención a las instrucciones que se darán, tendrá una copia escrita. Recordaré los principios que les he explicado al comienzo de esta audiencia, es decir aquellos que rigen el proceso y las reglas de la prueba. También la ley aplicable al caso, los veredictos a los que podrían arribar, así como completar los formularios, las modalidades de discusión en la sala de deliberaciones.
Escuchan las instrucciones y luego pasarán a deliberar. REGLAS Y OBLIGACIONES DEL JURADO: En primer lugar, como les he indicado con anterioridad, ustedes son los jueces de los hechos, por esa razón deberán manifestarse respecto a los hechos que ya fueron estipulados. Para llegar a esa decisión tendrán que tomar en cuenta toda la prueba que vieron y escucharon durante este juicio, deliberarán entre ustedes y votarán en forma secreta. Es por ello, que decidir cuáles son los hechos que ocurrieron en este caso, es tarea pura y exclusiva de ustedes, no la mía. Por tanto, tienen que ignorar si yo hice o dije algo que los haga pensar que prefiero un veredicto sobre otro. Asimismo, quiero que sepan que nada de lo que ustedes digan dentro de la sala de deliberación quedará registrado, ya que la misma es secreta, al igual que sus decisiones.
Por ese motivo, ustedes no deberán dar las razones de su veredicto. Sepan que el jurado es independiente y soberano para decidir. Su veredicto debe estar libre de cualquier presión ya sea de las personas que estamos en la sala o de cualquier otra persona. Cualquier información externa a la sala del juicio acerca del caso, NO constituye prueba. Su decisión no puede estar influenciada por sentimientos de lástima, prejuicio o miedo. Todos los aquí presentes, esperamos de ustedes una valoración imparcial de la prueba. Si ustedes encontraran a los acusados culpables, es mi responsabilidad decidir, en otra audiencia, cuál es la pena apropiada. Su tarea finaliza con el veredicto que declare a los acusados culpables o no culpables.
Cuando ingresen a la sala del jurado para comenzar sus deliberaciones, es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la va a modificar; como jurados, es su deber hablar entre ustedes y escucharse el uno al otro. Deben discutir con tolerancia y analizar la prueba en su conjunto. Expongan sus puntos de vista, pero también escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten llegar a un acuerdo y de ser necesario, pueden modificar sus puntos de vista si consideran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones sólo porque otros piensen diferente. No cambien de opinión sólo para terminar con el caso.
Recuerden que después de haber considerado toda la prueba con los demás jurados, cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Tengan presente que son ustedes los que tienen la responsabilidad de determinar si la fiscalía ha probado o no la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable. INSTRUCCIONES DE DERECHO PROBATORIO. REGLAS BASICAS: Su convicción al valorar la prueba y decidir sobre las cuestiones sometidas a juicio será bajo estricta observancia de los siguientes principios constitucionales; Presunción de inocencia: Toda persona acusada de un delito se presume inocente, hasta que la fiscalía y/o particular damnificado pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable.
La presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales con que nuestra Carta Magna ampara a todos sus habitantes y representa una garantía de imparcialidad al momento de decidir aspectos que incriminen o desincriminen a los aquí acusados Herrera y Sánchez; conservan su inocencia hasta que haya sentencia condenatoria firme, único medio que puede destruir dicha inocencia de protección constitucional. Derecho a no declarar: toda persona acusada de un delito tiene el derecho a negarse a declarar y ello no puede justificar el pensar que es culpable por esa circunstancia, si declara no está obligado a decir la verdad. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo según en nuestra Constitución; es un acto de defensa, coloquialmente puede decirse que mentir en su caso no está prohibido.
Carga de la prueba: los acusados no tienen que probar su inocencia, sino que es el Fiscal y el particular damnificado, los que deben probar la culpabilidad de los acusados, la regla es que deben lograrlo más allá de duda razonable; Duda Razonable: La duda razonable es aquella duda que se basa en las pruebas, en la falta de pruebas o en la contradicción entre las pruebas. Es decir que ante exposiciones de testigos que pudieren no ser creíbles, o contradictorias en sí mismas o entre otros testigos, que generan una alteración en sus conciencias, si esa consternación que la prueba contradictoria o poco creíble genera en Uds. no puede superarse mediante canales básicos de lógica, representara duda razonable sobre su existencia y no constituir carga de convencimiento para declarar razonablemente la culpabilidad de los acusados.
Por el contrario, si las pruebas aquí ventiladas entienden que son sólidas y superan la duda en un grado cercano a la certeza, ya que nunca se podrá alcanzar el conocimiento absoluto del hecho histórico que se intentó recrear, en este caso el veredicto deberá ser de culpabilidad. La duda no debe estar basada en lástima o piedad, sino que su fundamento debe ser la razón y el sentido común. La duda razonable es aquella que impide tener la convicción de que existió un hecho relevante para nuestro derecho y/o que la persona acusado no lo cometió, no es una opinión o un parecer, una corazonada o una intuición, sino que se refleja de prueba producida en el juicio. O sea en base a la prueba les queda alguna duda y no pueden afirmar los postulados detallados.
No es cualquier duda, sino una duda que nubla cualquier estado cercano a la certeza que tengan. Que a pesar de razonar sobre las hipótesis no tienen la seguridad de dar una afirmación. Debe emplearse la razón, el sentido común y la lógica. LA PRUEBA Y SU VALORACIÓN: Deberán ser imparciales y decidir con objetividad. Deben establecer los hechos que fueron probados y por tal, cada uno evaluará los testimonios que se brindaron en el juicio, la que se incorporó por lectura –cuadernillo- y los elementos que se mostraron, en síntesis toda la prueba. Se debe recurrir a su experiencia, sentido común y a la lógica. Deben realizar una reconstrucción de hechos pasados, como lo haría un historiador, pues ninguno ha podido observar los mismos como un testigo, entonces deben intentar recabar los detalles de cómo ocurrieron.
En su interior tendrán mayor convencimiento sobre unos testigos que sobre otros, dándose una credibilidad que les permite reconstruir mentalmente como ocurrieron los hechos. No deben dar razones escritas de su parecer. Aquí también vale más la calidad que la cantidad, no hay una regla escrita que nos diga que cantidad de prueba debe tenerse para la culpabilidad, un testigo único puede convencerlos por su contundencia y por el contrario, varios testigos pueden no llevarlos a la culpabilidad. Lo mismo ocurre con la documentación escrita incorporada. También son prueba las estipulaciones de las partes. Las estipulaciones son aquellos acuerdos que realizaron las partes respecto a circunstancias del hecho, las cuales no van a ser discutidas y por tal, se tendrán por probadas.
