Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 177.519
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se rechaza el recurso de apelación deducido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y se confirma en consecuencia la resolución apelada en lo que ha sido materia de agravio.
II. Se imponen las costas al recurrente vencido (arts. 68 y 69 CPCCBA).
III. Se difiere la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 14.967).Regístrese, notifíquese de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccdtes. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA). Devuélvase. En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº177519 Autos: "I. M. V. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA".
Habiéndose practicado oportunamente en la Sala Tercera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y a tenor de la integración dispuesta en fecha 26/06/2023, resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo y 2º) Dr. Ricardo D. Monterisi, en virtud del cual se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "I. M. V. S/ DETERMINACION DE LA CAPACIDAD JURIDICA".
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes
I. Mediante resolución electrónica de fecha 15/07/2022, la señora Jueza de Primera Instancia decretó una medida cautelar innovativa, a través de la cual le ordenó a la obra social PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) que otorgue en forma urgente e inmediata la cobertura e ingreso a hogar permanente con la modalidad de centro de día y acompañante terapéutico, respecto del afiliado V. I. M.
II. Las actuaciones vienen a conocimiento de este Tribunal con motivo del recurso de apelación oportunamente interpuesto y fundado por la obra social PAMI (e.e. de fecha 20/07/2022 y e.e. de fecha 24/08/2022 respectivamente), cuyo traslado fue contestado por el titular de la Unidad Funcional de Defensa Nº3 de Mar del Plata (e.e. de fecha 16/09/2022) y por el Ministerio Pupilar (e.e. de fecha 31/05/2023).
III. Mediante resolución electrónica de fecha 12/06/2023 se llamaron autos para sentencia.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es justa la resolución apelada?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
a. Competencia.
La magistrada de origen, en su carácter de Jueza de familia interviniente en el proceso de determinación de capacidad, dictó una medida cautelar innovativa en virtud del poder genérico emanado de los artículos 34 del Código Civil y Comercial y 232 del Código Procesal Civil y Comercial. La apelante planteó como cuestión previa la incompetencia de la Jueza para entender en el dictado de la medida cautelar, fundando su postura en lo previsto en la ley 19032, de creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), norma legal que en su artículo 14 establece que "El Instituto estará sometido exclusivamente a la jurisdicción nacional, pudiendo optar por la justicia ordinaria de las provincias cuando fuere actor".
Sostuvo en base a ello que se encuentra legalmente determinado el ámbito jurisdiccional donde puede ser demandada.
No le asiste razón.
El Código Civil y Comercial otorga competencia para el dictado de medidas precautorias al juez interviniente en el proceso de determinación de la capacidad (art. 34 del Cód. Civ. y Com., Peyrano, Guillermo F. y Laferriere, Jorge Nicolás, Código Civil y Comercial de la Nación, Restricciones a la capacidad civil, El Derecho, 1ra. ed. especial, Bs. As. 2016, p. 115). En interpretación que comparto se ha sostenido que el magistrado al amparo de esa norma se encuentra habilitado para el dictado de medidas cautelares en modalidad innovativa o tutelas anticipadas dirigidas a agentes del sistema de salud, con el fin de resguardar la salud integral del afectado (Fernández, Silvia E., art. 34, Medidas cautelares, en Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus, 2015).
En otro contexto pero con conceptos también aplicables al presente caso, se expresó que los principios de inmediación, celeridad y economía procesal deben primar por sobre cualquier otro en situaciones donde se trata de la asistencia de una persona en situación de vulnerabilidad. El tema excede entonces una mera resolución de 'competencia' para involucrar los derechos del afectado, razón por la cual el principio de inmediación adquiere una relevancia preponderante dado que posibilita que el tribunal interviniente en el proceso de determinación de capacidad cuente con un conocimiento cabal del estado del causante (SCBA, c. 109.819, sent. del 17-VIII-2011). La íntima vinculación que reconoce la patología del judicializado con las restricciones y apoyos al ejercicio de la capacidad a establecerse, y con la terapia instituida para superarlas o sobrellevarlas, reside en la base de tal afirmación.
Un criterio contrario que reniegue de la trascendencia que en esta temática reviste el conocimiento exhaustivo del cuadro del afectado, preponderantemente adquirido por el magistrado que está interviniendo en el proceso de determinación de capacidad dada la estructura interdisciplinaria que lo caracteriza, terminaría sustrayendo parte sustancial de la competencia material propia de este cauce en materia cautelar, poniendo de ese modo en serio riesgo la eficacia misma del instituto. Ello desde que no sólo la ley de creación del PAMI contiene una regla especial de determinación de la competencia cuando éste fuere demandado, sino también la Ley de Obras Sociales que somete a estos entes a la justicia federal, a lo que se suma la interpretación según la cual toda contienda donde se encuentre en juego la planificación y concreta instrumentación del seguro de salud corresponde al fuero de excepción.
