Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Pergamino · Causa 5663
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAcoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora en punto al rubro daño moral y fijándolo desde aquí en el importe de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).-Confirmando en todo lo demás la sentencia apelada.-
Desestimar el recurso de apelación traído por la parte demandada.-
Imponer las costas de Alzada a la parte demandada (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre la de primera instancia (ley 14.967).-
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5663-25 caratulada "I. S. L. C/ R. R. R. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)", Expte. 63.146 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda instaurada por S. L. I. y condenó a R. R. R. y a S. M. S. A., esta última en los términos del seguro contratado, a abonar a la parte actora dentro de los diez días de notificada la presente, la suma de quince millones dieciseis mil quinientos sesenta y dos pesos con 05/100 ($ 15.016.562,05), con más sus intereses calculados a partir de la fecha de la mora (03/04/2019), los que habrán de liquidarse en la forma establecida en el apartado IV. Aplicó las costas a la parte demandada y a la citada en garantía y difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos.
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación interpuesto por la parte actora (5-5-2025), por el demandado R. R. R. (29-4-2025) y por la citada en garantía S.M. S. A. (29-4-2025), concedidos libremente respectivamente.
Elevados los autos a esta Alzada con fecha 8-5-2025 se ordenó expresar agravios a la parte actora, quien los fundó el 16-5-2025, lo mismo hizo a su turno la parte codemandada el 29-5-2025 y la citada en garantía el 16-5-225, cuyos traslado fueran contestados solo por la parte demandada el 26-6-2025 y por la citada en garantía el 1-7-2025.
En fecha 3-7-2025 se llamo autos para sentencia, providencia que, firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
1. Agravios parte actora: Achaca diversos puntos, a saber: una incorrecta interpretación de la pruebas periciales rendidas en la causa que llevaron al magistrado a excluir la culpa en el obrar del galeno; la fijación del porcentaje del 25% de incapacidad cuando la perito había dictaminado un 35%; la afirmación del sentenciante que consideró no probada la actividad laboral del actor y su ingreso; la suma dada en concepto de incapacidad sobreviniente que estima desproporcionada con el daño; la estimación de la renta constante para calcular el daño; el rubro daño moral y su cuantificación; la afirmación de que no se ha producido prueba sobre la edad del actor al momento del acaecimiento del daño.-
2. Agravios codemandado R. con el patrocinio letrado del Dr. Martín Santinelli: 1) Solicita se decrete la nulidad de lo actuado desde la contestación de demandada, denunciando violación del debido proceso mencionado que esta es la primera oportunidad procesal entre la renuncia del patrocinio efectuada el 30/4/2025 y el desprendimiento de la competencia del juez, motivando el pedido en los supuestos intereses contrapuestos entre la aseguradora y su parte en punto a la misma representación procesal. Señalando que la aseguradora opuso como defensa el límite de cobertura de la póliza sin que se le diera traslado conculcando a su decir el derecho de defensa en juicio.-
En relación a los agravios expone los siguientes puntos: a)
errónea valoración probatoria que no tiene en cuenta la inexistencia de nexo causal entre la conducta del demandado y el daño causado así como falta de nexo causal entre la acción del galeno y la omisión de consentimiento informado. b) Subsidiariamente tacha de inexactos los parámetros para la cuantificación de la incapacidad sobreviniente y del daño moral.
3. Agravios S. M. S.A. mediante el apoderado Tomas Carricart achaca la responsabilidad endilgada al galeno señalando que se funda en la falta de instrumentación del consentimiento informado remarcando que se trata del "instrumento" más no de la información que dice haber proporcionado el galeno al paciente de modo suficiente, completo y claro.- Señala que una vez despejado el tema del "instrumento", el aquo hizo total omisión de la información que le fuera aportada a la actora y quien aún así eligió hacerlo, extrayéndolo de afirmaciones del libelo de demanda y haciendo el quejoso una interpretación de los mismos.-
De todo esto extrae que no existe obligación de informar por escrito y que existen elementos objetivos que exponen que el paciente fue debidamente informado del procedimiento al que iba a ser sometido. Y de las complicaciones señala que se ha invertido el onus probandi en relación a los riesgos y del procedimiento terapéutico. Subsidiariamente plantea agravios contra la cuantificación del monto dado por incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos farmacéuticos- 4) A su turno lucen agregados electrónicamente los escritos de respondes de agravios, los que ratifican la postura de cada uno de los litigantes.-
5. Entrando a resolver la pretensión fue motivada sobre los hechos relatados por el actor quien describe " que el 13 de marzo de 2019 concurrió por primera vez al consultorio del Dr Ruffini a fin de realizar una consulta por dolores en la zona ciática que venía sufriendo desde mediados del año 2017.-Refiere que se le había diagnosticado síndrome piriforme causado por un compromiso radicular L4 derecho, de tipo cronico, de grado leve (comprensión de la raíz nerviosa L4 derecho) y que la ciatalgia era provocada por el síndrome piriforme.-Relata que el demando ratificó ese diagnóstivo, contando para ello con el estudio electromiográfico que le realizara la Dra Coscia en fecha 13/12/2018 por indicación del Dr Kitroser que era el neurocirujano que hasta entonces lo atendía.-Enfatiza que el demandado nunca le indicó la realización de otros estudios.- Y que le suministró metilprednisolona y otra medicación analgésica, y ante la falta de resultado, un tratamiento bloqueo o infiltración que mejoraría sus dolores.-Afirmando que el galeno no le solicitó el consentimiento informado ni le explicó sobre los riesgos o contraindicaciones.- Relata que el 3/04/2019 en el consultorio del accionado se realizó el tratamiento dirigido a ojo por el profesional y que durante el procedimiento de manera súbita y violenta sufrió el adormecimiento total y completo del pie derecho y de la parte externa de la pierna derecha desde la rodilla hacia abajo.-Aduna que el médico restó importancia a esos síntomas diciendo que pasarían con el correr de las horas, cosas que no ocurrió, comunicándose con el mismo quien lo citó a su consultorio para el 4/4/2019 debiendo concurrir diariamente hasta el 9/4/2019 y que en esas ocasiones el galeno le aplicó suero con vitaminas para lograr despertar el nervio muerto, aplicaciones que no dieron resultado por lo que dejó de tener contacto con el galeno y cayó en un profundo estado depresivo".-
Cuenta haber retomado la consulta con el Dr Kitroser para tratar el cuadro provocado por R. y que el neurocirujano le indicó un nuevo estudio electromiográfico llevado a cabo el 11/6/2019 que permitió determinar que "como consecuencia de un procedimiento médico negligentemente realizado (sin ultrasonido ni ecografia para localizar el músculo y sin ser dirigido radiocoia) la intección intramuscular en el gluteo provocó daño severo en el nervio ciático provocando abundante denervación (pérdida de la inerversión nerviosa debido a una lesión nerviosa que ocasionó interrupción total de la via del impulso nervioso y escasa función del órgano, achacando al galeno R. dichos daños tanto físico como síquicos.