Corresponde que consideren a esos hechos como prueba en este caso. Deben valorar con mente abierta, la totalidad de la prueba presentada durante el juicio y analizarla en relación con el caso, utilizando el mismo sentido común que emplean en su vida diaria. Pero no son prueba los lineamientos y alegatos que la fiscalía y la defensa particular realizaron al comienzo y al final del juicio. Las notas que ustedes pudieron haber tomado durante el debate, no son prueba. Pueden llevarlas al recinto de deliberación para utilizarlas en la discusión, pero recuerden que no pueden intercambiarlas, ni basarse para resolver en los apuntes de otro jurado. Contarán con 3 ejemplares anillados de la prueba documental que las partes consensuaron admitir en este juicio y de los elementos secuestrados y exhibidos durante la audiencia de debates.
Aquí son los jueces, no deben recurrir a ninguna teorización o ideología, conocimiento extraordinario para adoptar una decisión, justamente no se exige ser abogado, es más los abogados no pueden ser jurados, sino el más difícil de los sentidos, el sentido común. Solo deben valorar la prueba, está conformado por los testigos, las piezas escritas incorporadas por su lectura y las estipulaciones que las partes acordaron tener por probadas. No constituye prueba los alegatos de las partes, lo que dijeron, tampoco lo que dijo el magistrado, tampoco cualquier información, opinión o comentario que escuchen o pueda llegarles por fuera de esta sala. ESTIPULACIONES: Les recuerdo que, tal como se les hiciera saber al inicio del debate, las partes han acordado tener por probado y por tanto no ser parte de la discusión del juicio, los siguientes hechos: 1) El día 19 de marzo de 2020 a las 20.10 hs. aproximadamente, Franco Omar Romego, se hallaba junto a Elian Yael Paz, Alejandra Victoria Sotelo y Ariel Eligio López en la vereda del domicilio ubicado en la calle Carabobo 5009 de la localidad de Los Pinos, Partido de La Matanza.- 2) El día 19 de marzo de 2020, minutos después de la hora 20:10, en inmediaciones a la vereda de calle Carabobo 5009 del Barrio Los Pinos, Partido de La Matanza, se produjeron disparos de armas de fuego, algunos de los cuales fueron a dar al cuerpo de Ariel Eligio López y Franco Omar Romego.- 3) Franco Omar Romego recibió el impacto de proyectil disparado por arma de fuego en su hipocondrio izquierdo, el cual le perforó pleura izquierda, diafragma, estómago, hígado y paquete vascular renal derecho, todo lo cual le provocó hemoperitoneo y hematoma retroperitoneal, shock hipovolémico y la muerte.- 4) Franco Omar Romego falleció el día 20 de marzo de 2020 a la hora 0:30 en el Hospital Paroissien, a consecuencia de la herida de arma de fuego descripta en 5) y pese a la correcta atención médica brindada.- 5) El día 19 de marzo de 2020 minutos después de las 20:10 hs y en inmediaciones a las calles Carabobo y Segundo Sombra, del Barrio Los Pinos, personal policial procedió al secuestro de una moto marca Bajaj modelo Rousser dominio 379 KPR, de color blanca y negra, motor nro.
JLZCEL55118, cuadro MDZA36F243CL58805, la que posee pedido de secuestro de la Seccional Policial de Morón 2º.- 6) Gabriel Alejandro Herrera (a) "Fehio" reconoció haber llegado a la intersección de las calles Carabobo y Segundo Sombra de Los Pinos, conduciendo una camioneta Eco Sport, el mismo día de los hechos.- 7) Egidio Ariel Lopez recibió al menos un disparo de arma de fuego en la región de la cresta ilíaca izquierda y derecha, el cual perforo intestino delgado y lesionó nervio ciático poplíteo externo que le impide deambular con normalidad, lesiones éstas que pusieron en riesgo su vida. INSTRUCCIONES EN PARTICULAR. MATERIA DE DECISION: 1) la existencia de cada uno de los hechos y luego, solo en caso de determinar su existencia; 2) sobre la eventual participación de los imputados en los mismos.
Si es afirmativa esta respuesta, el veredicto será de culpabilidad. Si es negativa, el veredicto será de no culpabilidad. Finalmente, tras el consenso efectuado con todas las partes técnicas para la elaboración de la forma en la que se van a presentar los hechos y sus opciones, al Jurado, se extienden las siguientes;- I.- DYLAN GABRIEL SANCHEZ y GABRIEL ALEJANDRO HERRERA OPCIÓN A) Hechos: “homicidio agravado por el concurso premeditado con el concurso de 2 ó más personas” -Franco Omar Romego, fallecido- y “homicidio agravado por el concurso premeditado con el concurso de 2 ó más personas en grado de tentativa” -Egidio Ariel Lopez, lesionado- El día 19 de marzo de 2020 minutos después de las 20.10 hs., Dylan Gabriel Sanchez conduciendo una motocicleta marca Bajaj modelo Rousser de color blanco y negro, y Gabriel Alejandro Herrera haciendo lo propio en una camioneta Ford Eco Sport Pte.
LFM-896, llegaron a inmediaciones del domicilio de la calle Carabobo 5009 del Barrio Los Pinos, de ésta Ciudad y Partido, junto con al menos otros cuatro sujetos masculinos y sin identificar, de tal forma que en acuerdo previo y división de roles, todos munidos con armas de fuego, y con conocimiento y voluntad de dar muerte, comenzaron a disparar contra los allí presentes, de modo tal que Herrera le efectuó Egidio Ariel López un disparo en la cadera generándole lesiones de importancia pero sin que pudieran consumar el fin propuesto por razones ajenas a su voluntad, mientras que Dylan Gabriel Sánchez hizo lo propio contra la humanidad de Franco Omar Romego, impactando en la zona costal del lado derecho, provocándole una herida de tal magnitud que lo llevo indefectiblemente a su deceso.- 1.- Votación: “homicidio agravado por el concurso premeditado con el concurso de 2 ó más personas y por el uso de arma de fuego” -Franco Omar Romego, fallecido- Para veredicto de culpabilidad 12 votos por la afirmativa respecto de cada uno de los acusados; si llegan a 8 o menos votos afirmativos el veredicto es no culpabilidad, en ambos casos no hay más nada que hacer y concluyó la tarea.
