Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Oficial, Celeste S. Souto.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 20/25 en favor de I. J. C., casar el pronunciamiento atacado, y consecuentemente, absolver al nombrado del hecho objeto del presente proceso y que fuera calificado como tentativa de homicidio simple; sin costas, atento al resultado favorable.
III. Ordenar la inmediata libertad de I. J. C., encomendando al órgano jurisdiccional interviniente su instrumentación, previa certificación que no registra impedimentos legales, debiendo oportunamente remitir copia del acta que se labre al respecto.
IV. Tener presente la reserva del caso federal formulada a fs. 25.
Rigen los arts. 1, 5, 18, 28, 33, 53, 59, 75 inc. 22°, 114 inc. 5°, 115, 116, 120, cits. y ccs., CN; 26, DADDH; 11.1, DUDH; 14.1 y 14.5, PIDCP; 8.5 y 8.2.h, CADH; 40, CDN; 40, 41, 42 y 79, CP; 4 último párrafo, ley 22.278; 27, 36 párr. 1ro., 40 párr. 1ro. y 61 párr. 1ro., ley 13.634; 20 inc. 1°, 106, 169 inc. 8°, 177, 179, 181, 209, 210, 371, 373, 448, 450 primer párrafo, 454 inc. 1°, 473, cits. y ccs., CPP
"Registrado bajo el Nro. 371 Año 2017"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 24 de mayo de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo R. Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la causa N° 81.797, caratulada: “C., I. J. s/ Recurso de Casación”, conforme al siguiente orden de votación:
MAIDANA – CARRAL.
El 08 de noviembre de 2016 el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 del Departamento Judicial San Martín – por mayoría- impuso a I. J. C. a la pena de cuatro (4) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de homicidio simple en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 79 del CP).
Contra dicho pronunciamiento, la Defensora Oficial, Dra. Celeste S. Souto, interpuso el recurso de casación obrante a fs. 20/25. Elevado el legajo y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Sala I del Tribunal dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Habiendo sido interpuesto el recurso por quien se encuentra legitimada, en debido tiempo y contra una sentencia definitiva el recurso deviene admisible, desde que la vía utilizada se ajusta a la competencia asignada a este Cuerpo (arts. 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; 40, CDN; 20 inc. 1, 401, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1 y c.c., CPP; 27, 36 párr. 1ro. y 61 párr. 1ro., ley 13.634).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Maidana, dijo:
Sostiene el impugnante que en el proceso penal juvenil no basta la declaración de autoría y responsabilidad para la imposición de una pena, ya que el art. 40 de la ley 13.634 habilita a los fiscales especializados a desistir de la acción en los casos que estos entiendan que no hay necesidad de que continúe el proceso. Señala que le resulta sorprendente que por mayoría los jueces impusieron a C. una pena aun cuando el fiscal solicitó que no se aplicara la misma, al considerarla innecesaria sobre la base de varios informes. Destaca el psicológico, el socio ambiental y el del Servicio Penitenciario, de donde surge que la imposición de una sanción y la consecuente continuidad de la privación de libertad del joven, de ninguna forma contribuyen a reinsertarlo en sociedad, ni a que asuma una función constructiva en la misma, por el contrario, su continuación en el encierro provocaría un resultado nocivo para su vida quedando en condición de aislamiento, ello teniendo en cuenta que conforme surge de los informes periciales el joven ha alcanzado los fines de la reinserción que esta instancia requiere. Entiende que la resolución impugnada resulta arbitraria al realizar una valoración negativa respecto a la falta de actividad de su asistido en su lugar de alojamiento, como si él fuera el responsable, siendo que dicha carencia es una falencia grave del Estado que no se le puede imputar a su defendido. Cita el precedente de la CSJN in re “Maldonado”, e informes del Comité de Derechos del Niño, de la Comisión Interamericana y de la Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, los que estima en sustento de su postura. Solicita su absolución e inmediata libertad; subsidiariamente, de ser necesaria la imposición de la pena, se aplique el mínimo legal de dos (2) años de prisión. Hace reserva del caso federal.
