Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones y Garantías Sala I de Bahía Blanca · Causa 25.483
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto y revocar la resolución apelada, por resultar procedente la unificación de penas impuestas en un proceso penal juvenil y en uno de adultos, remitiendo la causa a primera instancia a fin de que se resuelva, previo analizar la viabilidad de la unificación teniendo en cuenta los planteos de las partes, el estado actual de las actuaciones y los lineamientos dispuestos en esta resolución (arts. 18, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Arts. 5 y 6 Convención Americana de D.D.H.H., art. 58 del C.P.).
Notificar a los Ministerios y al justiciable.
Cumplido, remitir a la instancia de origen.
En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, reunidos en su Sala de Acuerdos, los Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por Christian Alberto Yesari y Gustavo Ángel Barbieri, para dictar resolución en la IPP n° M-25483/I "Legajo de ejecución de G. F. E. (causa sorteo N° 896/21 PP-02-00-006063-20/00)" prescindiéndose del sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la nro. 12.060), atento la prevención operada en la I.P.P n° M-22.959/I, debiendo observarse aquel primer orden -Barbieri y Yesari-, resolviendo plantear las siguientes:
1ra.) ¿Es justa la resolución apelada?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: El Agente Fiscal Carlos Human interpuso recurso de apelación contra la resolución dictada por la jueza -por entonces- interinamente a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 Departamental -Natalia Margarita Giombi- mediante la que resolvió no proceder a la unificación de penas solicitada por el Agente Fiscal.
En atención a ello y analizada la cuestión, este Tribunal se declaró incompetente para intervenir -por los fundamentos bridados en fecha 14 de agosto de 2025- y remitió el incidente al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. El Superior Tribunal consideró que la incompetencia había sido prematuramente declarada y remitió los autos a esta Sala. Puesto entonces a resolver, observo que el Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, vino atacando la resolución dictada por la jueza de la instancia que no hizo lugar a la unificación de penas solicitada por aquella parte.
Se agravió considerando que así se desconocía el principio de pena única y total que consagraba el Código de Fondo en su artículo 58, siendo que la especialidad del fuero no resultaba óbice para proceder a la unificación de penas. Citó jurisprudencia del Tribunal de Casación Provincial en respaldo de sus argumentos.
Por otro lado, cuestionó también la distinción efectuada por la magistrada entre la naturaleza de la pena en el proceso penal juvenil y en el de adultos y solicitó en consecuencia la revocación.
Analizados los agravios expuestos por el Agente Fiscal y los fundamentos de la decisión impugnada, propondré hacer lugar al recurso interpuesto.
Tal como sostuve en la I.P.P. nro. 13.025/I el 26/2/2016, considero que en el resolutorio se deja de lado lo prescripto en el art. 58 del Código Penal; aun cuando en dicha normativa no se prevé ninguna excepción al sistema de respuesta penal única, ni se efectúa distinción con respecto a los diferentes tipos de procesos donde puede imponerse una sanción.
No comparto las razones expuestas en el decisorio puesto en crisis, por las que se sostiene que la pena que podría imponerse en el marco de un proceso para mayores, posea objetivos y naturaleza diferente a la del fuero penal juvenil.
No paso por alto que esta última clase de procedimiento penal posee características especiales y medidas de protección ajustadas a los intereses y a los derechos de los jóvenes en conflicto con la ley penal (art. 19 C.A.D.D.H.H.); particularmente en lo que hace a las garantías procesales durante el trámite, a aquellas cuestiones que deben tenerse en cuenta al momento de determinar la efectiva aplicación de pena privativa de la libertad y a la entidad que debe asignarse a la respuesta punitiva. En este aspecto, a diferencia de un proceso penal de mayores, cobra fundamental importancia la apreciación del menor grado de desarrollo psicofísico y emocional del joven (Ley nacional 22.278, provincial 13.634, art 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y citado d ela C.A.D.D.H.).
Sin embargo, pese a esas singularidades, no puede razonablemente sostenerse que se trate de dos tipos de penas esencialmente diferentes, o que posean finalidades u objetivos distintos. Aun sin dejar de señalar, nuevamente, las especiales consideraciones que rodean al proceso penal juvenil.