Ahora bien; si los votos afirmativos son 9, 10 ú 11 -no 12- deben debatir entre todos y votar en secreto hasta 3 veces. Si persiste ese número de votos afirmativos, 9, 10 ú 11, nos avisaran por escrito a través del presidente del jurado. 2.- Votación: “homicidio agravado por el concurso premeditado con el concurso de 2 ó más personas y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” –Egidio Ariel López, lesiones- Para veredicto de culpabilidad 10 votos por la afirmativa respecto de cada uno de los acusados, los que pueden ser 10, 11, ó 12, es decir 10 como mínimo; si llegan a 8 o menos votos afirmativos el veredicto es no culpabilidad, en ambos casos no hay más nada que hacer y concluyó la tarea.
Ahora bien; si los votos afirmativos son 9, deben debatir entre todos y votar en secreto hasta 3 veces. Si persiste ese número de votos afirmativos, 9, nos avisaran por escrito a través del presidente del jurado. OPCIÓN B) Hechos: “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” -Franco Omar Romego, fallecido- y “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” -Egidio Ariel López, lesionado-. El día 19 de marzo de 2020 minutos después de las 20.10 hs., Dylan Gabriel Sánchez conduciendo una motocicleta marca Bajaj modelo Rousser de color blanco y negro, y Gabriel Alejandro Herrera haciendo lo propio en una camioneta Ford Eco Sport Pte. LFM-896, llegaron a inmediaciones del domicilio de la calle Carabobo 5009 del Barrio Los Pinos, de ésta Ciudad y Partido, junto con al menos otros cuatro sujetos masculinos y sin identificar, sin acuerdo previo, aunque munidos con armas de fuego, y con conocimiento y voluntad de dar muerte, comenzaron a disparar contra los allí presentes, de modo tal que Herrera le efectuó Egidio Ariel López un disparo en la cadera generándole lesiones de importancia pero sin que pudieran consumar el fin propuesto por razones ajenas a su voluntad, mientras que Dylan Gabriel Sánchez hizo lo propio contra la humanidad de Franco Omar Romego, impactando en la zona costal del lado derecho, provocándole una herida de tal magnitud que lo llevo indefectiblemente a su deceso.- Votación: Para veredicto de culpabilidad 10 votos por la afirmativa respecto de cada uno de los acusados; si llegan a 8 o menos votos afirmativos el veredicto es no culpabilidad, en ambos casos no hay más nada que hacer y concluyó la tarea.
Ahora bien; si los votos afirmativos son 9 deben debatir entre todos y votar en secreto hasta 3 veces. Si persiste ese número de votos afirmativos, 9, nos avisaran por escrito a través del presidente del jurado. II.- DYLAN GABRIEL SANCHEZ Hecho “Encubrimiento” El mismo día y horario, 19 de marzo de 2020 minutos después de las 20.10 hs., antes de lo relatado, Dylan Gabriel Sánchez conducía una motocicleta marca Bajaj modelo Rousser de color blanco y negro con pedido de secuestro activo, la cual adquirió o receptó con conocimiento de su origen espurio proveniente de un delito especialmente grave. Para veredicto de culpabilidad 10 votos por la afirmativa respecto de cada uno de los acusados, los que pueden ser 10, 11, ó 12, es decir 10 como mínimo; si llegan a 8 o menos votos afirmativos el veredicto es no culpabilidad, en ambos casos no hay más nada que hacer y concluyó la tarea.
Ahora bien; si los votos afirmativos son 9, deben debatir entre todos y votar en secreto hasta 3 veces. Si persiste ese número de votos afirmativos, 9, nos avisaran por escrito a través del presidente del jurado DERECHO SUSTANTIVO Hecho I. Atentado contra la vida de Franco Omar Romego -fallecido- y Egidio Ariel López -lesionado- Acusados: Sanchez y Herrera Homicidio con arma de fuego. Los acusadores sostienen que ambos acusados atentaron contra su vida, lo hicieron con intención de hacerlo, usaron armas de fuego, querían dispararle para matarlo y así lo lograron, sin perjuicio cuál de los imputados efectivamente accionó el arma de fuego que lo hiriera mortalmente, ambos acusados habrían actuado con la misma finalidad.
La ley argentina sostiene que es un delito “matar a otro”, si se usa arma de fuego es un hecho más grave. Arma de fuego es todo artefacto que desprende un proyectil como producto de una explosión, hay diferentes tipos y calibres, en el caso la ley solo exige que la muerte de Romego sea producto de un proyectil desprendido por estos artefactos. Pueden haber concurrido varias personas en este caso pero sin constituir un acuerdo premeditado, tan solo la mera concurrencia de los sujetos acusados en el lugar de los disparos sin planificación y acuerdo previo, más allá que la intención de matar en sus protagonistas. Actuar con el concurso premeditado es otra cosa, ahora lo vamos a ver. Agravante. Homicidio con el concurso premeditado de dos o más personas.
Aquí puede comprobarse no solo la intención conjunta de matar en Sánchez y Herrera, con el uso de arma de fuego, sino estamos ante un supuesto más grave, en el cual la muerte fue producto de un acuerdo de voluntades previo a la ejecución, a la puesta en funcionamiento de las acciones. La acción de cada uno de los sujetos que intervienen guarda relación desde lo objetivo -aquello que podemos observar a simple vista, hechos y circunstancias- y lo subjetivo -intención, voluntad, de conseguir un resultado determinado, en el caso matar a alguien. La ley no exige una preordenación, una planificación fríamente calculada, que en el acuerdo se incluyan hasta los más mínimos detalles, sino una puesta en común para dar muerte a una persona.
En estos comportamientos, todos los que actúan tienen lo que se llama “dominio del hecho”, o sea cumplen un rol determinado en la ejecución del asesinato, hay un acuerdo para matar desde el inicio, lo cual comienzan a cumplir todos dentro del rol que les toque. Tampoco la ley exige que este acuerdo consista en una prolongada deliberación, sino una coincidencia de intenciones individuales, la finalidad es matar, desde el inicio del plan común las voluntades se orientan a matar con arma de fuego, no se trata de una concurrencia espontánea en el lugar de los hechos, tampoco de acuerdo producto de una planificación deliberada y detallada. Deben resolver si al menos 3 personas coincidieron en querer matar a una o más personas y lo pusieron en práctica, bajo una modalidad como puede ser con arma de fuego, en un lugar y bajo qué condiciones.
Tentativa: En el caso de la víctima Egidio Ariel López, de entender que ocurrió, su atentado contra la vida quedó en grado de tentativa, esto es que los perpetradores intentaron matarlo pero no lo lograron por razones ajenas a su voluntad, es decir, que si dependían de ellos hubieran podido quitarle la vida, lo cual en algunos casos se da por la intervención de un tercero o la pronta atención médica recibida, también el intento de homicidio puede tenerse por comprobado a raíz del medio utilizado que razonablemente puede causar la muerte, como un arma. Hecho II “Encubrimiento” -imputado Sánchez-. Los acusadores también sostienen que aquél adquirió o recibió una motocicleta que sabía provenía un delito contra la propiedad, esto es una sustracción contra la voluntad de quien la tenía.
