Abriendo la norma
TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.096 FOLIO Nº 101/106 PROT. ELECT. JR101 243I.261
Río Gallegos, 25 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: "C.A.I. S/Abigeato", Expte. Nº 29.621/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.180/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 05/15 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de I.A.C., en orden al delito de “abigeato" (art. 167 ter del CP) y en el punto 2) trabó embargo sobre el dinero o bienes del procesado por la suma de tres (03) millones de pesos. Que a fs. 17/22vta.
del presente incidente, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 25 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos, Y
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios alterando el orden propuesto por el recurrente en función de la nulidad incoada puesto que, de prosperar, tornaría abstracto el resto de los planteos defensivos.
a.- De la nulidad. De la vulneración del derecho de defensa: En primer lugar, la defensa se agravia por la falta de incorporación al legajo de la prueba consistente en el material foto y filmográfico supuestamente obtenido de un drone, lo que ha sido utilizado a lo largo de la investigación vulnerando el derecho de defensa. Precisa que a fs. 61vta., el Sr. Z.M.M., expresó que posee filmaciones por lo que entrega de forma voluntaria esas grabaciones como también de las tomas de secuencias fotográficas. Que además a fs. 01 y vta., el informe refiere que por medio de un drone se obtuvieron secuencias fotográficas y videográficas del masculino y del animal faenado, utilizando dicha prueba para peticionar la orden de allanamiento que fue concedida.
Asimismo a fs. 83vta., del resolutorio apelado el a quo refiere que en oportunidad de diligenciarse la orden de allanamiento en el domicilio del imputado, se procedió al secuestro de prendas de vestir coincidente con las observadas en el registro fílmico, que no se encuentra incorporado en la causa.
Concluye que esta irregularidad en el procedimiento, ha vulnerado gravemente el derecho de defensa, puesto que se ha tomado en cuenta prueba para la investigación, allanamiento y posterior procesamiento y detención del imputado de la cual la defensa no tuvo acceso, por ello solicita se declare la nulidad de lo actuado por basarse en prueba que nunca fue incorporada a la causa.
Ingresando al tratamiento del agravio formulado por la defensa, adelantamos que el mismo será desestimado. Previo a todo, resulta relevante aclarar que esta Alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable. (Confr. fallos de la CSJN, Fallos 325:1404, 323:929, 311:1413 y 311: 2337.- 2 CSJN - Fallos: 236:37; 240:160, entre otros y el criterio asentado por esta Alzada en autos caratulados: "A.M.N. S/ Dcia. desobediencia judicial y amenazas" - Expte. Nº A-18813/25 - Apelación/Causa JR Nº 10178/26, por citar la más reciente). En este aspecto, las nulidades por vicios formales exigen como presupuesto esencial que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho; de otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas. En el caso que nos ocupa, la defensa centra su agravio en la falta de incorporación al expediente del material foto y filmográfico obtenido por un drone de Gendarmería Nacional, argumentando un estado de indefensión. Sin embargo, no se vislumbra en las constancias del legajo ninguna solicitud por parte de la defensa técnica en aras de producir prueba en contrario o requerir la formal incorporación de dichos registros para su control, por lo que no puede responsabilizar a la instrucción en este sentido, máxime conforme las amplias facultades que le otorga el art. 190 del CPP para proponer diligencias.
Es por ello que todo lo relativo a la actividad de investigación y a la recopilación de las pruebas que la recurrente refiere que no se produjeron o incorporaron, independientemente de su viabilidad, corresponde formularse ante la etapa instructoria en función que es facultad exclusiva del juez natural de la causa decidir sobre la pertinencia y utilidad de las mismas. En el caso, la prueba se encuentra producida y fue entregada por el testigo a la Autoridad Preventora, tratándose de una prueba legalmente incorporada al sumario prevencional que goza de plena fe pública, hasta tanto no sea argüido de falsedad.
Advertimos que yerra la defensa al pretender invalidar el auto de mérito y los actos procesales previos (como el allanamiento) aislando un único elemento probatorio. La labor del Magistrado al valorar la prueba debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial, conforme a las reglas de la sana crítica racional.
Y en el caso en estudio, observamos que aun si el material fílmico no se encontraría materialmente glosado en virtud de no advertirse una certificación del Sr. Secretario Actuante que de fe de ello, observamos que el Juez ha sustentado su decisión en un conglomerado indiciario, valorando de forma integrada e interrelacionada el resto de la prueba colectada, tales como las actas prevencionales, el acta de inspección ocular, las secuencias fotográficas y el croquis ilustrativo, el acta de secuestro de los equinos, los testimonios recabados, el resultado positivo del allanamiento (acta de secuestro de las prendas de vestir coincidentes con las observadas, armas blancas aptas para la faena, restos cárnicos –cola de novillo y vísceras-, y partes de arma de fuego) y el informe policial Oficio Nº 018-S-DCECH/07/2026.
Veamos, concretamente el Magistrado sustentó su decisión argumentando que: “… En efecto, se encuentra debidamente acreditada la materialidad del hecho, consistente en la faena clandestina de un animal vacuno, realizada sin autorización de su propietario y con la finalidad de apoderamiento de sus partes, dentro de un predio rural ajeno, hecho constatado mediante inspección ocular, actas policiales, registros fotográficos y el secuestro del animal faenado, el cual presentaba signos inequívocos de corte reciente, faltando cabeza, cola y vísceras, lo que revela una faena intencional y organizada…”. Queda a la vista que el Sr. Juez de grado hubo de valorar el plexo probatorio en su conjunto para arribar a la decisión de mérito. Es que en este tramo del proceso no se requiere certeza, sino que basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción. Como bien se ha dicho, el procesamiento contiene un "juicio de probabilidad" acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación del imputado en éste, tratándose de la valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, aún no definitivos ni confrontados.
Por todo lo expuesto, no se advierte que la ausencia física del registro fílmico haya colocado a la parte en un estado de indefensión real que vulnere el debido proceso, toda vez que siempre tuvo a su alcance las herramientas procesales para requerir su efectiva incorporación al legajo y control (art. 190 CPP).
En consecuencia, al no evidenciarse un perjuicio concreto que justifique un interés jurídico en su invalidación, acceder a la solicitud de la defensa sería declarar la nulidad por la nulidad misma, motivo por el cual el agravio será rechazado, debiendo confirmarse la validez de lo actuado.
b.- De la valoración de la declaración indagatoria: En segundo lugar, la defensa se agravia por entender que su asistido ha sido procesado incorrectamente por el delito de "abigeato", ya que ha brindado explicaciones en relación al confuso episodio que se investiga en autos. Por el contrario a lo que da por sentado el a quo, que la zona donde su representado fue interceptado por un drone resultaría ser la estancia "L.Q.", de propiedad del Sr. A.R., postula que su cliente se encontraba en la zona de Parques Nacionales, que siempre permaneció allí y que nunca hubo de ingresar al campo del Sr. R..
Advierte que a fs. 22, el Sr. A.C.R., declaró que le es difícil saber si el animal es de su propiedad, pero el mismo se encontraba dentro de la estancia "R.T.", lote XX3, lo que refuerza la versión de su asistido.
Destaca que esta grave contradicción, genera un velo de duda en relación a la ubicación del lugar donde se habría encontrado el animal, agraviándose que la Instrucción no ordenó medidas tendientes a determinar con claridad la ubicación y si corresponde a parques nacionales o a un campo y, en ese caso, a qué campo. Por ello solicita que se valore correctamente el descargo de su pupilo, quien expresó que en la zona de parques nacionales suelen haber animales salvajes orejanos y que mucha gente sale a cazarlos. En ese sentido entiende que no nos encontraríamos ante un delito de abigeato por no resultar el animal de propiedad privada, sino que al ser animales orejanos, que no poseen marca de propiedad alguna, encuadraría más en actividad de caza.
Ingresando al tratamiento del segundo agravio esgrimido por la defensa, corresponde adelantar que el mismo será desestimado.
