Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122177
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.177, "Maccari, Gustavo Marcelo contra Carlos Mainero & Cia. S.A.I.C.F.I. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, de Lázzari, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 305/320).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 324/335 vta.), el que denegado por el a quo (v. fs. 338 vta.) fue concedido por esta Suprema Corte al hacer lugar a la queja articulada (v. fs. 400 y vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Gustavo Marcelo Maccari contra Carlos Mainero & Cia. S.A.I.C.F.I., por la que pretendía el cobro de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración mes de despido, vacaciones proporcionales, sanciones previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, resarcimiento contemplado en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo e indemnización por clientela (art. 14, ley 14.546).
Para así decidir, juzgó que entre las partes medió una relación laboral dependiente (v. vered., fs. 307 y sent., fs. 311 y vta.).
Arribó a tal conclusión toda vez que, habiendo la demandada reconocido en su conteste la realización de tareas por parte del señor Maccari en su favor, pero aduciendo la existencia de un vínculo de naturaleza no laboral, le correspondía -según sostuvo el a quo - demostrar sus dichos, carga que -concluyó- no logró satisfacer (v. sent., fs. 311).
Contrariamente a ello, juzgó que el actor pudo demostrar -principalmente a través de la prueba testimonial- la efectiva prestación de servicios subordinados para la accionada.
En lo referente a la fecha de ingreso, categoría laboral y salario percibido, el juzgador declaró que no habiendo la empleadora puesto a disposición del perito contador el libro especial previsto en el art. 10 de la ley 14.546, ante la declaración jurada prestada por el actor en su libelo inaugural, debía estarse a las condiciones denunciadas en dicha pieza procesal (v. vered., fs. 307 y sent., fs. 312).
Juzgó, finalmente, que el despido indirecto dispuesto por el señor Maccari obedeció a justa causa, por lo que declaró la procedencia de los rubros que son materia de agravio (v. sent., fs. 312 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de las normas y doctrina legal que cita (v. fs. 324/335 vta.).
Sostiene que el tribunal de grado no valoró la prueba aportada por su parte e inobservó "la doctrina legal" que surge de la causa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, CSJ 9/2014 (50-RI) /CS1 y otro recurso de hecho "Rica, Carlos Martin el Hospital Alemán y otros s/despido" (v. rec., fs. 326). Aduce que la aplicación por parte del a quo de la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es -en el caso- meramente dogmática, desde que no reconoce basamento normativo alguno.
Destaca que la relación habida entre las partes fue una locación de servicios (v. fs. 326).
Como dato corroborante, puntualiza que del expediente surge que el señor Maccari se encontraba inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos como responsable inscripto.
Añade que conforme surge del informe remitido por la firma Mastil S.A., el reclamante tenía una empresa de transporte de cargas generales y que, mediante el testimonio del señor Moralejo, se acreditó que también poseía herramientas, maquinarias de trabajo y que administraba un campo en la provincia de San Luis (v. fs. 327 vta.).
Con mención de la teoría de los actos propios, alega que el accionante jamás se consideró trabajador dependiente, prueba de ello es que nunca efectuó reclamo alguno a la demandada invocando tal condición, lo que hizo -recién- cuando entró en conflicto con la firma demandada (v. rec., fs. 328 vta.).
Alega que el a quo no tuvo en cuenta el orden cronológico de los acontecimientos. En este sentido, enfatiza que, tal como quedó demostrado, la relación habida entre las partes se encontraba extinta por las causales invocadas por la demandada desde el día 16 de mayo de 2012, y que, cuando el actor fue desvinculado de la empresa, pretendió mediante la remisión de carta documento que se aclarara una situación laboral inexistente (v. rec., fs. 334).
Finalmente, para la hipótesis de convalidarse el fallo de mérito, cuestiona el acogimiento de las indemnizaciones contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323. Ello, con fundamento en dos órdenes de razones: i) en primer lugar, alega que el demandado no fue intimado por el señor Maccari a registrar relación laboral alguna previo a la rescisión del vínculo; ii) por otro lado, refuta la conclusión del a quo en cuanto declaró que no había mérito para atenuar la condena, sin esgrimir razón justificativa alguna como fundamento.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación laboral, así como la calificación del vínculo existente entre las partes, constituyen cuestiones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no susceptibles de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 95.725, "Arias", sent. de 28-X-2009 y L. 118.836, "Chiniellato", resol. de 21-VI-2017).
