Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8847 FOLIO Nº 025/028 PROT. ELECT. JR101525I.242
Río Gallegos, 07 de agosto de 2024.-
La presente causa caratulada "I.F.D S/ Lesiones Leves y Daño –E.C.V.G- (Ley 26.485)”- Expte. Nº 26648/23 - Apelación/Causa JR Nº 8774/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 59/63 y vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado I.F.D, en orden al delito de Lesiones Leves Doblemente Agravadas por haber sido cometidas mediando violencia de género y por el vínculo en concurso real con Daños (Arts. 45, 92, en función de lo dispuesto en el art. 80 inc.1 y 11, 55 y 183 del C.P). Que a fs. 66/67, la defensa particular apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 77, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable y perjudicial a los intereses de éste.
Que el recurrente manifestó que la resolución cuestionada carece de fundamentación necesaria y lógica que debería contener como para ser considerada válida y producto de una derivación razonada de los hechos y del derecho vigente, pues –entiende el defensor- se basa en elementos que de ninguna manera permiten arribar siquiera a una probabilidad concreta de que los hechos enrostrados a su asistido hayan ocurrido, resultando de tal forma lo decidido, producto de una construcción carente de sustento fáctico. Señala el peticionario, que la a quo debió en primera instancia tener acreditada la base fáctica para luego adecuar la supuesta conducta delictiva con la norma que sanciona tal proceder. Sin embargo, entiende que no se ha cumplido con tal premisa, circunstancia que torna dogmática y arbitraria la resolución cuestionada.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la defensa, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
En primer lugar, indica el defensor particular que la resolución en crisis se afirma en el supuesto poder conviccional que -a criterio de la Magistrada, dice él- ostentan las declaraciones de la denunciante, no obstante que no existen otros elementos que permitan sostener los hechos denunciados más allá que los propios dichos de la Sra. B.C.D.
Advierte el accionante que es evidente que el procesamiento carece de motivación suficiente porque además, la Sra. Jueza Subrogante valora –según su juicio- de forma inadecuada los dichos de la denunciante, porque ella misma admite que es violenta y que ella también agredía física y verbalmente a su defendido, resultando además que ella admite que el día en que supuestamente ocurrieron los hechos por los que se resolvió el procesamiento, ellos estaban discutiendo, con lo cual la circunstancia de haber hecho un relato determinado en sí mismo no permite tener por acreditada la materialidad del delito enrostrado, máxime si tal como ocurre en este caso, la supuesta lesión estaría constituida por una “leve esquimosis lineal”, es decir, que se trataría de un ligero signo en la piel que puede ser causado inclusive en circunstancias o hechos de la cotidianeidad tal como un roce con algún objeto, o un golpe leve con un mueble, etc. Ingresando al tratamiento del primer agravio, debemos decir que existen en autos elementos probatorios que resultarían ser suficientes para tener por acreditada la responsabilidad del imputado. En este sentido, advertimos que la denuncia judicial de B.C.D en fs. 09/10, el acta de relato ante la OVD de fs. 01/03 y ampliación de denuncia de fs. 21/vta.; el informe de evaluación de situación de riesgo de fs. 04/05; el certificado médico policial de fs. 11; y el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo de fs. 23/25, entre otros; son elementos que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la materialidad y autoría que le caben al imputado. Nos resulta necesario advertir que, en primer lugar, el delito de lesiones leves, se habría corroborado por el relato de la víctima, en este caso, la Sra. B.C.D a fs. 01/03; 09/10; y 21/vta.; como así también por el certificado médico policial a fs. 11, donde el Sr. S.J.L verificó en la persona denunciante una leve esquimosis lineal de un y medio centímetro en región supraexternal, coincidente con la lesión sufrida por la denunciante. En segundo lugar, el delito de daño, habría quedado constatado por las declaraciones de la víctima (fs. anteriormente citadas) y por el acta de inspección ocular y su respectivo croquis ilustrativo a fs. 23/25, donde los oficiales habrían comprobado el relato de la damnificada al encontrar en su domicilio dos (2) prendas de vestir femeninas dañadas.
Por ello, es que consideramos que los elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, y permiten concluir en que no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con los hechos delictivos.
Además, no se advierte que la Magistrada se haya apartado de la motivación del auto recurrido, máxime se ajusta a derecho, conforme art. 166 C.P.P.
A su vez, creemos que es irrelevante a los fines del procesamiento, la aclaración de la defensa en cuanto estima que la víctima también es violenta, ya que, en primer término, y como indicamos, la materialidad y autoría se encontrarían acreditadas, con la probabilidad que esta instancia procesal requiere, y, en segundo término, la misma damnificada aclara en el acta del relato en fs. 02/vta., “(…) siempre tuvimos esa relación tóxica (…) después cuando me embaracé llegué a la Iglesia y tuve un cambio tremendo (…) Yo soy violenta, también me considero así porque me volví así en el transcurso de la relación, siempre me defendí (…) y decidí cambiar por mis hijas (…) Hace un mes me pegó en los brazos y me ahorcó pero yo volví porque me decía que iba a cambiar (…) lo perdoné porque es manipulador, yo en ese sentido soy muy niña, lo perdono y vuelvo, pero él siempre me agredió verbalmente (…)”. Se puede ver reflejado aquí factores vinculados a la dinámica del “ciclo de violencia” que atraviesa la pareja al retomar el vínculo luego de un episodio como el sucedido en el legajo, y como ya pasó oportunamente, según consta en la denuncia radicada. Esta situación, suele ser muy común en casos que contienen un escenario de violencia de género. Dicho ello, y vista la connotación de violencia de género que emerge de estos autos, en consecuencia, se impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, siempre derivado del análisis conjunto de todas las pruebas que se encuentren vertidas en la causa.
Siguiendo esta línea, se ha asentado jurisprudencialmente “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). De modo similar, la doctrina ha dicho: “… el valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puede ser corroborado por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante, contraria a los parámetros internacionales en la materia…” (Ledesma, Ángela “El debido proceso penal”, Ed. Hamurabi, Bs. As. 2016, pág. 106) Es por todo lo expuesto que, el testimonio de la víctima no debe ser desacreditado por su condición de tal, debiendo ponderarse en forma íntegra con la totalidad del plexo probatorio recabado durante la instrucción.
Así, es dable llegar a la conclusión que no prosperará el agravio efectuado por la defensa, toda vez que la resolución se encuentra debidamente motivada en función -se reitera- de la valoración de la totalidad de las pruebas producidas en la causa, y no únicamente en el testimonio de la víctima.
En segundo lugar, el defensor evidencia también una carencia de fundamentación del auto recurrido, en tanto y en cuanto se sustenta en las afirmaciones que habría realizado la denunciante ante la OVD que no es propiamente dicho una dependencia judicial puesto que se trata de la oficina que recepciona denuncias relativas a cuestiones de violencia intrafamiliar o relacionadas con cuestiones de género.
A su vez, el peticionario alude a la explicación de dos artículos de la Ley 26.845, en cuanto señala que la denuncia puede ser efectuada ante el Juez o ante el Ministerio Público (art. 21), y que al llegar a conocimiento del Juez una situación de violencia, tiene que citar dentro de las 48hs. a la denunciante. Aquí –dice el defensor- la “denuncia” fue presentada ante la OVD y la denunciante nunca fue oída por el Juez de Familia, con lo cual, entiende el mismo, nunca se cumplió con los lineamientos de la ley. En conclusión, afirma la defensa, si no se dio cumplimiento con las expresas disposiciones de la ley 26.485, mal puede la Magistrada de grado tomar como prueba o en consideración esos dichos que nunca fueron ratificados ante el Juez o ante el Ministerio Público.
Por otro lado, agrega el accionante que las manifestaciones ante la OVD fueron hechas ante un equipo “interdisciplinario”, nunca fueron ratificadas ante el Juez o Ministerio Público, pero además, fueron expresiones unilaterales de la denunciante y los informes de riesgo de la OVD carecen entonces de elementos de objetividad que permitan considerarlo válido en esta instancia, puesto que fueron dichos de la denunciante efectuados contra quien ella misma admite que existían disidencias en la pareja, además de admitir la Sra. B.C.D que ella misma es violenta y que agredía física y verbalmente al Sr. I.F.D. En igual sentido, recalca que el informe de situación de riesgo de la OVD también carece de fundamentos objetivos y científicos como para ser considerado como una prueba de los hechos denunciados puesto que en definitiva, nuevamente dice, se trata de dichos de la denunciante efectuados ante una oficina judicial y que nunca fueron ratificados ante el Juez o Ministerio Público.
En análisis del presente agravio, nos resulta necesario hacerle saber al defensor particular, que la resolución recurrida no fue sustentada en las afirmaciones de la Sra. B.C.D ante la OVD, sino, como bien se vislumbra en el expediente, fue fundada conforme los elementos probatorios aunados en la causa.
Para una mejor comprensión, creemos conveniente resaltar que la causa comienza con la denuncia judicial el día 05 de abril de 2023 (según consta a fs. 09/10), el acta de relato ante la OVD surgió el día 06 de abril del mismo año (de fs. 01/03), y la ampliación de la denuncia fue hecha el día 10 de abril de 2023 (conforme fs. 21/vta.), por lo que creemos que la defectuosa cronología de las actuaciones no afecta en absoluto el principio de congruencia que se observa en la totalidad del expediente. En efecto, la Sra. Jueza Subrogante de instrucción ha dicho en el auto apelado “Que, toda vez que las piezas probatorias aunadas resultan ser las mismas que permiten atribuir responsabilidad criminal al encartado en calidad de autor (…) Así, se inicia la presente investigación con la denuncia incoada en la División Comisaria de la Mujer y la Familia de policía con fecha 05 de abril de 2023 (…)”.
A su vez, en cuanto a la falta de ratificación a la que alude el defensor, consideramos relevante lo dicho por esta Alzada en la causa “G.A.D S/ Lesiones Leves – en contexto de violencia de género-“ Expte. Nº 20673/21, Apelación Nº 7154/21, “Con respecto a la falta de ratificación por parte de la víctima y los testigos en sede judicial se ha dicho en materia jurisprudencial que “la falta de ratificación de una declaración de testigos rendida ante la autoridad policial, no desacredita el acta ni el procedimiento en sí mismos y no invalida su posterior apreciación judicial, en tanto como se dijo precedentemente la ley de rito otorga esas atribuciones prevencionales a los funcionarios” (Cámara Federal Nº 2 de Corrientes, FCT 6169/2017/CA4, 12/08/2020), motivo por el cual, la ratificación de los testimonios no resulta necesaria a fin de atribuirles valor probatorio, entendiendo su realización de libre albedrío”.
A mayor abundamiento, nos resulta conveniente citar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, o también llamada Convención “Belem Do Para” (art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional) el cual en su artículo 7 inc. B establece: “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. Creemos que, en el caso de marras, la Magistrada ha actuado conforme la normativa legal. Para concluir con el análisis del agravio, respecto al informe de situación de riesgo de la OVD, esta Alzada ha indicado en la causa caratulada "G.D.N. S/ Lesiones Leves -en contexto de violencia de género-" - Expte. Nº 22578/21- Apelación/Causa JR Nº 8400/23 que “Las actuaciones producidas por la OVD (entrevistas, informes, inspecciones, dictámenes, etc.) constituyen elementos oficiales elaborados por personal capacitado por el Poder Judicial, por lo que los mismos que gozan de pleno valor probatorio para la determinación fáctica del caso y su ponderación por parte de los magistrados (…)”.
(C.S.J; Provincia de Tucumán; en autos “M.L.A S/ Lesiones leves agravadas y amenazas de muerte en concurso ideal”; 15/08/2017; Editorial Rubinzal-Culzoni). De igual manera, nos parece necesario aclarar que las Oficinas de Violencia Doméstica (OVD) actúan de manera objetiva, sus funciones se basan en facilitar el acceso a la justicia de las personas que, afectadas por hechos de violencia doméstica, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Estos protocolos de actuación, tienen diferentes objetivos, como por ejemplo: “asesorar y acompañar a las víctimas de violencia de género durante todo el proceso penal, a los efectos de garantizar su participación, procurando evitar situaciones de discriminación judicial en razón del género; garantizar el derecho al efectivo acceso a la justicia a través del acompañamiento de un equipo interdisciplinario (…)”, entre otros.
(Protocolos de actuación en los programas especiales de atención a víctimas. Ministerio Público Fiscal de la Nación. 12/08/2015. Página 5). En el caso de marras, los profesionales dependientes de la OVD actuaron con objetividad, y analizaron la situación de riesgo para la víctima, siendo éste valorado como alto, según consta a fs. 04/05 y vta. Es por todo lo expuesto, que estimamos que no procederá el agravio mencionado, toda vez que la Magistrada ha realizado una valoración integral de los elementos probatorios aunados en la causa, contando con elementos de convicción suficientes que le permitieron concluir, con el grado de probabilidad que la instancia requiere, que el Sr. I.F.D sería el autor penalmente responsable de los delitos en autos.
Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 59/63 y vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.-
Fin de la sentencia