La defensa cuestiona la reconstrucción fáctica del a quo, argumentando que su asistido brindó una versión exculpatoria indicando que se encontraba en zona de Parques Nacionales cazando un animal salvaje "orejano", y se agravia por la supuesta inactividad de la instrucción para delimitar si el predio era propiedad privada (Estancia L.Q. o R.T.) o jurisdicción de Parques Nacionales. Al respecto, cabe recordar que las manifestaciones vertidas por el encartado en su defensa material son analizadas a la luz de la sana crítica racional frente al resto del plexo probatorio. En este caso, la judicatura ha ponderado que la versión del imputado no resulta suficiente para desvirtuar el cuadro de cargo obrante en su contra, presentándose sus dichos como un mero intento material de mejorar su situación procesal (conforme surge de fs. 84vta. –de los autos principales- al abordar la prisión preventiva).
En cuanto a la queja por la omisión de la instrucción de ordenar medidas tendientes a determinar con claridad la ubicación exacta de los hechos, no se vislumbra en el legajo ninguna solicitud por parte de la defensa técnica en aras de producir prueba en contrario o aclarar dichos extremos. Por lo tanto, la parte no puede responsabilizar al Juzgado Instructor en este sentido, máxime teniendo en cuenta las amplias facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P. para proponer diligencias y colaborar en la averiguación de la verdad. Debiendo señalarse que el Sr. A.R., es categórico al responder que fue informado por el personal policial que el vacuno faenado había sido encontrado dentro de la estancia “R.T., lote 183, de su propiedad y que si bien no podría reconocer al animal por no tener la cabeza ni orejas –donde lleva la marca-, éste estaba dentro de su propiedad, lo cual resulta conteste y concordante con el resto de los elementos probatorios obrantes en la causa (informes prevencionales, declaraciones de los testigos, acta de inspección ocular con apoyo en el croquis ilustrativo y secuencias fotográficas, actas policiales y demás). Asimismo, se debe tener presente que el auto de procesamiento contiene un juicio de probabilidad, por lo que en este estadio procesal no se requiere la certeza absoluta que reclama una condena, sino la prevalencia de elementos incriminantes. Las aparentes discordancias sobre el lote exacto o la falta de precisión milimétrica del lugar no poseen entidad suficiente en esta etapa para fulminar el auto de mérito, pues basta la confirmación inicial de la sospecha, la cual deberá renovarse con mayor amplitud probatoria en la etapa de juicio.
Por otra parte, advertimos que el núcleo del agravio defensivo radica en pretender subsumir la conducta en una simple actividad de caza, negando el delito de abigeato fundado en la supuesta condición de "orejano" (sin marca) y salvaje del animal. Sobre este punto, es criterio reiterado y consolidado de esta Alzada que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que el encuadre de los hechos imputados resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso. Dicha significación jurídica puede variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y, asimismo, en el debate propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia, siempre y cuando no se modifique la plataforma fáctica (el hecho imputado en sí), dado que de lo contrario se afectaría el principio de congruencia.
La impugnación de la defensa constituye una mera disconformidad con la subsunción "prima facie" efectuada por el Magistrado de grado. Tal como establece la jurisprudencia, no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar.
Por tales motivos, no quedando dudas de que los elementos reseñados en la causa alcanzan -al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho y la responsabilidad que prima facie le cabe al imputado de orientar el proceso hacia la base del juicio, el agravio debe ser rechazado en todos sus términos. c.- De la calificación legal: En tercer lugar, la defensa se agravia del encuadre legal del hecho que se le endilga a su asistido por no encontrarse acreditados los presupuestos legales. Resalta que no se encontró ningún animal con marca o seña, que indique la propiedad del mismo e insiste en que resulta fundamental determinar si el animal se encontró en parques nacionales o en un campo privado.
Ingresando al tratamiento del tercer agravio expuesto por la defensa, centrado en el encuadre legal del hecho y la falta de acreditación de los presupuestos (tales como la marca del animal o la titularidad del predio), adelantamos que el mismo será desestimado. En primer término, resulta pertinente reiterar que es criterio consolidado de esta Alzada que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal. Ello es así toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta significación jurídica variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia; ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que de lo contrario se afectaría el principio de congruencia.
La lectura de este tipo de recursos refleja que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar. En cuanto a la alegada falta de acreditación de la propiedad del animal (por no poseer marca o señal) y la controversia sobre si el suceso ocurrió en un parque nacional o en un campo privado, cabe recordar a la recurrente que en este estadio no se requiere la certeza absoluta, sino la prevalencia de elementos incriminantes. Tal como señala la doctrina aplicable en la materia, el procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación del imputado en éste, tratándose de la valoración de elementos probatorios suficientes para producir probabilidad, que aún no son definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación y la base del juicio.
Para el dictado de esta resolución de mérito, basta la confirmación inicial de la sospecha. A mayor abundamiento, frente a la insistencia de la recurrente respecto a que resultaba fundamental determinar el lugar exacto del hallazgo mediante otras medidas, no se vislumbra en la investigación ninguna solicitud por parte de la defensa técnica en aras de producir prueba en contrario para aclarar este punto y mejorar la situación de su asistido. Por consiguiente, se reitera, la parte no puede responsabilizar al Juzgado Instructor por no haber agotado tales diligencias, máxime teniendo en cuenta las amplias facultades que le otorga el art. 190 del CPP para proponer medidas probatorias pertinentes.
En definitiva, de los argumentos expuestos se advierte que el planteo de la defensa constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba el magistrado de grado, sin lograr controvertir lo decidido mediante elementos objetivos. Por las consideraciones expuestas, al no haberse demostrado un agravio concreto que invalide el auto provisorio dictado, el planteo debe ser rechazado en todos sus términos. d.- De la prisión preventiva: En cuarto lugar la defensa se agravia de la prisión preventiva impuesta a su asistido resolviendo su procesamiento al día siguiente de haberle recepcionado la declaración indagatoria. Descarta el peligro de fuga dado que compareció voluntariamente a la audiencia sumado a que ha residido en el Ch. prácticamente toda su vida, siendo empleado dependiente de la Municipalidad de dicha localidad. Del mismo modo rechaza la posibilidad de entorpecimiento de la prueba pendiente, puesto que ésta ya hubo de producirse en la causa y el imputado no cuenta con antecedentes penales condenatorios.
Es por ello que concluye que los riesgos procesales surgen únicamente de la íntima convicción del a quo.
Subsidiariamente solicita su excarcelación bajo la caución y/o medidas de seguridad que se estime correspondan. Ingresando al tratamiento del cuarto agravio esgrimido por la defensa, relativo a la imposición de la prisión preventiva y la solicitud subsidiaria de excarcelación, corresponde adelantar que el mismo será desestimado.
La defensa cuestiona la medida de coerción sosteniendo que los riesgos procesales (peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación) carecen de sustento objetivo y derivan únicamente de la "íntima convicción" del a quo, haciendo hincapié en el arraigo de su asistido (residencia de toda la vida, empleo dependiente de la Municipalidad, comparecencia voluntaria y falta de antecedentes penales). Al respecto, cabe recordar que si bien rige el principio de inocencia, esta Alzada ha establecido invariablemente que el derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
En este sentido, el análisis de los riesgos procesales no obedece a una percepción caprichosa del Magistrado, sino que exige ponderar elementos objetivos tales como la gravedad del delito endilgado, lo que conlleva a una mayor pena en expectativa, resultando en una presunción que el incuso podría evitar el accionar de la justicia. Asimismo, corresponde tomar en consideración la propia naturaleza y modalidad del ilícito imputado. El arraigo alegado por la defensa (trabajo estable, domicilio, y carencia de antecedentes condenatorios) y su comparecencia inicial, no poseen entidad suficiente por sí solos para enervar o neutralizar el peligro de fuga cuando el imputado se enfrenta a un proceso penal severo. La jurisprudencia nacional es clara al sentar que: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal...". (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245).
