Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugna el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, vinculado con los proveedores “Sun Security S.R.L.”, Cerealera Rodano S.R.L. y Ecosistemas de Caro Jorge. Con costas.
2Ordenar a la ARCA que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, según las pautas establecidas en la presente sentencia. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar las actuaciones correspondientes de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-52085336-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 26 de Mayo de 2026 En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia GUZMÁN (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro PORPORATTO (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el EXPTE. N° 26996-I, caratulado: “S.A.C.E.I. FRANCISCO CORES LTDA. s/apelación-“, y su acumulado N° 46.179-I de igual carátula.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que mediante decisorio que obra a fs. 599/603 vta. la Excma. Cámara resolvió admitir parcialmente el recurso interpuesto por el Fisco Nacional, y en consecuencia confirmó lo resuelto por la Sala D de este Tribunal respecto de la Resolución N° 2/2006 y dejó sin efecto lo decidido con relación a la Resolución N° 1/2006, devolviendo las actuaciones a este Organismo a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento, previa realización de las diligencias pertinentes en miras a evitar la existencia de sentencias contradictorias con la causa penal.
Recibida las actuaciones, la Sala D, remitió el expediente a esta Sala por considerar aplicable el art. 10 del R.P.T.F.N.
II. Que, a tenor de lo expuesto, resulta imprescindible efectuar un relato de lo resuelto por ambas instancias a fin de determinar la cuestión a resolver por esta Sala. Sobre el particular, debe señalarse que mediante la resolución N° 1/2006 –sobre la que debemos expedirnos- la AFIP-DGI determinó de oficio la obligación de la recurrente frente al impuesto al valor agregado, períodos fiscales Mayo de 2002 a abril de 2003, ambos inclusive, con más los intereses resarcitorios correspondientes. Asimismo, se dejó constancia que resultaba de aplicación lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 24.769. En tanto, mediante la Resolución N° 2/2006, se determinó su obligación frente al impuesto a las ganancias Conforme se desprende del decisorio de la Sala D de este Tribunal, así como del decisorio de la Alzada, ya mencionado, la pretensión fiscal quedó limitada en la instancia penal, no solo en lo referente al quantum sino también a tres proveedores impugnados, a saber: Sun Security S.R.L., Ecosistema de Caro, Jorge Eduardo y Cerealera Rodano S.RL.
En ese contexto, el cuestionamiento de la Alzada respecto de la sentencia emitida por este Tribunal se limita al acto determinativo del impuesto al valor agregado. En efecto, se señala que si bien la Sala D tomó en cuenta la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín de fecha 23/6/2016, el mismo no se encontraba firme al momento del pronunciamiento mencionado. Es más, la Cámara de Casación Penal, anuló la sentencia del Tribunal Oral, con fecha 5/7/2017 y ordenó la remisión al mismo Tribunal para la tramitación de la causa.
III. Que sentado lo que antecede, una vez recibidas las actuaciones, esta Sala dispuso dos medidas para mejor proveer, a saber: se solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, de San Martín, informara si en la causa N° 2394 FSM/1698/2011, caratulada, “Cores, Enrique Alberto s/Infracción Ley 24.769” recayó sentencia y en su caso, si la misma ha quedado firme y por otro lado, se solicitó tanto al Juzgado Federal de Mercedes (B), Secretaría Penal N° 2, como al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, la remisión de la referida causa.
Ambas medidas fueron cumplidas, obrando a fs. 613/617 copia de la sentencia solicitada y constancia de que la misma ha quedado firme.
Es así que a fin de resolver conforme a lo ordenado por la Excma. Cámara considero indispensable describir las actuaciones desarrolladas en sede penal.
IV. Que de acuerdo con lo que se desprende del auto de Procesamiento de fecha 31 de agosto de 2009, recaído en la causa “SACEI Francisco Cores Ltda. s/Inf. Art. 1 y 2 de la ley 24.769”, el Juez Federal de Mercedes, explica que las actuaciones se iniciaron a raíz de la denuncia formulada por AFIP, contra los directivos de la firma, por la responsabilidad penal que la correspondería por evasión agravada respecto del pago del Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales 8/2002 a 4/2003, por la suma de $ 1.273.866,74) y del Impuesto a las Ganancias (período fiscal 2003, por la suma de $ 1.221.480,13), montos que superaban la condición objetiva de punibilidad establecida en los arts. 1 y 2, inc. a) de la ley penal tributaria. Se explica que se detectaron irregularidades en las facturas que documentaron operaciones de canje efectuadas por la empresa denunciada y los proveedores Sun Security S.R.L., Panificadora Mundial S.R.L.; Totel Alejandro; Luna Fernando; Gaite S.A.; Cerealera Rodano S.R.L.; Total Cereal S.R.L.; Transporte Porchieto S.R.L.; Caro Jorge Eduardo y Technology Trusty S.A.
Es así que, analizadas las probanzas producidas, específicamente la pericia técnica efectuada con respecto a la pretensión fiscal, se consideró tener por acreditado –en orden a determinar la materialidad del delito investigado- que la contribuyente aquí recurrente, ocasionó un perjuicio al fisco que asciende a la suma de $ 462.623,67.- en el impuesto al valor agregado (períodos fiscales 5/2002 al 4/2003) y de $ 360.662,21.- en el impuesto a las ganancias (período fiscal 2003). En dicho informe, los expertos designados compartieron el criterio fiscal y consideraron impugnables las operaciones realizadas con los proveedores Cerealera Rodano S.R.L., y Sun Security S.R.L. y Ecosistema de Caro, Jorge Eduardo (vid. fs. 399/410, cuerpo III del expediente acompañado y agregado como prueba). Debe destacarse que el Juez en su decisorio destacó que el Fisco podía acompañar nuevas probanzas para acreditar el delito tipificado en el artículo 2, inc. a) de la ley 24.769. Finalmente, dicho auto de procesamiento –en lo que aquí interesa- fue confirmado por la Excma. Cámara Federal de San Martín con fecha 10/12/2009 (vid. fs. 698/700 vta., cuerpo IV).
Con sustento en ese contexto fáctico se dictó –con fecha 5/8/2011- el auto de elevación a Juicio. Es así que con fecha 9 de mayo de 2012 se sobresee parcialmente al Sr. Cores, del delito de evasión tributaria simple, respecto del pago del impuesto a las ganancias, período fiscal 2003, por aplicación del principio de ley penal benigna, por haberse modificado el monto objetivo de punibilidad (vid. fs. 906/908 vta. del mencionado cuerpo de pruebas). Apelado que fue, la Excma. Cámara de Casación declaró inadmisible el recurso (vid. fs. 955/955 vta.) y con fecha 23 de abril de 2014 declaró inadmisible el recurso extraordinario federal, habiéndose declarado inadmisible el recurso de hecho contra el extraordinario rechazado (vid. fs. 1029, Cuerpo VI).
Ahora bien, con respecto al impuesto al valor agregado, con fecha 23 de junio 2016, El Tribunal Oral Federal De San Martín N° 1, resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción y en consecuencia, su sobreseimiento, decisorio que fue anulado por la Cámara de Casación con fecha 5/7/2017 (vid. fs. 1036/1039 y 1066/1075 vta, respectivamente, Cuerpo VI). Dicho decisorio quedó firme atento a que se declaró inadmisible el recurso extraordinario.
No obstante, con fecha 20 de noviembre de 2018, el mencionado Tribunal emitió nuevo pronunciamiento por el cual, por aplicación del principio de ley penal más benigna, dictó el sobreseimiento del Sr. Cores, por el delito que se le imputaba, con sustento en el dictado de la ley 27.430 que incrementó el monto objetivo de punibilidad. Pronunciamiento que se encuentra firme en atención a la constancia de fs. 613 vta. de autos.
V. Que, en virtud de lo ordenado por la Alzada, este Tribunal debe expedirse –como se dijo- sobre la procedencia de la determinación de oficio correspondiente al impuesto al valor agregado.
A la luz del relato efectuado, y por la forma en que se ha expedido la justicia penal, este Tribunal encuentra limitado su accionar, a la impugnación de los proveedores Sun Security S.R.L., Ecosistema de Caro, Jorge Eduardo y Cerealera Rodano S.R.L.
En efecto. Cabe precisar que el artículo 20 de la ley 24.769 dispone que “La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda tributaria o de los recursos de la seguridad, ni de los recursos administrativos o judiciales que se interpongan contra las resoluciones recaídas en aquellos.
La autoridad administrativa se abstendrá de aplicar sanciones hasta que se dicte la sentencia definitiva en sede penal, la que deberá ser notificada por la autoridad judicial que corresponda al Organismo Fiscal. En este caso no será de aplicación lo previsto en el artículo 74 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones o en normas análogas de las jurisdicciones locales.
Asimismo, una vez firme la sentencia penal, el tribunal la comunicará a la autoridad administrativa respectiva y esta aplicará las sanciones que correspondan, sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en la sentencia judicial”.
Es conteste la doctrina y la jurisprudencia en sostener que una correcta interpretación de dicho precepto indica que establece un claro deslinde entre las atribuciones de la justicia penal, la administrativa y la contencioso administrativa. Es así que, es competencia exclusiva de la justicia penal decidir si hubo o no delito en orden a las figuras establecidas en la ley penal tributaria, lo que viene a significar que en dicha sede sólo se indaga sobre la posible comisión de un ilícito dentro de ese marco represivo, ya que sólo es competencia del organismo fiscal, el Tribunal Fiscal de la Nación, y en su caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, delimitar el encuadre fiscal (cfr. Entre otros, C.N.A.C.A.F., Sala I, “MASCARDI, Carlos Gustavo”, 30/11/04”). Es clara la norma, en el sentido de permitir que aun cuando se radique una denuncia penal por la presunta comisión de un delito previsto en la ley 24.769, se sustancien los procedimientos administrativos y judiciales tendientes a la determinación y cobro de la obligación tributaria o previsional.
Mas establece un límite, cual es el de impedir que se dicte un acto administrativo sancionatorio hasta tanto haya quedado firme la sentencia judicial en sede penal, la que constituirá cosa juzgada en cuanto a la materialidad de los hechos. Límite que tiene el claro objeto de evitar el escándalo jurídico que significaría el dictado de resoluciones encontradas sobre los mismos hechos, ya que resultaría un dislate que, por un lado, la sentencia judicial afirmara que el hecho imputado no existió, y que, por otro, la resolución administrativa decidiera la existencia de ese mismo hecho (cfr. C.N.A.P.C.A.F., Sala V, “Almeida, Nora Mabel”, 18/3/06, entre otros).
En idéntica dirección, la norma establece la limitación a la causa administrativa, cual es la de no alterar las declaraciones de los hechos contenidas en la sentencia penal.
En ese sentido, este Tribunal no debe prescindir de las valoraciones jurídicas contenidas en la sentencia penal, sino que es obvio y razonable que las tenga en cuenta. Debe considerar, pues, los hechos materialmente probados en sede penal.
En ese contexto, y teniendo en consideración lo resuelto en sede penal y por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, solo queda expedirse sobre la procedencia de la determinación de oficio del impuesto al valor agregado que reposa en la impugnación de las operaciones realizadas con los proveedores ya indicados, sobre los cuales la justicia penal nada ha dicho.
VI. Que de acuerdo con lo que se desprende del informe final de inspección y del acto en crisis, los funcionarios fiscales constataron respecto de los mencionados proveedores serias y graves inconsistencias. Así, con respecto de la firma Sun Security S.R.L., de la base del fisco surge que no presentó declaraciones juradas del impuesto al valor agregado por los períodos fiscales enero a junio de 2002 y las correspondientes a julio a septiembre, se presentaron sin movimiento.
Se observó que el CAI consignado en las facturas era inválido y las imprentas consignadas al pie no existían.
De la visita al domicilio que figura en las facturas se constató que correspondía a un edificio en remate, en tanto el domicilio fiscal era una casa de familia, donde fueron atendidos por el Sr. Caro, quien no reconoció como propias las facturas, desconociendo todo tipo de operatoria con la recurrente (compra-venta de trigo y/o harina). No obstante, dijo haber realizado custodias de camiones de harina desde el molino Cores hacia el Gran Buenos Aires y haber adquirido Cartas de Porte, a pedido de uno de sus clientes, identificado como Kleneec, Juan Carlos, titular de la marca “Gradisca”.
Se aportaron copia de los duplicados de las facturas emitidas, cuya numeración coincide con las aportadas por el molino Cores, emitidas a la firma Playcenter S.A., por servicios de seguridad.
De los registros de compras y ventas se observó una operación con la firma, cuya factura corresponde a Ecosistema, siendo su titular Caro Jorge Eduardo. El CAI es inválido.
De las cartas de porte surgió que los cargadores son Sun Security S.R.L., Cerealera Rodano S.R.L. y Díaz, Miguel A.
Las operaciones por el periodo 15/7 a 2/9 de 2002 involucraron un total de 2.039.580 kg. de trigo. A partir de las tareas de fiscalización, que detectó las anomalías señaladas, la recurrente comenzó a operar con la firma Cerealera Rodano S.R.L., que actuaba como cargador de las mencionadas anteriormente. El domicilio de esta última era el del Contador de las anteriores. Allí, el encargado del edificio dijo desconocer a la firma.
De las constancias obrantes en la Agencia surge que la empresa inicia sus actividades con fecha junio de 2002, coincidente con el inicio de los ingresos de trigo al molino Cores como cargador de Sun Security S.R.L. Y cesa sus actividades en octubre de 2002.
Presentó sus declaraciones juradas en el impuesto al valor agregado sin movimiento.
Con respecto a Cerealera Rodano S.R.L., cabe señalar que del allanamiento efectuado a Sun Security S.R.L. se encontró documentación impositiva de la firma y también facturas de Ecosistemas, cuyo CUIT le pertenece a Jorge Caro, y consta que presta servicios de seguridad.
La recurrente detenta facturas de compra de trigo a los tres proveedores indicados, carpetas con cartas de porte secuestradas en las que figura la leyenda “D.H.PEIRANO” como cuenta y orden de Sun Security S.R.L. El CAI de las facturas en poder del molino de dicha empresa y de Caro, según consultas a la base de datos de AFIP es inválido.
Analizadas las cartas de porte en poder de la recurrente, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2002 que respaldaron las compras de trigo a Cerealera Rodano S.R.L., se detectaron varias irregularidades, entre otras: a) el cargador en la mayoría de los casos Era Cerealera Rodano S.R.L., aun cuando había dado de baja su actividad; b) la numeración no es correlativa, destacándose que la numeración más baja aparece cronológicamente después que los números más altos; c) en varias oportunidades aparece como chofer el Sr. Novelli, quien negó haber realizado los viajes; d) se detectaron falta de fecha de emisión, y algunas con las fechas de descarga corregidas y en otras falta de la fecha del conductor o cargador; e) en varias no se indicaron los kilos que salieron o los indicados son inferiores a los que llegaron.
De acuerdo con el relato efectuado, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas irregularidades de algunos proveedores de la recurrente que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones inexistentes e impugnables.
En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
VII. Que, resulta pertinente destacar que la defensa de la actora a lo largo de sus escritos recursivos consiste –fundamentalmente- en sostener que las operaciones se realizaron, que se pone en cabeza de los contribuyentes controles que sólo puede ejercer la administración fiscal, así como que le resultan inoponibles las pretendidas irregularidades de sus proveedores. En la misma dirección, alega que la impugnación reposa en meras sospechas de que las operaciones no se realizaron con quienes expidieron las facturas y que con las pruebas producidas en sede administrativa quedó acreditada su efectiva realización.
Luego describe la operatoria llevada adelante.
Sobre el particular, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con ciertos proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la no localización de alguno de los proveedores, falta de capacidad operativa de los mismos, la falta de acreditación del circuito financiero, etc, elementos que en su en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
En esa inteligencia cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés".
VIII. Que, puntualmente, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales cabe recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material- formales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esta inteligencia, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales.
Sobre el particular, debe señalarse que la prueba de informes obrante en autos no aporta elementos que coadyuven a la postura de la recurrente, en tanto no agregan elementos que puedan destruir las conclusiones del ente fiscal, fruto de los elementos colectados durante la fiscalización.
A ello, cabe agregar, lo reseñado por el experto contable en sede penal, reseñado en el Considerando IV precedente, que desvirtúan la postura de la recurrente.
Ello así, la actividad probatoria de la actora no persiguió la realización de medidas que acrediten las operaciones y –en definitiva- no aportó elementos que pudieran destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal en el acto en crisis.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012)”.
Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
En consecuencia, los agravios de la recurrente –sobre la que reposaba la carga probatoria- resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada en autos, por lo que corresponde confirmar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugna el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, vinculado con los proveedores “Sun Security S.R.L.”, Cerealera Rodano S.R.L. y Ecosistemas de Caro Jorge. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugna el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, vinculado con los proveedores “Sun Security S.R.L.”, Cerealera Rodano S.R.L. y Ecosistemas de Caro Jorge. Con costas.
2. Ordenar a la ARCA que en el plazo de treinta (30) días practique la correspondiente reliquidación, según las pautas establecidas en la presente sentencia. A tal efecto deberá la representación fiscal retirar las actuaciones correspondientes de la Mesa de Entradas de este Tribunal dentro del quinto día de notificada la presente. Se deja constancia que el plazo de treinta días acordado involucra el retiro y devolución de dichos antecedentes y de los autos principales.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el artículo 52, 2° párrafo del RPTFN.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes, y oportunamente, archívese.
Date: 2026.05.26 14:10:08 ART Date: 2026.05.26 15:50:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.26 15:51:09 -03:00
Fin de la sentencia