Todo esto fue controvertido por la parte demandada, tanto el médico como la compañía aseguradora.-
El aquo admite el reclamo explicando que no se ha podido acreditar el obrar culposo del médico como causa del daño ( luego de meritar el dictamen pericial), más considera probado la omisión del consentimiento informado al paciente por parte del galeno actuante, achacándole dicha conducta omisiva. Subsume el caso dentro de la normativa de la responsabilidad contractual en el que se da un supuesto de incumplimiento del deber de obtener el consentimiento informado (art. 59 del CCCN) expresando que se ha dado una violación de la libertad del paciente a quien debió hacérsele saber exactamente las ulterioridades del tratamiento para, sobre la base de ese conocimiento, inclinarse por concretarlo o no.-Extendiendo dicha responsabilidad a la citada en garantía en cuanto S. M. S.A e reconociera que contaba con cobertura por los hechos motivantes de la demanda y que deberá responder de modo concurrente y dentro de los límites convenidos por los daños generados por el demandado.-
Justamente la queja pretende la revisión de lo decidido cuestionando ambas partes el punto de la responsabilidad elegido -el actor reprochando que no se halla asentado sobre la culpa del galeno- y la parte demandada achacando que se haya aplicado la normativa contractual, señalando que no se ha probado que la relación causal entre la conducta del galeno y la falta de consentimiento informado haya provocado el daño.- Sobre la base de estas quejas daré tratamiento en forma conjunta a la cuestión traída.-
I. Liminarmente he de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha definido a la responsabilidad profesional como aquella en la que incurre el que ejerce una profesión, al faltar a los deberes especiales que ésta le impone (Ac. 31702, Ac. 39.597 ente muchos otros) constituyendo parte de la responsabilidad en general, sometida a los mismos principios que ésta (Sup. Corte Ac. 31.702, Ac. 38.114 Ac. 45.177 entre otros).-
En tal contexto se ha decidido que la responsabilidad médica se asienta sobre la idea de culpa, que debe ser demostrada a través del hecho que la prestación a cargo del profesional ha sido cumplida de manera deficiente, atribuyendo impericia, imprudencia o negligencia, y que sólo podrá resultar de la atenta ponderación del carácter de la obligación asumida y las circunstancias particulares del caso, y luego de confrontar la actuación real, con la exigibilidad de una conducta y la previsibilidad del resultado o la acción u omisión profesional (Cfr. Cam. Civ. Com. La Plata sala 2 Causa 92802).
"Específicamente recobra importancia repasar que la obligación del médico es de carácter contractual, configurándose con la concurrencia de los siguientes requisitos a) obligación preexistente, o sea la que asume el médico en virtud de un compromiso previo de naturaleza contractual o legal; b) falta médica, que debe ser estríctamente profesional y cuyo elemento esencial es la antijuridicidad; c) daño ocasionado, o sea que como consecuencia de la falta cometida se produzca un daño en el cuerpo o la salud del paciente d) relación causal entre el acto del médico y el daño ocasionado e) imputabilidad, la conducta debe jugar dentro de las condiciones de discernimiento, intención y libertad y según se den los presupuestos exigidos por el art. 512 del Cód. Civil ("Yungano Bolado, Poggi Bruno "Responsabilidad profesional de los médicos" pag. 134 y sigs").- Luego de esta introducción conceptual -sobre la que luego volveré al tratar el capítulo atinente a la responsabilidad- me adentraré ahora en el primer nivel de análisis que ha configurado un punto de crítica de la doliente, esto es, que no hubo consentimiento informado y que ello provocó una relación causal entre el hecho y el daño.-Y la estructuración de la responsabilidad decidida por el operador sobre este presupuesto.- Adelantando opinión he de señalar que es posible asentar la responsabilidad sobre la omisión del cumplimiento de un deber específico por parte del galeno cual es la obligación de información adecuada.- En forma preliminar el consentimiento informado (CI) se define como "la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados para, a continuación, solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos" (Dr. Alberto Ferreres "El consentimiento informado en la práctica quirúrgica" Ed Ah-Hoc.).
La ley 26.529 conceptualiza en el art. 5 al consentimiento informado como la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a las premisas que la norma menciona en varios incisos.-
Estableciendo el artículo 6 la obligatoriedad en cuanto toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente, o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico, el mismo podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21 de la Ley 24.193, con los requisitos y con el orden de prelación allí establecido. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo anterior, deberá garantizarse que el paciente en la medida de sus posibilidades, participe en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. (Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012).-
En el artículo 7 y atinente a su instrumentación se prevé que el consentimiento será verbal con las siguientes excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito:
a) Internación;
b) Intervención quirúrgica;
c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;
d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la presente ley;
e) Revocación.
f) En el supuesto previsto en el inciso g) del artículo 5° deberá dejarse constancia de la información por escrito en un acta que deberá ser firmada por todos los intervinientes en el acto. (Inciso incorporado por art. 4° de la Ley N° 26.742 B.O. 24/5/2012).-
Entonces el consentimiento informado constituye la declaración de voluntad efectuada por un paciente, por la cual, luego de brindársele suficiente información referida al procedimiento o intervención quirúrgica que se le propone como médicamente aconsejable, éste decide prestar su conformidad y someterse a tal procedimiento o intervención (CC0002 AZ 61478 S 03/05/2018 Carátula: "H. E. C/ C. S. S. Y O. S/ medida cautelar-daños y perjuicios ").
