Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala I · Causa 19.606
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación de fs. 1/4 vta., confirmando la resolución de fs. 6/16 vta. y declarar la NULIDAD del cierre de la investigación y del posterior requerimiento de elevación a juicio (y de todos los actos posteriores) ordenando retrotraer el proceso a fin de que se evacúe la voluntad del justiciable de prestar declaración formulada en tiempo y forma (arts. 144, 148, 157,158, 171, 203, 207, 334, 439, 440 y cctes. del C.P.P., artículo 164 del C.P., artículo 18 de la C.N. y 10 y 15 de la Provincial).
Notificar a la Fiscalía General Departamental, al impugnante y al procesado.
Hecho, remitir al Juzgado Correccional interviniente quien deberá dar el trámite aquí resuelto.
Expediente nro. diecinueve mil seiscientos seis Número de Orden:_____ Libro de interlocutorias nº____ En la ciudad de Bahía Blanca, habiendo deliberado (en los términos de las Resoluciones y Acordadas de la S.C.B.A. Nº 480/20, Nº 535/20 y Nº 558/20, en su parte pertinente conf. Res. Nº 593/20) los Sres. Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por Gustavo Ángel Barbieri y Pablo Hernán Soumoulou, para dictar resolución en la causa I.P.P. n° 19.606/I seguida a "Chacón Salazar, Carlos Daniel s/ Incidente de apelación", y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nro. 12060), resulta que la votación debe tener lugar en este orden Barbieri y Soumoulou (art. 440 del C.P.P.), resolviendo plantear y votar las siguientes:
1. ¿ Es justa la resolución recurrida?
2. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ, DOCTOR BARBIERI, DICE:
La Sra. Auxiliar Letrada de la Defensoría General Departamental -Dra. Paola Panis- interpuso recurso de apelación (fs. 1/5) contra la resolución dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Garantías Nº 4 Departamental (fs. 6/16 y vta.), que dispuso el dictado de la prisión preventiva respecto del imputado Carlos Daniel Chacón Salazar, la que considera le provoca gravamen irreparable a su asistido, al denegársele la posibilidad de recuperar su libertad durante el proceso penal.
Alega en primer lugar, arbitrariedad de la medida dispuesta, nulidad de la aprehensión, de la requisa y del secuestro y falta de sospecha razonable y solicita la exclusión probatoria conforme lo normado por los arts. 203, 211, 225 C.P.P., art. 18, 19 y 75 inc. 22 C.N., art. 11 de la D.U.D.H., art. 26 de la D.A.D.D.H., art. 8.2 de la C.A.D.H. y art. 14.2 P.I.D.C.P.). Al desarrollar dicho agravio, señala la representante de la Defensa Pública que "...el procedimiento policial por el cual se procede a la aprehensión y requisa de mi asistido y posterior secuestro de efectos, se ha llevado a cabo en violación de las garantías constitucionales, como el debido proceso, la defensa en juicio, la inviolabilidad de la persona y el resguardo ante injerencias arbitrarias de los órganos del Estado... toda vez que Chacon fue interceptado por personal policial sin que existan motivos suficientes para que ello ocurra, se lo ha requisado sin la presencia de un testigo hábil de actuación...", alegando que al momento de que su asistido fuera interceptado por personal policial, no existía denuncia alguna y "...sólo se lo intercepta y requisa por ir caminando con una bolsa y una mochila, que a entender del personal policial llevaban elementos de mucho peso", concluyendo que "primero se intercepto a mi asistido, se lo requiso, se lo aprehendió y luego el personal policial comenzó a investigar si "alguien" había sufrido un robo, dando con la empresa de electricidad y luego de recorrer diversos puntos donde el mismo podría haberse cometido". En abono de sus argumentos, la recurrente efectuó un paralelismo con el precedente "Fernández Prieto", citando lo resuelto por la C.I.D.H. recientemente en el marco de dicha causa y señalando que en el presente no había urgencia ni existían motivos para la interceptación de Chacón y "...mucho menos existió orden judicial para su requisa...". Por ello sostiene que es nula la aprehensión, la requisa y el posterior secuestro en los términos del artículo 203, 211 y 225 del Código de Rito, entendiendo que en virtud de ello debe declararse la nulidad de todo el procedimiento, ordenando la inmediata libertad de su asistido.
Asimismo, señala que teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 18 de la C.N. y la doctrina emanada del "fruto del árbol venenoso" y los precedentes Daray, Rayfor y Charles Hermanos, debe declararse la nulidad absoluta de la aprehensión, de la requisa y del secuestro llevada a cabo por los funcionarios policiales.
De manera subsidiaria, la recurrente se agravia por entender que en el caso no existen peligros procesales y que existe especial riesgo de afectación a la salud (COVID-19), apuntando que la resolución puesta en crisis "...en ningún momento evalúa los extremos previstos por el inciso 4) del artículo 157, en torno a la existencia de peligro de fuga o bien de entorpecimiento de la investigación, en el caso concreto... sólo se remite a analizar pormenorizadamente los antecedentes penales de Chacón, para concluir que conforme al artículo 50 C.P. ante una eventual condena deberá ser declarado reincidente y que la misma será de prisión de efectivo cumplimiento...".
Apunta -previa cita del precedente "Suarez Rosero" de la C.I.D.H. que en la decisión -a la que califica de arbitraria- no se han puesto de manifiesto cuáles son los peligros procesales que justifican el dictado de la medida cautelar, destacando que Chacón cuenta con arraigo en este medio, donde desempeña sus actividades laborales y cuenta con un domicilio estable, en el que reside junto a su núcleo familiar y que su pupilo desde un primer momento se mostró colaborador con el accionar policial.
Agrega que el artículo 148 inc. 2do. no refiere de ninguna manera la exigencia de que "...pudiera gozar de una condenación de tipo condicional...", señalando que el mínimo de la pena para la calificación legal del delito imputado es de un año.
Finalmente, sostiene que al no superar el máximo de pena establecido para el mencionado delito los 6 años de prisión, la situación de Chacón frente a la libertad durante el proceso queda emplazada en el artículo 169 inc. 1 del C.P.P.
Como corolario de su presentación recursiva, la impugnante hace referencia a resoluciones dictadas por la S.C.B.A. en relación a la situación de emergencia carcelaria que atraviesa la provincia de Buenos Aires, sumada a la emergencia sanitaria devenida a partir de la pandemia de COVID-19, las que entiende deben ser tenidas en cuenta al momento de resolver la situación procesal del imputado. Solicita nulidad y en forma subsidiaria revocación.
Delimitados así los motivos de agravio esgrimidos por la recurrente y analizadas las constancias obrantes en la presente, adelanto que he de proponer al acuerdo la confirmación del resolutorio puesto en crisis y, en consecuencia, de la medida cautelar dispuesta en relación a Chacón Salazar; sin perjuicio de proponer una declaración de nulidad -de oficio- del trámite, por motivos distintos a los peticionados y con alcances también diferentes.
Principio por señalar que no comparto el razonamiento esgrimido por la recurrente, respecto de que no existían motivos suficientes para la interceptación del imputado Chacón Salazar en la vía pública por parte de personal policial (proponiendo el rechazo de la nulidad de la aprehensión, requisa y secuestro efectuado).
En ese sentido, destaco que el personal policial con funciones en el Comando de Prevención Rural de Bahía Blanca, se encontraba realizando recorridas de prevención en zonas rurales, cuando divisaron -al hoy imputado- caminando en horas de la madrugada (03:45 hs.) llevando consigo una mochila y una bolsa de arpillera "...cargada con elementos de mucho peso...".
Esa sola circunstancia se vislumbra como suficiente para que personal policial -en ejercicio de funciones preventivas- se acerque a dicha persona a fin de identificarla e interiorizarse de los motivos por los cuales se encontraba caminando, a esas horas, por un camino de zona rural poco transitable y con esa carga consigo (cfr. se desprende de fs. 30 vta.).
Luego, resulta justificado -también y en ese particular contextoel "cacheo superficial" del nombrado, en pos de verificar que aquel no tuviera en su poder elementos con los cuales pudiera lesionar al personal preventor o a terceros, tras lo cual se procedió a identificar los elementos que aquel llevaba en su mochila -la que se aclara que presentaba manchas de aceite-, entre los que se encontraron un hacha de mano, una tenaza de cortar alambres manchadas con aceite y una llave de 8 pulgadas nro 71; elementos todos éstos que también presentaban manchas de aceite (cfr. acta de procedimiento de fs. 29/32 y fotografìas de fs. 46/47).
De ello se colige -atento a la capacidad vulnerante de tales elementos (en especial el hacha)- que se vislumbraba como justificada la inspección de la mochila y, luego, de la bolsa de arpillera en la cual fueron encontradas las bobinas que presentaban las mismas manchas de aceite que tenían las herramientas y respecto de las cuales el imputado no pudo justificar su procedencia, alegando que las encontró tiradas (lo que aparecía como inverosíl atento las manchas de aceite que poseían -demostrativas de su reciente remoción- y los elementos incautados que servían para esta última actividad) .
Dicha circunstancia -sumado a que las prendas de vestir que llevaba en ese momento Chacon también presentaban manchas de aceite- permite generar una sospecha más que razonable de que aquellos artefactos habían sido sustraídos de su lugar de origen utilizando las herramientas en cuestión, lo que justificaba, al menos, el "avance" del proceder prevencional (sobre la intimidad del ciudadano), quienes podían sospechar la presunta comisión de un ilícito.
Sumo a ello que, como bien se desprende de las declaraciones testimoniales de los policías que intervinieron en el procedimiento (fs. 18 vta./19 y fs. 19 vta./20 de la IPP nº 02-00-017965-20), que Chacón no contaba en esos momentos con documento de identidad que permitiera identificarlo fehacientemente ni corrobar los datos por él aportados, por lo que resultaba acertado el traslado en esas circunstancias a la sede de la dependencia policial, lo que no se vislumbra como excesivo ni conculcatorio de derecho constitucional alguno. Ello, teniendo en cuenta las facultades especialmente previstas para los integrantes de dicha fuerza policial, de acuerdo a lo normado por la Ley de Policía de la Provincia de Buenos Aires.
En relación a tales facultades -y entendiendo que resulta aplicable al caso por la similitud de los hechos objeto de análisis-, me permito traer a colación el sentido de mi voto en causa IPP 15.303/I de este cuerpo, donde señalé que: "...Tal como surge del acta de procedimiento citada, los funcionarios públicos -mientras realizaban sus tareas de prevención del delito a bordo un móvil policial no identificable- advirtieron la presencia de una persona caminando en horas de la noche, con prendas de color oscuro y con la capucha de su campera colocada; tomando la decisión de interceptarlo para proceder a su identificación, dando a conocer su calidad de policías, llevando puestos chalecos y gorros identificables, siendo -en ese momento- que al sujeto se le cae al piso, de entre sus ropas, un arma de fuego, tipo escopeta con el caño recortado.
Como puede observarse, la actuación de la policía (según constancias del acta de procedimiento aún no desvirtuadas) no se dirigió -inicialmente-, a requisar al individuo, ni a detenerlo; sino solamente a requerirle su identificación.
Tal actividad de verificación de la identidad de las personas que transitan por el espacio público, en la medida en que el tiempo que se destine no sea prolongado (como aquel que puede insumir requerir la documentación y chequear los datos de la persona a identificar en los registros correspondientes, no puede considerarse una privación de la libertad (en los términos en los que le da tratamiento la Jueza de Grado), y no corresponde extender a esas acciones, las exigencias legales previstas para procedimientos que impliquen detención.
Como dije en la I.P.P. M-11.252/I, en fecha 12/06/13, y en mi voto oral de la causa nro. F-11.426/13 del día 9/5/13, sería equivocado considerar que las funciones de seguridad y prevención se encontraran estrictamente acotadas por los estándares de apreciación y justificación que establece el Código Procesal Penal en sus arts. 294 inc. 5to., 225 y ccdts. para las requisas, y en su art. 153 respecto de la aprehensión. Las funciones identificadas en primer término, y sus facultades correlativas, deben analizarse -por lo tanto y en principio- a la luz de las disposiciones de la ley 13.482.
En ese sentido, entiendo que -en general- puede convalidarse la mera (momentánea y fugaz) intercepción de ciudadanos a efectos de verificar (en forma sumaria y con mínima afectación a la libertad), si pesa sobre ellos alguna restricción procesal coercitiva, lo que puede verificarse incluso vía radial en pocos instantes. Me refiero a un tipo de averiguación que implique una restricción ambulatoria momentánea, y por lo tanto, mucho menos restrictiva que la dispuesta en la letra c) del art. 15 de la ley 13.482 (y sus modificatorias).
