Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 26996-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir parcialmente el recurso intentado por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar lo decidido sobre la Resolución N.º 2/2006 y revocarlo respecto de la Resolución N.º 1/2006, quedando por ende sin efecto el pronunciamiento del TFN al respecto;
2Devolver la presente causa al Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de que, por quien corresponda y luego de realizar las diligencias pertinentes en miras a evitar la posible existencia de sentencias contradictorias con la causa penal, dicte un nuevo pronunciamiento y
3Distribuir las costas de esta instancia en el orden causado (cfr. artículo 68, segunda parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del artículo 197 de la ley 11.683).
Expte. N.º 22846/2022.-
“S.A.C.E.I. FRANCISCO CORES LTDA (TF 26996-I) c/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”.
///nos Aires, 5 de julio de 2024.- AMD Y VISTOS, CONSDIERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 10/07/19, la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió confirmar parcialmente las Resoluciones N.º 1/2006 y 2/2006 (con los alcances previstos en su punto V), con costas en función de los respectivos vencimientos.
En razón de lo anterior, ordenó al Fisco Nacional que, en el término de 30 días, practicara la liquidación de las sumas que debería ingresar la apelante. Finalmente, reencuadró la multa aplicada en la Resolución N.º 87/2016 en el artículo 45 de la ley 11.683, lo cual no fue materia de apelación ante esta instancia.
Para decidir de tal modo, inicialmente fueron relatados los antecedentes del caso, el contenido de los actos implicados y los argumentos introducidos por las partes. Luego, estimó que debería dilucidarse si los ajustes fiscales del caso se ajustaban a derecho y, a tal fin, entendió que debía estarse al material probatorio rendido tanto en la instancia administrativa como en las presentes actuaciones. Asimismo, puntualizó que las objeciones formuladas por el Fisco se sustentaban, esencialmente, en la detección de irregularidades en la documentación respaldatoria de compras de cereal, canceladas mediante la entrega de harina (y nominadas “operaciones de canje”) y que habían sido efectuadas con proveedores inexistentes, insolventes o sin capacidad operativa. Indicó que las pruebas rendidas consistían en informes y constancias de la causa penal tramitada contra la sociedad actora y su entonces presidente (Sr. Francisco Cores) por comisión del delito de evasión agravada tipificado en el artículo 2 de la ley 24.769. Al respecto, apuntó que en el marco del expediente citado se había realizado un informe pericial, en donde se concluyó que únicamente correspondía mantener la impugnación de tres de los proveedores cuestionados (a saber, Sun Security S.R.L., Ecosistema y Cerealera Rodano S.R.L., cuyas inconsistencias registrales y económicas demostraban su inexistencia).
Así, destacó, los profesionales dictaminaron que debía recalcularse la pretensión fiscal en base a los montos de los proveedores impugnados, reduciéndola a $462.623,67 (en el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 05/02 a 04/03) y $360.662,61 (en el Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2003).
Frente a ello, remarcó, en la sentencia penal del 31/08/09 se tuvo por acreditado un perjuicio al Fisco por esos montos y que ellos superaban la condición objetiva de punibilidad establecida por el artículo 1 de la ley 24.769. Esa sentencia fue confirmada el 10/12/09 por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, solo respecto del Sr. Cores.
Posteriormente, dejó sentado que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de San Martín, teniendo en cuenta los nuevos montos obtenidos de la pericia contable citada, las modificaciones que introdujo la ley 26.735 y por aplicación del principio de ley más benigna, resolvió el sobreseimiento con relación al presunto delito de evasión del Impuesto a las Ganancias (período fiscal 2003) y, el 23/06/16, declaró extinta la acción penal por prescripción, dictando su sobreseimiento también respecto del Impuesto al Valor Agregado.
Ante estas circunstancias, consideró que únicamente se habían acreditado irregularidades respecto de los proveedores citados, quedando sin efecto los ajustes realizados sobre los restantes proveedores en ambos impuestos. En consecuencia, consideró aplicable el criterio sentado en la sentencia dictada por la Sala V de esta Cámara de Apelaciones en el caso “Agroferia S.R.L.” (sentencia del 15/07/08) y entendió que debían confirmarse las Resoluciones N.º 1/2006 y 2/2006 y ordenar al Fisco la reliquidación de las sumas que debería ingresar la recurrente en función de los nuevos montos que, en base a la pericia contable, se tuvieron en cuenta en las sentencias dictadas en sede penal. Finalmente, y con relación a la sanción aplicada en la Resolución N.º 87/2016, sostuvo que, por encontrarse configurados los elementos objetivo y subjetivo que permitían encuadrar la conducta de la recurrente en la figura infraccional (consistente en la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias -período fiscal 2003- en forma engañosa, computando gastos originados en operaciones existentes), ella debía ser confirmada parcialmente y en la proporción que corresponda de conformidad con las pautas ya señaladas.
II. Que, el 30/09/19 la parte demandada interpuso un recurso de aclaratoria y, el 11/10/19, se emitió el pronunciamiento correspondiente, que hizo lugar y dispuso que, el punto 3º de dicha resolución, debía quedar redactado de la siguiente manera: “[C]onfirmar la Resolución N.º 87/2016 en todas sus partes, con costas […]”.
III. Que, el 07/11/19, el Fisco Nacional acompañó copia de la reliquidación ordenada y, el 14/02/20 el Tribunal Fiscal resolvió aprobarla.
IV. Que, por otra parte, el 07/11/19 apeló el Fisco Nacional, que fundó su recurso agraviándose por considerar inaplicable a la especie las conclusiones adoptadas en el precedente “Agroferia”.
Al respecto, postuló que lo resuelto en sede penal el 23/06/16 no había pasado en autoridad de cosa juzgada material y, además, que en el caso no existían “declaraciones de hecho” contenidas en esa sentencia. En ese orden, indicó que las verificaciones efectuadas en esa sede dejaron abierta la posibilidad de discutir los montos presuntamente evadidos, circunstancia que poseía una vinculación directa con las conclusiones arribadas en la pericia contable allí realizada.
Entendió que lo expuesto se agravaba al considerar que el Tribunal Fiscal ordenó la reliquidación de las sumas a ingresar por el contribuyente en función de los montos obtenidos en las pericias referidas.
Además, manifestó que la sentencia que dispuso el sobreseimiento, respecto del Impuesto a las Ganancias, se encontraba conectada a hechos disímiles a los de la causa y que la sentencia del 23/06/16 fue descalificada por la Cámara Federal de Casación Penal.
De tal manera, adujo que los montos supuestamente evadidos al menos en el Impuesto al Valor Agregado, no habían sido determinados concluyentemente.
Por otra parte, remarcó que no se había establecido con el alcance de la cosa juzgada, la plataforma fáctica en sede penal, por inexistencia de sentencia firme. Así, advirtió que se encontraba en trámite un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación “[e]n virtud del nuevo sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral a raíz de la aplicación retroactiva como ley penal más benigna de la ley 27.430 que aumentó la condición objetiva de punibilidad […] [monto que excedía] el determinado por el Fisco en las Resoluciones 1 y 2/2006 […]”. En estas condiciones, estimó arbitraria la valoración de la prueba y citó jurisprudencia que consideró favorable a su posición. Luego, y en lo referido al ajuste practicado respecto de los proveedores Panificadores Mundial S.R.L.; Fernando Luna; Cerealera Rodano S.R.L.; Gaite S.A.; Sun Security S.R.L.; Jorge Eduardo Caro; Transporte Porchietto S.R.L.; Alejandro Totel; Total Cereal S.R.L. y Technology Trusty S.A., reiteró que únicamente se habían impugnado a tres de ellos (mencionados en el sexto párrafo del Considerando I), dando por válidos a los restantes, sin tener en cuenta los elementos de prueba reunidos por su parte. Insistió en que, en la especie, mediaba una valoración de los hechos parcializada, citó pasajes de las resoluciones administrativas dictadas por su parte y de nuevos antecedentes jurisprudenciales que consideró aplicables. Finalmente, recalcó que no podía darse por válidos a los restantes proveedores por aspectos formales y, por ello, solicitó que se revocara lo decidido.
V. Que, efectuada la reseña que antecede, resulta oportuno recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo en aquellas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre muchos otros y esta Sala, in re, “Massuh S.A. c/D.G.I.”, expte. N.º 38.066/2011, del 17/11/21 y “HSBC Argentina Holdings SA -TF 48911-I c/D.G.I.”, expte. N.º 19801/2021, del 01/07/22, entre muchos otros).
Y, además, tampoco es obligación de los juzgadores ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que se estimen apropiadas para resolver el conflicto (cfr. doc. Fallos: 274:113; 280:320; 291:390; 310:267; 321:1776 y esta Sala, in re, “Strazzolini, Ronaldo Emilio c/E.N. –A.F.I.P. –D.G.I.”, expte. N.º 71973/2018, del 16/07/21 y “EIDICO S.A. -TF 46884-I c/D.G.I.”, expte. N.º 22019/2017, sentencia del 05/12/22).
VI. Que, asimismo, es menester tener en cuenta que el recurso previsto en el artículo 86 inciso “b” de la ley 11.683, otorga carácter “limitado” a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (cfr. Fallos: 300:985).
Ello es así, habida cuenta de que “[l]o que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuada por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249) [...]” (cfr. Sala III, in re “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, expte. Nº 27.409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, expte. Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, expte. Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33.113-I) c/DGI”, expte Nº 83620/2016 del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, expte. Nº 72673/2018 del 7/5/19, entre otros).
Sin embargo, también cabe advertir que lo antedicho en modo alguno supone que la revisión judicial no pueda valorar los elementos mencionados, no sólo cuándo se hayan omitido sustanciar y/o incorporar al proceso determinados hechos y/o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino también ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquellos y aún más cuando se trate de la nulidad de lo decidido por violación a garantías constitucionales (cfr. esta Sala in re “Surplus SA (TF 24639-I) c/ DGI”, sentencia del 26/06/12; “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas y “Migliora, Bibiana c/DGI”, expte. Nº 19.486/2021, sentencia del 08/04/22; Sala III in re “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV in re “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V in re “Steinco Gustavo Alejandro (TF 18283-I) c/DGI”, sentencia del 12/02/08).
Esta conclusión es pertinente pues, aun cuando la norma -como ya se ha dicho- otorga carácter “limitado” a la revisión de la alzada y, en principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho resulta evidente, como también surge del último párrafo del mencionado artículo, que no se trata de una regla absoluta.
VII. Que, en estas condiciones, cabe recordar que, por conducto de la Resolución N.º 1/2006, el Fisco Nacional determinó de oficio la obligación impositiva de SACEI Francisco Cores LTDA, respecto del Impuesto al Valor Agregado (períodos fiscales mayo 2002 hasta abril 2003) y la intimó a ingresar las sumas de $1.273.866,74 (en concepto de impuesto) y de $1.093.452,21 (en concepto de intereses resarcitorios).
Para fundar esa decisión, expresó que la contribuyente no había justificado los datos contenidos en las declaraciones juradas del tributo en esos períodos y, asimismo, cuestionó determinados aspectos relacionados con las operaciones de canje que realizó con los proveedores Ecosistema (Jorge Eduardo Caro); Panificadora Mundial; Fernando Luna; Cerealera Rodano S.R.L.; Gaite S.A.; Sun Security S.R.L.; Transporte Porchietto S.R.L.; Alejandro Totel; Total Cereal S.A. y Technology Trusty S.A. y las facturas emitidas a causa de ellas. En ese orden, también es necesario dejar sentado que, a través de la Resolución N.º 2/2006, el Fisco Nacional determinó de oficio la obligación impositiva y el impuesto resultante de SACEI Francisco Cores LTDA, respecto del Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2002 y 2003) y la intimó a ingresar las sumas de $1.221.480,43 (en concepto de impuesto) y $683.769,70 (en concepto de intereses resarcitorios).
Como centro argumental, realizó un cuestionamiento análogo al relatado anteriormente, respecto de los mismos proveedores.
