Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías Sala I en lo Penal de Bahía Blanca · Causa 26.430
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de la decisión adoptada por la Jueza el 6/3/25, como así también la del debate oral, debiendo luego proseguirse el trámite en legal forma y realizarse un nuevo debate (arts. 203 y ccdtes. del C.P.P., 10 y 15 de la C. Prov. y 18 de la C.N.). Notificar.
Cumplido, remitir a primera instancia.
En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, reunidos en su Sala de Acuerdos, los Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por Christian Alberto Yesari y Gustavo Ángel Barbieri, para dictar resolución en la IPP n° 26430/I "G. A. E. s/ amenezas agravadas y desobediencia" y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nº 12.060), resultó que debe seguirse este orden Barbieri y Yesari, resolviendo plantear las siguientes:
1ra.) ¿Es procedente el recurso interpuesto?
2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: el Agente Fiscal subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro. 9 de Bahía Blanca interpuso recurso de apelación contra el veredicto dictado por el Juzgado en lo Correccional nro. 2 Departamental, por el que -luego de la realización del debate oral- se absolvió al procesado.
Conforme surge, a partir del minuto 29 del segundo video de grabación del Juicio, en el debate el Fiscal entregó las notificaciones de los testigos que propuso para que declaren en forma remota (por motivos económicos, laborales y de cuidado de niños), expresando que -ante la denegatoria expresada en etapas previas al debate por parte del Jueza para que prestaran declaración por esa vía- sostenía la constancia del protesto, para el eventual recurso de apelación.
Como primer agravio, cuestionó ese rechazo por parte de la Jueza de la declaración vía telemática de C. A. C., A. A. C. y G. B. M., víctima y testigos presenciales respectivamente, quienes justificaron fehacientemente su imposibilidad de asistencia a la sede del Juzgado.
Expresó que la recepción de las declaraciones -por ese medio- en modo alguno hubiera importado una dificultad para examinar y contraexaminar a los testigos. Por ello, entendió que la negativa fue infundada e inmotivada, máxime desde el momento que se recibieron otros testimonios con esa metodología. Agregó, en ese sentido, que durante la "...Pandemia COVID-19", el funcionamiento de la justicia se vio interpelado por la virtualidad, sin ello obstaculizar la prosecución de los procesos y no perjudicando ello en la validez de todas aquellas sentencias en donde se utilizaron estos medios para la realización de los debates orales...". Expresó que, incluso, existe un protocolo para realizar audiencias de esta forma, que fue aprobado por la resolución 1249/20 de la S.C.B.A. y que "...por medio de la Resolución 129 de fecha 24/02/2022, resolvió "Reafirmar que la participación de testigos, peritos o partes con domicilio en una ciudad distinta a la que tramita la causa, deberán realizarse de manera remota por el magistrado que entiende en la causa" (art. 1)...", lo que resultaba aplicable al caso de autos, ya que los citados vivían a más de 250 km. de esta ciudad.
Remarcó que la causa por delitos de amenazas y desobediencia no presentaba, tampoco, ninguna complejidad especial y que sólo se habían ofrecido un total de 5 testigos, por lo que las razones invocadas no respaldaban seriamente el rechazo del pedido formulado. Sostuvo que el rechazo de la producción de la prueba por esa vía y ante la incomparecencia de las personas citadas al juicio oral "...impidió la realización plena del debate, ante la imposibilidad de escuchar a la víctima y demás testigos...".
Como segundo agravio expresó que "...Más allá que la arbitraria decisión de S.S. impidió escuchar a la víctima y a las testigos presenciales del hecho, el análisis de la prueba efectivamente producida resulta rayano en lo absurdo..." en tanto tuvo por probada la existencia de una fuerte conflictividad, de la vulnerabilidad de la víctima, la situación de violencia económica y psicológica, y que -por ello- podría haber existido la situación narrada en la denuncia, pero, sin embargo, absolvió al procesado. Por último, cuestionó la decisión respecto del delito de desobediencia por entender que la Jueza "...incurre en contradicciones al fundamentar su decisión de absolver a G....", aun cuando afirmó que el imputado "...tiene serios problemas para acatar la normativa..." y que "...el mismo se apersonó en el lugar del hecho pero culminando de manera contraria al expresar que el hecho no se encuentra probado...". Solicitó revocación.
Analizados los argumentos del recurrente y el contenido de la resolución impugnada, propondré al acuerdo declarar la nulidad de la decisión adoptada por la Jueza el 6/3/25, como así también del juicio oral consecuente, debiendo proseguirse el trámite en legal forma y realizarse un nuevo debate, en tanto ha existido una arbitraria denegación de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Fiscal que ha afectado el debido proceso legal (arts. 203 y ccdtes. del C.P.P., 10 y 15 de la C. Prov. y 18 de la C.N.).
Centralmente -tal como ha alegado el recurrente- entiendo que las razones en las que se ha basado la decisión de la Magistrada carece de fundamentos sólidos, siendo que culminó denegando la efectivización de declaraciones testimoniales, que resultaban ser medios de prueba que fueron debidamente ofrecidos y expresamente admitidos para ser producidas en el debate, máxime ante lo abstracto de los motivos alegados -como oposición- por la defensa y la importancia que revestían para la tesis de la acusación, lo que pone de relieve la arbitrariedad de la decisión.
En especial, dado el impacto que la negativa ha implicado para los fines que ha de perseguir el proceso, en relación a la consolidación de una investigación eficaz y a la búsqueda de la verdad (Art. 266 inc. 1 C.P.P. y Art. 2 ley 15.232).
Ello, en tanto, habiéndose admitido la prueba, ante la modalidad virtual propuesta por el Agente Fiscal para las declaraciones y que ha fundado razonablemente en diversas circunstancias, los argumentos expuestos por la Magistrada para rechazar esa vía de producción probatoria se perciben -a esta altura y al carecer de una justificación explícita más detallada- como meras afirmaciones dogmáticas que conllevan a una afectación al debido proceso legal.
Máxime, si se tiene en cuenta que ello ha resultado determinante para fundar el veredicto absolutorio, que se basó en la insuficiencia de prueba para acreditar las imputaciones, lo que le atribuyera al Fiscal por no procurar -por otras vías- la concurrencia presencial de las personas citadas a la sede del Juzgado en esta ciudad. Ello pone de relieve el perjuicio concreto que le ha causado la decisión a función del Ministerio Público Fiscal y, consecuentemente, a los derechos de la damnificada.
Destaco, especialmente, que el Agente Fiscal fundó el requerimiento para que se realicen las declaraciones por video comunicación desde la Ayudantía Fiscal de Carmen de Patagones, principalmente en que la víctima -al ser notificada- manifestó que carecía de medios económicos para concurrir y que tampoco tenía quien cuidara a su hijos menores de edad, al domiciliarse a más de 250 kms de esta localidad. Esas consideraciones, se presentan, en principio como razonables.
Ahora bien, la Defensa se opuso a esta petición respecto de C. C., G. M. y A. C., con fundamento en que "...la complejidad de la causa, la importancia de la declaración testimonial de las señaladas personas..." tornaba imprescindible que comparezcan personalmente a la audiencia "...para de esta forma efectuar un examen y/o contraexamen en forma efectiva, posibilitando el control de esta parte y garantizando así la inmediación y contradicción propia del debate...".
La Jueza de Grado sostuvo, para fundar el rechazo, que eran "...atendibles las razones invocadas por la defensa... toda vez que resultan testigos directo del hecho..." sin justificar en qué sentido esa cualidad incidía en el forma de recibir el testimonio o en las dificultades que la vía de comunicación propuesta podría generar; tampoco ha fundado en forma expresa por qué serían atendibles las razones planteadas por la Defensa. Esto es: en qué radicaría la alegada complejidad o por qué motivos la comunicación por video importaría un obstáculo para posibilitar que se realice "...un examen y/o contraexamen en forma efectiva..." o el control contradictorio (por parte de la defensa). Considero que la negativa, más allá de la escasa fundamentación ofrecida, evidencia un excesivo rigor formal, con base en presuposiciones sobre dificultades para el ejercicio de producción y control de la prueba, que resultaron conjenturales y que no han sido suficientemente respaldadas.
Esto, sin haber ponderado adecuadamente los distintos intereses involucrados, la entidad que esos testimonios podía tener para la acreditación de los hechos imputados y la razonabilidad de los motivos que subyacen a la petición, tratándose de personas que estaban a más de 250 km. de esta ciudad y que han expresado las dificultades económicas familiares que implicaba su concurrencia, a fin de evaluar en qué medida -y teniendo en cuenta todas esas circunstancias- la modalidad propuesta implicaba necesariamente una afectación a la defensa efectiva del procesado.
En ese sentido, es recomendable, a fin de garantizar un pleno ejercicio del derecho de defensa y de procurar una máxima eficacia en la búsqueda de la verdad que ha de guiar al proceso, que al decidir sobre admisibildad y producción probatoria en la instancia de debate oral, se valoren -entre otras cuestiones- la potencialidad y relevancia probatoria -y los posibles perjuicios que podrían derivarse de la decisión- y que ello se evalúe en forma concreta y a la luz de los hechos específicos. En el caso, los motivos de la denegatoria han resultado -a la luz de esas apreciaciones- infundados, en tanto no se han explicitado cuáles eran las razones concretas que respaldaban la dificultades que fueron alegadas, que han sido mencionadas en una forma meramente genérica, sin que se ofrezca ninguna justificación expresa que permita sostener que efectivamente ese medio tecnológico implicaba esos obstáculos en la comunicación, que afectarían la calidad de la producción de la prueba y el ejercicio de las facultades y derechos de las partes.
Esto evidencia el déficit del respaldo de la objeción de la defensa y de los fundamentos expuestos por la Jueza para rechazar la producción de las declaraciones por ese medio, siendo que, eventualmente, en caso de que se recibieran los testimonios por video comunicación y efectivamente se presentaran las dificultades que, en forma conjetural, anunció la defensa, bien podría porcurarse -en última instancia- la concurrencia en forma presencial y así sortear las comlejidades. Reitero, en caso de que eventualmente ocurrieran.
Agrego, incluso, que lo abstracto de las problemáticas plateadas por la defensa puede advertirse en forma clara a partir del desarrollo de la propia audiencia de debate, en la cual todas las declaraciones testimoniales prestadas fueron recibidas por video comunicación desde la Ayudantía Fiscal de Carmen de Patagones, desde donde se proponía -también- que se realizaran las restantes declaraciones que fueron rechazadas.
Ello, sin que hubiera existido inconveniente técnico alguno y sin que se evidenciara ningún tipo de dificultad para el desarrollo de su exposición, para la participación y percepción por parte de la Jueza, o para el ejercicio de las tareas de examen y contraexamen por el Fiscal y la Defensa.
La carencia de solidez en los fundamentos en los que basó la Jueza su decisión, teniendo en cuenta que la petición del Agente Fiscal evidenciaba una justificación -en principio- atendible y dado que la evidencia ofrecida -por la posible información que aportaría- podría resultar dirimente para la acreditación de los hechos que son materia de juzgamiento; la negativa ha implicado una vulneración del debido proceso legal, lo que justifica la declaración de nulidad de la decisión adoptada el 6/3/25, que propongo, como así también la nulidad del debate oral, debiendo luego proseguirse el trámite en legal forma y realizarse un nuevo debate (arts. 18 C.N.; 10 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 201, 202, 203 y ccdtes., 338, 363, 439 y 440 del C.P.P.B.A.).
Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ YESARI, DICE: Adhiero por sus fundamentos al sufragio precedente.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: Atento el resultado alcanzado al tratar la primera cuestión, corresponde declarar la nulidad de la decisión adoptada por la Jueza el 6/3/25, como así también la del debate oral, debiendo luego proseguirse el trámite en legal forma y realizarse un nuevo debate (arts. 203 y ccdtes. del C.P.P., 10 y 15 de la C. Prov. y 18 de la C.N.).
Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ YESARI, DICE: adhiero a la propuesta del Juez Barbieri.
Con lo que terminó el acuerdo que firman los Jueces nombrados.
Bahía Blanca, Y Vistos; Considerando: que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que es procedente el recurso interpuesto.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL RESUELVE: declarar la nulidad de la decisión adoptada por la Jueza el 6/3/25, como así también la del debate oral, debiendo luego proseguirse el trámite en legal forma y realizarse un nuevo debate (arts. 203 y ccdtes. del C.P.P., 10 y 15 de la C. Prov. y 18 de la C.N.). Notificar.
Cumplido, remitir a primera instancia.
Fin de la sentencia