En cuanto al entorpecimiento de la investigación, aun cuando la defensa asegure que la prueba pendiente ya fue producida, el a quo consideró al momento de resolver la situación procesal del imputado que aún restan por practicarse diversas medidas probatorias y tareas investigativas. En tal contexto, concordamos con el Magistrado que resulta razonable tener por acreditado el riesgo de entorpecimiento procesal, ya que estando el imputado en libertad, podría incidir negativamente en el desarrollo de dichas diligencias, ya sea mediante la eventual influencia sobre testigos, la alteración de elementos de prueba o la frustración de medidas aún pendientes de producción.
En ese sentido, el encarcelamiento cautelar persigue asegurar los propios fines del proceso, que son la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal. La libertad del imputado puede representar un riesgo latente para la normal prosecución del proceso, impidiendo garantizar el efectivo arribo a la etapa de juicio. En relación a la solicitud subsidiaria de disponer la excarcelación bajo caución y/o medidas de seguridad menos gravosas, la misma también debe ser rechazada. Al encontrarse debidamente acreditados y motivados los extremos que fundamentan el riesgo procesal, esta Alzada concuerda con el A quo en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley, considerando su decisión razonable, fundada en la base de los hechos atribuidos y los riesgos procesales analizados, y la pena en expectativa. Por lo tanto, en este escenario se concluye que las medidas de seguridad propuestas por la defensa no resultarían ser suficientes a los fines del proceso. Por todo lo expuesto, los argumentos brindados por el a quo resultan objetivos y suficientes para justificar la medida cautelar de restricción a la libertad ambulatoria, descartando que se trate de una afirmación dogmática, de la íntima convicción infundada del juez o de una pena anticipada. En consecuencia, corresponde rechazar íntegramente el agravio impetrado, confirmando la prisión preventiva y denegando la excarcelación solicitada.
e.- Del embargo: Finalmente la defensa se agravia del monto de la medida cautelar impuesta, por entender que no obran constancias que acrediten que la suma tan abultada de tres (03) millones de pesos sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y eventual responsabilidad civil que pudiera caberle a su asistido. En función de lo expuesto solicita que, en caso de confirmar el resolutorio apelado, se reduzca el quantum del embargo. Ingresando al tratamiento del último agravio relativo al monto del embargo trabado, corresponde adelantar que la solicitud de reducción efectuada por la defensa no tendrá acogida favorable en esta instancia.
Sobre esta cuestión, cabe recordar que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Magistrado -al dictar el auto de procesamiento-, ordenará también el embargo de bienes del imputado, cumpliendo la resolución en crisis con las reglas imperativas establecidas en el art. 499 del CPP. En efecto, de una atenta lectura del resolutorio atacado se advierte que el a quo ha dado las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable ni desproporcionada, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado y resulta acorde a la gravedad y entidad del daño penal como consecuencia del delito investigado en autos.
Frente al argumento de la defensa referido a que la suma resulta infundada o "abultada" respecto de las posibilidades de su asistido, es imperioso citar calificada jurisprudencia que establece que la capacidad patrimonial del imputado resulta irrelevante al momento de cuantificar la medida. Así, se ha establecido reiteradamente que: “…A los fines de establecer el monto del embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV, 17/09/2009, La Ley Online).
Asimismo, en concordancia con los tribunales, se entiende que el embargo "...debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa...". El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias para su fijación. Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún parámetro o argumento objetivo en apoyo a su postura que permita a esta Alzada apartarse del criterio seguido por el Magistrado interviniente, limitándose genéricamente a calificar el monto estipulado como "abultado". Por todo lo expuesto, al advertirse que se señalaron debidamente los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, compartimos los parámetros tenidos en cuenta por el juez de grado. En consecuencia, corresponde rechazar la petición de reducir el quantum del embargo, confirmando la medida decretada por la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000) por resultar adecuada a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. RECHAZAR la NULIDAD incoada por la defensa por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden.
2. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 05/15 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 3º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia