Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121474
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.474, "Sotelo, Juan José contra Cattorini Hnos. S.A.I.C.F.E.I. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Genoud, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. sent., fs. 299/312).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 322/333).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Juan José Sotelo contra Cattorini Hnos. S.A.I.C.F.E.I. en cuanto reclamaba el cobro de indemnizaciones por despido, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, los agravamientos resarcitorios previstos en los arts. 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323, y la indemnización contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En cambio, en lo que aquí interesa, condenó a la accionada al pago de la suma que estableció en concepto de vacaciones proporcionales, sueldo anual complementario, haberes adeudados, diferencias salariales por antigüedad e indemnización establecida en el art. 9 de la ley 24.013, y a la entrega del certificado de trabajo y aportes previsionales.
Para así decidir, tras analizar el intercambio telegráfico, el a quo sostuvo que la accionada había reconocido de manera expresa el período de antigüedad reclamado por la parte actora (del 7 de julio de 2008 al 15 de marzo de 2010). A partir de ello -y toda vez que de la pericia contable se evidenciaba que solo se había registrado y efectuado aportes entre los meses de marzo de 2010 a enero de 2012 inclusive-, determinó que se debía acoger la indemnización establecida en el art. 9 de la ley 24.013.
Además, luego de valorar el material probatorio aportado a la causa, juzgó demostrado que la accionada, al momento de contestar demanda adjuntó el certificado de trabajo y aportes previsionales de fecha contemporánea al distracto. Sin embargo, aclaró que el instrumento correspondía al tiempo laborado entre marzo de 2010 a diciembre de 2011, sin tener en consideración el lapso de antigüedad reconocido en el intercambio postal (julio de 2008 a marzo de 2010); por lo cual, condenó a aquella a entregar las certificaciones previstas en el art. 80 de la ley 20.744 con la inclusión del referido período.
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 309 y vta.).
II. La accionada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia errónea aplicación del art. 9 de la ley 24.013 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 322/333).
II.1. Controvierte la conclusión del tribunal de origen referida a la existencia de diferencia de haberes por antigüedad en favor del trabajador pues sostiene que resulta contradictorio que el a quo tenga por acreditado que su parte abonó oportunamente dicho rubro y luego se la condene al pago del mismo (v. fs. 327/328).
II.2. Se agravia de la admisión de la indemnización prevista en el art. 9 de la ley 24.013. Aduce, en lo sustancial, que de los recibos de haberes acompañados por la parte actora surge que la relación laboral estuvo siempre registrada, no habiendo existido una defectuosa inscripción del operario (v. fs. 328 y vta.).
II.3. Cuestiona que se la haya condenado a entregar nuevamente el certificado de trabajo. Argumenta de que dicho instrumento siempre estuvo a disposición del accionante desde el momento del despido sin que el señor Sotelo se presentara a retirarlo, tal como -alega- surge del intercambio telegráfico y de la contestación de la demanda (v. fs. 328 vta./330 vta.).
Además, afirma que entre los meses de julio de 2008 y marzo de 2010 el trabajador tenía un vínculo laboral debidamente registrado con la agencia de empleo Servicios Temporarios S.A., por lo que no le correspondía a Cattorini Hnos. S.A.I.C.F.E.I. efectuar aportes o entregar el correspondiente certificado por dicho período.
II.4. Objeta la aplicación de intereses sobre el monto por el que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal emanada del precedente B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sentencia de 18-V-2016 (v. fs. 330 vta./331 vta.).
II.5. Finalmente, critica la condena a pagar diversos rubros salariales, en tanto aduce que del informe de la pericia contable obrante a fs. 154/158 surge con claridad que aquellos fueron debidamente abonados al actor (v. fs. 331/332).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el valor del litigio no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012 y L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013).
III.2.a. Bajo el contexto de análisis expuesto, y alterando el orden de tratamiento de los agravios, se advierte que en el caso no concurre la excepción prevista en la ley adjetiva local respecto de los cuestionamientos dirigidos a impugnar la condena al pago de las diferencias salariales por antigüedad, de los rubros que denuncia como previamente abonados, y de la indemnización del art. 9 de la ley 24.013, ya que el interesado omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con los referidos tópicos (v. fs. 327/328 vta.; 331 vta. y 332), razón por la cual el recurso deviene inadmisible en la parcela examinada (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013; L. 117.832, "Campos", sent. de 2-XI-2016; e.o.).
III.2.b. Agrego -para mayor satisfacción del recurrente- que aún en una hipótesis más favorable, se verifica que, por conducto de la valoración de los distintos elementos probatorios, el planteo recursivo remite al análisis de cuestiones de hecho en consecuencia inabordables en el estrecho marco del art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 87.911, "Meza", sent. de 5-XII-2007; L. 90.713, "Brandt" y L. 89.580, "Von Kaufmann", sents. de 31-X-2007; L. 100.969, "Sastre", sent. de 5-V-2010; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016; e.o.), como lo son -entre otras- aquellas orientadas a verificar si en el sub lite aconteció un reconocimiento de la antigüedad por parte de la empleadora y, por ende, existiere una deficiente registración, o bien determinar si los rubros de condena ya habían sido abonados previamente.
III.3. Tampoco resulta atendible la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
Para así decidir, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite , me remito -en honor a la brevedad- a la parte pertinente del voto que emitiera la doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), al que presté mi adhesión, por resultar sus consideraciones concordantes con las que expuse al sufragar en primer término en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
La decisión adoptada en el presente caso por el órgano de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.4. Finalmente, la crítica a la decisión de condenar a la parte recurrente a la entrega del certificado de trabajo del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, permite habilitar esta instancia extraordinaria, sin las restricciones a la admisibilidad (arts. 278, CPCC y 55, ley 11.653), toda vez que el valor del litigio debe considerarse como de monto indeterminado (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 93.075, "Aguilar", sent. de 13-VII-2011 y L. 103.343, "Rivero", sent. de 7-IX-2011).
Aclarado ello, adelanto que el recurrente no logra desvirtuar la definición de grado, toda vez que el contenido de la impugnación revela una manifiesta insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
Corresponde recordar que la apreciación del contenido de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo constituye una facultad privativa de los tribunales de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 107.254, "Alveira Gracilazo", sent. de 5-VI-2013; L. 110.487, "Ojer", sent. de 13-XI-2013; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016 y L. 119.555, "Bocca", sent. de 15-VIII-2018), vicio invalidante cuya concurrencia el interesado omitió denunciar (v. rec., fs. 328 vta./330 vta.), no hallándose además el agravio vinculado con norma o doctrina legal presuntamente vulnerada o erróneamente aplicada, todo lo cual define su improcedencia.
IV. En razón de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi colega doctor Soria en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Por otro lado, también entiendo que la objeción planteada en torno a la tasa de interés que aplicó el tribunal de grado al capital de condena debe ser rechazada, en tanto el fallo se ajusta a la doctrina legal vigente sobre la temática. Remito al efecto a los fundamentos que expuse en las causas L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) y L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016).
I.3. Finalmente comparto la propuesta formulada por el ponente en el punto III.4. de su voto.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el medio extraordinario de impugnación, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. Adhiero a las consideraciones vertidas por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.4. de su voto.
I.2. En lo que hace a la tasa empleada para estimar los intereses moratorios, concuerdo con la propuesta decisoria del mencionado colega, a tenor de las consideraciones que expuse al sufragar en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), a las que remito por razones de brevedad.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1., III.2. y III.4., de su voto.
I.2. Luego, en lo que atañe a la tasa de interés moratorio que aplicó el tribunal a quo al monto de condena, ante la consolidación de la doctrina legal de esta Suprema Corte debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (v. causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sents. de 15-VI-2016; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias, también habré de compartir -dejando a salvo mi opinión- la propuesta decisoria del colega ponente.
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/08/2020 11:53:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 15:48:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2020 16:40:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/08/2020 14:51:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2020 11:09:02 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia