Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22458-2026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar MAL CONCEDIDO el recurso de apelación presentado por el Dr. Oneto contra lo resuelto por el Sr. Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 2 Departamental, Dr. Orlando A. Diaz el pasado 7 de noviembre de 2026 y devolver las actuaciones a la instancia a fin de que sean remitidas al órgano judicial competente, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 168 de la Const. Pcia. de Bs. As., Ac. 3964 y su anexo 4099 de la SCBA y 106 del C.P.P.)
Causa N° I-22.458-2026 "I., M. E. S/ Incidente de Medida Cautelar"
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en fecha 08 de Noviembre del corriente por el Dr. Francisco N. Oneto en representación del Sr. M. E. I., contra lo resuelto por el Sr. Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 2 Departamental, Dr. Orlando A. Diaz, quien en fecha 07 de Noviembre resolvió, en lo que aquí interesa, " I. ORDENAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS PRECAUTORIAS Y PROTECTORIAS , a saber: 1. IMPONER al Sr. M. E. I. la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de la menor F. I.; 2. IMPONER al Sr. M. E. I. la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio actual de la menor F. I., sito en la Av. Libertador nro. XXXX de CABA, como también de cualquier lugar donde esta pudiera hallarse o mudar su lugar de residencia; y 3. IMPONER al Sr. M. E. I. la prohibición de mantener contacto con la nombrada F. I., sea por cualquier medio y/o vía (vgr. personalmente, vía telefónica, mensajería instantánea, redes sociales, terceros, entre otros). II. Las medidas preventivas antes dispuestas regirán por el TÉRMINO DE 45 DÍAS CORRIDOS DESDE LA EFECTIVA NOTIFICACIÓN AL IMPUTADO de lo aquí decidido, PONIÉNDOSE ADEMÁS EN CONOCIMIENTO AL MENTADO QUE, EN CASO DE INCUMPLIR CON LO AQUÍ DECIDIDO, SERÁ PASIBLE DE INCURRIR EN EL DELITO DE DESOBEDIENCIA (ART. 239 DEL CÓDIGO PENAL). "
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto, practicado el sorteo de rigor resultó el siguiente orden de votación, en primer término el Sr. Juez Dr. Oscar R. Quintana, en segundo término el Sr. Juez Dr. Diego E. Martinez y, para el caso de disidencia, el Sr. Juez Dr. Carlos F. Blanco.-
Seguidamente los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar la siguiente cuestión:
¿Es admisible la cuestión planteada?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. QUINTANA, DIJO:
I. Surge de la resolución de fecha 7 de noviembre de 2026 que el Sr. Juez de Garantías resolvió hacer lugar a las medidas precautorias y protectorias solicitadas de conformidad con la ley 12.569, por lo que impuso a M. E. I. la prohibición de acercamiento a la menor y a su residencia, así como la de mantener cualquier tipo de contacto con ella por el término de 45 días corridos.
Asimismo, y en función de lo establecido por el Ap. IV.1 2. b de la Ac. 4099 de la SCBA, ordenó que se desinsacule Juzgado de Familia a intervenir, dejando a consideración de dicho juzgado especializado las pretensiones relativas a guarda provisoria, custodia, alimentos y régimen comunicacional, por carecer la judicatura de garantías de la condición de juez natural para entender en tales materias (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), e indicando asimismo a la denunciante que cualquier eventual solicitud de prórroga, modificación o ampliación de las medidas tuitivas dispuestas deberá ser canalizada ante el fuero de familia que resulte desinsaculado.
II. Contra dicha resolución, interpuso recurso de apelación el Dr. Francisco Oneto en representación del nombrado I. Por un lado, la defensa cuestiona la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, argumentando que las revisiones médicas no constataron "lesiones agudas" (SIC) en la menor atribuyendo la molestia a una afección preexistente de rodilla y que la medida reposa únicamente en la denuncia materna tras un desacuerdo por un límite parental. Asimismo, plantea que la Escala de Riesgo contiene hechos inexistentes que, al ser depurados, reducen el puntaje de 83 a 3 puntos (riesgo bajo), señalando además que el hecho cesó y la niña reside resguardada en CABA con su madre. A ello suma la falta de fundamentación objetiva, la omisión del informe interdisciplinario (Art. 8 Ley 12.569) y la nulidad procesal por falta de citación a la audiencia personal obligatoria (art. 11, Ley 12.569).
Por otro lado, fundamenta la incompetencia judicial y la vulneración desproporcionada de los derechos de la niña, alegando la violación del juez natural dado que el centro de vida y las causas de familia tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 106 de CABA. En ese sentido, sostiene que la prohibición absoluta de contacto es desmedida y viola el derecho de la menor a mantener comunicación regular con su progenitor, protegido por la Convención sobre los Derechos del Niño y por el art. 11 de la Ley 26.061, el cual preserva el vínculo afectivo aun frente a denuncias penales, habiéndose omitido además escuchar la opinión de la niña y dar la debida intervención previa al Ministerio Público.
III. Ahora bien, de las actuaciones remitidas a este Tribunal se desprende que el pasado 11 de noviembre el Juzgado de Familia N°1 de Tigre resolvió declinar la competencia al Juzgado Nacional en lo Civil nro. 106 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello en la inteligencia de que este era el Juzgado que prevenía en el conflicto y cuya intervención resultaba del domicilio de la denunciante.
De este modo, las actuaciones actualmente tramitan por ante Juez Natural de ese proceso.
Se advierte entonces que el Juez, al dictar la medida, cumplió con el procedimiento establecido por el Ac. 3964 y su anexo 4099 de la SCBA que ordena que cuando, en el marco de una investigación penal preparatoria respecto de la posible comisión de delitos dados en contextos de violencia familiar o de género en el ámbito doméstico, el Juzgado de Garantías sea anoticiado del riesgo, deberá evaluar la pertinencia de conceder o denegar medidas preventivas o protectorias (arts. 23 inc. 1, 23 bis; 25 bis; 83, incs. 6 y 10, y 146 del C.P.P.; 6 y 7 de las leyes 12.569 y modifs. y 15.232; leyes nacionales 26.485 y 27.372).
En ese orden, también obrando de conformidad con lo establecido en dicho Acuerdo, dispuesta la medida de protección, dio intervención inmediatamente al Juzgado de Familia, a fin de que actúe en el marco de su competencia (punto IV.2.1 del anexo).
Ello obedece a que, conforme lleva dicho la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires "... cobra virtualidad el principio de especialidad contemplado en el art. 706 inc. "b" del Código Civil y Comercial, el cual establece la necesidad de que el conflicto familiar, por las múltiples aristas que presenta y su íntima relación con la afectación y la protección de derechos fundamentales, sea abordado por un magistrado versado en la materia ..." (conf. SCJBA, C. 126.644 "R. J. A. c/ A. J. M. s/Protección contra la Violencia Familiar (Ley 12.569) s/oficios") (ver en el mismo sentido voto del Dr. Pitlevnik en causa N° 20.325/I "Fumega, Pablo S/ Medida Cautelar", al cual adherí).
Con ello en miras, entiendo que el recurso de apelación ha sido mal concedido por ante este Tribunal, pues es el fuero especializado el que esta interviniendo y donde deben analizarse los planteos de las partes con relación a la pertinencia o no de la continuidad de la medica cautelar, dictada en forma excepcional y de urgencia, por el Juzgado de Garantías.
Por ello, propongo al acuerdo declarar mal concedido el recurso de apelación presentado por el Dr. Oneto, y devolver las actuaciones a la instancia a fin de que sean remitidas al órgano judicial competente. ASÍ LO VOTO (arts. 168 de la Const. Pcia. de Bs. As., Ac. 3964 y su anexo 4099 de la SCBA y 106 del C.P.P.)
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. MARTINEZ, DIJO;
Adhiero al voto de mi colega preopinante Dr. Quintana, por los mismos motivos y fundamentos. ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires)
Por ello, el Tribunal
DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación presentado por el Dr. Oneto contra lo resuelto por el Sr. Juez Titular del Juzgado de Garantías N° 2 Departamental, Dr. Orlando A. Diaz el pasado 7 de noviembre de 2026 y DEVOLVER las actuaciones a la instancia a fin de que sean remitidas al órgano judicial competente, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 168 de la Const. Pcia. de Bs. As., Ac. 3964 y su anexo 4099 de la SCBA y 106 del C.P.P.)
Regístrese, actualícese el RUD, notifíquese a la Fiscalía General y devuélvase de conformidad al Acuerdo Extraordinario de esta Alzada N° 693, encomendando al Sr. Secretario de la instancia la realización de las notificaciones restantes, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 986-2026
Fin de la sentencia