Así, entiendo que sería una demasía prohibir a la policía la facultad de demorar a un ciudadano para averiguar si pesa sobre él una averiguación de paradero (la que además podría tener carácter no penal), o alguna orden de captura; ello, sin utilizar las 12 horas previstas por la ley 13.482 cuando la persona se niega a identificarse o no posee la documentación que la acredita su identidad.
Es importante, entonces, tener presente la explicación realizada sobre la distinción que existe entre las facultades de la policía en función judicial y aquéllas realizadas en el marco de sus funciones de seguridad y prevención de delitos, y -especialmente- dentro de estas últimas, entre aquellas a las que puede recurrirse en caso de que un ciudadano no acceda a identificarse, o no cuente con su documentación, y el mero requerimiento de esa documentación o de sus datos.
Considero que en este caso ha resultado válida la actuación del personal policial que específicamente, y en sus inicios, se encuadra en este último supuesto; en tanto -según surge del acta de procedimiento- los funcionarios policiales sólo interceptaron a Luna para proceder a su identificación, siendo en ese momento en el que, conforme consta a fs. 7 y vta, se le cayó -al piso- un arma de fuego que justificó la requisa posterior, el secuestro de esa escopeta y de un cuchillo, y su aprehensión por la comisión flagrante del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.". Dicho ello, no puedo dejar de recordar que el traslado de Chacón Salazar a la dependencia policial se efectuó -como ya se dijera- a los efectos de verificar sus circunstancias personales, siendo que una vez que se tomó conocimiento -a partir de medidas investigativas concretadas por los preventores- de que tales bobinas habían sido sustraídas, se procedió a su aprehensión.
Por ello, encontrándose ajustada a derecho la actividad desplegada por los funcionarios policiales intervinientes, entiendo que no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad esgrimido por la recurrente ni a la exclusión probatoria solicitada.
Ahora bien, en torno al planteo -subsidiario- efectuado por la representante de la defensa pública respecto de que en el marco de la presente causa no se encuentran acreditados peligros procesales que justifiquen la medida de coerción dispuesta, entiendo que el mismo tampoco debe ser de recibo.
Como ya lo he señalado en otras oportunidades, el artículo 171 en relación con el 148 del Código Procesal Penal -texto según ley 13.449-, dispone las circunstancias que deben tenerse en cuenta para valorar la eventual existencia de peligros procesales.
Y en el caso que me ocupa, la Sra. Jueza de garantías interviniente, tuvo por acreditados tales peligros, y, en particular el de fuga, a partir de los antecedentes penales que registra el imputado y de la pena en expectativa que se prevee como resultado de este proceso. Ello -señala la Señora Jueza de Garantías- por cuanto "...la pena que se infiere, tanto por su monto cuanto por su forma de efectivo cumplimiento se presenta como un parámetro sumamente válido y legal para inferir el peligro de fuga al que alude el artículo 148 del C.P.P...", argumento y valoración que en lo personal comparto.
Para así concluir, tengo en cuenta en primer lugar la calificación que "prima facie" se le otorgara al hecho imputado al encartado, consistente en robo (cfr. artículo 164 del C.P.), en calidad de autor (art. 45 del C.P.) y ello por cuanto la magnitud de la pena en expectativa emerge como un parámetro razonable para inferir ese peligro (Sala I T.C.P.B.A., causa 36.832 de fecha 20/4/2010).
En concreto, la escala penal del delito atribuído al aquí imputado contempla una pena máxima de 6 años de prisión, resultando de la misma que, en caso de recaer condena en esta causa, la misma deberá imponerse en forma efectiva, por cuanto el imputado registra condenas anteriores que impiden la condenación condicional (art. 26 y ccdts. del C.P.).
Asimismo, entiendo que deben valorarse las particulares y graves características del hecho enrostrado fundadas en la nocturnidad con la que fue perpetrado el ilícito -que le habría permitido al imputado asegurar su impunidad- y la extensión del daño causado -que en mi sentir excede al elevado daño económico ocasionado para la empresa EDES S.A. pues debe ponderarse también que las bobinas fueron sustraídas de un transformador que se encargaba de abastecer de energía al bombeo de gas de la prestataria de tal servicio púiblico, lo que implicaba que la unidad dañada debe ser repuesta en el futuro para no afectar dicho bombeo y, por lo tanto, la prestación de ese servicio (cf. declaración testimonial de testigo Sergio Omar Sanchez incorporada a fs. 20 vta./21 vta. de esta incidencia), y ello con respecto al daño causado ((art. 40 y 41 del C.P.).
