Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Sala I de Bahía Blanca · Causa 25.690
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar admisible -por unanimidad- y procedente -por mayoría de opiniones- el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular -Maximiliano De Mira-, y consecuentemente con ello revocar el veredicto condenatorio y la sentencia dictados por la Jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 2 Departamental -María Laura Pinto de Almeida Castro-, por el que se condenara a D. F. G., a la pena de seis (6) meses de prisión de efectivo cumplimiento, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, en los términos del art. 14, segundo párrafo, de la ley N° 23.737, en función de la competencia atribuida por la ley 26.052 y el artículo 1 de la ley provincial N° 13.392, por hecho acaecido el día 21 de diciembre de 2021 en la ciudad de Bahía Blanca; y disponer su libre ABSOLUCIÓN de culpa y cargo (arts. 371, 439, 440, 441, 442 y ccdts. del C.P.P.).
En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, reunidos en su Sala de Acuerdos, los Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por Christian Alberto Yesari, Gustavo Ángel Barbieri y Luis Felipe Defelitto, para dictar sentencia en la causa I.P.P. N° 25.690/I seguida a "G., D. F. s/ tenencia de estupefacientes para consumo personal" y, habiéndose practicado el sorteo correspondiente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nro. 12.060), resultó que debe seguirse este orden, Jueces Yesari, Barbieri y Defelitto, resolviendo plantear las siguientes:
1ra.) ¿Es admisible el recurso de apelación interpuesto?
2da.) ¿Es justa la sentencia apelada?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ YESARI DICE:
El defensor particular Maximiliano De Mira interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 2 Departamental -María Laura Pinto de Almeida Castro-, mediante la que se condenó a su asistido D. F. G. por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, en los términos del art. 14, segundo párrafo, de la ley N° 23.737, en función de la competencia atribuida por la ley 26.052 y el artículo 1 de la ley provincial N° 13.392, a la pena de seis (6) meses de prisión de efectivo cumplimiento.
El remedio intentado fue interpuesto en debido tiempo y forma, denunciando el impugnante que el fallo no resultaba justo, en tanto era improcedente la aplicación de la figura penal en examen por falta de acreditación de puesta en peligro a terceros, que había existido una violación al principio de reserva y que se había realizado una errónea valoración sobre las formalidades de secuestro y requisa personal. El pronunciamiento resulta pasible de ser atacado por el medio elegido; de manera que con esos alcances resulta admisible (arts. 421, 439, 441 y 442 del C.P.P.).
Respondo por la afirmativa.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI DICE: Adhiero por sus fundamentos al sufragio precedente.
A LA MISMA CUESTIÓN EL JUEZ DEFELITTO DICE: Adhiero al voto del Juez Yesari.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ YESARI DICE:
1. El recurrente señaló, en primer lugar, que la sentencia dictada por la Jueza en lo Correccional conculcó el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, en razón de haberse inmiscuido en las acciones privadas de D. F. G.. Para ello, refirió que la Magistrada fundó su resolutorio en meras subjetividades como que "se puso en peligro la seguridad pública" y, en hechos falsos tales como "la conducción automotor bajo los efectos de estupefacientes".
Cuestionó la valoración de la prueba efectuada por la Jueza en lo Correccional, en tanto la misma había afirmado que el encausado circuló bajo los efectos de estupefacientes y generó un claro riesgo para las personas y bienes que se encontraban en la vía pública. Agregó que la Magistrada se desentendió de los dichos de la funcionaria policial L. I. G. A., quien expresó que el vehículo resultaba sospechoso en virtud de encontrarse estacionado en una zona oscura de la calle C. al 5... Expresó que no existió razón alguna que justifique la requisa del automóvil llevada a cabo por el personal policial, en tanto la misma se fundó en la actitud sospechosa de los ocupantes del vehículo estacionado en un sector oscuro en la calle en horas de la madrugada.
Sostuvo que la acción realizada por su pupilo se encontró amparada por los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Arriola" y "Montalvo" y que la tenencia para consumo personal efectuada por G. no tuvo trascendencia alguna para terceros en tanto el mismo se hallaba en un ámbito de absoluta privacidad, por que lo solicitó la revocación de la sentencia condenatoria y, en consecuencia, la absolución de su defendido.