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith De Seta, mantiene en todas sus partes el recurso interpuesto por su antecesora (fs. 36).
El Fiscal Adjunto de Casación, Dr. Fernando Luis Galán, considera que -en el caso- ha sido el propio Agente Fiscal quien ha solicitado la absolución de la pena, pese a lo cual el Tribunal, por mayoría, ha optado por su imposición; por lo que acompaña la solicitud de la defensa, y en caso de que se entienda necesaria la imposición de pena, solicita que se le aplique la escala privilegiada prevista en el art. 4 de la ley 22.278, reduciendo consecuentemente el monto impuesto (fs. 37/39vta).
Con independencia de la garantía procesal que conduce a la exigencia de la necesidad de la doble conformidad judicial para ejecutar la pena si el condenado lo requiere, la circunstancia de ponerse en juego otra garantía como la del juicio público, única base de la condena, determina que, en el caso de no haberse observado el debate, no es posible controlar la valoración de la prueba practicada en el transcurso de la audiencia si el Tribunal diera cuenta circunstanciada de su empleo, para tener por acreditado cualquiera de los extremos de la imputación. Los arts. 8.2.h de la Convención y 14.5 del Pacto exigen la revisión de todo aquello que no esté exclusivamente reservado a quienes hayan estado presentes como jueces en el juicio oral, no sólo porque cancelaría el principio de publicidad (arts. 8.5 de la Convención Americana y 14.1 del Pacto), sino también porque directamente no lo conocen, o sea, que a su respecto rige un límite real de conocimiento, se trata directamente de una limitación fáctica, impuesta por la naturaleza de las cosas, y que debe apreciarse en cada caso, con lo que, no existe una incompatibilidad entre el debate y la revisión amplia en casación, ambos son conciliables en la medida en que no se exagere el resultado de la inmediación.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs., CPP; v. Sala I, c. 77.217, “Sosa, Leandro Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 06 de julio de 2016, reg. 558/16; c. 79.219, “Amarilla Bruno Ezequiel s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 973/16; c. 79.427, “Díaz Nuñez, Jonathan Gonzalo s/ Recurso de Casación”, sent. del 15 de noviembre de 2016, reg. 979/16; entre muchas otras).
Preliminarmente, frente al caso de autos, corresponde acotar que “...si algún efecto ha de asignársele a la Convención del Niño es, sin lugar a duda, que a ellos les alcanza el amparo de las garantías básicas del proceso penal...” (CSJN, in re “Maldonado”, considerando 11° del voto mayoritario); de hecho, la ley provincial n° 13.634 recepta aquel postulado (art. 36 párr. 1ro., ley cit.). Esto debe quedar claro desde el comienzo. Corresponde determinar si, luego del dictado del auto de responsabilidad penal, el Órgano Jurisdiccional especializado se encuentra facultado para imponer pena aun cuando el acusador haya solicitado expresamente lo contrario (sobre las particularidades de la individualización de la pena en materia de menores y jóvenes en conflicto con la ley penal, cfr. TCP, Sala I, c. 78.827, reg. 1044/2016).
Una Constitución fija una determinada forma de organización política de una Nación, definiendo de alguna u otra forma la ordenación del poder y la relación del Estado con los ciudadanos, con lo cual, consagra ciertas garantías básicas en pos de evitar abusos autoritarios. Bajo este prisma, una Constitución constituye, de alguna manera, un catálogo de restricciones, es decir, límites protectorios del ciudadano frente al abuso estatal de poder.
La intervención estatal más significativa en el ámbito de libertad del individuo se da en el ejercicio del ius puniendi: la pena representa la medida más grave de todas las posibles intervenciones en un Estado de Derecho (cfr. ROXIN, DPP, 25° ed. alemana trad. por G. E. Córdoba y D. R. Pastor, p. 10).
Como el derecho de penar está hoy reservado al Estado (cfr. ROXIN, DPP cit., p. 2), hay normas que instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado y disciplinan los actos que integran el procedimiento necesario para ejercer dicho monopolio (v. sobre ello, MAIER, DPP, t. I, 2004, p. 75).
Queda claro entonces que el derecho procesal penal crea las condiciones necesarias para que el derecho penal material pueda realizarse. Dicho en otras palabras, el ejercicio del ius puniendi estatal está supeditado al desarrollo de un proceso previo: nadie puede ser penado sin juicio previo, dice el art. 18 de la Constitución.
De este modo, puede afirmarse que el Derecho procesal penal es el único medio legítimo para la realización penal (nulla poena sine iuditio, reza el aforismo), puesto que todos los conflictos que atañen al Derecho penal encuentran una única vía de solución a través de las reglas del Derecho procesal penal (cfr. MAIER, DPP, t. I cit., p. 85). Pero, a la vez, no puede soslayarse que la reglamentación de toda esta actividad estatal se encuentra enmarcada dentro del cuadro regulatorio establecido por las garantías constitucionales (arts. 5 y 28, CN). En un Estado de Derecho, el poder de la pena se materializa en un ámbito reglado cuyo diseño estructural se encuentra en la Ley Fundamental.
En tal sentido, es dable afirmar que existe una dependencia entre el sistema de enjuiciamiento penal y la ideología que funda la organización política de un país (cfr. MAIER, DPP, t. I cit., p. 163 y véase el capítulo histórico que ilustra al respecto; v. tamb. ROXIN, DPP cit., p. 10), de ahí que metafóricamente se ha dicho que “el Derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución del Estado” (ROXIN, DPP cit., p. 10), o con más precisión: Derecho constitucional reglamentado, en el sentido del art. 28 de nuestra Constitución Nacional (cfr. MAIER, DPP, t. I, p. 163). Desde siempre, en el Derecho procesal penal, se han antepuesto dos modelos de enjuiciamiento divergentes: el acusatorio, por un lado, y el inquisitivo, por el otro. Cada uno de ellos, tiene un diseño propio que lo identifica y lo diferencia notoriamente del otro (v., a modo de resumen, MAIER, DPP, t. I cit., p. 443 y ss.), sin embargo, al decir de Cafferata Nores, ni en el pasado ni en la actualidad es posible encontrar a alguno de aquellos dos paradigmas procesales en estado “químicamente puro”, pues todos son algo “mixtos” (El proceso penal según el sistema constitucional, en CAFFERATA NORES, Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 1998, p. 3; sobre las características del inquisitivo reformado o “sistema mixto”, v. MAIER, DPP, t. I cit., p. 449 y ss.).
Nuestra Constitución Nacional establece un programa liberal que reconoce la autonomía de las personas (art. 19, CN), consagrando un sistema de garantías protectorio de las injerencias estatales arbitrarias (arts. 14, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 19 y 24, CN; sobre la noción del jurado como garantía del imputado, v. TCPBA, SALA VI, c. 71.912, “López, Mauro Gabriel s/ Recurso de queja (art. 433 CPP) interpuesto por Agente Fiscal”, reg. 37 del 04/02/2016). Esta idea es nuestro punto de partida. El modelo acusatorio de enjuiciamiento es el que mejor se compagina con ese ideario constitucional ya que el acusado no representa, como sucede en el procedimiento de corte inquisitivo, un objeto de persecución, sino un sujeto de derechos colocado en una posición de igualdad con el acusador (cfr. MAIER, DPP, t. I cit., ps. 447 y 445). En efecto, la Constitución Nacional optó por un proceso penal abiertamente acusatorio (CSJN, in re “Casal”, considerando 15°) porque ella establece una tajante separación entre las funciones estatales de acusar y juzgar en los juicios de contenido político (cfr. entre sí los arts. 53 y 59, por un lado, y 114 inc. 5° y 115, por el otro), y porque prevé el juicio por jurados para causas criminales (24, 75, inc. 12, y 118), institución –dicho sea de pasoincompatible con un modelo inquisitorial ya que implica un juicio necesariamente oral y público (para su comprensión de acuerdo a la ideología histórico-política de la constitución, cfr. MAIER, DPP, t. I cit., p. 777). Pero, además, tal forma de entender el diseño constitucional del procedimiento penal, se ve fortalecida con la reforma operada en el año 1994, a partir de la cual se otorgó jerarquía constitucional a ciertos Instrumentos sobre Derechos Humanos (art. 75, inc. 22, CN), y con ello, la receptación constitucional de ciertos principios de neto corte acusatorio -por lo menos en la etapa de debate; en este sentido, CSJN, in re “Amodio”, considerando 11° del voto concurrente de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni- como la oralidad, continuidad, publicidad y contradictorio (arts. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
La Constitución supedita la realización del poder penal del Estado al desarrollo de un juicio previo en el cual las funciones de acusar y juzgar se hallan asignadas a distintos órganos estatales: ya dijimos que el diseño de los juicios de contenido político es una muestra cabal de ello, como también que resulta consustancial al juicio por jurados en el cual los ciudadanos, mediante su veredicto, deciden acoger o rechazar una acusación específica. De hecho, la propia Constitución ha instaurado un órgano extra-poder con el cometido de promover la actuación de la justicia (art. 120, CN), persiguiendo y requiriendo la aplicación de la ley penal, y en aras de lograr que el proceso albergue un genuino diálogo, en el que las partes tengan amplia posibilidad de justificar sus pretensiones, percibiéndose a la decisión final como la conclusión que refleja el balance de las razones ofrecidas, de suerte que el juez deba mantener una posición equidistante entre aquellos intereses controvertidos (cfr. NINO, Fundamentos de derecho constitucional, 2002, p. 450).
Por lo demás, la Corte Federal –intérprete final de la CN-, al precisar qué debe entenderse por procedimientos judiciales a los efectos del art. 18 de la Constitución Nacional, ha dicho que esa norma exige observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (CSJN, Fallos: 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557; entre otros), dotando así de contenido constitucional al principio de bilateralidad sobre cuya base, en consecuencia, el legislador está sujeto a reglamentar el proceso criminal (CSJN, Fallos: 234:270).
La ley procesal provincial, en consonancia con el mandato del constituyente (arts. 5 y 28, CN), recepta el núcleo duro de dicho paradigma procesal, aún cuando la acción penal sea esencialmente pública pues la persecución se encuentra en manos de un órgano del estado y pese a que cuenta con una etapa de investigación en mayor medida escrituraria aunque no absoluta pues la oralidad se encuentra actualmente en un proceso de expansión en las etapas previas al juicio (v. a modo de ejemplo los arts. 105, último párrafo, 168 bis, y 330 del CPP; vale mencionar a los mecanismos alternativos de solución pues también se desarrollan en mayor o menor medida oralmente: suspensión del juicio a prueba, art. 404, primer párrafo, CPP; hábeas corpus, art. 412, CPP; v. tamb. procedimiento de flagrancia, ley 13.811). Ello así, en la medida que el código de procedimientos recepta el principio de bilateralidad al separar tajantemente las funciones de acusar y juzgar en todas las etapas del proceso, instituye al Fiscal como encargado de la investigación penal preparatoria (art. 267, CPP), teniendo que formular sus requerimientos con el cometido de promover y ejercer la acción penal (vgr. arts. 56, 334 y 368 último párrafo, CPP; tamb. las medidas cautelares más gravosas se dictan a instancia de la solicitud fiscal, v. a modo de ejemplo los arts. 151, 152 y 158, CPP), al punto tal que la jurisdicción del Tribunal se encuentra habilitada a condición de que exista acusación, independientemente del carácter público o privado, y siempre dentro de sus límites (arts. 334, 334 bis, 359, 368 último párrafo, 371 antepenúltimo párrafo in fine, 374 párrafos 3° a 6°, CPP; cfr. CSJN, in re “Tarifeño”, “Mostaccio”, “Santillán”, “Quiroga”, e/o; en materia de niños y jóvenes, art. 40 de la Declaración de los Derechos del Niño, y 36 párr. 1ro. y 40 párr. 1ro. de la ley 13.634, recuérdese también lo expuesto –conforme lo citado al inicio- por la CSJN en el precedente in re “Maldonado”, considerando 11° del voto mayoritario).
Sin perjuicio de lo expuesto, existen otros institutos previstos en el CPP provincial que derivan del paradigma acusatorio (informa al respecto, MAIER, DPP, t. I cit., p. 444 y ss.), a saber: el reconocimiento de un querellante autónomo (el ofendido como partícipe activo del procedimiento, arts. 79, 334 bis, 368 último párrafo y 374, CPP), el sistema de las libres convicciones como mecanismo de valoración probatoria (arts. 210 y 373), un procedimiento cuya etapa central es pública, oral, continua y contradictoria (arts. 342 y ccs., CPP), y, por si fuera poco, la instauración del juicio por jurados con la reforma operada por la ley 14.543 (v. arts. 22 bis y ccs., CPP).
Como consecuencia de ello, si se afirma un modelo acusatorio formal en el sentido que la función investigativa y persecutoria representa una función pública aunque no atribuida al juzgador (v. ARMENTA DEU, Principio Acusatorio y Derecho Penal, 1995, p. 22), que – por lo menos- la etapa de debate es oral y contradictoria, y si resulta una exigencia constitucional el reconocimiento del principio de bilateralidad, es elemental que “el juez no procede de oficio” (ne procedat iudex ex oficio) y que, por tanto, “allí donde no existe actor no existe juez” (nemo iudex sine actore). Es cierto que Tribunal y Fiscalía son escasamente distinguibles porque ambos representan al Estado en su función de control social, no obstante se diferencian formalmente: al uno se le encomienda la función de decidir, al otro en cambio la requirente (cfr. MAIER, DPP, t. II, 2003, p. 58), de tal forma se busca impedir que un mismo órgano absorba ambas funciones y ello implica que quien ejerce la acción mediante pretensiones concretas habilita la jurisdicción y al mismo tiempo la limita en cuanto no puede fallar ultra o extra petita, con lo cual queda claro que los jueces del fuero especializado no pueden imponer pena cuando la acusación haya peticionado precisamente lo contrario; de este modo, se evita que la parte puede resultar sorprendida por aquel juez que no se mantiene equidistante de la discusión que tercia.
En efecto, la denominada individualización judicial de la pena es –nada más ni nada menos- aplicación del Derecho sustantivo (realización del poder penal estatal) y, por esa razón, está limitado de antemano por las reglas garantistas del procedimiento.
La imposición de pena, como su medida, forman parte de la pretensión acusadora, de suerte que pueden ser objeto de discusión por parte de la defensa y cuya contradicción debe resolver el Tribunal sin posibilidad de extralimitarse más allá de los límites de lo solicitado por quien ejerce la función requirente (doctr. arts. 116 y 120, CN; 40, CDN; 36 párr. 1ro. y 40 párr. 1ro., ley 13.634; e/o.).
Por lo tanto, por vía de una interpretación sistemática de la Constitución Nacional, los Instrumentos con igual jerarquía y del sistema de enjuiciamiento establecido por el legislador provincial, se impone como límite a la Magistratura la imposibilidad de aplicar pena si el acusador así no lo solicitare.
Tal forma de proceder asegura, por un lado, la imparcialidad del Tribunal al estar limitado a decidir en los términos del contradictorio (CSJN, in re “Amodio”, considerando 12 del voto concurrente de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni), de modo que –conforme la máxima fundamental del principio acusatorio, expresada en los aforismos latinos citados- la imputación no debe comprometer al tribunal que juzga, es decir, no debe partir de él, para conservar su imparcialidad y evitar toda sospecha de parcialidad, todo compromiso con la hipótesis acusatoria que conforma el objeto del procedimiento (cfr. MAIER, DPP, t. I, 2004, p. 554).
Resguarda, por el otro, el derecho de defensa del justiciable que impone que la facultad de juzgar debe ejercerse con el alcance que fija la acusación, siendo que la pretensión punitiva constituye una parte esencial de ella (CJSN, in re “Amodio”, considerando 16° del voto concurrente de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni), y cuya base esencial reposa en la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación, lo que aclama la observancia del principio de contradicción (cfr. MAIER, DPP, t. I, 2004, p. 552), pues nadie puede ejercer una defensa eficaz si es sorprendido con una sentencia ultra o extra petita. Por último, se muestra fiel al sistema Republicano al magnificar el equilibrio de poderes (art. 1, CN), evitando que un mismo órgano del Estado concentre ambas funciones.
De conformidad con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció el 23/8/16 en la causa "Ruiz, Brian s/Homicidio en ocasión de robo -causa nro. 42.886/9-". CS 374/2014 (50- R)/CS1: "... Cualquiera que fuera el motivo por el cual no se requiriera la imposición de pena, lo cierto es que, por el principio acusatorio, los jueces no están habilitados a suplir la voluntad del Ministerio Público, a actuar mas allá de su petición, sobre todo en algo tan trascendente como es el requerimiento de sanción penal (del dictamen de la procuradora fiscal cuyos fundamentos y conclusiones comparte el voto de los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda).
En conclusión, advierto que en el caso se ha inobservado el límite explicitado configurándose un exceso jurisdiccional inadmisible.
En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 20/25 en favor de I. J. C., casar el pronunciamiento atacado, y consecuentemente, absolver al nombrado del hecho objeto del presente proceso y que fuera calificado como tentativa de homicidio simple (arts. 1, 5, 18, 28, 33, 53, 59, 75 inc. 22°, 114 inc. 5°, 115, 116, 120, cits. y ccs., CN; 26, DADDH; 11.1, DUDH; 14.1 y 14.5, PIDCP; 8.5 y 8.2.h, CADH; 40, CDN; 40, 41, 42, 45 y 79, CP; 4 último párrafo, ley 22.278; 27, 36 párr. 1ro., 40 párr. 1ro. y 61 párr. 1ro., ley 13.634; 20 inc. 1°, 106, 209, 210, 371, 373, 448, 450 primer párrafo, 454 inc. 1°, cits. y ccs., CPP); sin costas, atento al resultado favorable (arts. 530 y 531, CPP). Asimismo, corresponderá ordenar la inmediata libertad de I. J. C. (art. 463, CPP), encomendando al órgano jurisdiccional interviniente su instrumentación, previa certificación que no registra impedimentos legales, debiendo oportunamente remitir copia del acta que se labre al respecto.
Finalmente, tener presente la reserva del caso federal formulada a fs. 25 (art. 14, ley 48).
A la misma segunda cuestión planteada el señor juez, doctor Carral, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Es mi voto.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por la Defensora Oficial, Celeste S. Souto.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 20/25 en favor de I. J. C., casar el pronunciamiento atacado, y consecuentemente, absolver al nombrado del hecho objeto del presente proceso y que fuera calificado como tentativa de homicidio simple; sin costas, atento al resultado favorable.
III. Ordenar la inmediata libertad de I. J. C., encomendando al órgano jurisdiccional interviniente su instrumentación, previa certificación que no registra impedimentos legales, debiendo oportunamente remitir copia del acta que se labre al respecto.
IV. Tener presente la reserva del caso federal formulada a fs. 25.
Rigen los arts. 1, 5, 18, 28, 33, 53, 59, 75 inc. 22°, 114 inc. 5°, 115, 116, 120, cits. y ccs., CN; 26, DADDH; 11.1, DUDH; 14.1 y 14.5, PIDCP; 8.5 y 8.2.h, CADH; 40, CDN; 40, 41, 42 y 79, CP; 4 último párrafo, ley 22.278; 27, 36 párr. 1ro., 40 párr. 1ro. y 61 párr. 1ro., ley 13.634; 20 inc. 1°, 106, 169 inc. 8°, 177, 179, 181, 209, 210, 371, 373, 448, 450 primer párrafo, 454 inc. 1°, 473, cits. y ccs., CPP Regístrese, notifíquese a las partes y, cumplido con lo dispuesto, devuélvase al Tribunal de origen.
FDO: RICARDO MAIDANA – DANIEL CARRAL
Ante mí: Jorge Andrés Álvarez
Fin de la sentencia