Además, la ley castiga esta acción en la medida que la persona no haya intervenido en dicha sustracción, de lo contrario el delito sería más grave que la recepción. La conducta que se le achaca afectar la administración pública, pues quien recepta una cosa producto de un delito entorpece el descubrimiento de la verdad y la investigación, afecta en particular la administración de justicia que tiene la misión de develar los detalles del delito contra la propiedad y poder individualizar a sus autores. Entonces quien recibe una cosa que proviene de un delito, dificultad y entorpece indebidamente el accionar de la justicia. Esto es un delito contra la administración pública. DELIBERACIÓN Y VEREDICTO: Procedimiento de decisión. 1) Una vez en la sala de deliberación, deben elegir por simple mayoría, al presidente del jurado, en caso de empate se designará al de mayor edad. 2) El presidente deberá ordenar y guiar las deliberaciones, impedir que las mismas se extiendan demasiado o se produzcan repeticiones innecesarias de cuestiones ya decididas, moderar el debate, permitir que todos expresen sus puntos de vista sin limitaciones, firmar y fechar el formulario de veredicto.
Solo el presidente rubrica el formulario. Solo el presidente comunica al secretario por escrito cualquier circunstancia. 3) Si surgieran dudas sobre las instru0cciones o alguna pregunta, a fin de no interrumpir la deliberación, intenten despejarla con el auxilio de las instrucciones, si no puede ser resuelta deberán hacerla saber al secretario mediante una nota. El me la va a entregar a mí y yo las voy a analizar junto con los Fiscales, particular damnificado y Defensor y en la medida en que la ley lo permita, la voy a contestar a la mayor brevedad posible, para lo cual los voy a convocar nuevamente a la sala, junto con las partes y el público, y así habilitar un nuevo proceso de instrucciones. 4) Deliberarán y podrán opinar entre los jurados, luego votarán en forma secreta mediante el uso de papeles, los que serán destruidos una vez que arriben a un veredicto, no podrán fuera de la sala de deliberaciones hablar con terceros sobre lo allí discutido y la forma en que votaron.
Tengan presente que nada de lo que digan y discutan dentro de la sala quedará registrado, es secreta, al igual que sus opiniones y decisiones. Deben estar libres de cualquier presión, ya sea de otros jurados, como de cualquier persona ajena al jurado, incluyendo las partes, medios de comunicación, etc. Su decisión no puede estar influenciada por sentimientos de lástima, prejuicio o miedo. Deben conversar entre ustedes, escucharse, discutir con tolerancia y analizar la prueba en su conjunto. Si están convencidos no cambien su posición por las opiniones de los demás. Actúen con honestidad intelectual. Cada uno decidirá el caso de manera individual. REQUISITOS DEL VEREDICTO –votación-: El veredicto de culpabilidad requerirá: Homicidio agravado por el concurso premeditado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, unanimidad, doce (12) votos afirmativos -unanimidad- por la culpabilidad.
Víctima Franco Omar Romego, fallecido. Acusados Sánchez y Herrera. Homicidio agravado por el concurso premeditado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, mínimo diez (10) votos afirmativas por la culpabilidad. Víctima Egidio Ariel López, lesiones. Acusados Sánchez y Herrera. Encubrimiento (Sánchez): mínimo de diez (10) votos a favor de la culpabilidad. En caso, que solo se alcancen ocho votos de culpabilidad el veredicto será de no culpabilidad. En algunos casos, según la opción de descripción de hecho efectuada por la fiscalía, necesitaran de los doce (doce) votos para arribar a dicho veredicto de culpabilidad. Si arriban a nueve votos el jurado se declarará estancado y el presidente del jurado se lo hará saber al Secretario, quien lo comunicará y resolverá el Juez lo que corresponda.
La ley permite que se vote hasta tres veces sobre la existencia del hecho y la culpabilidad del acusado en el mismo, para ver si llegan a algún acuerdo y se resuelve la situación. Dependerá de ustedes decidir si votan tres veces o si es suficiente una sola votación. Cuando finalicen la deliberación y se alcance un veredicto, el presidente del jurado deberá completar el formulario del veredicto de la siguiente manera: 1) Marcará con una cruz en el espacio de la izquierda la opción que hayan elegido teniendo en cuenta la cantidad de votos afirmativos que tienen que alcanzar para que la misma sea válida. Recuerden que sólo deben seleccionar una. 2) Luego, al final del formulario deberán indicar si esa opción implica que arribaron a un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad respecto de cada sujeto. 3) En caso de haber sido un veredicto de culpabilidad, deberá indicar si el veredicto fue por mayoría de 10 ú 11 votos o por unanimidad (12).
Si arriban a un veredicto de no culpabilidad, van a tener que llenar con una X el espacio correspondiente y no tendrán que poner la cantidad de votos. Una vez finalizado el Presidente deberá comunicarle al Secretario que han arribado a un veredicto. Luego, en la audiencia, el Magistrado que preside la audiencia le preguntará si han arribado a un veredicto, de ser así el presidente del jurado leerá en voz alta el mismo, entregando a S.S. el formulario completo”.
A la SEGUNDA CUESTION preliminar, el señor juez dijo:
Que, a su vez, el Tribunal de Jurados, adoptó el siguiente veredicto, culminada la deliberación secreta. Así, en nombre del pueblo, declararon: 1) en relación a la “muerte violenta de Franco Omar Romego”; traducida al jurado en un “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego”, a ambos acusados NO CULPABLES; sobre la misma circunstancia fáctica pero en carácter de “homicidio agravado por el arma de fuego”, declararon a Dylan Gabriel Sanchez CULPABLE y a Gabriel Alejandro Herrera NO CULPABLE; 2) acerca del “intento de muerte contra Egidio Ariel Lopez”, como “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego en grado de tentativa”, sendos imputados fueron declarados NO CULPABLES, empero dicho hecho como “homicidio agravado por el arma de fuego en grado de tentativa”, a Dylan Gabriel Sánchez NO CULPABLE y a Gabriel Alejandro Herrera CULPABLE; por último, 3) el hecho traducido en un “encubrimiento”, solo en relación a Dylan Gabriel Sánchez, el jurado lo declaró CULPABLE. De este modo, damos por cumplida la manda procesal. El Tribunal, conforme lo transcripto más arriba, resuelve plantear y votar las siguientes:
1. Audiencia de Cesura de Juicio.
2. Calificación legal de los hechos.
3. Sanciones penales. Pronunciamiento que corresponde dictar.
A LA PRIMERA CUESTION, el señor Juez, dijo:
Que, ante este Tribunal, se celebró audiencia de cesura de juicio conforme la manda del art. 372, segundo párrafo, del ritual, debiendo previo a todo análisis destacar que el encuadre jurídico vinculado inescindiblemente a los hechos ventilados, fue anticipado por el Tribunal de Jurados, más allá que resta precisar la recepción típica aplicable. Las partes, cabe dejar constancia, no agregaron argumentos para analizar alguna calificación legal distinta. En la misma, el Fiscal incorporó un testimonio acerca de los antecedentes de Herrera, el representante de la particular damnificada y el defensor de los acusados no presentaron pruebas documentales y tampoco testigos, entonces pasaron directamente a alegar. En particular, el doctor Antin, en representación del Ministerio Público Fiscal, sostuvo como agravantes de pena para ambos incusos, el empleo de arma de fuego, pluralidad de activa, la existencia de peligro común y la nimiedad del motivo de la discusión previa, para ello expresó distintos motivos de hecho y fundamentos de derecho, aportó jurisprudencia, además agregó en el caso de Herrera los antecedentes penales y sostuvo su vigencia. En lo referente a Sanchez, hizo hincapié en que la ausencia de antecedentes no constituía una pauta diminuente, citó jurisprudencia en apoyatura. Por último, sostuvo el decomiso y destrucción del vehículo marca Ford Eco Sport utilizado en los eventos. Solicitó la imposición de las penas de 30 años y 20 años de prisión, para Sanchéz y Herrera respectivamente, más accesorias y costas. Adujo que debe comenzarse la ponderación de la pena desde el término medio, es decir el ingreso a la escala debe ser por la mitad.
Tocó el turno de la particular damnificada, entonces el doctor Caronello adhirió en un todo al Fiscal actuante.
Luego, la defensa en cabeza del doctor Casolati, coincidió con el acuse en que debe comenzarse la ponderación de la pena por el medio de la escala penal, lo cual sostuvo era loable para el caso. Aunque criticó las propuestas punitivas de los acusadores. Agregó que el jurado no compartió la comisión de un homicidio agravado, como primera hipótesis fiscal, siendo que sostener los montos ahora pretendidos sería buscar una respuesta similar a la descartada en su entendimiento por la ciudadanía en su decisión, para ello arriesgó un máximo de pena divisible y efectiva en caso de prisión perpetua. Puso de relieve que las penas buscadas eran desproporcionadas e irrazonables, que dicha posición transgredía la exigencia del art. 106 C.P.P.. En cuanto a las agravantes, descartó el arma de fuego porque se caería en una doble imposición, también la pluralidad de intervinientes conforme la decisión del jurado pues se descartó el “concurso premeditado”, tampoco sería viable la nimiedad del motivo pues no pudo conocerse de la disputa durante el debate y, por el contrario, en relación al peligro común, reconoció que mal podría ponerlo en tela de juicio, entonces compartió esta agravante, como único extremo que debería imperar. Propuso como atenuantes la falta de antecedentes y corta edad en el caso de Sanchez, en lo atinente a Herrera expresó que las condenas eran de vieja data y el plazo de caducidad vigente al momento de estos hechos no era suficiente para su contemplación.
Esta es la reseña. Así voto.
A LA CUESTIÓN SEGUNDA, el señor Juez, dijo:
Sentado ello, en relación al hecho en que falleciera Franco Omar Romego de modo violento, acontecido el día 19 de marzo de 2020, en la localidad de Los Pinos de este partido, debe ser enmarcado en un “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, adonde Dylan Gabriel Sánchez se presenta como coautor -arts. 41 bis, 45 y 79 del Código Penal-, pues si bien el Tribunal de Jurados excluyó a Herrera de su causación cierto es que se evidenciaron las intervenciones de otros sujetos y se encuentra la investigación en curso, además los jurados contemplaron en los acontecimientos la participación de otros sujetos, al margen que desecharan el “concurso premeditado”. Se vislumbró que la circunstancias de haber disparado por parte de Sanchez no implicó su actuar en soledad, se acreditó la participación criminal de otras personas, las que arribaron al lugar con el mismo y Sanchez no logró huir con aquellos ante la pronta actuación de los parientes del fallecido, sin embargo Herrera le quitó el arma de fuego, lo cual nos indica una coautoría de Sanchez con estos sujetos. Esto al margen que la cuestión deviene casi inocua pues la penalidad para el autor y el coautor es similar.
Acerca del evento en que se intentara quitar la vida de Egidio Ariel Lopez”, el jurado sostuvo que se traducía en un “homicidio agravado por el arma de fuego en grado de tentativa”, en el cual Gabriel Alejandro Herrera se presenta como coautor, por idénticas razones antes expuestas y en base a las circunstancias fácticas ya delineadas, otros sujetos intervinieron al margen del accionar del arma por parte de Herrera en soledad (arts. 41 bis, 42, 45 y 79 del Código Penal).
Además, resta dar tratamiento al hecho contra la administración pública, el mismo encuentra recepción jurídica en la figura de “encubrimiento”, se presenta el mentado Sánchez como autor (arts. 45 y 277 inc. 1° apartado “c” del Código sustantivo). La prueba documental en el debate da cuenta que el delito precedente en esta afectación ha sido un “hurto agravado”, figura que en su escala penal no supera las exigencias del art. 277 inc. 3° ap. “a” en función del 1° ap. “c” del citado codex. A pesar que el Tribunal Jurados entendió que se trató de un “encubrimiento” sin otro aditamento -simple-, tampoco se abonó la tesitura del delito precedente “grave”, tal como fuera pretendido por parte del Ministerio Público Fiscal en la acusación y requerimiento de elevación a juicio. Más allá que en las instrucciones acordadas por las partes no se incluyera especialmente esta agravante.
Esta afectación de la administración pública concurre realmente -en lo atinente a Sánchez- con el atentado contra la vida, antes apuntado (art. 55 C.P.). Así voto.
A LA CUESTIÓN TERCERA, el señor Juez, dijo:
I. Sanciones Penales Que, concurre acuerdo de partes en que debe ingresarse a la escala penal respectiva partiendo de la mitad y desde allí comenzar la ponderación respectiva. Este sistema se encuentra vigente y contemplado en la letra de la ley. Además, no se desprende de autos ninguna circunstancia que aconseje alejarse del ingreso a la escala penal de manera distinta.