2. Delineados de esa manera los agravios que abastecen el presente recurso, comenzaré por abordar el reproche vinculado con la errónea interpretación de las formalidades que rigen el secuestro y la requisa, en tanto dicha irregularidad podría acarrear la nulidad del procedimiento.
El recurrente señaló que la Jueza de Grado incurrió en un déficit motivacional, por cuanto brindó una fundamentación aparente a los fines de justificar la requisa efectuada por la autoridad policial. Criticó que el sustento de la actividad desarrollada por la fuerza de seguridad se centró en que "...los ocupantes del rodado estaban en una actividad sospechosa ya que estaban estacionados en un sector oscuro en calle C. al 5..". Asimismo, y en aras de justificar la ilegitimidad del actuar policial, citó la resolución dictada por esta Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal en la I.P.P. N° 9.266/I.
Principio por señalar que el fallo citado no resulta aplicable al caso de autos. Ello, habida cuenta que el procedimiento en la I.P.P. N° 9.266/I tuvo lugar en virtud de que el personal policial inició una persecución en un móvil no identificable, vestidos con ropa de civil y fuera de su natural jurisdicción, alegando haber observado actitudes sospechosas de quienes ocupaban el vehículo por haberse inclinado a dejar algo debajo del asiento, para luego proceder con su identificación y posterior requisa. Asimismo, en el referido expediente no se recepcionó declaración testimonial alguna a los funcionarios policiales que habían intervenido en dicho procedimiento. Por lo tanto, las situaciones fácticas entre aquella situación y la presente son diametralmente opuestas. En el caso de autos, y tal como lo desentrañó la Jueza en lo Correccional, el procedimiento tuvo lugar cuando la agente policial -M. A. O.- se encontraba realizando tareas de patrullaje (alrededor de las 4 de la madrugada), visualizó un vehículo estacionado en la vereda con tres personas dentro del mismo, en un sector oscuro, observando que uno de los ocupantes bajó del automotor y luego volvió a subirse al mismo al percatarse de la presencia policial. Esa sola circunstancia se vislumbra como suficiente para que personal policial -en ejercicio de sus funcionesdetenga la puesta en marcha del referido automóvil y proceda a identificar a los sujetos, a fin de interiorizarse de los motivos por los cuales el sujeto que descendió del vehículo detuvo su andar y volvió a subir al vehículo. Asimismo, la testigo O. expuso que cuando los sujetos intentaron "salir para la calle", la misma los interceptó con el móvil policial, procediendo, posteriormente, a solicitar la identificación de los tres individuos y su descenso del vehículo, ocasión en la que a G. se le cayó el envoltorio con cocaína (situación expresamente reconocida por el encartado al momento de prestar declaración durante el debate oral).
De este modo, sobre la base de la situación fáctica reseñada, estimo que la actuación policial resultó acorde al ámbito delimitado por el artículo 294, inc. 5to. del C.P.P., desde que existieron datos objetivos (tres personas dentro de un vehículo estacionado a altas horas de la madrugada; una de ellas desciende del automóvil y vuelve a subirse al advertir el patrullero; intento fugaz de tomar salida por la calle, obstaculizado por el móvil policial; caída de bolsa de nylon que contenía cocaína) que constituyeron motivos suficientes para proceder en la emergencia a la posterior requisa de los individuos (art. 225 del C.P.P.).
Establecido lo anterior, entiendo que el planteo formulado por el recurrente no resulta atendible, en razón de haber recibido adecuado tratamiento por la Jueza de Grado, desatendiéndose el impugnante de los motivos por los que la Magistrada entendió acreditada la sospecha razonable y la urgencia que justificó el procedimiento policial.
3. Ahora bien, previo a dar tratamiento a los restantes agravios relacionados con la violación al principio de reserva, al apartamiento de los estándares establecidos por nuestro Máximo Tribunal en el fallo "Arriola" y la falta de acreditación de puesta en peligro a terceros, es menester resaltar lo establecido por la Jueza Carmen Argibay Molina, quien sostuvo en el mencionado fallo "Arriola" de la C.S.J.N. que "...la adhesión a los postulados sentados en "Bazterrica" implica que los Jueces de la causa deberán analizar en el caso concreto si la tenencia de estupefacientes para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional...".
Por lo tanto, lo determinante radica en la necesidad de que los jueces evitemos dar respuestas rígidas o dogmáticas acerca de los límites conceptuales entre un espacio privado o público. Antes bien, corresponde ejercer plenamente la potestad de valorar las particularidades del caso concreto, a fin de determinar -contextualizadamente- si una conducta determinada tuvo el efecto de transgredir a terceros y, de esa forma, afectar el bien jurídico salud pública.
