Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto glosado a fs. 28/32, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8347 FOLIO Nº 196/198 PROT. ELECT. JR101222I.231
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada: “I.D.R. S/ AMENAZAS” Expte. Nº 21032/22, Apelación Nº 8620/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 28/32, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de D.R.I., en orden al delito de “amenazas” (arts. 149 bis del Código Penal).
Que a fs. 36/38 la defensa técnica oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 44 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, inicialmente, sostuvo la defensa que su asistido fue erróneamente procesado. Al respecto, aseguró que no existen constancias probatorias que pudieran determinar la responsabilidad de su representado.
En dicha línea argumental, advirtió que el procesamiento apelado tiene como elemento incriminatorio fundamental los dichos de la presunta damnificada. Dijo que este relato no resulta suficiente a los fines de tener por acreditado, sin más, el hecho ocurrido con las modalidades denunciadas.
En tal sentido, puso de resalto que el comportamiento desplegado por la denunciante no se condice con la actitud de una persona amedrentada o intimada. Incluso, destacó que la propia denunciante expresó haber realizado una variedad de acciones luego de la discusión -aun estando el imputado en su domicilio- y al cuidado de sus hijos. Postuló que, si se hubiera considerado la circunstancia en que se genera la discusión, no se podría concluir que las amenazas verdaderamente han ocurrido. Explicó que las discusiones no deben reputarse como una intención dolosa de amedrentar a otra persona o de provocar temor en la integridad física del otro. Citó jurisprudencia en sostén de su postura. Finalizando, cuestionó que no existan relatos de testigos presenciales, razón por la cual entendió violadas las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y el principio de inocencia.
Por último, pidió se revoque el resolutorio atacado, y se sobresea a su representado o se declare la falta de mérito.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que, analizados los agravios impetrados, adelantamos, serán desestimados.
En efecto, contrariamente a lo afirmado por la defensa, a la luz de los conflictivos antecedentes valorados por el Sr. instructor, tanto en el ámbito de la justicia civil (familia) como penal, juzgamos acertado el pronunciamiento dictado.
Ello así, pues el magistrado –obligatoriamente- apreció el testimonio de la víctima con perspectiva género, en el marco de la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (ley 26.485); criterio que se comparte. En tal sentido, para decidir el procesamiento por amenazas, el juez consideró:
- El especial contexto relatado por la dicente, que incluye otros antecedentes en los que el incuso habría desplegado fuerza física sobre la víctima;
- Que en el fuero de familia se habrían adoptado medidas de protección para la damnificada y, por lo tanto, no se trataría de un hecho aislado. Al respecto se ha dicho: "...En los casos de violencia de género, la relevancia de los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado..." (Cita online: TR LALEY AR/JUR/18735/2014).
Lo expuesto, otorga fuerza de convicción a los dichos de S.C.M. y habilita, en principio, a tener por corroborada la amenaza denunciada. Sobre el punto, la jurisprudencia ha sostenido que las amenazas vertidas en un contexto de tales características, constituyen hechos de violencia contra la mujer, por lo que deviene aplicable la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención Belém do Pará- (Cámara Federal de Casación Penal; Sala II, causa n° 16.379 “V.”, rta. 16/04/2013, voto del Dr. Alejandro W. Slokar). Así, la mencionada normativa internacional, suscripta por nuestro país, otorga un especial amparo a la víctima, precisamente en los art. 7º sstes y cctes; luego receptados por los arts. 2º inc. f); 4º; 5º 2); 6º inc. a) y 16º incs. c), d) e i) de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales - Ley 26.485).
Así lo ha postulado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señalar: “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género (del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo).” (C.S.J.N.; 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020; LA LEY 10/02/2020; Cita Online: AR/JUR/36601/2019). Precisamente, el art. 16 inc. i) de la norma antes referida, establece que se debe garantizar a las mujeres: “… amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos…”.
En consecuencia, el pronunciamiento no es erróneo, y los elementos valorados por el magistrado resultan suficientes para el dictado del auto de mérito, pues la investigación se estructuró sobre la base del testimonio de la pretensa víctima, en el especial contexto que denunció haber padecido amenazas; todo lo cual no implica mengua ni violación de las garantías constitucionales reconocidas al encartado. Recientemente, en un caso de similares características al de autos -con episodios de violencia verbal y emocional- la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó un recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado. Allí, el pronunciamiento atacado se basaba en el persistente relato de la damnificada y denuncias anteriores.
(CNCP, Sala I; A.M.,M.S. y otros c. D.,M.Á. s/ coacción (art. 149 bis); 10/08/2023; Cita: TR LALEY AR/JUR/93728/2023). Se ha dicho que el abordaje desde una perspectiva de género, reconoce que los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la víctima o denunciante. (CP Contrav. y Faltas Sala III, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis; Rubinzal Online; RC J 4167/17). Que, resulta aventurado, en esta liminar etapa del proceso, afirmar -como lo hace la defensa- que la damnificada no se habría sentido amedrentada por haberse retirado al supermercado en medio de la comisión del hecho denunciado, dado que la dicente señaló que el imputado ya habría actuado de manera violenta en otras ocasiones, a causa de su adicción a la marihuana y el alcohol y, bien podría entenderse, que se trató de un intento de la víctima de descomprimir la situación, lo cual no implica que el hecho no hubiera acontecido como lo relató, y que no se hubiera sentido intimidada por los dichos e incluso el ademán efectuado por el encartado.
Con idénticos elementos a los obrantes en autos, otro tribunal del país, dictó el procesamiento del imputado, diciendo: “El procesamiento por el delito de amenazas debe confirmarse, pues los obrados exhiben suficiente información para asumir, con alto grado de probabilidad, que el imputado agredió verbal y psicológicamente a su pareja, utilizando palabras amenazantes infundiéndole temor…, siendo estos comportamientos contrarios a las normas que protegen a la mujer de agresiones basadas en el género para restringir su libertad de determinarse en las diferentes facetas de su vida, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad.” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Formosa; 18/10/2018; “S., M.
A. s/ amenaza concordante con violencia de género”; RDP 2019-6, 1307; TR LALEY AR/JUR/89185/2018). En virtud de lo expuesto, entendemos, la ponderación conjunta de los dichos de la víctima y los antecedentes agregados en copia a estas actuaciones, avalan la credibilidad de lo expresado por la damnificada y permiten tener por acreditado el suceso, con la provisoriedad propia de esta etapa, motivo por el cual, confirmaremos íntegramente el auto apelado.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 28/32, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
DR. DIEGO MARIO LERENA JUEZ SUBROGANTE DRA. ADRIANA INÉS GEYER SECRETARIA
Fin de la sentencia