Por otra parte, corresponde apuntar que, en el marco de la causa “SACEI Francisco Cores LTDA s/infracción al artículo 1 y 2 de la ley 24.769 – Mercedes B” (sic), iniciada a raíz de una denuncia formulada por la División Jurídica de la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con el objeto de determinar la responsabilidad que le cabría a la firma por el delito de evasión agravada respecto de los Impuestos Al Valor Agregado (períodos fiscales mayo 2002 – abril 2003) y a las Ganancias (período fiscal 2003), fue emitido, el 31/08/09, un pronunciamiento que, en lo que aquí concierne, remitió a la pericia realizada por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que redujo el monto reclamado por el Fisco a $462.623,67 en el Impuesto al Valor Agregado y a $360.662,61 en el Impuesto a las Ganancias.
Allí, se analizó la actividad desplegada (operaciones de canje) con todos los proveedores involucrados y se dejó sentada la coincidencia “[c]on la impugnación del Organismo Recaudador al crédito fiscal computado por el Molino respecto de los proveedores Sun Security SRL y Ecosistema de Caro, Jorge Eduardo […] debido a que las facturas de venta que originaron dichos créditos fiscales se encontraban invalidadas en la base de datos de la AFIP – DGI [y que tampoco se podían] soslayar las razones esgrimidas por el organismo recaudador que sustentaron su impugnación al crédito fiscal originado por las ventas de trigo de Cerealera Rodano SRL […]”.
En virtud de lo antedicho, se tuvo por acreditado un perjuicio al Fisco por parte de SACEI Francisco Cores LTDA y por los montos indicados previamente señalados y se decretó el procesamiento, sin prisión preventiva de los directivos (cfr., en especial, Considerando IV de la sentencia, obrante a fs. 37/48 del expediente administrativo caratulado “Actuación N.º 11944-119-2015”). El 10/12/09 se confirmó lo resuelto únicamente respecto del Sr. Enrique Alberto Cores y, el 09/05/12, se lo sobreseyó parcialmente, por el delito calificado como “evasión impositiva simple” correspondiente al hecho identificado como pago del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2003, por el monto de $360.622,61, aplicando el principio de ley penal más benigna y determinado la consecuente atipicidad del hecho.
Ese pronunciamiento fue, a su vez, confirmado por la Corte Suprema el 27/05/15, oportunidad en la cual desestimó la queja deducida, en los términos del artículo 280 del C.P.C.C.N. Dicha circunstancia se encontraba en conocimiento de la División Revisión y Recursos del Fisco, al menos, desde el 04/06/15 (cfr. fs. 49/54 del expediente administrativo caratulado “Actuación N.º 11944-119-2015”). En otro orden de ideas, debe indicarse que, el 23/06/16, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de San Martín resolvió declarar la extinción por prescripción de la acción penal seguida contra Enrique Alberto Cores y, en consecuencia, sobreseer al nombrado en orden al delito de evasión simple. Sin embargo, esa decisión fue revocada el 06/07/17 por la Cámara Federal de Casación Penal que, en esencia, señaló que: “[l]a cuestión traída a revisión […] radica en determinar si resultó ajustado a derecho y procesalmente oportuno el sobreseimiento del imputado, por el hecho consistente en que Cores habría presuntamente evadido el impuesto al valor agregado mediante la consignación de datos falsos en su declaración jurada (período 05/2002 al 04/2003) por una suma total de $ 462.623,67 […] que el fallo no ha efectuado un debido análisis de dicha cuestión y ha aplicado erróneamente la ley 26.735 pues no han evaluado que en la modalidad comisiva se han utilizado facturas, que deben tenerse en cuenta al momento de la selección de la ley aplicable, que no es otra que la vigente al momento del hecho, ley N° 24.769 [y que] en función de la escala penal aplicable al tipo seleccionado más severamente penado, cuyo máximo es de nueve años de prisión, tomando como punto de partida para el cómputo el último vencimiento del período IVA que ocurrió el 20 de mayo de 2003 y el acto de entidad interruptiva, que es decir el llamado a prestar declaración indagatoria de Enrique Alberto Cores del 29 de mayo de 2009, se concluye fácilmente que el plazo legal no ha transcurrido (art. 59 inc. 3°, 62, 67 párrafo segundo del C.P.) […]”.