Partiendo de esa directriz, el embate se presenta marcadamente insuficiente para modificar lo decidido, habida cuenta de que el recurrente no ha cumplido con la ineludible carga de denunciar la presencia de dicho vicio en la sentencia cuestionada, único y excepcional supuesto en el cual correspondería a esta Corte abordar la revisión del agravio en tratamiento (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013; L. 117.553, "Degasperi", sent. de 8-X-2014 y L. 118.023, "Monte", sent. de 21-X-2015).
También omite el interesado expresar con claridad en qué consistiría la violación de los preceptos legales actuados en el fallo, limitándose a mencionar diversas disposiciones normativas, método que denota el no cumplimiento de la carga establecida en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En este sentido tiene dicho esta Corte que el acabado cumplimiento de las pautas que fija el citado precepto exige que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y precise en que consiste su violación o por qué se las considera erróneamente aplicadas, sin que esta Corte pueda suplir de oficio las citas legales que debe hacer el impugnante o inferirlas por interpretación (causas L. 94.302, "Occhiuzzi", sent. de 18-II-2009; L. 102.630, "Guerci", sent. de 9-XII-2010 y L. 99.413, "Gil", sent. de 18-V-2011; e. o.).
En definitiva, lo expuesto deja en evidencia la insalvable insuficiencia técnica del embate bajo análisis.
III.2. Idéntica suerte adversa han de correr los agravios mediante los cuales cuestiona la valoración de la prueba efectuada en la instancia de origen -fundamentalmente, la informativa y testimonial- sobre cuya base pretende el quejoso que el a quo debió tener por demostrado el carácter de empresario del actor.
En este sentido, es doctrina de esta Suprema Corte que tanto la valoración del material probatorio, y en particular, de la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y marginadas de la casación, salvo la demostración de absurdo (causas L. 106.683, "Suárez", sent. de 29-V-2013; L. 117.076, "Carmiglio", sent. de 28-V-2014 y L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; e. o.), anomalía no denunciada en este punto.
III.3. Por iguales motivos, deviene no atendible el reproche dirigido a rebatir la conclusión vinculada a la forma y el momento en que se juzgó finalizada la relación laboral.
Sobre el particular, cabe recordar que la determinación del modo y oportunidad en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones reservadas a la instancia ordinaria y marginadas de la casación, salvo absurdo (causas L. 102.929, "Olaechea", sent. de 30-V-2012; L. 110.244, "Gallo", sent. de 21-II-2013; L. 119.307, "Corallo", sent. de 23-XI-2016 y L. 119.696, "Scarelli", sent. de 3-V-2018), vicio invalidante que tampoco invoca el compareciente en este fragmento de su réplica.
III.4. Luego, los agravios relativos a la condena fundada en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 no son de recibo.
III.4.a. Respecto de la primera hipótesis, el reproche luce manifiestamente desacertado, desde que la aplicación del dispositivo en cuestión -contrariamente a lo que sostiene el impugnante- no requiere de intimación previa alguna tendiente a la registración o regularización de la relación de trabajo.
III.4.b. Por otro lado, el planteo por conducto del cual se peticiona la morigeración o eximición de la sanción establecida en el art. 2 de la ley 25.323 no prospera.
Sabido es que determinar si corresponde dispensar al empleador -total o parcialmente- de su pago, en tanto se vincula con la ponderación de circunstancias fácticas, constituye una facultad privativa del juez de grado no revisable en casación, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 97.010, "Soldevia de Díaz", sent. de 14-VI-2010 y L. 105.324, "Volpe", sent. de 5-VI-2013), cuya omisa denuncia queda -otra vez- en evidencia en este aspecto de la impugnación.
III.5. No obstante la ausencia de invocación del vicio de absurdo destacada en los puntos III.3. y III.4. precedentes resulta suficiente para sustentar la solución propuesta, a mayor abundamiento y para satisfacción del interesado, resalto que ni bien reparo en los argumentos desplegados en el escrito recursivo, observo que tampoco exhiben una crítica directa y eficiente tendientes a acreditar dicha anomalía sentencial.
En efecto, las disquisiciones que formula en derredor de la valoración de los escritos constitutivos del proceso y las probanzas rendidas en la causa se basan en meras opiniones o interpretaciones personales con las conclusiones del tribunal de origen. Vale decir, resultan simples apreciaciones discrepantes que -conforme reiteradamente se ha declarado por esta Suprema Corte- constituyen una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del aludido déficit invalidante (causas L. 81.455, "Joglar", sent. de 6-IX-2006 y L. 118.470, "Castro ", sent. de 24-VIII-2016).
III.6. Finalmente, cabe recordar al recurrente que no constituye doctrina legal a que se refieren los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, la que deriva de los fallos de la Corte nacional, así como la de otros tribunales de justicia (causas L. 51.517, "Evangelista", sent. de 28-IX-1993; L. 92.935, "P., A. J.", sent. de 25-III-2009 y L. 118.486, "Izaguirre", resol. de 15-IV-2015), ni la que emana de la opinión de los autores (causas L. 115.342, "Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA)", resol. de 5-IV-2013 y L. 118.054, "Lima Pintado", resol. de 24-IX-2014).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda pues consideró acreditada la relación de trabajo dependiente invocada por el actor a la que juzgó regida por la ley 14.546, descartando así la postura asumida por la accionada de considerar al señor Maccari como un vendedor autónomo de sus productos, por su cuenta y riesgo.
Con fundamentos un tanto oscilantes, sentenció de ese modo por considerar, con respaldo en doctrina legal de este Tribunal acerca del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la demandada esgrimió la existencia de un vínculo de naturaleza no laboral, pero no satisfizo la carga de demostrarlo. Sin embargo, al responder la primera cuestión planteada en el veredicto, el a quo había concluido que "La prestación de tareas laborales dependientes del actor a favor de la firma demandada fueron corroboradas por todas las personas que prestaron declaración testimonial en la audiencia respectiva quienes por distintas circunstancias (laborales y comerciales) han tenido contacto a través de sus sentidos de las circunstancias de tiempo, modo y lugar narradas en sus deposiciones de las cuales se desprenden todos y cada uno de los elementos que configuran el tipo de prestación laboral que uniera a las partes".
Es decir que, sin perjuicio de que tuvo por probada la existencia del contrato de trabajo por conducto de adjudicar a la demandada la consecuencia negativa del incumplimiento de su carga de demostrar servicios no laborales (con ajuste a la doctrina legal de esta Corte), ya había considerado acreditado ese vínculo a través de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora.
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la peticionaria reitera su posición en torno al carácter autónomo de los servicios prestados por el actor, haciendo hincapié en su condición fiscal y en la ausencia de reclamos a lo largo del extenso vínculo a su juicio comercial que mantuvieran.
Critica la valoración de la prueba llevada a cabo por el a quo , al que le adjudica haber ignorado elementos probatorios que lo hubieran conducido a aplicar la doctrina que surge del fallo "Rica c/ Hospital Alemán" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, considera dogmático el pronunciamiento impugnado en tanto solo se funda en la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, ignorando al art. 1.623 del Código Civil (hoy 1.251 del Cód. Civ. y Com.). Se queja, en fin, de la valoración de la prueba realizada en torno a la prestación de servicios por parte del actor, así como la referida a las circunstancias que rodearon a la extinción del vínculo contractual.
II.1. Los distinguidos colegas que me preceden en la votación rechazan tales agravios pues consideran que el recurrente no ha cumplido con la carga de denunciar el vicio de absurdo, lo que torna -en opinión de los magistrados- insuficiente a la impugnación.
II.1.a. Sin desconocer que la presentación bajo análisis dista de ser un modelo a seguir en materia de técnica impugnatoria, voy a conocer del recurso pese a que en él no se menciona la palabra "absurdo", pues juzgo que lo expresado alcanza a fin de considerarlo una denuncia apropiada de la doctrina de este Tribunal en esa materia.
En efecto, manifiesta en su presentación el recurrente que lo concluido por el juzgador de origen "repugna a la lógica y a la razón y si repugna a la lógica y a la razón debe necesariamente repugnar a la justicia", a la vez, le adjudica "la total improcedencia de su razonamiento" y, en relación a la prueba, el valorarla "en forma errónea en forma incorrecta". De modo más contundente afirma con relación a la sentencia que "...si parte de una premisa falsa, el razonamiento al que arribó deviene inexorablemente falso. De un razonamiento erróneo nunca se puede obtener una conclusión válida". Tales expresiones tienen en mi parecer idoneidad suficiente para con ellas aludir a la excepción que habilita a esta Corte a encarar el examen de una materia en principio ajena a la instancia extraordinaria (en similar sentido, C. 85.701, "C., J. H.", sent. de 22-XI-2006).
II.1.b. Dicho ello, cuestión diferente es definir si el impugnante ha logrado demostrar los vicios que denuncia, asunto que, desde ya adelanto, debe ser respondido negativamente.
Ello así toda vez que la recurrente se ha desentendido de la línea reflexiva del fallo y de las motivaciones que lo sustentan, limitándose a reiterar conceptos ya vertidos en el curso del proceso que fueron expresamente considerados y descartados en la sentencia. En otras palabras, ha construido su crítica a partir del modo como ella interpreta que debieron ser analizados los hechos y pruebas rendidos en autos, desatendiendo la tarea que específicamente le atañe, si lo pretendido es desplazar la conclusión del juzgador: me refiero a la necesidad de demostrar el error en la aprehensión intelectual e interpretación del contenido de los escritos de las partes y la apreciación de los medios de prueba que condujeron a la determinación de los hechos conducentes para la solución del conflicto.
II.1.c. En consonancia con lo que explico, es del caso recordar que esta Corte ha sentado doctrina en el sentido que la prestación de servicios que torna operativa a la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo es la de servicios desarrollados en relación de dependencia (causas L. 34.473, sent. de 26-III-1985; L. 39.519, sent. de 25-X-1988; L. 48.193, sent. de 8-IX-1992; L. 58.626, "Viola", sent. de 7-VII-1996; L. 60.351, "Beraud", sent. de 11-III-1997; L. 87.444, "Amado", sent. de 6-VIII-2003; L. 82.046, "Tolosa", sent. de 1-IX-2004 y L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-1015; e. o.).
Doctrina que, sin embargo, no puede tomarse aisladamente de la que la complementa y determina sus verdaderos alcances, esta es, la que afirma que admitido el hecho de la prestación de servicios por la demandada pero negada su naturaleza laboral, incumbe a esta última la prueba de la particular vinculación alegada en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial y no habiéndolo hecho, rige la presunción de que los trabajos fueron realizados en relación de dependencia (causas L. 32.808, sent. de 29-V-1984; L. 80.713, "Ávila", sent. de 11-VIII-2004, L. 108.000, "Raimundo", sent. de 28-III-2012; L. 108.038, "Bartoli", sent. de 8-VIII-2012 y L. 111.998, "Vázquez", sent. de 17-IV-2013; e. o.).
II.1.d. Luego, como ya se dijo, en la especie, el tribunal tuvo por probado el contrato de trabajo entre las contendientes a través de la activación de la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo en sus dos concreciones posibles conforme la doctrina legal de este Tribunal, esto es, la acreditación de los servicios dependientes a través de la prueba testimonial de la que se da cuenta el veredicto y la derivada del fracaso de la actividad probatoria de la empresa tendiente a demostrar servicios no laborales o la condición de empresario del actor.
Probada entonces la prestación de servicios en relación de dependencia, se presume la existencia del contrato de trabajo toda vez que, como se dijo, la demandada no alcanzó éxito en su cometido de demostrar la calidad de empresaria, cuentapropista o, simplemente, autónoma del señor Maccari, sin que configure un obstáculo para esa conclusión su condición fiscal pues, como la propia recurrente expresa en el recurso bajo estudio, el actor "...no estaba únicamente vinculado con la firma Mainero para la realización de sus negocios...".
II.1.e. Con lo expuesto, queda en evidencia que la demandada no ha logrado acreditar los vicios invalidantes que le adjudica al pronunciamiento de origen, debiendo por ello ser confirmado (art. 279, CPCC).
II.2. Deben asimismo y por iguales razones que las desarrolladas por el colega ponente, ser desestimados los agravios de que dan cuenta los apartados III.5. y III.6. de su voto.
III. Atento a los fundamentos expresados, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de l
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