Al respecto la Suprema Corte de nuestro provincia expresó: “…se advierte que la decisión en crisis cuenta con debida fundamentación y que, en rigor, el reclamo en análisis se sustenta sólo en una visión diferente sobre la manera en que debió efectuarse el proceso de determinación judicial de la pena, particularmente en cuanto a la incidencia que la severizante valorada debió tener -a criterio de la impugnante- en la cuantía de la sanción finalmente impuesta. Lo indicado por el órgano intermedio en lo tocante a la determinación de la pena es afín a consolidada jurisprudencia del Tribunal que establece que no existe legalmente un "punto de ingreso" fijo a la escala penal, y la única restricción a la cual debe su apego el órgano jurisdiccional se encuentra, además de su fundamentación y razonabilidad (art. 1, Const. nac.), en el marco establecido por el digesto de la materia, sea para cada tipo penal en particular o la que resulte de lo normado por los arts. 54 a 56 del mismo ordenamiento (conf. causas P. 98.529, sent. de 15-VII-2009; P. 127.403, sent. de 28-XII-2016; entre muchas otras). Así como tampoco prevé una pauta legal determinada respecto de cómo el juez debe posicionarse dentro de la escala penal para efectuar la dosimetría (conf. causa P. 106.963, sent. de 16-V-2012), más allá de la ponderación que corresponda sopesar a tenor de las reglas de los arts. 40 y 41 del Código Penal” (SCBA sentencia definitiva, causa P. 135.112-Q, "Morales, Jonathan Pablo s/ Queja, causa n° 95.631 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", fecha 26/12/2022).
También, el cimero Tribunal local, ha dicho “el digesto sustantivo no contiene un determinado sistema legal para efectuar la dosimetría, ni punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal” (SCBA, sentencia definitiva, causa nro. 98.338, “Caporella, Emanuel Alberto y Guzmán, Norberto Alberto S/ Recursos Extraordinarios de inaplicabilidad de ley).
A su vez, el Tribunal de Casación, adujo que “en todo el sistema de graduación de la pena subyace la proporcionalidad y el equilibrio. Ningún elemento puede ser eliminado so pena de erosionar una idea de armonía entre todas las acriminaciones. Suprimir el juego de la atenuantes reservándolas para actuar sólo en el supuesto que concurran agravantes, implicará borrar la distinta entidad objetiva que asume cada delito dentro del sistema, como la posibilidad, por ejemplo, de premiar la menor dosis de injusto y las conductas posteriores que procuren morigerar o eliminar el daño causado y, en definitiva, también no tener presente que la orientación liberal de la Constitución Nacional y, en su consecuencia, del Derecho Penal Argentino, implica computar el mérito y el demérito que, como todo lo axiológico, poseen también gradaciones y categorizaciones” (Sala 1ra., fecha 13/11/2003, “Gregorio y otros s/Recurso de casación”, Lexis Nº 14/102236, expediente P 2929).
Sentado esto, la doctrina también comparte este mecanismo. Enseña Ziffer al respecto, “…Dereher ha sostendio que el marco penal configura una escala de gravedad continua en la que el legislador establece todos los casos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se puede concebir, y de crecimiento paulatino. La principal consecuencia de este teoría, llamada de la “escala de gravedad continua”, es la de reservar el límite inferior para los casos más leves, el medio -determinado matemáticamente- para los intermedios, y el máximo, para los más graves. A partir de ella, el juez puede ubicar cada caso dentro del segmento correcto de la escala penal. Con esto se pretende solucionar uno de los problemas más difíciles de la determinación de la pena: la cuestión relativa a cuál es el “punto de ingreso” al marco penal” (Lineamientos de la determinación de la pena, ed. Ad Hoc, pag. 37).
Como dije, todas las partes, en autos, coincidieron en comenzar la mensuración desde la mitad de las escalas penales respectivas, en el caso de Sanchez se trata de 22 años el punto medio, entre el mínimo de 10 años y 8 meses y el máximo de 33 años y 4 meses; en relación a Herrera la misma se ubica entre los 5 años y 4 meses y 22 años, 2 meses y 20 días, o sea 13 años, 9 meses y 10 días. Con los puntos medios arriesgo no habría agravio de la defensa, empero entiendo no sería proporcional en relación a la gravedad de los ilícitos y la culpabilidad develada en autos por parte de los acusados. Tanto el Fiscal como el doctor Caronelli solicitaron la imposición de 30 años y 20 años respectivamente, aunque un punto agravante ha sido descartado para sendos imputados, no se contemplaron atenuantes y Herrera cuenta en su haber un extremo agravante más en forma individual, me refiero a sendas condenas penales anteriores. Las penas que deberán aplicarse en autos deberán tener mayor aproximación a las requeridas por los acusadores que a los puntos medios respectivos. Veamos.
Toca pasar a analizar lo alegado por las partes. En primer término no puedo compartir la postura en relación a la ausencia de antecedentes buscada por el doctor Casolati en relación a Sánchez, pues esta sola circunstancia en nada ilustra sobre el comportamiento en sociedad del acusado, en tanto se trata de un deber “in situ” de desempeñarse respetando las normas sociales de convivencia (arts. 32 C.A.D.H., 75 inc. 22 C.N.). Esta postura encuentra respaldo en el fallo dictado en causa nro. 14.926, por el Tribunal de Casación local, sala 2da., sentencia del 14/7/2009, carátula “G. L. ,J. A. s/ recurso de casación; oportunidad en la que se afirmó que “…resulta insuficiente el agravio por el que se cuestiona la desestimación de la atenuante relativa a la ausencia de condenas para ambos encartados, desde que no viene evidenciado por el recurrente que -en el caso concretola ausencia de condenas penales resulte una circunstancia que amerite un menor reproche para ambos imputados. Tal contingencia resulta, en el caso, neutra -ausente la alegación de pormenores que conduzcan a otra solución- en virtud de que lo esperable es que las personas se comporten en sus contactos sociales de conformidad con las pautas emergentes del ordenamiento jurídico, debiendo agregarse que no se encuentra establecido (ni aparece como obvio) que deba necesariamente atenuar el reproche, sin perjuicio de su incidencia en otros institutos del Código Penal que, a otros efectos, la relevan…”.- Entiendo que, mal podría sostenerse una regla general al considerar en un sentido u en otro la carencia de condenas penales, debe estudiarse el extremo en cada caso en estudio. Reitero, la especial gravedad de uno de los hechos ventilados y el desprecio demostrado por sendos bienes jurídicos vedan la posibilidad de la atenuante; cabe dejar sin más asentado esta razonamiento. La juventud de Sanchez también impide ponderar la ausencia de antecedentes, máxime cuando su primer –probable- condena se trata justamente de un homicidio. En su caso, la falta de sanciones penales no se presenta como un mérito. De lo contrario, sería desigual el tratamiento para aquellos procesados que pueden demostrar muchos años de buen comportamiento y sin condenas penales (art. 16 C.N.).
Tampoco puede tener favorable acogida la corta edad de Sánchez a la hora de establecer el quantum punitivo, pues podrá ser materia de estudio a la hora de analizar los beneficios liberatorios y su reinserción social, en el sub lite también la víctima fatal tenía corta edad y el acusado ninguna consideración tuvo a la hora de actuar. Ningún extremo concurre en el sentido que el joven Sánchez presente alguna culpabilidad disminuida en razón de su edad, obró con plena conciencia y libertad, su edad está lejos de constituir un factor atenuante de la sanción. Adujo el Tribunal de Casación “la juventud del acusado, a la hora de ameritar circunstancias atenuante, asume carácter relativo, toda vez que pesará favorablemente si el delito se relaciona con la dificultad de ganarse el sustento, en tanto que jugará en demérito si el ilícito sólo refleja el deseo de causar perjuicio, o cuando éste asume en su comisión componentes asociativos exteriorizadores de precocidad en el camino del delito” (Sala 1°, fecha 14/4/2005, “Pazzi, Miguel A. y otro”, JA 2005-III-609, LNO nro. 335001608). Es más, para su corta edad el actuar protagonizado representa suma gravedad, pudimos evidenciar su irracional desempeño social a la luz de la nimiedad del motivo de la discusión previa, ergo lejos puede estar este punto de constituir un punto atenuante a tener en consideración.
Rige en el caso para ambos acusados la pluralidad activa, pues justamente el Tribunal por jurados comprobó los hechos y la intervención de los mismos, además en el relato fáctico sometido al mismo estaba contemplada la participación de otras personas, esto más allá de no coincidir con la específica agravante del “concurso premeditado”, que trae aparejado sus exigencias objetivas y subjetivas propias. Quiero decir, la participación material de varios sujetos ha sido afirmada por el jurado y aquí mal podría ser descartada, lo cual implicaría un contrasentido. La propia mecánica de los eventos ventilados da cuenta de la pluralidad buscada por los acusadores como punto agravante, más allá que dispararan Sánchez y Herrera, contra Romego y López respectivamente, cada uno de los perpetradores arribó junto a otros sujetos; luego, Herrera se retiró del lugar con aquellos, lo que mal pudo conseguir Sánchez ante la pronta actuación de los parientes del fallecido. Asiste razón a los acusadores en torno al peligro común causado por la gran cantidad de disparos desterrados y la cantidad de personas que estaban en el lugar, recordemos que el escenario de los eventos escogido por los agresores se trató de la vía pública. Es decir, el accionar de los acusados pudo haber ocasionado consecuencias más graves respecto de la vida y bienes de terceros, este punto no fue cuestionado por la defensa, expresamente reconoció que no podía rebatirlo. El apuntado exceso, por fuera de los disparos que fueran a dar a los cuerpos de López y Romego para cumplir el designio homicida de los acusados, en lugar urbano, ante la concurrencia de varias personas, hasta menores de edad, nos da cuenta de un obrar sumamente peligro para otros bienes jurídicos, digo que concurrió efectivamente peligro común. Todos los testigos presenciales aludieron haber escuchado gran cantidad de disparos.
Otra circunstancia a contemplar reside en la nimiedad del motivo, ha quedado claro que la discusión previa entre Sanchez y Romego ha sido en torno a una motocicleta, los parientes de Romego aseguraron que a éste le habían sustraído la suya e intentó recuperarla, seguidamente Romego trajo consigo un biciclo, a todo esto se presentó Sanchez y le advirtió que lo iba a matar, designio que cumplió -unos minutos después-, efectivamente retornó con un arma de fuego y acompañado por otros sujetos, para disparar contra la humanidad de su contrincante, logrando dar muerte a Romego. Si bien la defensa entendió que no había quedado acreditado el motivo de la discusión previa, los testigos parientes del fallecido presenciaron la amenaza de Sanchez y tenían conocimiento que Romego había recuperado una moto sustraída. Si bien es cierto que no especificó si la moto recuperada por Romego había sido sustraído por Sanchez previamente, sí pudimos advertir que haber recuperado la posesión de dicho bien agravió a Sanchez de alguna manera, el cual le anunció un mal futuro fatal en consecuencia, a los pocos minutos retornó -acompañadomunido con arma de fuego y desterró sendos disparos. No se advierte como podría asistir razón a la defensa, si la discusión preliminar a los disparos se circunscribió a una motocicleta, cotejado con la vida perdida en autos se trata un motivo nimio e irracional. La disputa podía haber sido encausada por carriles distintos, máxime cuando advertimos la brecha temporal entre la discusión y los disparos, este lapso alimenta aún más la nimiedad del motivo, es decir, Sánchez tuvo la posibilidad de reflexionar y advertir como resolver el conflicto pacíficamente. Es más, ningún testigo contradijo la versión de los parientes del fallecido acerca del motivo de la discusión previa al desenlace mortal. No pasa inadvertido que Romego quiso recuperar su motocicleta sustraída y que Sanchez se agravió con ello, luego el acusado se presentó en el domicilio de Sánchez para “ajustar cuentas” conduciendo otra moto robada, entonces la vinculación de Sanchez con moto vehículos provenientes de delitos parece una reiteración no casual.
Acerca de Herrera, juegan aquí las condenas penales que registra en su haber. En causa nro. 124/11 ha sido condenado ante el Tribunal en lo Criminal nro. 2 departamental, a la pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso por el delito de tenencia simple de estupefacientes, cuya caducidad registral acaecía recién el 14/7/2021, es decir luego de los hechos aquí ventilados. En causa nro. 2389/2017 fue sido sancionado con fecha 7/12/2017, por parte del similar tribunal aunque nro. 1 departamental, con dos años de prisión y multa de once pesos, por tenencia simple de estupefacientes. No puede tener favorable acogida la postura de la defensa en torno a la falta de vigencia de estos reproches penales, pues justamente el art. 51 C.P., establece el plazo temporal en que deben ser informados los antecedentes, y ambos precedentes se encuentran dentro del plazo de ley.
Además, nos demuestra que quien ha recibido la fuerte sanción por la comisión de un delito, nuevamente escoja el camino alejado de las pautas de la convivencia social, máxime en el caso, dado que esta nueva transgresión reviste mayor gravedad que las cometidas con anterioridad. En todos los casos se tratan de ilícitos dolosos. Nos ilustra de un mayor grado de culpabilidad de quien recibió sendos penas -una de ejecución condicional y la otra de efectivo cumplimientosin embargo, lejos de reconducir su vida, sin miramientos afronta una nueva conducta castigada por el código sustantivo, con la particularidad que no se trató de cualquier infracción, sino que afectó el bien jurídico que recibe mayor protección en nuestro sistema, la vida.
Advertimos los antecedentes penales de Herrera ascendieron en gravedad, lo cual no puede pasar inadvertido a la hora de merituar la pena, afectó en sendas oportunidades la salud pública y ahora la vida directamente, fue sancionado con una condena de ejecución condiciona y luego con una de efectivo cumplimiento. Es decir, las advertencias y llamados de atención del sistema penal fueron inocuas en su comportamiento, no capitalizó las reiteradas sanciones recibidas y en pleno uso de su capacidad decidió escoger el camino del delito. Ahora bien, teniendo en cuenta la gravedad de los sucesos y el grado de culpabilidad demostrado por ambos acusados, así como todo lo analizado “ut supra” en relación a los tópicos de los arts. 40 y 41 del código sustantivo, el concurso real de delitos en el caso de Sánchez y sus tres puntos agravantes -sin contar atenuantes-, entiendo justo imponer a este último la pena de 28 años de prisión y a Herrera la pena de 19 años de prisión, más accesorias legales y costas del proceso, siendo importante destacar en el caso de este último la concurrencia de cuatro agravantes y ninguna atenuantes.
Debe adunarse que en ambos casos evidenciamos agravantes que por su particular gravedad merecen especial atención (arts. 5, 12, 29, 40 y 41 del C.P.). Rigen los arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 375 bis del Código Procesal Penal (ley 11.922 y modificatorias). Entiendo que esta estipulación punitiva abastece los principios de proporcionalidad y racionalidad, con debida fundamentación en su construcción (arts. 75 inc. 22 C.N. y 106 y ss C.P.P.).
II. A su vez, asiste razón al acuse en torno a la utilización del rodado marca Ford Eco Sport, dominio LFM-896, incautado en autos, en la comisión de los eventos, por lo que corresponde su decomiso, en los términos de los arts. 522 y ss C.P.P. y 23 del C.P..
III. En cuanto a la actuación de las partes; cabe regular los honorarios profesionales de los representantes de la Particular Damnificada señora Alejandra Elizabeth Romego, doctores Carla Vanesa Arrighi -T° IV F° 378 del C.A.L.M.-, Paolo Amadeo Ricciari -T° IV F° 21 del CALM- y Lucas Augusto Caronello -T° XII F° 245 del CALM-, por su comprometida labor en defensa de los derechos de la víctima, en la suma total de 100 (cien) Jus, más el adicional de ley, teniendo especialmente en cuenta la actuación en esta etapa, su ofrecimiento de pruebas, actuación en las sendas audiencias y sobre todo, su intervención en la extensa audiencia del juicio por jurados (art. 534 del C.P.P., y ley 14.967 y modif.).-
Así como, regular los honorarios profesionales de los señores Defensores Particulares doctores Juan Manuel Casolati -T° XII F° 437 CASM- en la suma total de 100 (cien) Jus, más el adicional de ley, en representación de los acusados Sánchez y Herrera; y Natalia Arnaiz -Tº XI Fº 812 del CAM-, en la suma total de 70 (setenta) Jus, más el adicional de ley, en relación al acusado Herrera, por sus labores en la presente, especialmente teniendo en cuenta la actuación en esta etapa, su ofrecimiento de pruebas, participación en las sendas audiencias y sobre todo, su intervención en la extensa audiencia del juicio por jurados, la actuación del doctor Casolati en las audiencias previas y en la cesura de juicio (art. 534 del C.P.P., y ley 14.967 y modif.).-
Así lo voto.
Así las cosas, el Tribunal dicta la siguiente:
I. IMPONER a DYLAN GABRIEL SANCHEZ, de otros datos personales obrantes en autos, la pena de 28 (VEINTIOCHO)
AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL PROCESO,
por ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y autor de encubrimiento, en concurso real entre sí, ocurridos el día 19 de marzo de 2020, en la localidad de Los Pinos, Partido de La Matanza, en perjuicio de quien en vida fuera Franco Omar Romego y la administración pública (arts. 5, 12, 29, 40, 41, 41 bis, 45, 55, 79 y 277 inc. 1° apartado “c” del Código Penal).-
II. IMPONER a GABRIEL ALEJANDRO HERRERA, de otros datos personales obrantes en autos, la pena de 19 (DIECINUEVE) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL PROCESO, por ser coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, ocurrido el día 19 de marzo de 2020, en la localidad de Los Pinos, Partido de La Matanza, en perjuicio de Egidio Ariel López (arts. 5, 12, 29, 40, 41, 41 bis, 42, 45 y 79 del Código Penal).-
III. DECOMISAR el rodado marca Ford Eco Sport, dominio LFM-896 (arts. 522 y ss C.P.P. y 23 del C.P.).-
IV. REGULAR los honorarios profesionales de los representantes de la Particular Damnificada señora Alejandra Elizabeth Romego, doctores Carla Vanesa Arrighi -T° IV F° 378 del C.A.L.M.-, Paolo Amadeo Ricciari -T° IV F° 21 del CALM- y Lucas Augusto Caronello -T° XII F° 245 del CALM-, por su comprometida labor en defensa de los derechos de la víctima, en la suma total de 100 (cien) Jus, más el adicional de ley, teniendo especialmente en cuenta la actuación en esta etapa, su ofrecimiento de pruebas, actuación en las sendas audiencias y sobre todo, su intervención en la extensa audiencia del juicio por jurados (art. 534 del C.P.P., y ley 14.967 y modif.).-
V. REGULAR los honorarios profesionales de los señores Defensores Particulares doctores Juan Manuel Casolati -T° XII F° 437 CASM- en la suma total de 100 (cien) Jus, más el adicional de ley, en representación del acusado Sánchez y Herrera; y Natalia Arnaiz -Tº XI Fº 812 del CAM-, en la suma total de 70 (setenta), más el adicional de ley, en relación al acusado Herrera, por sus labores en la presente, especialmente en cuenta la actuación en esta etapa, ofrecimiento de pruebas, actuación en las sendas audiencias y sobre todo, su intervención en la extensa audiencia del juicio por jurados, así como la actuación del doctor Casolati en las audiencias previas y en la cesura de juicio (art. 534 del C.P.P., y ley 14.967 y modif.).-
Rigen además los arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y los arts. 106, 372, 375 y 375 bis del Código Procesal Penal (ley 11.922 y modificatorias).
Regístrese copia de la presente, léase por Secretaría y comuníquese. Fecho, vuelva a Despacho. Ante mí:
Fin de la sentencia