Esclarecido lo anterior, he de proponer que el recurso interpuesto tenga favorable acogida en lo que respecta a los agravios que a continuación se analizarán.
Para ello, comienzo por señalar que en el caso traído a conocimiento de esta Alzada se condenó a D. F. G. por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal con trascendencia a terceros (art. 14, segundo párrafo de la ley 23.737), en tanto tuvo en su poder 0.49 gramos de una sustancia que dio resultado positivo para cocaína. No cabe duda que el hecho endilgado a G. fue adecuadamente encuadrado en el tipo penal imputado. Sin embargo, el quid de la cuestión radica no solo en la trascendencia y/o puesta en peligro concreto que la propia tenencia de estupefacientes para consumo personal podría haber creado a terceras personas o bienes de los mismos, sino también en el ámbito espacial en el que tuvo lugar la detentación de sustancias prohibidas para su consumo.
Advierto, entonces, que no se encuentra debidamente acreditado -con el grado de certeza que una sentencia condenatoria requiere- que el encausado haya circulado bajo los efectos de estupefacientes, creando así un riesgo para las personas y bienes que se encontraban en la vía pública. Digo ello, en tanto surge de la propia declaración testimonial de M. A. O. que "...el día del hecho se encontraba recorriendo la jurisdicción cuando por calle C. observo un auto Fiat Duna que estaba estacionado sobre la vereda en un sector oscuro..." y que "...cuando dicho rodado quiere salir para la calle lo intercepto con el móvil policial cruzándolo en la calle para que este no pudiera salir...". En igual sentido se expresó la funcionaria policial L. I. G. A., quien refirió que "...acudió en apoyo de O. a la calle C. al 5.. ya que había un rodado estacionado en actitud sospechosa...".
Asimismo, M. D. R. manifestó que el encartado "estacionó el auto arriba de la vereda" y, previo a descender del vehículo "tomó cocaína ya que no podían hacerlo en la casa de su novia". En igual dirección se expresó D. F. G. al declarar durante el debate oral, en tanto afirmó haber estacionado el vehículo cerca de un árbol y luego recién consumir cocaína. Ello impide sostener, sin otra prueba que respalde la hipótesis de la acusación, que se encuentre acreditada la puesta en peligro a terceras personas y/o bienes de terceros por parte de G., en virtud de que el hecho de haber consumido estupefacientes dentro de un vehículo automotor estacionado (que no se encontraba circulando), resulta inidóneo para crear una situación riesgosa para terceros.
3. Retomando lo último referido, esto es, la tenencia de estupefacientes para uso personal, debo aclarar que la misma en este caso resulta atípica.
En efecto, y respecto del tipo penal previsto en los términos del art. 14 2do. párr. de la Ley 23.737, debo decir que, sin perjuicio de las consideraciones encontradas que se han elaborado respecto de la tipicidad de dicha figura legal, lo cierto es que se trata de un delito de peligro abstracto, cuya característica está dada por el fin o propósito que persigue el tenedor de las sustancias (consumo propio o personal) y que tiende a proteger el bien jurídico salud pública, definido como el "estado completo de bienestar físico, mental y social" (conf. O.M.S.) y, entendido como un interés supraindividual, de titularidad colectiva y de naturaleza difusa, que va más allá de la mera suma de saludes individuales, es decir, se refiere a la salud de todos, la que goza el público en general y en forma indeterminada (cfr. Donna, E. A. (2002). Derecho Penal, Parte Especial. Tomo II-C. Santa Fe; Ed. Rubinzal-Culzoni. P 204, citado en dictamen de la Procuradora General en causa "P.E.M. s/infracción ley 23.737" del 28/12/07).
Que, de acuerdo a esto, la potencialidad de una conducta para lesionar el bien jurídico salud pública se configura si puede llegar a proyectarse de algún modo sobre la comunidad y las personas de manera general e indeterminada (conf. dictamen citado de la Procuración General). Por el contrario, no puede considerarse afectado de igual modo el bien jurídico cuando la tenencia de las sustancias estupefacientes se circunscribe a una actividad de consumo privado e individual.
Que, en casos como el de autos, dada la escasa cantidad de estupefaciente incautado en poder del imputado y demás circunstancias en que se encontraba al momento de ser sorprendido con tal material, entiendo que no se deriva elemento alguno que permita imputarle la finalidad de desarrollar un consumo que trascienda de sí mismo, abarcando a un número indeterminado de personas y -por lo tanto- puede afirmarse que el riesgo potencial para la salud pública no ha existido.
En este sentido, es importante poner de relieve que el criterio según el cual la mera tenencia de estupefacientes en un espacio público podría constituir un indicio de trascendencia a terceros no puede ser valorado de manera aislada ni prescindiendo de las exigencias del texto constitucional, en tanto este impone la necesaria acreditación de un perjuicio concreto o un riesgo real para terceros ajenos a la conducta. En este sentido, la Sala II de la Casación Federal en la causa "Olivera" expuso que lo determinante radica en “...la lesividad concreta que se genere a bienes o derechos de terceros” y que esta exigencia constitucional “...debe tratarse de una trascendencia ‘lesiva’ a terceros –donde éste, en pleno goce de sus facultades, sea quien en definitiva pueda considerar que ha estado frente a un peligro concreto, o ha sufrido algún daño a derechos o bienes–, y no de una mera ‘trascendencia a terceros’ –donde paternalistamente se lo pretende cuidar...” (C.F.C.P., causa Olivera, sent. 5/4/2017).
Lo central radica, entonces, en determinar si el consumo por parte de D. F. G. excedió el ámbito de privacidad que consagró el precedente "Arriola". Entonces, corresponde señalar, en primer lugar, que el mencionado fallo caracterizó como acciones privadas a aquellas que no generan sobre terceros un daño o peligro concreto; e identificó al consumo ostensible como un supuesto de trascendencia de la conducta por fuera del ámbito de protección constitucional.
Por otro lado, en relación al ámbito espacial de la tenencia de estupefacientes, la ministra Argibay enseñó que "...si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración...".
De esta manera, el contexto en el que se produjo el hallazgo no resulta suficiente para atribuir a la conducta una aptitud real o concreta para afectar derechos de terceros y, en estas condiciones, la tenencia de estupefacientes para consumo personal endilgada a G. no ofrece, por si sola, ningún elemento de juicio para afirmar que el acusado realizó algo más que una acción privada, es decir, que ofendió a la moral pública o a los derechos de terceros, en tanto el mismo consumió estupefacientes en el interior de su vehículo (estacionado sobre la vereda), en altas horas de la madrugada, en una calle en la que -tal como describieron las autoridades policiales- no se encontraba transitando ningún peatón ni circulando ningún automóvil, por lo que mal podría considerarse que la acción reprochada al acusado excedió el ámbito de intimidad y privacidad que consagra nuestra Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, propongo revocar el veredicto condenatorio dictado y disponer la libre absolución del procesado G. por el delito que se le atribuyera.
Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI DICE: Analizados los agravios, el contenido de la resolución apelada y el voto que abre este acuerdo, he de disentir parcialmente con la posición sostenida por mi colega preopinante, en la que funda la absolución.
En primer término, señalo que comparto la opinión del Juez Yesari en relación a la validez del procedimiento policial y en ese aspecto adhiero a su voto.
Sin embargo, entiendo que la tenencia de estupefacientes para consumo personal que se la adjudica al acusado, en los términos del artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737, no constituye una acción privada que de ningún modo ofenda al orden y a la moral pública, ni perjudique a un tercero y que esté, por lo tanto, tutelada dentro ámbito de reserva y privacidad constitucionalmente garantizado por el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Por ello, propondré al restante Magistrado la confirmación de la condena impuesta por el Juzgado en lo Correccional.
Tal como se ha explicado en el voto que emitiera la Jueza Argibay en el fallo de la C.S.J.N., “Arriola, Sebastián y otros s/ causa N° 9080”, del 5 de agosto de 2009, a fin de determinar la constitucionalidad de la punición de una tenencia de estupefacientes para consumo personal, debe justificarse la verificación en el caso concreto de un daño o peligro para terceros, esto es si la conducta: "...se trata o no de una acción privada..."
En dicho sufragio, la Magistrada -en un análisis de los diversos supuestos fácticos sobre los que versaron distintas decisiones jurisprudenciales de la C.S.J.N.- señaló que "...si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración..." y que "...las conductas desarrolladas en lugares públicos son, en general aunque no siempre, más aptas para afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional..." (el destacado me pertenece).