La finalidad resocializadora que constitucionalmente se asigna a la pena, en los arts. 18 de la Constitución Nacional y en el art. 5 inc. 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, caracteriza tanto a la respuesta que es consecuencia de una condena en un proceso penal de adultos como de jóvenes. En esas normas, en particular en la Convención citada, no se efectúa distinción al respecto, aun cuando en el mismo artículo 5 -efectivamente- se prevén pautas específicas para los niños, niñas y adolescentes, en lo relativo a lugares y formas de alojamiento. La ausencia de propiedades relevantes que, en última instancia, permitan afirmar que la pena que se impone a jóvenes posee una naturaleza u objetivos distintos de las que se aplican a mayores, es respaldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Maldonado" (Causa 1174, rta. 7/12/2005), donde se afirmara -en el considerando 22- que los Jueces del Fuero Juvenil deben actuar de manera tal que "...estas penas, preponderantemente, atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de la Convención del Niño, a "la importancia de promover la reintegración social del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad" (art. 40, inc. 1°)...", dejando en claro la asimilación que existe en la teleología de las respuestas penales para jóvenes y las establecidas para los adultos.
Esa apreciación sobre la idéntica finalidad que guía la imposición de pena en ambas clases de procesos, aun atendiendo a la especiales características del penal juvenil, es reforzada en el considerando 23 del fallo, en el que la Corte sostuvo "...Que el mandato constitucional que ordena que toda pena privativa de la libertad esté dirigida esencialmente a la reforma y readaptación social de los condenados (art. 5, inc. 6, CADH) y que el tratamiento penitenciario se oriente a la reforma y readaptación social de los penados (art. 10, inc. 3°, PIDCP) exige que el sentenciante no se desentienda de los posibles efectos de la pena desde el punto de vista de la prevención especial. Dicho mandato, en el caso de los menores, es mucho más constrictivo y se traduce en el deber de fundamentar la necesidad de la privación de libertad impuesta, desde el punto de vista de las posibilidades de resocialización, lo cual supone ponderar cuidadosamente en ese juicio de necesidad los posibles efectos nocivos del encarcelamiento...". Por estos fundamentos no comparto las razones en las que apoya la Jueza de Grado su decisión, relativas a una pretendida diferencia -de naturaleza- que existiría entre las finalidades y objetivos de la imposición de penas en el marco del fuero penal juvenil y en el de mayores. No existen entonces obstáculos para proceder a su unificación en los términos del art. 58 del Código Penal, vinculados a esos aspectos.
En ese mismo sentido lo ha resuelto la Sala IV del Tribunal de Casación Provincial, al sostener que "...Dada la naturaleza de la punición impuesta en el fuero minoril -la cual en definitiva resulta ser una pena-, no habría impedimento alguno para que el "a-quo" proceda a la unificación de dicha sanción con la recaída en el ámbito de los mayores de edad..." (LP 57257 RSD-435-13 S 03/09/2013, Carátula: C. J. ,J. J. s/Recurso de casación ).
Asimismo, la Sala III resolvió "...No existe impedimento para que las penas impuestas al imputado cuando era menor, se unifiquen con las dictadas por hechos cometidos luego de alcanzar la mayoría de edad...." (T.C.P.B.A. LP causa nro. 51989 RSD-793-13 S 30/07/2013 Juez BORINSKY, Carátula: V. R. ,M. A. s/Recurso de casación).
Por las razones expuestas, propongo al acuerdo hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la resolución apelada, por resultar procedente la unificación de penas impuestas en un proceso penal juvenil y en uno de adultos, remitiendo la causa a primera instancia a fin de que se resuelva, previo analizar la viabilidad de la unificación teniendo en cuenta los planteos de las partes, el estado actual de las actuaciones y los lineamientos dispuestos en esta resolución (arts. 18, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Arts. 5 y 6 Convención Americana de D.D.H.H., art. 58 del C.P.). Voto por la negativa.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ YESARI, DICE: Adhiero, en lo sustancial, a la solución propuesta por el colega preopinante, en cuanto propicia revocar la resolución dictada por el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil interviniente y declarar procedente la unificación de penas solicitada en los términos del art. 58 del Código Penal.
Sin perjuicio de ello, entiendo oportuno efectuar algunas consideraciones complementarias respecto de los fundamentos desarrollados en el voto que antecede, en particular, en lo atinente al alcance del principio de especialidad del fuero penal juvenil y su relación con el régimen de pena única previsto por el legislador de fondo. En primer término, corresponde destacar que el art. 58 del Código Penal no constituye una disposición de contenido meramente legislativo susceptible de ser desplazada, sin más, por la invocación genérica del corpus juris de la infancia. Antes bien, dicha norma constituye la expresión normativa de una serie de mandatos constitucionales y convencionales concurrentes vinculados con la racionalidad republicana (art. 1 C.N.), la igualdad ante la ley (art. 16 C.N.; art. 24 C.A.D.H.), la proporcionalidad y humanidad de las penas (arts. 18 y 28 C.N.; art. 5.2 C.A.D.H.), la finalidad resocializadora de la sanción (art. 5.6 C.A.D.H.; art. 10.3 P.I.D.C.P.) y la unidad del ius puniendi estatal (arts. 75 inc. 12 y 31 C.N.).
Frente a ese conjunto de mandatos, la invocación de los arts. 37 y 40 de la C.D.N. -que consagran garantías propias del proceso penal juvenil sin establecer prohibición alguna respecto de la unificación de condenas- no configura un supuesto de "prevalencia" de una norma superior, sino la indebida neutralización de principios constitucionales y convencionales de igual jerarquía. La interpretación armónica del ordenamiento jurídico -y no el antagonismo entre sus disposiciones- constituye el único método hermenéutico compatible con la Constitución Nacional (C.S.J.N., Fallos 281:170; 307:326; 320:783). Y es precisamente esa interpretación integradora la que conduce, inexorablemente, a afirmar la procedencia de la unificación.
El núcleo argumental del decisorio recurrido descansa en la afirmación de que las penas impuestas en el fuero penal juvenil y aquellas dictadas en el fuero de adultos responderían a una "distinta naturaleza y motivación", razón por la cual no resultarían susceptibles de unificación en los términos del art. 58 del Código Penal. Para sostener tal conclusión, la Magistrada invoca las Reglas de Beijing (Regla 17), la Convención sobre los Derechos del Niño y los arts. 33 y 58 de la ley 13.634, afirmando que el fuero juvenil posee "objetivos, medios y propósitos que le son propios". Sin embargo, dicha premisa no puede ser compartida, por cuanto no encuentra adecuado sustento ni en el texto constitucional y convencional aplicable, ni en la legislación de fondo, ni en la doctrina elaborada por los más altos tribunales nacionales y provinciales.
En primer lugar, corresponde señalar que las normas internacionales invocadas por la Jueza del fuero minoril no consagran la distinción que la misma pretende derivar de ellas. En efecto, el art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la C.N.)- dispone que "...las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados...", formulación que no introduce distinciones en función del fuero de imposición, ni habilita categorías diferenciadas de pena según la edad del autor al momento del hecho. Su redacción es categórica en cuanto a la universalidad del fin resocializador, que se proyecta sobre toda pena privativa de libertad con independencia del sistema jurisdiccional que la haya dispuesto.
En igual sentido, el art. 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la reforma y readaptación social como finalidad esencial del régimen penitenciario. La única diferenciación expresamente contemplada refiere al tratamiento específico de los menores delincuentes, sin que ello importe una relativización del mandato resocializador. Que ese fin opere con mayor intensidad respecto de los jóvenes infractores no configura una diferencia de naturaleza, sino exclusivamente de grado. Así lo ha establecido con claridad la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Maldonado" (Fallos 328:4343, 7/12/2005), al señalar que el mandato constitucional de reforma y readaptación social, en el caso de los menores, "es mucho más constrictivo". El énfasis en el adverbio "más" no introduce un nuevo fin ni una categoría autónoma de pena, sino que expresa una mayor exigencia cuantitativa dentro de un mismo estándar resocializador.
En otros términos, no se está frente a finalidades distintas, sino ante una misma finalidad constitucionalmente impuesta (la resocialización que se intensifica en su exigibilidad cuando el destinatario es un joven infractor). De allí que una pena orientada "preponderantemente" a la resocialización del menor y otra dirigida a la readaptación del adulto integren, en su sustancia, una única clase de institución jurídica: la pena privativa de libertad con finalidad resocializadora, cuya aplicación puede ser modulada según el sujeto, pero sin que ello implique alterar su naturaleza.
Nótese, en el sentido antes indicado -y a guisa de ejemplificación sobre el punto-, que la recientemente sancionada Ley 27.801 (Régimen Penal Juvenil, B.O. 9/3/2026), que actualiza el marco normativo de la justicia juvenil, no hace más que reafirmar la unidad sustancial del fin de la pena al establecer en su art. 4°, que "...la finalidad del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social...". Dicha formulación no introduce un objetivo autónomo ni diverso respecto del sistema penal de adultos, sino que reproduce, en términos funcionales, el estándar convencional previsto en el art. 5.6 de la C.A.D.H., lo que evidencia que el ordenamiento jurídico no reconoce finalidades punitivas de naturaleza distinta según el fuero de intervención, sino una misma finalidad resocializadora modulada en su intensidad conforme las características del sujeto.
En ese contexto, la distinción construida por la Jueza de grado carece de respaldo normativo específico y aparece como una elaboración interpretativa que no encuentra apoyo ni en el texto legal vigente ni en el bloque de constitucionalidad. Tanto es así que el legislador, pese a haber tenido una oportunidad reciente, expresa y directa de consagrar una diferenciación estructural entre ambos regímenes, optó por no hacerlo, circunstancia que refuerza de manera decisiva la improcedencia de la tesis restrictiva adoptada en el decisorio recurrido.
Resulta oportuno destacar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las personas menores de edad privadas de libertad deben ser alojadas en condiciones compatibles con su dignidad y orientadas a su desarrollo e integración social, reafirmando con ello que se trata de un único sistema de privación de libertad sometido a finalidades comunes de resocialización, cuya exigencia se intensifica cuando se trata de niños y adolescentes (Corte I.D.H., caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, sentencia del 2/9/2004). En el mismo sentido, el Tribunal de Casación Penal de esta provincia -Sala IV- ha descartado expresamente la existencia de una diferencia esencial en la naturaleza de la sanción impuesta en el fuero penal juvenil respecto de aquella aplicada en el fuero de adultos, señalando que "...la pena de menores a la que se refieren los términos de los arts. 68 a 85 de la Ley n° 13.634 tiene que ver con las medidas de integración social previstas por la Ley 13.298, cuya finalidad radica en la resocialización y recuperación del joven. De otra parte, las finalidades invocadas no son muy distintas a las que se persiguen con la pena impuesta a los adultos, conforme los postulados del art. 1° de la ley 24.660..." (T.C.P.B.A., Sala IV, en causa N° 64.697 caratulada "M, D. A. s/ Recurso de Casación", sentencia del 13/11/14).
Esta doctrina no ha sido desautorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la que -por el contrario- ha convalidado la procedencia de la unificación de penas entre ambos regímenes en reiterados precedentes (P.123.476, 31/5/2017; P.131.562-RC, 15/9/2020; P.134.971, 4/4/2022), consolidando así un criterio jurisprudencial consistente en torno a la inexistencia de una diferencia ontológica entre las sanciones provenientes del fuero de responsabilidad penal juvenil y del fuero penal de adultos. Asimismo, ha sostenido que no se advierte con meridiana claridad que las específicas garantías propias del fuero de responsabilidad penal juvenil impliquen, por sí mismas, la invalidación del sistema de reacción penal única previsto en el derecho interno, ni que autoricen a excluir, sin previsión legal expresa, institutos generales del derecho penal común (P. 133.129, 27/4/2022).
El argumento de la distinta naturaleza no encuentra, entonces, sustento en las normas convencionales invocadas, ni en el derecho positivo nacional, ni en la jurisprudencia de los tribunales a los que corresponde fijar la doctrina legal en la materia.
Por otra parte, la Magistrada sostiene la existencia de una tensión entre el "principio de unidad de reacción" (art. 58 del C.P.) y el "principio de especialidad" (arts. 37 y 40 de la C.D.N.), concluyendo que debe prevalecer la interpretación que mejor resguarde las normas de mayor jerarquía, en el entendimiento de que el corpus juris de la infancia desplazaría la aplicación del Código Penal.
Sobre ello, debo señalar que el art. 58 del C.P. no colisiona con el principio de especialidad del fuero penal juvenil. Dicho principio se proyecta sobre la organización del enjuiciamiento, las garantías del debido proceso, los criterios de imposición de la sanción y el modo de ejecución, pero no regula -ni siquiera indirectamente- el supuesto específico de concurrencia de condenas dictadas en distintos fueros respecto de una misma persona. En ese punto, la cuestión que resuelve el art. 58 del C.P. es cualitativamente distinta: determina cómo debe tratarse la pluralidad de penas recaídas sobre un mismo sujeto, lo que constituye una regla de derecho penal sustantivo, de raigambre constitucional y convencional, que no puede ser desplazada ni neutralizada mediante una extensión impropia del principio de especialidad.
Aun en la hipótesis de admitir alguna tensión interpretativa, la solución propuesta en el decisorio recurrido carece de sustento normativo verificable. La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada con jerarquía constitucional por el art. 75 inc. 22 de la C.N., no contiene en ninguno de sus preceptos una prohibición expresa de unificación de penas entre fueros. Los arts. 37 y 40 del citado instrumento se limitan a consagrar garantías procesales reforzadas y principios rectores del sistema de responsabilidad penal juvenil, pero en modo alguno introducen una excepción al régimen general del art. 58 del C.P., ni mucho menos autorizan a fragmentar el sistema de reacción penal del derecho interno. De ello se sigue, con claridad, que no es jurídicamente admisible construir una derogación tácita de una regla de fondo de jerarquía legal y constitucional sin una previsión normativa expresa que así lo disponga, la cual -en el casosencillamente no existe.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sido categórica al respecto: "…la referencia genérica a principios del bloque de constitucionalidad propios del sistema de menores, en particular la especialidad, era insuficiente para establecer que la pena dictada en el fuero de la responsabilidad penal juvenil deba quedar al margen de la regla del art. 58 del C.P., teniendo en cuenta especialmente que de dicho precepto y de las reglas que regulan el instituto en el Código Penal no emerge la solución diferenciada que se pretende como, por ejemplo, se estableció en el art. 50 de aquel cuerpo legal para los menores en relación con el régimen de reincidencia…" (S.C.B.A., causa P.123.476, 31/5/2017). El señalamiento de la Corte provincial resulta decisivo. El legislador penal ha demostrado con claridad que, cuando su voluntad es excluir o modular el impacto de las condenas dictadas en el fuero juvenil dentro del régimen general del Código Penal, lo hace de manera expresa y categórica, como ocurre en el art. 50 del C.P., donde se dispone la exclusión de tales condenas a los fines del cómputo de la reincidencia. Esa previsión evidencia no solo conocimiento del problema, sino una técnica legislativa deliberada de excepción explícita.
En ese contexto, la ausencia de una previsión similar respecto del art. 58 del C.P. no puede ser considerada un vacío susceptible de integración judicial, sino una decisión legislativa consciente de no establecer una exclusión en materia de unificación de penas. Esa omisión no habilita construcción pretoriana alguna sin desnaturalizar el sistema legal vigente, ni puede ser subsanada por vía interpretativa por la Magistratura de grado (ni siquiera por este Tribunal), en tanto ello implicaría sustituir la voluntad del Legislador y alterar el esquema normativo establecido, sin que se verifique vulneración alguna al orden de prelación de normas del art. 31 de la Constitución Nacional.