En consecuencia, ordenó la remisión al Tribunal Oral en lo Federal N.º 1 de San Martín para la continuación del trámite.
VIII. Que, así las cosas, en primer lugar debe analizarse la cuestión suscitada en torno a la Resolución N.º 2/2006 que, como fue apuntado, determinó de oficio la obligación impositiva y el impuesto resultante de SACEI Francisco Cores LTDA, respecto del Impuesto a las Ganancias (períodos fiscales 2002 y 2003).
Aquí, deben tenerse en cuenta los términos del artículo 20 de la ley 24.769, que establece que el procedimiento tendiente a la determinación y ejecución del tributo no se ve impedido en su prosecución a causa de la denuncia penal. Ello, en tanto es fijado con claridad que, la competencia para establecer el alcance del hecho imponible y configurar el monto de la obligación tributaria o previsional, sigue inicialmente radicada en el ente recaudador, y eventualmente en el Tribunal administrativo o judicial encargado de entender y resolver la impugnación presentada por el obligado (cfr. Villegas, H.B., “Régimen Penal Tributario Argentino”, Bs.As., Ed. Depalma, pp. 504).
De igual modo, se ha sostenido la importancia de la limitación de las potestades del Fisco Nacional durante el período en cual la sentencia judicial en sede penal, que constituirá cosa juzgada respecto de las declaraciones de hecho contenidas en ella, no hubiera adquirido firmeza. Ello, en tanto la finalidad perseguida por el legislador ha sido evitar el dictado de resoluciones contrapuestas, respecto de los mismos hechos (cfr. esta Sala, in re, “Prosper Argentina S.A. (T.F. 20.316-I) c/D.G.I.”, sentencia del 6/08/2013; “Industrial Metalmecánica S.A. c/D.G.I.”, sentencia del 31/03/2016 y, más recientemente, in re, “Cudemo, Mirta c/D.G.I.”, expte. N.º 51253/2019, sentencia del 8/07/2020). En virtud de esta última circunstancia, se ha expresado que, si bien la normativa comentada se refiere a la imposición de sanciones, los conceptos contenidos en ella resultan aplicables también a la determinación de tributos (cfr. esta Sala in re “Audisio, Jorge Alberto (TF 26103-I) c/D.G.I.”, expte. N.º 60204/2022, sentencia de julio de 2023).
Esto es así, atento a que la finalidad de tales límites ha de encontrarse en que, si la eximición de la responsabilidad en sede penal se alcanzó por la constatación de la inexistencia de la conducta que se le atribuyó al imputado, no sería razonable que el juez administrativo tuviera por acaecido el hecho ilícito, circunstancia que admite la sujeción de la resolución administrativa a las consideraciones efectuadas en sede penal (cfr. Sala IV, in re, “Laje, Alberto Jorge (TF 22.074I) c/D.G.I.”, sentencia del 5/12/2013 y “Rimedio, Gabriel Mariano c/D.G.I.”, Expte. N.º 39795/2019, sentencia del 27/10/2020).
En este escenario, es que debe rechazarse la posición de la recurrente en torno a lo decidido respecto del Impuesto a las Ganancias. Ello, habida cuenta que resulta indudable la influencia de las conclusiones a que se arribara en la sentencia penal, en la determinación del impuesto, toda vez que lo probado se refiere a los hechos sobre los cuales se encuentra estructurada su aplicación. Particularmente, la sentencia penal emitida el 09/05/12 (que, como fue oportunamente advertido, se encuentra firme a raíz de la decisión emitida por la Corte Suprema), tuvo por acreditada la existencia de irregularidades únicamente respecto de los proveedores Sun Security S.R.L.; Ecosistema (Jorge Eduardo Caro) y Cerealera Rodano S.R.L., remitiéndose a las conclusiones adoptadas por la pericia contable realizada en esas actuaciones (las que, por cierto, fueron formuladas luego de haberse analizado la situación de todos los proveedores impugnados por el Fisco Nacional -cfr., en especial, fs. 516 vta. del Cuerpo III del expediente principal-).
En este sentido, es menester recordar que, si la decisión judicial que pone fin a la actuación penal con efecto de cosa juzgada (en el caso, el sobreseimiento parcial en orden al delito por el que fue requerido el actor respecto al hecho identificado como “pago de Impuesto a las Ganancias del año 2003”, sin que ello afecte su buen nombre y honor) se dispone por una causal objetiva (es decir, porque el hecho no se cometió, o porque es atípico), tiene que referirse esencialmente a lo fáctico, por lo que la resolución administrativa -y en su hora, los decisorios consiguientes- no podrían alterar tal declaración sobre los hechos (cfr. Sala V, in re: “Agroferia S.R.L. c/D.G.I.”, sentencia del 15/07/2008 y, esta Sala, in re, “Cudemo, Mirta”, citado).
Por lo expuesto, y en atención a la clara referencia que el artículo 20 de la ley 24.769 hace a las “declaraciones de hecho” contenidas en la sentencia penal, debe sostenerse el criterio del Tribunal Fiscal de la Nación en este punto y en cuanto hizo mérito de las cuestiones observadas en la sentencia penal (relacionadas con el tipo objetivo de la norma y sin presuponer valoraciones jurídicas a la luz de la norma “extrapenal”).
IX. Que, sin embargo, no corresponde aplicar el criterio desarrollado anteriormente en el caso de la Resolución N.º 1/2006 (que, se recuerda, determinó de oficio la obligación impositiva de SACEI Francisco Cores LTDA, respecto del Impuesto al Valor Agregado -períodos fiscales mayo 2002 hasta abril 2003-). Aquí, resulta determinante la circunstancia de que la sentencia invocada por el Tribunal Fiscal para fundar su decisión sobre el punto (esta es, aquella emitida el 23/06/16, que declaró extinta la acción penal por prescripción, dictando el sobreseimiento del actor también respecto del Impuesto al Valor Agregado) había sido revocada por la Alzada en sede penal al momento de emitirse el decisorio que aquí se examina.
En efecto, no solamente el fallo referido carecía de la intangibilidad que viene asociada a la cosa juzgada, sino que el hecho de que ese pronunciamiento se encontraba en revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, surge explícitamente de la documental que obra a fs. 494 de las actuaciones principales (Cuerpo III).
En estas circunstancias, tampoco se colige de la lectura de la tramitación ante la instancia anterior, que se hubiera requerido el esclarecimiento de dicho acontecimiento (adoptándose las medidas necesarias para obtener información acerca del estado del trámite en sede penal) o que se hubiera justificado adecuadamente, por conducto de otros elementos, la inexistencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos procesos.
A la luz de estos eventos, se verifica que la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación ha prescindido de la valoración de pruebas conducentes para la resolución de la controversia, acontecimiento que trasunta una deficiencia manifiesta en la valoración efectuada y que justifica, en consecuencia, la revocación de la sentencia en este aspecto.
Por ello, debe devolverse la presente causa a la instancia de origen, para que, por quien corresponda, y luego de realizar las diligencias pertinentes en miras a evitar la posible existencia de sentencias contradictorias con la causa penal, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho sobre el punto.
X. Que, en atención a las particularidades que presentó la cuestión decidida, corresponde que las costas de esta instancia sean distribuidas en el orden causado (cfr. artículo 68, segunda parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del artículo 197 de la ley 11.683).
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º) admitir parcialmente el recurso intentado por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar lo decidido sobre la Resolución N.º 2/2006 y revocarlo respecto de la Resolución N.º 1/2006, quedando por ende sin efecto el pronunciamiento del TFN al respecto; 2º) devolver la presente causa al Tribunal Fiscal de la Nación, a fin de que, por quien corresponda y luego de realizar las diligencias pertinentes en miras a evitar la posible existencia de sentencias contradictorias con la causa penal, dicte un nuevo pronunciamiento y 3º) distribuir las costas de esta instancia en el orden causado (cfr. artículo 68, segunda parte, del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por conducto del artículo 197 de la ley 11.683).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia