Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Sala I de Bahía Blanca · Causa 42.283
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Revocar la decisión en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad dictada, debiendo remitirse la causa al órgano de grado para que, con los alcances que surge de este voto, se dicte una nueva resolución sobre la impugnación oportunamente interpuesta por el representante de la Sociedad Anónima involucrada y II) declarar que el tratamiento de la impugnación interpuesta por G Z ha devenido abstracto. Notificar a los apelantes y remitir la incidencia primera instancia.
En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, reunidos en su Sala de Acuerdos, los Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por Gustavo Ángel Barbieri y Natalia Margarita Giombi, para dictar resolución en la IPP n° 42.283/I "G S.A. - Ministerio de Desarrollo Agrario Pcia. de Buenos Aires s/ otras apelaciones" y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nº 12.060), resultó que debe seguirse este orden Barbieri y Giombi, resolviendo plantear las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por el representante de la Fiscalía de estado ?
2da.) ¿Es admisible y procedente el recurso de apelación interpuesto por G Z ?
3era) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar ?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: Rafael Francisco Prieto, en representación de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada por el Juzgado en lo Correccional nro. 1 Departamental, por la que se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 10 y 11 del Decreto ley 8785/1977 y se revocó la disposición dictada por el Director de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia, absolviendo a la firma "G. S.A.".
Expresó que la doctrina de la C.S.J.N. que ha invocado el órgano de grado como fundamento, se refería a multas de carácter tributario, por lo que no resultaba aplicable a la materia que trataba el presente sumario, que versara sobre una falta vinculada a la aplicación de productos agroquímicos, cuyo uso se encontraba regulado por normas de la provincia de Buenos Aires relativas a la administración de recursos naturales, que resultan ser de dominio originario provincial, atento lo previsto por el artículo 124 de la Constitución Nacional, y no resultaba materia delegada al Gobierno Federal. Sostuvo, citando el artículo 1 de la ley 10.699, que la aplicación de la doctrina invocada por el Juzgado en lo Correccional, implicaba avanzar sobre facultades que no habían sido expresamente delegadas a la Nación y que la sanción impuesta era consecuencia de la comisión de una falta administrativa derivada del poder de policía local.
Señaló que el artículo 10 del Decreto-Ley N° 8.785/77, refería al plazo de prescripción de la acción contravencional, la cual se fijara en 3 años y por su lado el artículo 11 normaba las causales de interrupción al disponer que: “...La prescripción de la acción se interrumpe por la sustanciación de las actuaciones administrativas o por la comisión de una nueva falta..." e identificó distintos actos procesales del expediente que, entendía, debían ser considerados "...sustanciación de la actuaciones administrativas...", en los términos de la ley. Por otro lado, cuestionó la aplicación de la doctrina invocada por el Juez de Grado al considerar que "...no se pueden identificar o comparar a los delitos con las contravenciones..." ya que "...Si bien ambos conceptos refieren a una violación de normas, del propio poder de policía surge la facultad para crear figuras sancionadoras, determinar los plazos para su investigación y su cumplimiento..." y destacó la finalidad y objeto de tutela de dicha ley especial, conforme lo dispone en su artículo 1.
Expresó que planteaba el pertinente caso federal, en los términos de la ley 48, y el caso constitucional provincial, invocando los derechos de defensa en juicio y de propiedad. Solicitó revocación.
Analizados los agravios y el contenido de la resolución apelada, propondré al acuerdo declarar admisible y procedente el recurso interpuesto.
A fin de justificar esa propuesta, es necesario explicitar cuáles son los requisitos que deben ser evaluados y encontrarse satisfechos para admitir una impugnación contra las sentencias pronunciadas por los Jueces en lo Correccional o de Paz Letrados en el marco de la legislación en la que -tal como la prevista en el Dec. Ley 8785/77- los Órganos recientemente individualizados intervienen con funciones de control y donde no se contempla, expresamente, recurso de apelación contra sus decisiones. Como ha resuelto este Cuerpo en reiteradas oportunidades, para declarar admisible la impugnación, en esos casos, debe tenerse especialmente presente lo expuesto por la Suprema Corte Provincial, en la Causa P. 120.930.
