Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Lomas de Zamora · Causa 28.299
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación y en consecuencia, revocar la resolución apelada, disponiendo la prohibición cautelar de restricción de acercamiento del menor S. A. A. para con la víctima de autos I. M., por el término de 60 días a partir de la notificación de la presente resolución (arts. 146, 439, 440 y cctes. del C.P.P. Ley 13.634 artículos 42, 64, 68 y Ley 15.232).
Notificar al Juzgado de Garantías actuante, al Ministerio Público Fiscal, a la defensa y al denunciado.
Cumplido, devolver a la instancia de grado.
En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, reunidos en su Sala de Acuerdos, los Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por Christian Alberto Yesari y Gustavo Ángel Barbieri, para dictar resolución en la IPP n° M-28.299/I "A. S. s/ Incidente de apelación (prohibición de acercamiento)" y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nº 12.060), resultó que debe seguirse este orden, Jueces Yesari y Barbieri, resolviendo plantear las siguientes:
1ra.) ¿Es justa la resolución apelada?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ YESARI , DICE: Interpuso recurso de apelación la Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Departamental -Betina Ungaro-, contra la resolución dictada por la Titular del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 -Claudia Noemí Olivera-, que no hizo lugar a la medida de prohibición de acercamiento instada por la instrucción.
En cuanto a la admisibilidad del remedio, sostuvo que "...la decisión que se recurre agravia de modo irreparable a ésta Representación del Ministerio Público (art. 439 del CPP), al no conceder la medida cautelar de restricción de acercamiento solicitada por la denunciante de autos en protección de su hijo de nueve años, haciendo caso omiso a lo prescripto por la Ley de Víctimas N° 15.232, sostenida en el temor del mismo en la reiterancia del hecho denunciado -abuso sexual con acceso carnal-, del cual resultara víctima el día 12 de septiembre del corriente año...", dificultando así el avance de la investigación penal preparatoria, toda vez que se necesita contar con la participación de la víctima y sus progenitores para la realización de pericias, testimonios, cámara Gesell, resultando el testimonio de la víctima la prueba fundamental en la investigación de éste tipo de delitos (arts. 63 y 64 de la Ley 13.634 y 24 de la Ley 27.801). En respuesta a los fundamentos expuestos por la Jueza Garante, destacó que en relación a los niños inimputables para los casos de extrema gravedad, se podrá inclusive, disponer de una medida de seguridad privativa de la libertad (art. 64 de la Ley 13.634), encontrándose habilitado el Juez para imponer otras medidas como la peticionada en los términos del artículo 68 de la citada ley, siendo que la Ley 27.801 "...en nada afecta ésta competencia toda vez que simplemente cambia la franja etaria pero no la potestad del Juez...".
Señaló a su vez, que la intervención de un equipo interdisciplinario como es el Servicio Local de Promoción de Derechos de Niñas/os y Adolescentes y los principios de una intervención mínima y subsidiaria que rigen el fuero especializado, no pueden constituirse en un valladar para la desprotección de la víctima, al no otorgar una medida de carácter urgente solicitada con el "único objetivo" de resguardar su integridad, resultando una intervención provisoria y preventiva.
Citó precedentes del Juzgado interviniente, previos a la entrada en vigencia de la Ley 27.801, concediendo solicitudes de medidas cautelares personales y/o reales a menores de edad que conforme a la normativa -Ley 22.278- eran inimputables, por contar con menos de 16 años al momento de la comisión del hecho denunciado, considerando que se ha modificado el criterio "en forma infundada" a partir de la vigencia de la Ley N° 27.801. Solicitó se conceda el recurso y se haga lugar a la medida cautelar peticionada.
El Fiscal General Departamental, Juan Pablo Fernández, mantuvo el recurso interpuesto en autos, sosteniendo que se encontraba suficientemente fundado, con indicación de los agravios, a los que se remitió.
En fecha 3 de noviembre del corriente año se celebró la audiencia conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley 13.634, de la que participaron el menor S., su progenitora R. A. y el Defensor Oficial Agustin Saulnier.
En primer término digo que en la normativa procesal no se encuentra prevista expresamente y en forma directa la recurribilidad por apelación del auto que deniegue una medida como la solicitada (art 42 y ccdts. de la ley 13.634), por lo que -como regla- la vía intentada en principio es inadmisible. Sin embargo, ello no conlleva la imposibilidad de recurrir si, tal como lo prevé el art. 439 del C.P.P (teniendo en cuenta la remisión efectuada por el art. 59 de la ley 13.634), se alega y acredita la provocación de gravamen irreparable o de tardía reparación ulterior.
El citado artículo del Código Procesal Bonaerense, dispone en su primer párrafo, que "...el recurso de apelación procederá contra las decisiones que expresamente se declaren apelables o que causen gravamen irreparable...". No encontrándose en juego la legitimación de la recurrente ni el plazo de interposición, sí debe analizarse qué se entiende por gravamen irreparable.
Para determinar entonces la admisibilidad del remedio interpuesto, debe analizarse la existencia de ese gravamen irreparable o de tardía reparación ulterior, en el sentido que lo ha definido nuestro máximo Tribunal Nacional (C.S.J.N. fallos 280:297; 310:1835; 311:358; 314:791, entre otros) y el Tribunal de Casación Provincial (Sala I; causa 16.353 del 12/10/04 y 18.508 del 3/5/05).
Y en esta causa la admisibilidad viene dada por el caudal de arbitrariedad que advierto de la resolución puesta en crisis. Es que la Jueza A Quo ponderó, para denegar la concesión de la medida cautelar, que era suficiente la intervención del Sistema de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes, que se encontraría abordando la situación de la víctima y el denunciado, lo que consideró que contaban con herramientas de políticas públicas adecuadas para adoptar distintas medidas. Por mi parte digo que ello es arbitrario y torna admisible el remedio pues el motivo denegatorio se aleja de las constancias de la causa, de lo normado en el artículo 83 del C.P.P.y por los arts. 5 y 7 de la Ley de Víctimas Nº 15.232, como asimismo de las previsiones del art. 42 de la ley 13.634 y de los principios que emergen del art. 146 y ccdts. de la ley 11.922 para las medidas cautelares.
Ese gravamen irreparable o de tardía reparación ulterior viene dado por esa errónea interpretación al considerar que la situación de la víctima de autos, debía ser competencia del Servicio Local, lo que dispusiera el Juzgado, lo cual entiendo no sustituye ni se contrapone con la medida requerida en sede penal juvenil.
A su vez la Magistrada interviniente fundamentó su rechazo en la Observación General 24 de Naciones Unidas, en cuanto se refiere a los niños que "...no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal..." y la intervención preventiva respecto de los mismos, como asimismo en que la justicia penal juvenil "...es el último recurso al que debe acudirse y se debe estructurar sobre la base de los principios de intervención mínima y subsidiariedad (adopción de medidas sin recurrir a procedimientos judiciales)...", de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil.
Sin desconocer esta Sala Especializada en materia de Derecho Penal Juvenil (AC 08-2026, de conformidad con la Ley 15.571), los principios específicos del fuero minoril y la normativa invocada, es lo cierto que la Ley 13.634 contempla en el capítulo VI "De los niños inimputables", que respecto de los cuales "en casos de extrema gravedad", el Agente Fiscal podrá requerir al Juez de Garantías el dictado de una medida de seguridad restrictiva de la libertad ambulatoria (art. 64), encontrándose por tanto facultada la Jueza interviniente para el dictado de una medida como la pretendida -de menor injerencia en la libertad ambulatoria del causante (siendo que además la necesidad del dictado de la medida de seguridad y de su duración, pueden conllevar la necesidad de llevar adelante diversas diligencias para las cuales la imposición de medidas de menor gravedad, pueden resultar necesarias)-.
Yendo al fondo de la cuestión entiendo que la petición resulta procedente; nótese el contenido de la denuncia, la declaración testimonial de la progenitora de la víctima, testimonial de N. F. A., reconocimiento médico legal (23/09/2026), pericia química (28/09/2026), Historia clínica, donde consta la atención que recibió la víctima en la guardia pediatríca del Hospital Penna (actuaciones complementarias del 23/09/2026).
Ante tal estado de cosas entiendo que la Jueza A Quo debió analizar si estaban cumplidas las exigencias legales para la imposición de la media cautelar en los términos del art. 42 de la ley 13.634 y 146 y ccdts. de la ley 11.922, lo que por mi parte con el análisis precedente doy por abastecido. Sólo agrego que la medida peticionada por el Ministerio Público es la que esa parte consideró pertinente y como Órgano Jurisdiccional se debe evaluar su procedencia, sin perjuicio de qué otras medidas tiene a mano el Estado (y por intermedio de otros Poderes) para los mismos fines, en directa respuesta a la intervención de los organismos de Protección y Promoción de derechos del Niño, invocada por la Magistrada para denegar la cautelar.
Lo que se está solicitando en esta causa tiene como objetivo garantizar la protección de la víctima como tal y, en ese sentido, entiendo que debe ser resuelta, además de resultar un instrumento eficaz de protección de la investigación sobre materialidad delictiva y participación, en miras a determinar la necesidad de imponer una medida de seguridad y en su caso determinar la duración.
Por ello propongo declarar admisible y procedente el remedio, como anticipara, en atención a los derechos e intereses en juego, considerando prudente hacer lugar a la prohibición cautelar de restricción de acercamiento respecto del menor S. A. A. para con la víctima de autos I. M., por el término de 60 días, a partir de la notificación de la presente. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: Adhiero por sus fundamentos al sufragio precedente.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ YESARI, DICE: Atento el resultado alcanzado en la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso de apelación y disponer la prohibición cautelar de restricción de acercamiento respecto del menor S. A. para con el menor víctima I. M., por el término de 60 días, a partir de la notificación de la presente resolución (arts. 146, 439, 440 y cctes. del C.P.P.).
Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: adhiero a la propuesta del Juez Yesari.
Con lo que terminó el acuerdo que firman los Jueces nombrados.
Bahía Blanca, Y Vistos; Considerando:Que en el acuerdo que antecede, ha quedado resuelto: que no es justa la resolución apelada.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede: este TRIBUNAL RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación y en consecuencia, REVOCAR la resolución apelada, disponiendo la prohibición cautelar de restricción de acercamiento del menor S. A. A. para con la víctima de autos I. M., por el término de 60 días a partir de la notificación de la presente resolución (arts. 146, 439, 440 y cctes. del C.P.P. Ley 13.634 artículos 42, 64, 68 y Ley 15.232).
Notificar al Juzgado de Garantías actuante, al Ministerio Público Fiscal, a la defensa y al denunciado.
Cumplido, devolver a la instancia de grado.
Fin de la sentencia