Esto sucedería aunque en realidad la medida sólo trate de establecer la terapia adecuada según el estado del sujeto cuya capacidad se analiza, conforme las revisiones y controles periódicos, a los fines de que las limitaciones dispuestas reconozcan una verdadera vocación de transitoriedad (art. 1° Ley 23.660, arts. 8, 15 y 16 de la Ley 23.661, art. 1° Ley 24754, art. 37 Ley 26.657, art. 1° Ley 26.682, CSJN, 01/03/2016, “F., M. S. y B., A. G. c/ Obra Social de Personal de la Construcción –OSPECON- s/Queja”, SAIJ: SUJ0041653).
Escasos supuestos en los que el afectado cuente con cobertura asistencial escaparían del universo de casos comprendidos en las exclusiones reseñadas precedentemente, lo que terminaría convirtiendo a la excepción en regla trastocando los principios en que se asienta la asignación de causas a los distintos fueros. Y un temperamento de tal factura, en nuestro sistema de distribución constitucional de los poderes vigentes, se mostraría ilegítimo puesto que aquí la potestad atribuida a los jueces les es dada indeclinablemente por la ley, siendo su deber primario y fundamental el de administrar justicia cada vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto (art. 168 de la Const. Prov.).
Cuadra recordar que para resolver las cuestiones de competencia en razón de la materia y teniendo presente el orden público que ello involucra, corresponde tomar en cuenta principalmente la exposición de los hechos que el actor hiciere en la demanda, y en su defecto, el derecho que invoca como fundamento de su acción (art. 4° del CPCCBA; CSJN, Fallos: 279:95; 281:97 y 286:45). Debe considerarse la relación de los hechos contenida en el escrito inicial, e indagar el origen y la naturaleza de la petición, así como la relación jurídica existente entre las partes (CSJN, CSJ 3384/2015/CS1, "Fiorda, Norberto Gustavo cl Galeno S.A. s/ amparo ley 16.986", sentencia del 6 de octubre de 2015; CSJ 602/2016/CS1, "Pino, Evangelina Magalí c/ ACA Salud sI amparo ley 16.986", sentencia del 30 de agosto de 2016; CSJ 859/2019/CS1, "B. C., V.E. c/ Agencia Nacional de Discapacidad s/ acción de amparo", sentencia del 11 de junio de 2019).
En lo demás, los fallos reseñados en el memorial sólo se limitan a expedirse en favor de la competencia de la justicia federal para entender en acciones de amparo, supuesto disímil al que aquí nos ocupa.
El razonamiento desandado conduce a confirmar la competencia ejercida.
b. Procedencia de la medida dispuesta.
El embate contra la decisión judicial recaída no se detiene en el desconocimiento de la habilitación de la Jueza Provincial para dictar una medida como la adoptada, pues también apunta contra la procedencia de la tutela dispuesta.
En lo sustancial, la apelante sostiene que cumplió con la normativa vigente y que no se ha negado la cobertura solicitada, haciendo alusión a que el Instituto posee un programa desarrollado para brindar cobertura en cuanto a la contención y estimulación a personas que padezcan incapacidad (designado con el nombre de Pro.I.Dis.), encontrándose adherido al mismo una serie de instituciones que reúnen los requisitos de planta física, seguridad, idoneidad y profesionales que exigen las autoridades de contralor. Señala además que las prestaciones se otorgan mediante una minuciosa administración de sus recursos financieros, y que en el caso no existe peligro en la demora al existir prestadores que corresponden a su cápita. La crítica propuesta desconoce la imperiosa necesidad del otorgamiento de la medida cautelar cuestionada para resguardar la integridad física y psíquica de la persona que se intenta proteger.
Me refiero a que existen variados informes y dictámenes en la causa que dan cuenta que para efectivizar una externación sostenida del causante resulta imprescindible asegurar su ingreso a un hogar permanente con la modalidad de centro de día y un acompañante terapéutico, siendo ello fundamental como red de apoyo. Tengo en cuenta a tal efecto las recomendaciones brindadas por los profesionales actuantes en la Clínica Neuropsiquiátrica Clara del Mar en fechas 19/05/2022 y 29/06/2022, lo manifestado por el Ministerio Público Pupilar en fecha 07/07/2022, y valoro sobremanera la evaluación interdisciplinaria aportada en fecha 9/2/2022 (arts. 31 inc. c y 37 del CCyCN y 394 y ss. y 625 del CPCCBA).
Puedo afirmar en base a ello que el causante se halla en una manifiesta situación de vulnerabilidad que exige la protección de su integridad psicofísica con un abordaje acorde a su patología, debiendo asegurarse el pleno goce de su derecho a recibir tratamiento con la alternativa terapéutica más conveniente y que menos restrinja sus derechos y libertades (art. 75 inc. 23 de la C.N., 1, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 y 24 de la ley 26.657). Siendo ello así, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, como ente público no estatal (Ley 19.032), no puede ni formal ni sustancialmente negar su función como agente de seguro de salud que desempeña dentro del sistema de instrumentado por el Estado Nacional (arg. art. 2° ley 23.661; MARIENHOFF, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, Editorial Abeledo y Perrot, Sexta Edic. actualizada, Tomo IV, ps. 47 y ss. y Dictámenes PTN 118:102; 187:104; 211:470 y 242:494). A la asignación de ese rol dentro de las medidas internas instituidas por la República Argentina para honrar los compromisos internacionales asumidos, le sigue el carácter obligatorio de la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la ley 24.091, dentro de las cuales se inscribe la de proporcionar un hogar permanente y atención especializada a personas con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente (arts. 11 y 12 ley cit., Hauriou, Maurice, "Principios de Derecho Público y Constitucional", 2° ed., Instituto Editorial Reus, Madrid).
En tales consideraciones subyace la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora exigidos, justificando este escenario el mantenimiento provisorio de la medida ordenada al importar la alternativa terapéutica mas conveniente. Por otro lado, la objeción del apelante se circunscribe a una cuestión interna entre los actores que desempeñan distintos roles en la dinámica que impone la organización del sistema de salud, cuyo propósito es prestar un adecuado servicio social que permita gozar del más alto disfrute de la salud y que propenda al mejoramiento permanente de todos los aspectos relacionados con la prevención y el tratamiento de las enfermedades (arts. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social", 24/10/00, fallo 323:3229).
No descuido con esto que ese objetivo se identifica con el máximo nivel que permitan los recursos públicos y la comunidad, y que tal grado de realización en el caso de las obras sociales debe lograrse mediante criterios de justicia social, vale decir ordenando la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con miras a lograr que todos y cada uno de sus integrantes participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización (art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; CCAF, 02/06/98, in re "Viceconte, María Cecilia c/Estado Nacional - M° de Salud y Acción Social - s/ amparo ley 16.986"; Kraut, Alfredo; "Los derechos de los pacientes", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As. 1997, pág. 197 y ss.). Más la calidad de eventuales limitaciones materiales para el cumplimiento de la finalidad propuesta que las cuestiones alegadas reconocen, sitúan al planteo en latitudes lejanas a esta contienda en la cual las restricciones procesales propias del cauce formal adoptado impiden un debate pleno de tales vicisitudes y el despliegue de la actividad probatoria necesaria para acreditarlas. Además, la ventilación de las circunstancias en que se funda el impedimento desplazarían indebidamente el centro de atención hacia puntos ajenos al de las medidas idóneas para el resguardo de la persona del asistido, que es el objeto para el que fue legislado este procedimiento (arg. arts. 618, ssgtes, y ccdtes. del CPCCBA).
El panorama repasado perfila a la presente temática como un terreno propicio para la recepción de la postura doctrinaria que difiere la discusión amplia del universo de contingencias que hacen a la procedencia definitiva del mantenimiento de la medida dispuesta a un proceso declarativo posterior, donde más allá de su aptitud sanitaria se exponga y pruebe la real imposibilidad de su prestación mediante el sistema de salud ideado por el Estado, o más bien el efecto negativo que los recursos necesarios para su concreción es capaz de proyectar sobre la sustentabilidad de esa estructura (Leyes N° 23.660, 23.661, 24.455 y 24.764). La dimensión del derecho en danza justifica la vigencia de la medida dispuesta y la separación y el aplazamiento de tal porción del contradictorio (doc. adj. en pdf, Cavagnaro, María Victoria, “Nuevas respuestas en el Derecho de Familia: Las medidas autosatisfactivas”, Marzo de 2009, www.saij.jus.gov.ar, id SAIJ:
DACF090010).
En virtud de lo expuesto, se encuentran acreditados los presupuestos de procedencia de la medida dispuesta, esto es, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, por lo que la misma debe ser confirmada (arts. 75 inc. 23 CN; 12.4 y 13.1 ley 26.378; 7 incs. d y h, 14 ley 26.657, 2, 15, 18, 24 ley 24.901; 31 inc. b, 32, 43 y ccdtes. CCyCN; 195, 230, 266, 267 y ccdtes.
CPCCBA).
En virtud de lo expuesto, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Corresponde:
I. Rechazar el recurso de apelación deducido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y confirmar en consecuencia la resolución apelada en lo que ha sido materia de agravio. II) Imponer las costas al recurrente vencido (arts. 68 y 69 CPCCBA). III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 14.967).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO D. MONTERISI VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Por ello, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo que antecede y sus fundamentos, se dicta la siguiente S E N T E N C I A I) Se rechaza el recurso de apelación deducido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), y se confirma en consecuencia la resolución apelada en lo que ha sido materia de agravio. II) Se imponen las costas al recurrente vencido (arts. 68 y 69 CPCCBA). III) Se difiere la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 ley 14.967).Regístrese, notifíquese de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccdtes. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA). Devuélvase. En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.
Fin de la sentencia