Por ello -a partir de la sanción de la ley 13.812 y la modificación que con ella se efectuó sobre la competencia del Tribunal de Casación Provincial-, ésta Cámara resulta competente en el trámite vinculado a dichas infracciones, sólo para resolver acerca de los agravios constitucionales que se planteen, constituyendo el "tribunal de última instancia" -al que alude el art. 161 inc. 3, aps. "a" y "b" de la Constitución Provincial-; debiendo cumplir el rol de órgano intermedio, de intervención ineludible, previo al entendimiento de la Suprema Corte Provincial. Debe verificarse -entonces- que se articule con suficiencia y con la carga técnica necesaria, esas cuestiones que autorizarían su tratamiento por parte del Máximo Tribunal Provincial por ser "...el canal idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14 ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación..." (P. 101.238 del 5/12/2007 y P. 118.832 del 4/6/2014, entre otros). Esto, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Suprema Nacional en los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio".
Así, analizados los agravios y las cuestiones constitucionales alegadas por el impugnante, relativas a las competencias provinciales y federales para la regulación sobre faltas y contravenciones, y en relación a la administración de recursos naturales que son de dominio originario provincial, por el artículo 124 de la Constitución Nacional; considero que el agravio federal invocado justifica la admisibilidad del remedio y el análisis de las cuestiones de fondo planteadas.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta los fundamentos expresados por el Juzgado de Grado y la jurisprudencia en la que basa su decisión, entiendo que corresponde revocar la decisión en cuanto a la inconstitucionalidad declarada, debiendo remitirse la causa para que se dicte una nueva resolución, sobre la impugnación oportunamente interpuesta por el representante de la Sociedad Anónima involucrada. En ese sentido, entiendo que en aquella decisión no se ha justificado, suficientemente que el precedente de la C.S.J.N. ("Alpha Shipping") resulte efectivamente aplicable al caso, habiendo soslayado considerar aspectos relevantes de aquella causa que se distinguen del que es objeto de juzgamiento aquí, y que impiden asimilar -sin másambos supuestos y extender a la presente las consecuencias normativas propuestas por la Corte Suprema.
En especial, se ha pasado por alto que el caso que fue materia de resolución por la Corte, versaba sobre una sanción administrativa relacionada a una determinación tributaria sobre ingresos brutos y no sobre una falta provincial vinculada al ejercicio del poder de policía local.
Tal como explica el Ministro Rosatti, en el considerando 10 de su voto en disidencia emitido en el fallo invocado, son dos poderes o facultades provinciales distintas, las relativas a "poderes tributarios" y aquellas relacionadas a "su poder de policía", que se vinculan a "...la prerrogativa exclusiva de establecer contravenciones e infracciones, fijar las correlativas sanciones y aplicarlas en asuntos de puro interés local...". Especialmente, la distinción que aquí considero relevante -y que no ha sido objeto de expresa valoración por el Juez de Grado- fue plasmada en el considerando 6to de ese voto mayoritario, en cuanto, y en referencia a la regulación del Código Penal sobre extinción de la acción por prescripción, se expresó "...es a ese cuerpo normativo a quien le incumbe legislar sobre la extinción de acciones y penas, sin perjuicio del derecho de las provincias al establecimiento de particulares infracciones y penas en asuntos de interés puramente local, como lo ha decido esta Corte en fallos: 191:245 y 195:319...".
La invocación de esos últimos precedentes del Máximo Tribunal Nacional tiene una pertinencia singularmente destacable para el caso de autos, por cuanto en sendas decisiones -que cita la Corte como ejemplos de derechos exclusivos de las provincias- se sostuvo "...El Congreso ha dejado librada a las provincias la legislación sobre faltas y contravenciones..." (Fallos: 191:245) y "...El Congreso ha dejado librado a las provincias lo referente a la legislación sobre faltas y a la graduación de las penas respectivas conforme al sistema de atenuación y agravación que consideren adecuado..." (Fallos: 195:319).
Incluso, esa distinción ha sido señalada en el considerando 4to. del voto mayoritario -en el que pretende justificar su decisión el A Quo- en cuanto expresa que "...las reglas de derecho penal son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas...", aclarando "...siempre que la solución no esté prevista en el ordenamiento jurídico específico y en tanto aquellos principios y reglas resulten compatibles con el régimen jurídico estructurado por las normas especiales de que se trate...".
Es así que, entiendo, no se ha justificado suficientemente la extensión y aplicación al caso de autos de una solución que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver sobre una supuesto relativo a una materia (como la administrativa tributaria) que es distinta a la que caracteriza al objeto de tutela de la regulación prevista en el Dec. Ley 8785/77.
Y ello, sin haber abordado -el Juez de Grado- lo atinente a aquellas cuestiones que, conforme surge del propio precedente "Alpha Shipping", serían diferentes de las que allí se trataban, como es el "...establecimiento de particulares infracciones y penas en asuntos de interés puramente local..." (Cons. 11), que son, en principio, ajenas al alcance de la decisión de la Corte Suprema que se invoca como fundamento de la declaración de inconstitucionalidad dictada.
El abordaje explícito de esas cuestiones se imponía, siendo que además de seguirse el criterio del fallo que aquí propongo revocar, implicaría negar validez jurídica a una regulación provincial vinculada a su poder de policía en relación a aspectos relativos a los recursos naturales locales (Art. 124 del Constitución Nacional).
Ello, teniendo en cuenta que, como he expresado en la causa nro. 9878/I en fecha 8/3/12, la declaración de invalidez de una norma es una medida de último recurso, sensible a la división de poderes, que requiere extrema prudencia y esfuerzo interpretativo para mantener -en la medida de lo posible- la integridad del cuerpo normativo legislado, tratando de congeniar su sentido, buscando en lo posible mantener su validez y existencia. De allí que se la considere de "última ratio".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ese sentido ha resuelto que “...la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, por configurar un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que no debe recurrirse a ella sino cuando una estricta necesidad lo requiera...” (Fallos: 249:51; 264:364; 288:325; 328:1416) Por su parte, la Suprema Corte Provincial ha sostenido: "...la declaración de inconstitucionalidad de las leyes sólo tiene cabida como última ratio del orden jurídico; para su procedencia se requiere que el interesado demuestre acabadamente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio. Para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener un sólido desarrollo argumental y contar con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa, y nada de esto acontece en el caso..." (S.C.B.A., Causa n 87309 caratulada "U.,J. s/ Recurso de casación" del 13-9-2006).
Voto por la afirmativa.
A LA PRIMERA CUESTIÓN LA JUEZA GIOMBI, DICE: Adhiero por sus fundamentos al voto precedente.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: por su parte G Z en representación de "G. S.A.", con el patrocinio letrado de Guillermo Ríos, interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada por el Juzgado en lo Correccional nro. 1 Departamental, ante la aclaratoria interpuesta, en cuanto "...omite condenar en costas al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires y rechaza el pedido de actualización del crédito de esta parte conforme a la doctrina de la SCBA en la causa “Barrios”...". Atento el resultado alcanzado al tratar la primera cuestión y las consecuencias que, ante la revocación de la decisión dictada por el Juez de Grado, se derivarían sobre los aspectos del resolutorio que el recurrente pretende cuestionar, su pretensión ha perdido virtualidad, por lo que corresponde declarar que el tratamiento ha devenido abstracto.
Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA JUEZA GIOMBI, DICE: adhiero por sus fundamentos al voto sufragio del Juez Barbieri.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: Atento el resultado alcanzado al tratar la cuestiones precedentes, corresponde: I) revocar la decisión en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad dictada, debiendo remitirse la causa al órgano de grado para que, con los alcances que surgen de este voto, se dicte una nueva resolución sobre la impugnación interpuesta por el representante de la Sociedad Anónima involucrada. Y II) declarar que el tratamiento de la impugnación interpuesta por G Z ha devenido abstracto.
Así lo propongo.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA JUEZA GIOMBI, DICE: adhiero al voto del Juez Barbieri.
Con lo que terminó el acuerdo que firman los Jueces nombrados.
Bahía Blanca, Y Vistos; Considerando: que no es justa la decisión recurrida.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL RESUELVE: I) revocar la decisión en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad dictada, debiendo remitirse la causa al órgano de grado para que, con los alcances que surge de este voto, se dicte una nueva resolución sobre la impugnación oportunamente interpuesta por el representante de la Sociedad Anónima involucrada y II) declarar que el tratamiento de la impugnación interpuesta por G Z ha devenido abstracto. Notificar a los apelantes y remitir la incidencia primera instancia.
Fin de la sentencia