Ahora bien, la instrumentación del consentimiento informado está expuesta a interpretaciones conflictivas y vulnerables, porque también es cierto como apunta el autor citado que es "difícil predeterminar cuanta información necesitará un paciente razonable para tomar la decisión informada acerca del procedimiento propuesto".-
En la especie la afirmación del actor de que no existió consentimiento informado no ha sido neutralizado por la parte demandada, puesto que su afirmación vertida en los agravios pretendiendo lo contrario ha quedado huérfana de toda acreditación.
Y en ese marco de la carga dinámica de las pruebas que no clasifica el imperativo en virtud de la calidad de actor y demandado sino de aquel que se encuentre en mejores condiciones de alcanzarla, es dable señalar que la parte demandada tampoco ha satisfecho el imperativo de su propio interés (art. 375 del CPCC) en consonancia con esta doctrina, esto es que el paciente supo, eligió y decidió esa alternativa quirúrgica con conocimiento cabal de los riesgos . En este tipo de prácticas ambulatorias el deber de información debe ser anticipado, concreto y contundente, en tanto no existe con anterioridad una serie concatenada de actos y consultas que permitan inferir que llegó a ese práctica sabiendo lo que le esperaba o los riesgos que asumía, sino que por el contrario por su propia naturaleza de ambulatoria es cuando se torna más relevante la exigencia del consentimiento prestado por el paciente que aquí ciertamente no fue probado por la parte demandada (art. 375 del CPCC y su doctrina). El análisis ahora lleva a preguntarme si puede asentarse la responsabilidad médica en la omisión de ese recaudo tal como fue decidido por el juez de grado.- Y mi respuesta es afirmativa.-
Es que claramente la omisión del consentimiento informado configura un vulneración del deber de informar que es un aspecto fundamental de la mala praxis médica. Para que esto ocurra, debe materializarse algún riesgo típico sobre el cual el paciente no fue informado, y debe haber sufrido un daño como consecuencia de esa omisión.- Se desprende perfectamente la relación causal entre esa omisión del deber de información y el resultado dañoso, puesto en crisis por la accionada, puesto que de haber sido ilustrado detalladamente sobre los riesgos y consecuencias de la práctica quirúrgica otra quizás hubiera sido la decisión del paciente.-
Tampoco se ha probado la presencia de excepciones al principio del deber de informar tales como aquellas situaciones previstas específicamente por la ley que alude a Emergencias: En situaciones de urgencia, donde hay riesgo inminente para la vida del paciente, el médico puede actuar sin consentimiento previo. Incapacidad del paciente: Cuando el paciente no puede expresar su voluntad, se requiere el consentimiento de sus representantes legales, pero aún así la información debe ser brindada en forma clara.
Es dable preguntarse entonces que implica la omisión del consentimiento informado: Es un deber del médico brindar al paciente información detallada sobre el diagnóstico, la terapéutica, los riesgos, las alternativas de tratamiento y los cuidados postoperatorios.
Pero el consentimiento informado además de configurar un deber del médico es un derecho del paciente que en la especie también aparece vulnerado por la conducta omisiva del galeno.- En tanto como derecho tiene la potestad de decidir sobre su propio cuerpo y salud. Asunción de riesgos: Al no solicitar el consentimiento informado, el médico asume los riesgos que podrían derivarse de la intervención.
En la especie es dable puntualizar que las prácticas ambulatorias generalmente requieren consentimiento informado, ya que es un requisito legal para toda actuación médica en Argentina, y en la mayoría de los casos, el paciente debe otorgar su conformidad después de recibir información sobre el procedimiento, sus riesgos y beneficios. Este consentimiento puede ser verbal o escrito, pero debe ser formalizado con un registro en la historia clínica, y solo se requiere que sea por escrito para procedimientos de riesgo o invasivos.
El deber del médico está previsto en la Ley 26.529 establece la obligatoriedad del consentimiento informado para todos los actos médicos, tanto en el ámbito público como privado. y aquí claramente la conducta del galeno vulneró uno de los deberes impuestos legalmente configurándose su responsabilidad por el hecho dañoso del paciente.-
¿Cuándo se requiere consentimiento escrito?
Procedimientos riesgosos: Se debe obtener por escrito para intervenciones quirúrgicas, tratamientos invasivos, estudios de diagnóstico o terapéuticos de riesgo, o cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo la salud del paciente.
Tampoco se ha probado que haya prestado u obtenido consentimiento verbal luego de ser informado cabalmente de las complicaciones que podía padecer a consecuencia de la práctica quirúrgica realizada en el consultorio.-
Habiendo motivado entonces la responsabilidad sobre la vulneración del deber especifico del médico de informar, entiendo que el encuadre normativo y fáctico logrado por el operador de grado es correcto y se confirma desde aquí (arts. 1708, 1709, 1716, 17171721, 17261727, 1734, 1736 del CCCN y arts. 1,2,5,6,7 y ccs de la Ley 26.529 y sus modificatorias).-
Ahora bien el punto de crítica del actor que viene asentado sobre la naturaleza de la obligación, la evaluación probatoria y entidad dada por el aquo a la pericia médica, que llevaría a criterio del apelante a un fundamento distinto no puede ser atendido.-
Voy atender el agravio traído en tanto se verifica no solo la omisión del deber de información así como también un acto médico culposo que tiene relación causal con el daño.-
Deviene aquí entonces el tema atinente a la culpa médica como factor de atribución exteriorizada en los agravios, señalando desde ya que no existe especificidad o especialidad de la culpa médica sino que a la misma son aplicables los arts 512, 902 y 909 del Cód. Civil, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, las circunstancias de las personas, modo, lugar y tiempo (art. 512) la graduación de la obligación de obrar con prudencia y pleno conocimiento del quehacer que se desarrolla lo que potencia las consecuencias previsibles del actuar (art. 902) y la especial relación entre médico y paciente presidida por la confianza de este hacia aquel (art. 909) -(cfr LLBA 2010, 821)-.-
De acuerdo a lo expuesto por R. Compagnucci de Casso en La ley 1994-A-277 "El médico responde de toda negligencia, imprudencia o impericia, cuya apreciación deberá hacerse en abstracto y tomando como modelo de comparación el arquetipo del buen profesional: ni el mejor, ni el superhombre de Nietzche, ni un héroe; pero tampoco el peor, el descuidado, el ignorante, el desidioso o desaprensivo" (Cfr JA 1982-III-12)-. De las experticias practicadas en autos, de la presentada por la Perito Emilia Abeledo el 5/11/2024 se extrae textualmente que "Al momento actual y en relación a la especialidad de neurología el actor presenta un cuadro clínico neurologico compatible con una lesión del nervio ciático poplíteo externo. Entre otras causas, es posible consider la vinculación causal del estado actual del actor con el procedimiento de infiltración que le fuera realizado, pero mayores consideraciones exceden a la especialidad de neurología.." .
Lo que se conjuga con la experticia del 29/03/2022 realizada por la perito I Maria Natalia de la Rosa quien también remarca el mismo cuadro compatible con una lesion del nervio ciático poplíteo externo y que considera la vinculación causal con el procedimiento de infiltración que le fuera realizado al paciente .-
Entonces puede desprenderse que la consecuencia dañosa sufrida por el actor tiene presenta un vinculo de causalidad con la práctica que le fuera realizada, en cuyo caso surge diáfana la imputabilidad de la misma al galeno, reprochándose una conducta imprudente o negligente que le hace nacer el deber de reparar.-
La prueba pericial allega al juez conocimientos científicos que éste por lo general no los tiene (art. 457 del CPCC), ello no implica que se encuentre fatalmente constreñido a aceptar las conclusiones del dictamen pericial, tiene la facultad-obligación de evaluarlo, de acuerdo a las reglas de la sana critica, de la lógica, del común acontecer y de las restantes pruebas de autos, e incluso apartarse fundadamente de sus conclusiones, así surge del lo normado por los arts. 474, 384 y ccs del CPCC.
Tampoco se han traído elementos probatorios que justifiquen el apartamiento de este dictamen pericial o que pongan en duda su eficacia probatoria. Por lo que voy a otorgarle la eficacia probatoria que merecen, permitiendo determinar una vinculación causal entre el acto médico y el daño ocasionado que genera reproche y obligación de responder civilmente.-
La queja que viene asentada sobre la nulidad de lo actuado pedida por el codemandado R. tampoco ha de ser atendida, encontrándose motivados en una supuesta contradicción de intereses entre su parte y el letrado de la aseguradora, situación que le provocó a su decir una violación del debido proceso y sus derechos constitucionales.-
Los presupuestos de la nulidad procesal se enuncian a través de cinco principios o postulados, que constituyen otras tantas condiciones de admisibilidad. Si alguno de ellos no se da, la nulidad no procede. Son los principios de especificidad, convalidación, trascendencia, protección y conservación. Así, la nulidad de los actos procesales es viable: a) cuando la ley expresamente ha establecido esa sanción -principio de especificidad- (art. 169, párr. 1º, C.P.C.C.), que lo es sin perjuicio de las nulidades implícitas mentadas por el párr. 2º de la misma norma; b) cuando el acto carece de los requisitos indispensables para obtener su finalidad, ya que si no obstante su irregularidad ha logrado la finalidad a la que estaba destinado, por el principio de conservación (art. 169, párr. 3º, C.P.C.C.), la nulidad no será viable, de allí que la nulidad sea de interpretación restringida; c) cuando no haya sido consentido expresa o tácitamente -principio de convalidación o subsanación- (art. 170, C.P.C.C.); d) debiendo pedirla quien no la haya provocado -principio de protección- (art. 171, C.P.C.C y e) quien promoviere un incidente de nulidad debe expresar el perjuicio sufrido del que derivare el interés en obtener la declaración de nulidad y mencionar, en su caso, las defensa que no ha podido oponer. Se refiere entonces a dos extremos: a) expresar el perjuicio sufrido del que derive el interés en la nulidad y b) mencionar, "en su caso", las "defensas" que no se han podido oponer -en los supuestos en los que se puedan oponer defensas o planteos-, lo cual responde al principio de trascendencia (art. 172, párr. 2º, C.P.C.C.) (CC0201 LP 134564 379 S 05/12/2023). La afirmación de que la aseguradora opuso como defensa el límite de cobertura de la póliza sin que se le haya dado traslado y que fuera el mismo abogado quien representara a ambos, no son suficientes para abastecer todos los recaudos que esta declaración requiere, entre ellas demostrar en forma fehaciente como y de que manera ha sido vulnerada su defensa, y de que remedios se vio privado y el perjuicio ocasionado.- No basta aludir a un limite de seguro opuesto por la aseguradora para evidenciar una vulneración constitucional.- Por otra parte en el mismo planteo pide una ampliación de la pericia médica; lo que a todas luces deviene inatendible tendiendo en cuenta el principio de preclusión procesal y de oportunidad.-
"La nulidad de procedimiento está condicionada a efectos de su viabilidad, entre otros presupuestos, por el que se ha dado en llamar "principio de protección", es decir, que se requiere que aquel que impetra una declaración de nulidad no haya contribuido con su conducta a la producción de la misma, regla que se afirma en el principio de que a nadie le está permitido alegar su propia torpeza .Por lo tanto, no puede impugnar la validez de los actos procesales quien pretende beneficiarse con su proceder negligente, haciendo recaer sobre la contraparte las consecuencias procesales de actos que le son exclusivamente imputables".B302454 CC0202 LP 116078 174 I 18/08/2016 Juez BERMEJO (SD)
II. Abordado el tema de la responsabilidad procederé ahora a tratar el tema de los rubros y su cuantificación, puestos en crisis por los litigantes por distintas razones dando respuesta única a planteos.- La incapacidad sobreviniente fue cuestionada por la parte actora achacando un porcentaje de incapacidad del 25% y no del 35%, achacando que no se registraron correctamente los ingresos, desarrollando una fórmula de renta constante, la edad y ocupación del actor, asi como el daño moral que dice bajo.-
La contraria cuestiona lo mismo pero por exorbitante.
-Impugnándose también los gastos farmacéuticos.-
Liminarmente voy a rechazar la pretensión de la parte actora quien pretende informe al Ministerio de Seguridad de la Provincia y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; en cuanto la misma luce inoportuna e inadmisible.- Las medidas para mejor proveer no pueden sustituir prueba no ofrecida ni vulnerar el principio de igualdad entre las partes, introduciendo elementos probatorios que no fueron ofrecidos (arts. 163inc 6, 272, 364, 365 del CPCC y su doctrina).-
II.1. Ya situada en la etapa de determinación del daño resarcible, me concentraré seguidamente en la aspectos críticos concernientes a la procedencia y cuantificación de la incapacidad sobreviniente.
En cuanto al agravio actoral vinculado a que el sentenciante de grado adoptó como parámetro de ingresos el salario mínimo vital y móvil (SMVM), en lugar de los recibos de haberes acompañados, lo que -a su entender- resultó en una desvalorización de la indemnización por incapacidad sobreviniente, entiendo que la queja no puede prosperar en este aspecto.
Del análisis de las constancias de autos se advierte que el juez de la instancia de origen fundó adecuadamente su decisión al desestimar los recibos de haberes acompañados por el actor, los cuales fueron oportunamente desconocidos por la parte demandada, sin que se haya producido prueba adicional eficaz y oportunamente introducida que permita tenerlos por acreditados.
En efecto, conforme surge del expediente, la documental en cuestión (recibos de sueldo) fue impugnada en tiempo y forma por la contraparte, y la prueba ofrecida subsidiariamente (oficio a la fuerza policial) no fue diligenciada con éxito, lo cual dejó sin respaldo probatorio cierto y eficaz la alegada situación laboral del actor.
En consecuencia, frente a la falta de prueba convincente sobre ingresos reales, resultó ajustado a derecho que el sentenciante haya optado por emplear el SMVM como pauta subsidiaria y objetiva de cuantificación, conforme reiterada jurisprudencia en la materia.
La utilización del SMVM en supuestos de insuficiencia probatoria respecto del ingreso de la víctima cuenta con amplio respaldo jurisprudencial.
Sobre este punto, la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata ha sostenido que: "Cuando se carece de una pauta económica sobre la cual evaluar la incapacidad, se recurre al salario mínimo vital y móvil como índice orientador ya que es totalmente incierto el monto de los ingresos, y sobre ese monto se obtiene una suma que puede ser apreciada en más o en menos cuando las circunstancias así lo autorizan" (CC0102 MP., autos "SAUBIDET, ELSA RENÉ C/ EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE SRL Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", CC0102 MP 160665 299-S S, 29/11/2016; Sumario Juba:B5025405 ).-
Cabe recordar, además, que el onus probandi recaía sobre la parte actora en orden a acreditar no solo la existencia del perjuicio, sino también su cuantía, conforme lo establece el art. 375 del CPCC. Su incumplimiento torna improcedente la crítica recursiva formulada, que se limita a discrepar con la conclusión judicial.
Cabe agregar que aún cuando en sede de alzada se ha acompañado un recibo de haberes correspondiente a otro agente de la fuerza, en aparente situación similar, con el objeto de sustentar el nivel de ingresos del actor, tal prueba resulta inadmisible por haber sido presentada tardíamente, sin haber integrado la etapa procesal correspondiente para su incorporación formal y no siendo encuadrable en alguno de los supuestos autorizados en el Código adjetivo para la producción de prueba en Alzada. Pero aun cuando pudiera prescindirse del mencionado obstáculo procesal, lo cierto es que el recibo en cuestión tampoco resultaría idóneo para acreditar el ingreso del actor, dado que la estructura salarial de los miembros de las fuerzas de seguridad contiene ítems de carácter personalizado (como adicionales por destino, antigüedad, funciones específicas, bonificaciones particulares, entre otros), que tornan improcedente cualquier extrapolación directa. La comparación con otro oficial -aunque sea de similar jerarquía o cargo- carece de entidad probatoria suficiente, salvo acreditación específica y detallada de que ambos percibían los mismos componentes remuneratorios, extremo que aquí no ha sido demostrado.
En tal inteligencia, y no existiendo constancias debidamente incorporadas que permitan fijar con mayor precisión el nivel de ingresos que el actor percibía al momento del hecho, no se advierte error alguno en la solución adoptada, ni se configura la arbitrariedad que la recurrente denuncia. Por el contrario, el uso del SMVM como base de cálculo se presenta como una solución razonable, equitativa y ajustada a derecho. Asimismo, la parte recurrente se ha agraviado por la utilización de esta pauta subsidiaria pretendiendo acreditar su categoría profesional -como integrante calificado de la fuerza policial- con base en la prueba producida en el expediente de beneficio de litigar sin gastos, sugiriendo que de allí se desprendería el cargo ocupado y, por ende, un nivel salarial mayor al tomado como referencia en la sentencia de grado. Empero, dicho planteo tampoco resulta atendible.
En primer término, debe señalarse que la prueba rendida en el incidente de beneficio de litigar sin gastos tiene por objeto exclusivo evaluar la capacidad económica del peticionante para afrontar las costas del proceso, no siendo idónea, ni vinculante, para acreditar de modo eficaz los extremos que hacen al fondo de la pretensión indemnizatoria, como lo es la categoría profesional o los ingresos percibidos.
En segundo lugar, y con mayor contundencia aún, corresponde destacar que tales constancias no han sido formal ni oportunamente incorporadas al presente proceso, ni durante la etapa probatoria ni en forma posterior con sustento válido. Pretender ahora, en sede de apelación, conferir valor probatorio a documentación producida en otro expediente, sin que haya sido debidamente ofrecida ni puesta en conocimiento de la contraparte en esta causa, vulnera el principio de contradicción y el debido proceso (art. 34 inc. 4°, art. 375 y concs. del CPCC).
Tampoco resulta atendible la diatriba basada en que el juez de grado habría incurrido en error al aplicar la fórmula de renta constante no perpetua para determinar el monto indemnizatorio por incapacidad sobreviniente ya que no se comprendería cuál fue la operación matemática que dio lugar al ingreso anual potencialmente afectado de $964.704. Del análisis de la sentencia recurrida se desprende que el monto anual de $964.704 fue el valor tomado como ingreso anual ya afectado por el porcentaje de incapacidad, y no el ingreso bruto anual previo a aplicar dicha disminución. Esto es, el juez no parte de un ingreso anual total y luego aplica el 25% de incapacidad, sino que directamente adopta como base el ingreso que representa ese 25%, producto de aplicar la alícuota sobre el SMVM vigente.
Esta metodología, si bien pudo haber sido explicitada con mayor detalle, no resulta oscura ni errónea. En efecto, si se toma como base mensual el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de dictarse sentencia, se obtiene un ingreso anual de similar proporción.
Por tanto, no hay error de cálculo ni falta de motivación, sino simplemente una forma distinta -pero jurídicamente válida- de presentar el razonamiento indemnizatorio.
En consecuencia, la crítica recursiva carece de sustento y debe ser desestimada, por cuanto no se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en la elección del parámetro económico ni en la aplicación de la fórmula indemnizatoria.
En cuanto al agravio de la citada en garantía basado en el argumento de que el sentenciante de grado habría incurrido en un error conceptual al reconocer dicha reparación pese a no haber acreditado la culpa médica estricta del profesional interviniente y siendo la única falta reconocida la omisión de obtener el consentimiento informado lo que sólo habilitaría una eventual reparación del derecho a la autodeterminación del paciente asimilable a un daño moral, he decir que, al partir mi voto de la convicción fáctica, probatoria y jurídica de que el incumplimiento obligacional se ha apocontado sobre una doble fuente de ilicitud (la proveniente de la falta de consentimiento informado y la concerniente a la mala praxis al realizarse el acto terapéutico -como he detallado ut supra-), el agravio expresado ha quedado huérfano de sustento material y, por ende, debe rechazarse.
En otros términos, la decisión aquí propiciada reconoce la existencia de una doble fuente de antijuridicidad en el caso concreto: por un lado, el incumplimiento del deber de información, lo que compromete la responsabilidad contractual del médico por violación del derecho de autodeterminación del paciente; y por otro lado, la verificación de un obrar profesional negligente, fundado en la omisión de los recaudos técnicos exigibles por la lex artis para la práctica realizada (infiltración sin guía por imágenes y fuera de un entorno quirúrgico adecuado), lo cual permite afirmar la existencia de mala praxis strictu sensu.
De esta manera, el daño físico padecido por el actor no se presenta como un mero riesgo propio del acto médico consentido, sino como una consecuencia concreta y verificable de una praxis deficiente, materializada en la lesión del nervio ciático que derivó en una incapacidad parcial y permanente del 25%.
Por tanto, la indemnización reconocida por dicho concepto no responde -como erróneamente sostiene el recurrente- a una mera lesión al derecho de información, sino a un daño corporal cierto y probado, derivado de un obrar médico negligente, con sustento tanto fáctico como técnico. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio formulado y confirmar la procedencia del rubro incapacidad sobreviniente, fundado tanto en la omisión del deber de información como en la existencia de un obrar profesional técnicamente deficiente, que resultó determinante en la producción del daño.
Por su parte, la queja de la demandada, fundada en que el juez de grado habría omitido ponderar una incapacidad preexistente del actor, tampoco puede prosperar. El agravio parte de una afirmación genérica y no acompañada de respaldo técnico que cuantifique, con rigor pericial, la entidad del pretendido “estado anterior” y su incidencia concreta en el déficit actual, exigencia mínima para habilitar cualquier deducción del quantum. En materia de incapacidad sobreviniente, la reparación apunta a la disminución real de aptitudes que el hecho dañoso causó o agravó en la persona concreta. Si se invoca una concausa o un estado previo, pesa sobre quien lo alega la carga de acreditarlo y, sobre todo, de medir su cuota de participación en el menoscabo presente. No basta evocar patologías pretéritas: es indispensable demostrar que generaban incapacidad relevante y cuánto del déficit actual les es atribuible. En ausencia de esa demostración, no es posible practicar descuentos meramente conjeturales (arts. 1738, 1740 y 1746 CCyC; art. 375 CPCCBA).
Las constancias de la causa (ver informes periciales de fecha 13/5/2022 y 5/11/2024 efectuados por las Dras. María Natalia De Rosa y Emilia Abeledo respectivamente) marcan con claridad la diferencia entre el cuadro previo y la secuela post procedimiento. Antes de la infiltración, el actor registraba un compromiso radicular L4 derecho, crónico y de grado leve, verificado en el EMG del 13/12/2018, sin signos denervatorios y en términos que no traducen un déficit funcional incapacitante. Ese panorama no se confunde con el que motivó la condena.
Tras la práctica cuestionada, la pericia médico-legal constató un salto cualitativo: lesión severa del nervio ciático poplíteo externo, con pie caído, alteración motora y sensitiva y necesidad de ortesis para la marcha; esto es, un cuadro nuevo, específico y claramente incapacitante que explica la minusvalía fijada judicialmente.
Sobre esa base probatoria, el a quo tuvo por acreditada una incapacidad parcial y permanente del 25%, en línea con la pericia oficial y con la opinión neurológica convergente de la Asesoría Pericial, criterio que -vale remarcar- no fue eficazmente desvirtuado en la etapa oportuna. La propia neuroanatomía refuerza la conclusión: una radiculopatía L4 leve y sin denervación (estado previo) no se identifica con una lesión del ciático poplíteo externo con caída del pie (secuela actual). Al respecto, la defensa no aportó estudio técnico alguno que permita traducir el “estado anterior” en un porcentaje concreto a descontar del 25% otorgado, ni mostró cómo ese estado previo generaba, por sí, una incapacidad funcional equivalente.
En tal contexto, la solución de grado -que repara el déficit derivado del evento dañoso verificado en autos- resulta ajustada a derecho y respetuosa del principio de reparación plena respecto de la víctima en su concreto estado.
En definitiva, no se advierte omisión valorativa del juez de grado, sino una correcta diferenciación entre antecedentes clínicos de escasa significación incapacitante y la secuela neurológica que, con adecuado sustento pericial, explica el porcentaje reconocido.
Por todo ello, el agravio debe rechazarse debiendo confirmarse, en consecuencia, la indemnización por incapacidad sobreviniente en los términos fijados.
II.2. Corresponde a continuación tratar de modo conjunto los agravios vertidos por ambas partes en torno al daño moral, sin perjuicio de asignar a cada crítica la fundamentación específica que merece. Anticipo que, ponderadas integralmente las constancias de la causa, la entidad de las secuelas, la duplicidad de fuentes de antijuridicidad verificada en autos y los parámetros normativos de los arts. 1738 y 1741 del Código Civil y Comercial, la solución adecuada habrá de ser la de elevar el quantum fijado en la instancia anterior a la suma de $ 5.000.000. Parto de la base de que, desde una perspectiva general, el daño moral no se confunde con la incapacidad ni se mide por fórmulas financieras. Su objeto es reparar la modificación disvaliosa del espíritu causada por el hecho antijurídico: dolores físicos persistentes, padecimientos anímicos, angustias, frustraciones, impotencia y la afectación de la vida de relación y de las aptitudes personales no estrictamente laborales. Cuando, como aquí, existe un daño corporal de relevancia -con traducción funcional nítida- la existencia del menoscabo extrapatrimonial se presume por la propia gravedad de los hechos. (art. 1741 CCyC). No se trata, pues, de una concesión simbólica, sino de una resiliencia compensatoria frente a un sufrimiento que excede con creces las molestias ordinarias de la vida.
En el caso, la pericia médico-legal constató una lesión severa del nervio ciático poplíteo externo derecho, con “pie caído”, alteración motora y sensitiva y necesidad de ortesis para deambular; secuelas permanentes que explican una incapacidad parcial del 25% y que, por su índole, proyectan un impacto directo en la cotidianeidad, en los vínculos y en el esparcimiento del actor. Estas conclusiones -no eficazmente rebatidas- están sólidamente asentadas en la prueba técnica rendida.
A lo anterior se suma que el caso presenta una doble fuente de antijuridicidad: por un lado, la mala praxis stricto sensu, derivada de una praxis deficiente que desembocó en la lesión descripta; por otro, la omisión del consentimiento informado, que vulneró el derecho de autodeterminación del paciente y acentuó sus padecimientos, incertidumbres y angustias -con entidad propia y concurrente-. Tal omisión fue tenida por acreditada en la sentencia de grado, con apoyo en la distribución de la carga probatoria, y no ha sido desvirtuada en esta etapa. En ese marco, fijar el daño moral atendiendo solo al porcentaje de incapacidad física desatiende la dimensión espiritual autonómica del perjuicio, que aquí ha quedado objetivada por la intensidad, persistencia y proyección temporal de las secuelas y por la particular vulneración del derecho a decidir informado.
Bajo estos lineamientos, el agravio de la demandada, que reputa desorbitado el rubro o lo condiciona -cuando más- a una retribución simbólica por falta de información, no puede prosperar. La pretensión defensiva desconoce tanto la comprobada entidad del daño corporal como la concurrencia de los dos títulos de ilicitud. La existencia de una complicación “posible” del procedimiento no exime la responsabilidad cuando, como aquí, se verifican déficits técnicos relevantes y persiste la falta de información debida; menos aún habilita a minimizar el impacto espiritual de un cuadro crónico con limitación funcional y pérdida de autonomía. La plataforma pericial y fáctica del proceso evidencia pues que la reparación extrapatrimonial debe ser robustecida y no reducida.
En otro orden, la tacha defensiva que atribuye a la parte actora un “abandono del tratamiento” como concausa del daño carece de sustento probatorio y de aptitud explicativa para interrumpir o atenuar el nexo causal que emerge con nitidez de las constancias técnicas de la causa. El déficit neurológico que explica la incapacidad -lesión severa del nervio ciático poplíteo externo con pie caído, alteración motora y sensitiva y necesidad de ortesis- se manifestó de modo inmediato al procedimiento de infiltración y fue así registrado en la secuencia fáctica y pericial. Ese tramo del iter causal se consuma en el acto médico mismo y no depende de ulteriores conductas del paciente.
Aun en la hipótesis más favorable a la defensa, un eventual incumplimiento de pautas de rehabilitación podría, a lo sumo, incidir en la evolución del cuadro, pero no en su producción. Para desplazar o reducir responsabilidad por concausa de la víctima, no basta una invocación genérica: era menester demostrar, con evidencia médica específica y mensurable, que la omisión alegada tuvo entidad para modificar de manera adecuada y cuantificable la extensión del daño; y, sobre todo, en qué proporción. Nada de ello ha sido probado. La mera conjetura de que “otro curso terapéutico” habría mejorado el pronóstico resulta insuficiente para practicar descuentos sobre una incapacidad asentada en una lesión orgánica ya consumada.
No debe olvidarse que la carga o el “onus probandi“ de la prueba liberatoria le incumbe al accionado (sujeto pasivo deudor), y resulta de interpretación restrictiva y la ausencia de su acreditación hace presumir que la pretensión resarcitoria del damnificado-acreedor debería prosperar. Se sienta el principio –en esta materia en especial- que en caso de duda: “In dubio pro-victima“ y que constituye una regla jurídica de hermenéutica o de interpretación fáctica y jurídica –aplicable para cada caso “in-concreto“- y que en los supuestos de casos de dudas, el juez se incline por la solución judicial más favorable para la víctima del daño, frente a la fuente generadora del daño" (Cf. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Matanza, “Acuña Rubén Alejandro C/ Guillen Rafael Alcides Y Otro S/ Daños Y Perjuicios” (6265/1), 9/9/2020).-
En consecuencia, el argumento que postula una concausa por “abandono” debe desestimarse.
Tampoco prospera la tesis de que el reconocimiento del daño moral habría perseguido una finalidad “punitiva”. El daño moral en nuestro sistema cumple una función estrictamente resarcitoria: procura reparar -en la medida de lo jurídicamente posible- la modificación disvaliosa del espíritu, los dolores y padecimientos, la frustración vital, la afectación de la vida de relación y de otras aptitudes personales no laborativas que se ven menoscabadas por el hecho antijurídico. No es una multa civil ni un castigo encubierto.
Aquí, además, concurren dos fuentes de antijuridicidad -la deficiente praxis y la omisión del consentimiento informado- que intensifican razonablemente la entidad del menoscabo espiritual: no es equivalente atravesar una complicación advertida y debidamente informada que padecer secuelas permanentes luego de una práctica ejecutada sin los recaudos técnicos exigibles y sin la información adecuada para decidir. Esa doble vulneración incrementa la carga de angustia, incertidumbre y desasosiego del paciente y justifica, por su propia lógica reparadora, un quantum más robusto, sin traspasar jamás el límite que separa la compensación del castigo.
Por su parte, el agravio de la actora, que califica de exiguo el quantum fijado en $ 3.000.000, resulta atendible. La cifra de grado no refleja adecuadamente: i) la gravedad y cronicidad del cuadro neurológico (derivado en deambulación asistida y limitaciones de movilidad), ii) el tránsito temporal del sufrimiento —desde 2019 a la fecha— con inevitable impacto en el ánimo, el proyecto vital y la vida de relación; iii) la interferencia en actividades recreativas, vínculos familiares y sociales, y en otras aptitudes personales no productivas que integran el goce pleno de la personalidad; y iv) la citada doble antijuridicidad, cuyo efecto agravante sobre el padecimiento espiritual es palmario: no es lo mismo sufrir una complicación siendo advertido, que atravesar una práctica sin información adecuada y con falencias técnicas. Todo ello impone una recomposición cualitativamente superior a la practicada, que preserve la prudencia judicial pero asegure una reparación plena (arts. 1738 y 1741 CCyC).
En síntesis, corresponde rechazar el agravio de la demandada y acoger parcialmente el de la actora, elevando el monto por daño moral a $ 5.000.000, a valores de esta sentencia, con los intereses establecidos en el resolutorio en cuanto fueran aplicables. La cifra así fijada traduce con mayor fidelidad la intensidad del sufrimiento y su proyección en la vida del actor, sin desbordar los márgenes de razonabilidad que impone la naturaleza no patrimonial del rubro y la prueba rendida en autos.
II.3. Finalmente, el agravio de la demandada dirigido a cuestionar la procedencia del rubro “gastos médicos/farmacéuticos” no puede prosperar.
El Juez de grado acogió la partida con sustento explícito en el art. 1746 del Código Civil y Comercial y en la propia índole de las lesiones comprobadas, destacando que los daños verificados autorizan a presumir la existencia de erogaciones de esa naturaleza sin necesidad de prueba específica, y fijó prudencialmente la suma de $ 400.000 a valores contemporáneos a la sentencia. Tal razonamiento luce correcto en derecho y adecuado a las constancias de autos.
En efecto, la plataforma pericial no deja lugar a dudas sobre la entidad del cuadro secuelar: el actor presenta lesión severa del nervio ciático poplíteo externo derecho, con “pie caído”, alteraciones motoras y sensitivas y necesidad de ortesis para la deambulación. Un daño de estas características, por su propia naturaleza, exige tratamientos, medicación analgésica/neurológica y controles, lo que torna verosímil -y jurídicamente presumible- la realización de gastos médicos y farmacéuticos posteriores al evento. Pretender, frente a un cuadro así objetivado, la exhibición de cada comprobante como condición de procedencia importaría desconocer la directriz del art. 1746 CCyC y el criterio de prudencia judicial que ampara este tipo de partidas.
Tampoco se advierte que la parte recurrente haya producido prueba idónea para desvirtuar esa presunción legal ni, menos aún, que haya demostrado la inexistencia de gastos o su cobertura integral y gratuita por un tercero que elimine la necesidad de resarcimiento.
La mera invocación genérica de falta de comprobantes no alcanza para revertir una partida asentada en un daño corporal de entidad y en una norma que habilita expresamente su reconocimiento por presunción razonable. En ese marco, la cuantía fijada -$ 400.000- aparece prudente, moderada y acorde a la época de la sentencia y a la naturaleza y proyección del cuadro, por lo que no se verifica el alegado exceso.
Por todo ello, corresponde desestimar el agravio de la demandada y confirmar la procedencia del rubro “gastos médicos/farmacéuticos” en la suma establecida en la instancia de origen, con los intereses dispuestos en el resolutorio.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: de conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
Acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora en punto al rubro daño moral y fijándolo desde aquí en el importe de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).-Confirmando en todo lo demás la sentencia apelada.-
Desestimar el recurso de apelación traído por la parte demandada.-
Imponer las costas de Alzada a la parte demandada (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre la de primera instancia (ley 14.967).-
ASÍ LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
Acoger parcialmente el recurso de apelación deducido por la parte actora en punto al rubro daño moral y fijándolo desde aquí en el importe de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).-Confirmando en todo lo demás la sentencia apelada.-
Desestimar el recurso de apelación traído por la parte demandada.-
Imponer las costas de Alzada a la parte demandada (art. 68 del CPCC y su doctrina).-
Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre la de primera instancia (ley 14.967).-
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 y mod. SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.-
Fin de la sentencia