Por otro lado, la Jueza A Quo recurre al párrafo 36 de la Observación General N° 24 (2019) del Comité de los Derechos del Niño, que señala que cuando un joven cometa varios delitos, algunos antes y otros después de haber cumplido los 18 años, "los Estados partes deberían considerar la posibilidad de establecer normas procesales que permitan aplicar el sistema de justicia juvenil respecto de todos los delitos cuando haya motivos razonables para hacerlo…". A partir de dicha recomendación, concluye que "no encuentra motivos razonables" para proceder a la unificación. Esta lectura del instrumento incurre en dos déficits conceptuales. El primero es de carácter modal: el párrafo 36 utiliza la fórmula "deberían considerar", expresión que en la técnica del Comité de los Derechos del Niño denota una recomendación de política legislativa dirigida a los Estados parte, carente de fuerza normativa directa y, en particular, inidónea para ser aplicada como regla de decisión en casos individuales. No se trata, en consecuencia, de un mandato vinculante ni de una prohibición de institutos del derecho interno como la unificación de penas.
Correctamente comprendida, la Observación General N° 24 no proscribe la solución adoptada por el derecho interno, sino que sugiere la posibilidad de que los Estados establezcan mecanismos procesales que permitan extender la aplicación del sistema juvenil a la totalidad de los hechos cuando existan razones que lo justifiquen. Esa misma lógica de razonabilidad y de tratamiento unificado del caso concreto es, precisamente, la que subyace al art. 58 del Código Penal, que regula la respuesta del ordenamiento frente a la pluralidad de condenas impuestas a una misma persona, sin fragmentación artificial del reproche penal.
Por otra parte, en el decisorio impugnado se sostiene que "...tomar una sanción penal dictada en el fuero penal juvenil a los fines de tenerla como pauta de valoración para su acumulación con una sanción penal de adultos, afecta el principio de reserva de las actuaciones...", con apoyo en la Regla 21.1 de las Reglas de Beijing, según la cual "...los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes...".
Sin embargo, dicho razonamiento parte de una indebida asimilación conceptual entre supuestos claramente diferenciados. La Regla 21.1 de Beijing se refiere a la utilización de registros o antecedentes del fuero juvenil como elemento de agravación en un proceso penal ulterior de adultos, esto es, a su empleo como base para incrementar la respuesta punitiva en términos de reincidencia o valoración negativa de la trayectoria personal del imputado. Se trata, en definitiva, de la prohibición de utilizar la condena juvenil como antecedente agravante en un nuevo proceso.
Esa es, precisamente, la lógica que recepta el art. 50 del Código Penal en el derecho interno, al excluir las condenas dictadas a menores del cómputo de reincidencia. Distinto es, en cambio, el supuesto aquí examinado, en el que no se acude a la condena juvenil como antecedente para agravar un nuevo proceso, sino como uno de los componentes objetivos de una única respuesta punitiva derivada de la concurrencia de condenas respecto de una misma persona, conforme las reglas de unificación previstas en el art. 58 del C.P.
En ese marco, lejos de contrariar los estándares internacionales invocados, la solución del art. 58 del C.P. se orienta en el mismo sentido teleológico que las Reglas de Beijing, en tanto procura asegurar que la reacción estatal frente al joven infractor se mantenga dentro de parámetros de racionalidad y mínima intervención, con especial resguardo de la finalidad resocializadora (Regla 17.1.b). La unificación, así entendida, opera como un límite jurídico a la expansión desmedida de la coerción penal, evitando que la coexistencia independiente o sucesiva de condenas conduzca a resultados cuantitativamente desproporcionados y cualitativamente incompatibles con dicho estándar.
Agrego, asimismo, que el argumento según el cual la unificación perjudicaría al joven G. en atención a la oposición de la Defensa Oficial no puede ser admitido. El razonamiento transcripto incurre en un error conceptual respecto de lo que implica el "pedido de parte", previsto en el 2do párr. del artículo 58 del Cód. Penal. Al respecto, la SCBA tiene dicho que "...La afirmación de la defensa relativa a que la unificación de sentencias sólo puede ser a pedido del imputado no es de recibo en tanto se contrapone a la literalidad del art. 58 del Código Penal que establece que la unificación de sentencias debe ser a "pedido de parte", siendo el Ministerio Público Fiscal -sin lugar a dudas- parte legitimada a tales fines..." (p 136356, 15/08/2023), doctrina extensible a la idea de "conformidad de la defensa", que trasunta lo manifestado al respecto por la magistrada de la instancia anterior.
Sobre esa base, el argumento de que la oposición de la Defensa Oficial constituye un obstáculo jurídico válido para que el tribunal unifique las penas, supone atribuir a las partes un poder de disposición sobre una norma de orden público que el ordenamiento vigente no les reconoce. La determinación de la pena es un acto jurisdiccional que el Estado ejerce conforme a la ley; admitir que la estrategia procesal de la defensa puede derogar la obligación del tribunal implicaría, en los hechos, que la voluntad de una de las partes prevalece sobre el mandato legal, lo que resulta manifiestamente inadmisible. La exigencia de "pedido de parte" que establece la norma opera, en la interpretación consolidada, únicamente en el supuesto del segundo párrafo del art. 58 y en etapa de ejecución cuando ningún tribunal se encuentra actualmente sentenciando, habilitando en ese caso la petición al excitar la jurisdicción a los fines de unificar penas que ya se están cumplimiento en forma paralela.
En modo similar, la afirmación de que la unificación "operaría en perjuicio" del imputado por el solo hecho de que su defensa prefiere la ejecución simultánea de las penas constituye una inversión lógica insostenible del principio de unidad de respuesta punitiva. La unificación bajo las reglas de los arts. 55 y 58 CP produce siempre una pena única que no puede exceder la suma aritmética de las parciales y que consolida efectos jurídicos propios. Que la defensa opte por una alternativa no equivale a que esa alternativa sea la que mejor tutela los derechos del condenado, ni convierte en perjudicial lo que estructuralmente el sistema diseñó como la respuesta punitiva más racionalizada; mucho menos puede esa opción estratégica eximir al tribunal de cumplir con la manda del art. 58 del Código Penal cuando existió petición expresa "de parte" del Ministerio Público Fiscal.
Tampoco resulta atendible el argumento según el cual la unificación debería rechazarse por cuanto la pena resultante sería "sensiblemente aumentada". Tal planteo confunde el plano de procedencia del instituto con la ulterior etapa de determinación del quantum de la pena única. El método composicional -admitido de manera constante por la jurisprudencia nacional y aplicado por el Tribunal de Casación Penal en este tipo de supuestos- se estructura sobre una escala cuyo mínimo está dado por la pena más grave y cuyo máximo resulta de la suma aritmética de las sanciones concurrentes, lo que habilita al órgano jurisdiccional a fijar una respuesta punitiva intermedia, razonable y fundada en las circunstancias del caso Dentro de ese marco, los arts. 40 y 41 del C.P. operan como pautas rectoras de individualización judicial, permitiendo ponderar integralmente la culpabilidad, la extensión del injusto y las condiciones personales del imputado. En consecuencia, el eventual incremento cuantitativo respecto de una de las condenas consideradas aisladamente no constituye, por sí mismo, una afectación constitucional, sino una derivación necesaria de la concurrencia de hechos y sanciones previamente declaradas. Negar la unificación sobre esa base implicaría, en los hechos, desnaturalizar el régimen del art. 58 del C.P. y sustituirlo por una lógica de aislamiento de condenas que el ordenamiento jurídico expresamente rechaza.
Cuando se trata de dictar la pena única en cualquiera de los dos supuestos comprendidos en el art. 58 del Código Penal, la ley dispone que el juez construya una escala compuesta según las reglas del art. 55. Dentro de esa escala, el juez está habilitado a fijar la pena total teniendo en cuenta la culpabilidad y el reproche merecido por todos los injustos de los que el condenado ha sido responsable, según las pautas de los arts. 40 y 41 del Código Penal, considerando además, en su caso, las razones preventivas que justificarían imponer una sanción menor a la estrictamente merecida por los injustos objetivos cometidos. Ese marco de determinación es abierto: los arts. 40 y 41 C.P. enumeran parámetros que el Juez debe ponderar para fijar el quantum, y entre esos parámetros entran -por mandato convencional y por operatividad del art. 4 ley 22.278- los criterios propios del régimen juvenil.
La especialidad del fuero juvenil en la determinación de la sanción -las modalidades del hecho, el tratamiento tutelar, la impresión directa del juez, la menor culpabilidad derivada de la inmadurez evolutiva- no desaparece con la unificación, sino que se integra como parámetro de mensura de la pena única. La C.S.J.N. en "Maldonado" lo estableció al exigir que la pena al menor sea "inferior, a igualdad de circunstancias, a la que correspondería a un adulto": esa reducción no es una cualidad de una pena separada, sino un criterio que debe manifestarse en el quantum de la pena única. La pena única así determinada debe reflejar que uno de sus componentes proviene de un hecho cometido como menor, con la correlativa atenuación que ese dato impone.
En otro andarivel, el plazo máximo de las penas privativas de libertad respecto de personas adolescentes se encuentra fijado en quince (15) años, límite que opera con carácter imperativo incluso en aquellos supuestos en los que la escala penal abstracta resulte superior, como consecuencia de la concurrencia real de hechos independientes. En ese marco, al construirse la pena única en casos que involucren condenas dictadas en el fuero penal juvenil, dicho tope funciona como un límite infranqueable respecto de la porción atribuible a los hechos cometidos durante la minoridad. De ello se sigue que la determinación de la pena única no puede, bajo ninguna circunstancia, proyectar sobre el tramo correspondiente al hecho cometido como menor una extensión que exceda el máximo legalmente previsto, con independencia del resultado que arroje la suma aritmética de las sanciones en concurso. Cualquier solución en sentido contrario importaría desconocer el carácter vinculante del límite legal específico del régimen juvenil y vaciar de contenido la finalidad de protección diferenciada que el sistema reconoce para esa categoría de supuestos.
El deber de que la pena impuesta a una persona que ha sido menor al momento del hecho sea proporcionalmente inferior a la que correspondería a un adulto en situación equivalente -derivado del precedente "Maldonado" y reforzado por la jurisprudencia interamericana en "Mendoza y otros vs. Argentina"- no se agota en la determinación aislada de cada sanción, sino que proyecta sus efectos sobre la construcción de la pena única. En ese marco, el órgano jurisdiccional que la determina debe ponderar necesariamente que uno de los injustos fue cometido en condición de minoridad, circunstancia que incide directamente en la culpabilidad, en la capacidad de autodeterminación y en la intensidad del reproche, otorgando mayor relevancia al mandato de resocialización en la respuesta punitiva. Tales extremos encuentran adecuado encuadre en las pautas de individualización previstas en el art. 41 del Código Penal, en particular bajo los conceptos de "demás circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión" y "calidades personales del autor", lo que evidencia que la especialidad del régimen juvenil no da lugar a una pena autónoma, sino a una ponderación diferenciada dentro de una única pena unificada. En este sentido, y a modo reiterativo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha establecido con claridad que el fuero de responsabilidad penal juvenil no puede quedar excluido de la aplicación del art. 58 del C.P., criterio sostenido en las causas P.123.476 (31/5/2017), P-131.562-RC (15/9/2020) y P.134.971 (04/4/2022), reafirmando la plena vigencia del sistema de unificación también en supuestos que involucren condenas provenientes de distintos regímenes jurisdiccionales.
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: Teniendo en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la resolución apelada, por resultar procedente la unificación de penas impuestas en un proceso penal juvenil y en uno de adultos, remitiendo la causa a primera instancia a fin de que se resuelva, previo analizar la viabilidad de la unificación teniendo en cuenta los planteos de las partes, el estado actual de las actuaciones y los lineamientos dispuestos (arts. 18, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Arts. 5 y 6 Convención Americana de D.D.H.H., art. 58 del C.P.). Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ YESARI, DICE: adhiero a la propuesta del Juez Barbieri.
Con lo que terminó el acuerdo que firman los Jueces nombrados.
Bahía Blanca, Y Vistos; Considerando: que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que no es justa la resolución puesta en crisis. Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto y revocar la resolución apelada, por resultar procedente la unificación de penas impuestas en un proceso penal juvenil y en uno de adultos, remitiendo la causa a primera instancia a fin de que se resuelva, previo analizar la viabilidad de la unificación teniendo en cuenta los planteos de las partes, el estado actual de las actuaciones y los lineamientos dispuestos en esta resolución (arts. 18, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, Arts. 5 y 6 Convención Americana de D.D.H.H., art. 58 del C.P.).
Notificar a los Ministerios y al justiciable.
Cumplido, remitir a la instancia de origen.
Fin de la sentencia