La Magistrada destacó que, conforme podía extraerse de esos casos, el lugar -público o privado- donde se desarrolla la conducta era un indicio relevante, que podría no ser suficiente, resultando también "...significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada está relacionado con la existencia de actos de exhibición en el consumo..." o "...la cantidad de sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la/el imputada/o...".
Siguiendo dichos lineamientos de apreciación, entiendo que no puede considerarse que la conducta del procesado puede ser considerada una acción privada exenta del control y la intervención estatal, dado que la tenencia de estupefacientes que ha ejercido -aún para su consumotrascendió de su esfera personal.
En ese sentido, señalo que conforme surge de la prueba (tal como relataron el testigo R. y el acusado), el procesado ha realizado actos de exhibición y consumo frente a otras personas -una de ellas que no consumía ni sabía que el procesado llevaba el estupefaciente cuando subió a su auto-, mientras se encontraban en la vía pública dentro de un automóvil estacionado.
Fue en esos momentos que el personal policial advirtió la presencia del rodado y de sus ocupantes, en una actitud que -dado el contexto- le resulto razonablemente sospechosa y que justificó su intervención para identificarlos.
A su vez, entiendo, resulta relevante destacar, también, que el procesado era el conductor del rodado, lo que -aún cuando no fue interceptado mientras circulaba- consitituye una pauta más que respalda la trascendencia que, entiendo, tuvieron las acciones hacia intereses de terceros y de la comunidad.
Máxime si se tiene en cuenta que él ha declarado (en la audiencia celebrada en los términos del artículo 317 del C.P.P.) que había consumido cocaína a las 19 hs., relatando luego -en el debate- que a las 20 hs. llevó a su novia a la casa de su madre y que luego fue la casa de su primo, donde consumió alcohol, y que después salieron con el auto a comprar bebida, siendo allí que se cruzaron a M. y lo llevaron a lo de su novia, lugar donde estacionó y volvió a consumir cocaína, cuyo envoltorio se le cayó cuando "...se bajo del auto..." ante la intervención policial que procedió a la identificación con la que se inició el procedimiento, cerca de las 5 de la mañana.
La tenencia de los estupefacientes por parte del acusado, en el contexto de acciones y circunstancias descriptas, excede el ámbito de privacidad que podría considerarse tutelado por el artículo 19 de la Constitución Nacional, por lo que la conducta imputada -que ha sido acreditada en el juicio- resulta típica y a la luz de las restantes condiciones valoradas por el Juzgado de grado, punible en los términos del artículo 14 segundo párrafo de la ley 23.737.
Por lo expuesto, voto por la afirmativa.
A LA MISMA CUESTIÓN EL JUEZ DEFELITTO DICE: Adhiero al voto del Juez Yesari, por los mismos fundamentos.
Tan sólo agrego que, en el tantas veces citado caso Arriola, aplica lo expresado por la Dra. Carmen Argibay Molina:
“Por el contrario, se consideró que la conducta del condenado no era una acción privada cuando "fue sorprendido fumando marihuana en un sitio público —plaza San Martín—" (Fallos: 310:2836), o en un caso en que el imputado fue descubierto con marihuana en su poder "en oportunidad en que transitaba por la vía pública en un vehículo con tres acompañantes, a quienes no sólo había invitado a consumir la droga, sino además había logrado que uno de ellos aceptara el convite" -la negrita me pertenece- ("García, Alejandro Marcelo y otros", Fallos: 311:2228). Tampoco se encontraba resguardada la conducta de quien poseía marihuana en el interior de dos bolsos y en distintas cajas de fósforos, cuando "Gerstein —en concordancia con Gabriel Pereyra, quien ocasionalmente cohabitaba con ella— no sólo reconoce la posesión de estupefacientes sino que admite también que, parte de éste fue consumido en su departamento por distintas personas quienes, incluso, armaron algunos de los cigarrillos secuestrados" ("Gerstein, Myriam Noemí", Fallos: 311:2721), ni la conducta de quien fumaba marihuana mientras caminaba "sin rumbo fijo" con un amigo ("Fiscal c/ Ideme Galesi, Daniel y Galesi, Alberto", Fallos: 312:587), ni la de quien tenía la droga para consumirla en un lugar público. En esta ocasión, el condenado fue detenido al presentarse en una dependencia policial para visitar a un amigo allí alojado, y al efectuársele la requisa de rigor se le secuestraron dos cigarrillos de marihuana ("Di Capua, Sergio Héctor", Fallos: 312:1892).
13. La síntesis expuesta muestra que si bien las acciones privadas no son solamente aquellas que se llevan a cabo en el interior de un determinado ámbito espacial, este dato resulta, sin embargo, un elemento de juicio a tomar en consideración. Efectivamente, el análisis casuístico deja entrever que las conductas desarrolladas en lugares públicos son, en general aunque no siempre, más aptas para afectar la salud pública, y por lo tanto quedan fuera de la protección constitucional.
Por otro lado, y aunque este dato es un indicio relevante, no resulta suficiente para decidir la cuestión. Otro elemento que en los fallos citados ha sido significativo para determinar si la tenencia de drogas se trata de una acción privada está relacionado con la existencia de actos de exhibición en el consumo. Esto no se cumple cuando la acción ha sido descubierta no por la tenencia de la droga en sí sino por un hecho ajeno a esa conducta. Por último, también ha tenido incidencia la cantidad de sustancia estupefaciente que se encontró en poder de la/el imputada/o.
Este es el panorama completo en el que debe insertarse la decisión en la presente causa, pues en coincidencia con los argumentos expuestos en "Bazterrica" entiendo que cuando la tenencia de estupefacientes se ha llevado a cabo con recaudos tales como los mencionados, que restringen el alcance de sus efectos a la misma persona que la realiza, entonces la punición de dicha conducta sólo puede explicarse como un intento de proteger al individuo contra la propia elección de su plan de vida que se reputa indeseable. Es precisamente este tipo de justificaciones paternalistas o perfeccionistas, de la interferencia gubernamental la que es repelida por el principio sentado en el artículo 19 de la Constitución Nacional (Carlos Nino, "Fundamentos de Derecho Constitucional", Buenos Aires, Astrea, página 304 y siguientes).
En conclusión, la adhesión a los postulados sentados en "Bazterrica" implica que los jueces de la causa deberán analizar en el caso concreto si la tenencia de estupefaciente para consumo personal se realizó en condiciones tales que trajo aparejado peligro concreto o daños a bienes o derechos de terceros, que le quiten al comportamiento el carácter de una acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional”. Tan sólo remarqué un caso (pues señala el caso de un automóvil), en el cual, dadas ciertas circunstancias, la conducta sería reprochable. Pero tal como se desprende de las actuaciones -ya descriptas en los votos anteriores-, entiendo y comparto las razones, como ya adelanté, del voto que abre el presente acuerdo.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL JUEZ YESARI DICE:
Atento el resultado alcanzado al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar admisible -por unanimidad- y procedente -por mayoría de opiniones- el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular del imputado D. F. G., revocar el pronunciamiento condenatorio recurrido y disponer su libre absolución de culpa y cargo por el hecho que se le atribuyera.
A LA TERCERA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI DICE: Adhiero a la propuesta del Juez que sufraga en primer término.
A LA MISMA CUESTIÓN EL JUEZ DEFELITTO DICE: Sufrago en el mismo sentido que lo hacen los colegas precedentes.
Con lo que terminó el acuerdo que firman los Jueces nombrados.
Bahía Blanca, Y Vistos; Considerando: que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que no es justa la resolución recurrida.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL RESUELVE: Declarar admisible -por unanimidad- y procedente -por mayoría de opiniones- el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular -Maximiliano De Mira-, y consecuentemente con ello REVOCAR el veredicto condenatorio y la sentencia dictados por la Jueza interinamente a cargo del Juzgado en lo Correccional N° 2 Departamental -María Laura Pinto de Almeida Castro-, por el que se condenara a D. F. G., a la pena de seis (6) meses de prisión de efectivo cumplimiento, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal, en los términos del art. 14, segundo párrafo, de la ley N° 23.737, en función de la competencia atribuida por la ley 26.052 y el artículo 1 de la ley provincial N° 13.392, por hecho acaecido el día 21 de diciembre de 2021 en la ciudad de Bahía Blanca; y disponer su libre ABSOLUCIÓN de culpa y cargo (arts. 371, 439, 440, 441, 442 y ccdts. del C.P.P.). Notifíquese a las partes intervinientes y devolver al Órgano de origen.
Fin de la sentencia