Ello conlleva a que, en definitiva, de otorgarse la libertad existiría el riesgo de que el imputado evada la acción de la justicia. Máxime cuando del informe de concepto y solvencia (efectuado por personal policial (fs. 57/vta.), se desprende que vive solo -y no con su núcleo familiar como afirma la impugnante- y en una finca que no es de su propiedad y que realiza "trabajos esporádicos de albañilería", lo que se vislumbra cuando menos insuficiente para acreditar el "arraigo" al que se hace referencia en la impugnación.
Dicho análisis, se corresponde con la pauta establecida por el legislador en el art. 148 del C.P.P. para evaluar riesgos procesales, lo que se ajusta a lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal Nacional en los precedentes “Lizarraga” (C.S.J.N, Fallos 311:1414) y “Stancato” (C.S.J.N., Fallos 310:1835), siendo en el mismo sentido la doctrina del fallo de la Sala III del T.C.P.B.A. en fecha 6/78/2011, causa 47.223).
Y, llegado a este punto del análisis y habida cuenta del planteo esbozado por la recurrente, entiendo oportuno recordar que la libertad durante la tramitación del proceso (artículo 144 del Código Procesal Penal), encuentra límites en cuanto se la relaciona con los fines del proceso penal. El denominado genéricamente "peligro procesal", constituye un aspecto que legítimamente puede ser considerado a efectos de establecer dichos límites, los que en este caso se dan por acreditados.
Me resta señalar en cuanto a la afectación a la salud alegada por la recurrente, que ella no ha invocado ningún motivo por el cual el encartado pueda encontrarse dentro de alguno de los grupos de riesgo ante el COVID-19 y menos aún que, de ser ello así, el encierro preventivo dentro de la unidad carcelaria, le importe un mayor riesgo de contraer dicha enfermedad y que se vea afectada tal integridad.
Así las cosas, por los argumentos esgrimidos precedentemente y teniendo en cuenta las directrices emanadas recientemente por la S.C.B.A., el 11 de mayo de 2020, en el marco de la la causa nro. 133.682-Q, caratulada: "Altuve, Carlos Arturo -Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal s/ queja en causa N° 102.555 (habeas corpus colectivo y correctivo) y su acumulada N° 102.558 (habeas corpus colectivo y correctivo) del Tribunal de Casación Penal"; los aspectos personales del involucrado y las particulares circunstancias del hecho investigado, entiendo que la medida dispuesta se vislumbra como adecuada y proporcional a los fines que se procuran alcanzar.
Con ese alcance doy mi voto en torno a la confirmación del auto apelado.
Ahora bien, sentado ello y habiendo dado lectura a las presentes actuaciones, entiendo que en el caso de marras se ha producido un vicio de entidad nulificante en relación a la defensa material y técnica del imputado, que puede ser declarado de oficio en esta instancia y por este tribunal.
Digo ello, por cuanto ya desde los inicios de la investigación y luego de habérsele recibido declaración en los términos del artículo 308 del C.P.P.B.A. -oportunidad en la cual hizo uso de su derecho a mantenerse en silencio- el imputado solicitó audiencia con la Señora Jueza de Garantías interviniente, requiriendo en aquella oportunidad "...un cambio de su defensa porque quiere prestar declaración ante el señor Agente Fiscal y que por recomendación de su defensa no le permiten hacerlo...".
Dicha circunstancia fue comunicada en aquella misma fecha a la Unidad de Defensa interviniente y, si bien ese mismo día se había formulado un pedido de excarcelación (el que le fuera denegado), lo cierto es que la solicitud de audiencia -a fin de que le fuera recepcionada al imputado declaración en los términos del artículo 317 del C.P.P.B.A se formuló en fecha 20 de noviembre de 2020, petición que fuera rechazada por el Sr. Agente Fiscal interviniente con el argumento de que "ya se había formulado requerimiento de elevación a juicio" del cual se había dado traslado a la defensa técnica del encausado, la que no efectuó oposición alguna (ni se reiteró la petición)-.
Ello pone de manifiesto que, por entonces, seguía vigente la intención del imputado de prestar declaración, acto procesal que constituye la esencia de su derecho de defensa material, y el que por las razones que fuera nuna se concretó. Y que no se diga que ello pudo haber sido una estrategia técnica de quienes lo representan, pues esa intención es personalímisa, no puede ser denegada y en último caso puede dejarse constancia del asesoramiento legal para que guarde silencio el justiciable. Pero no más; ni menos.
Así las cosas, ante la posibilidad (y ya no hipotética sino real) de que existieran defensas (reales y efectivas) de las que se pudo ver privado (en este caso) el encausado, entiendo que corresponde declarar de oficio la nulidad.
En tal sentido, podemos leer: "...Según ha mencionado la C.S.J.N. en varias oportunidades, la garantía en exámen requiere que ella sea observada algo más que formalmente. Con otras palabras, que no basta con que una persona cuente con asesoramiento legal, ese asesoramiento debe ser efectivo. nota: con igual criterio se expidió el derecho norteamericano en GEDERS V. UNITED STATES, 425 US 80 (1976) y WEATHERFORD V.
BURSEY, 429 US 545 (1977)..." ("Garantías Constitucionales en el proceso penal", Alejandro Carrió, Editorial Hammurabi, pág. Nº 566), siendo que a fs. 568 a 572 de la misma obra el reconocido autor cita los fallos "Magui Agüero", "Scilingo", "Cardullo", "Moyano" y "Ojer González" donde el Máximo Tribunal Nacional sienta esa sana doctrina).
Nuevamente la Corte se expidió en "Rojas Molina" (fallos 189:34) y fue más allá aún en el conocido "NUÑEZ Ricardo A." donde el Tribunal no se limitó a reconocer la responsabilidad que en la afectación de este derecho le cupo a los asesores letrados sino que, además, destacó la falta de los Jueces de las instancias anteriores quienes no salvaron la insuficiencia de asistencia técnica, pese a estar obligados a hacerlo. El deber de velar por la garantía de defensa en juicio es una obligación que el Máximo Tribunal reconoce tanto en cabeza de los defensores como de los Jueces en tanto funcionarios del Estado (ídem en "Nacheri, Alberto Guillermo s/ homicidio agravado y robo calificado").
Por ello, entendiendo que en el caso se encontraría afectado el derecho de defensa del imputado, al que le asiste raigambre constitucional -cfr. artículo 18 de la C.N.-, he de proponer al acuerdo la declaración de nulidad de oficio del requerimiento de elevación a juicio formulado por la vindicta pública y de la elevación a juicio dispuesta por la Sra. Jueza de Garantías interviniente y, en consecuencia, de la resolución denegatoria del Sr. Agente Fiscal que no hizo lugar al pedido de prestar declaración en los términos del artículo 317 del C.P.P.B.A.; ordenando retrotraer el proceso a fin de que se evacúe dicho acto procesal solicitado por el imputado, y se prosiga luego el trámite en legal forma.
Tal es el alcance de mi sufragio.
A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. SOUMOULOU DICE: Adhiero por sus fundamentos al voto que me antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI DICE: Que atento lo expuesto en forma precedente corresponde denegar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la prisión preventiva dictada; asimismo declarar la nulidad del cierre de la investigación y de los actos que son su consecuencia, remitiendo el expediente a la instancia de origen con el fin de que se tome razón y se prosiga el trámite de acuerdo a lo aquí propuesto. Tal es mi propuesta.
A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. SOUMOULOU DICE: Adhiero al sufragio precedente.
Con lo que terminó este Acuerdo que firman los Sres. Jueces mencionados.
Bahía Blanca.
Y Vistos; Considerando: Que en el acuerdo que antecede, ha quedado resuelto que es justa la resolución apelada y que resulta nula la elevación a juicio dispuesta.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede SE RESUELVE: no hacer lugar al recurso de apelación de fs. 1/4 vta., CONFIRMANDO la resolución de fs. 6/16 vta. y declarar la NULIDAD del cierre de la investigación y del posterior requerimiento de elevación a juicio (y de todos los actos posteriores) ordenando retrotraer el proceso a fin de que se evacúe la voluntad del justiciable de prestar declaración formulada en tiempo y forma (arts. 144, 148, 157,158, 171, 203, 207, 334, 439, 440 y cctes. del C.P.P., artículo 164 del C.P., artículo 18 de la C.N. y 10 y 15 de la Provincial).
Notificar a la Fiscalía General Departamental, al impugnante y al procesado.
Hecho, remitir al Juzgado Correccional interviniente quien deberá dar el trámite aquí resuelto.
Fin de la sentencia