Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala I de Bahía Blanca · Causa 26.593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar admisible y procedente la queja, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la decisión dictada por el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, el 23/12/24. Asimismo declarar abstracto el tratamiento de la cuestión de competencia trabada entre el Juzgado en lo Correccional nro. 2 y el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, que tramita en el incidente nro. 25983/I.
Hacer saber lo resuelto al Juzgado en lo Correccional nro. 2 Departamental.
Notificar al Ministerio Público Fiscal, a la Defensa, al imputado y a la particular damnificada.
En la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, reunidos en su Sala de Acuerdos, los Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, integrada por Gustavo Angel Barbieri y Natalia Margarita Giombi, para dictar resolución en IPP n° 26593/I "M. s/ queja" y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5.827, reformada por la nº 12.060), resultó que debe seguirse este orden, Jueces Barbieri y Giombi, resolviendo plantear las siguientes:
1ra.) ¿Son procedentes la queja y el recurso de apelación interpuesto? 2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: La abogada Iris Anahía Tejada en representación de la justiciable M. presentó queja ante esta Cámara de Apelación y Garantías, contra la resolución dictada por el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, por la que declaró inadmisible el recurso de apelación contra la resolución por la que se declaró la nulidad del dictamen fiscal del 15/11/24 y sus actos consecutivos.
Se agravió por considerar que la denegación del recurso se fundamentó en que no estaba formalmente constituida como particular damnificada, considerando que no resultaba exigible tal carácter para impugnar, siendo que lo decidido implicaba una afectación al derecho a ser oída, a la tutela judicial efectiva, al derecho de defensa y la igualdad ante la ley. Sostuvo que se había incurrido en una arbitrariedad al desconocer la facultad de la víctima de impugnar resoluciones que impactaban en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y aquellos que expresamente se le reconocen por los arts. 8.1 y 25 C.A.DD.HH, y por la ley 15.232 y el C.P.P. en el Art. 83.
Agregó que la diferencia conceptual entre "víctima con patrocinio letrado" y "particular damnificado" no puede transformarse en un obstáculo para el ejercicio de derechos fundamentales y que la decisión afectaba el principio pro persona establecido en el artículo 29 del C.A.DD.HH. Solicitó que se haga lugar a la queja y al recurso que interpuso por ante el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental.
Conforme surge del sistema Augusta, en dicho remedio -que no fuera concedido- la víctima expresó que "...la resolución impugnada me fue desconocida hasta este momento, razón por la cual el plazo para impugnarla no puede considerarse vencido, conforme principio de tutela judicial efectiva..." y que se encontraba "...legitimada para ejercer la presente impugnación en virtud de lo normado por el artículo 1 de la Ley 15.232 que garantiza la participación de la víctima en todas las etapas del proceso...".
En esa ocasión, cuestionó el contenido de la decisión por entender que la actuación del Ministerio Público Fiscal que se nulificó, resultaba válida y debidamente fundada, dado que se apoyaba en prueba objetiva. Expresó que la decisión del Tribunal en lo Criminal implicó un retroceso procesal incompatible con la tutela judicial efectiva, en lo que hacía a su pretensión de que se juzgue con un adecuado encuadre jurídico de los hechos y ante juez competente, siendo que la declaración de la nulidad del dictamen fiscal, sin que existiera perjuicio concreto, había vulnerado esos derechos de la víctima.
Alegó que la resolución fue dictada sin haber sido anoticiada o escuchada en su condición, afectando su derecho a ser oída, al principio de igualdad procesal y al bloque de constitucionalidad federal. Señaló que no se había presentado en autos una vulneración al principio de congruencia, remarcando que "...el dictamen fiscal cuestionado no constituye sentencia, ni genera indefensión..." y que se trataba de una etapa del proceso en la cual el Ministerio Público Fiscal podía y debía, adecuar la calificación legal a los hechos, siendo que la modificación del encuadre legal, no implicaba la introducción de hechos nuevos, ni modificaba la plataforma fáctica de la acusación, ya que "...simplemente ajusta la tipificación penal a la luz de nueva evidencia pericial incorporada de forma regular y conocida por todas las partes...".
A su vez, destacó que el imputado no se había visto privado de ejercer su defensa, ya que la pericia fue incorporada con debida notificación y control de la parte, y que "...No se trató de una “decisión infundada” como erróneamente afirma el Tribunal, sino de un acto motivado, basado en un dictamen técnico-científico oficial, y debidamente notificado...". Sostuvo que "...la decisión impugnada no sólo desconoce el principio de conservación del acto procesal, sino que además causa un perjuicio inverso a la víctima, al implicar un retroceso innecesario en el trámite del proceso..." y que "...el dictado de nulidad deviene en un acto de naturaleza meramente formalista, contrario al principio de eficacia procesal...".
Analizados los agravios y las razones esgrimidas por el Tribunal para rechazar la concesión del recurso de apelación interpuesto, propongo al acuerdo hacer lugar a la queja, declarar admisible y procedente la impugnación, y revocar la decisión cuestionada.
Así, en lo que hace a la admisibilidad del recurso que ha motivado la interposición de esta queja, señalo que, si bien al momento en que resolvió el Tribunal en lo Criminal sobre el rechazo del remedio la víctima no estaba constituida como particular damnificada, actualmente sí reviste dicho carácter y legitimación procesal, tal como surge del actuaciones obrantes en el sistema augusta (ver resolución del 13/6/25).
Esto, sin perjuicio de considerar que, incluso y aún sin revestir dicho carácter, justificaban su acceso a la vía recursiva, a fin de evitar que se consolidara una situación que pudiera resultar lesiva de los derechos que le asisten. En ese sentido, sostuve en la IPP RE 18.100/I que "...el rol de la víctima en el proceso ha evolucionado, siendo que hoy se reconoce su derecho a la tutela judicial efectiva (consagrado legal y convencionalmente en el artículo 8.1 de la C.A.D.H.), lo que conlleva derecho a la jurisdicción....".
Ello, teniendo en cuenta, especialmente, las consecuencias que se derivarían de la solución adoptada por el Tribunal en lo Criminal respecto de las pretensiones explícitamente articuladas por la víctima, en relación a la entidad de las lesiones sufridas y a la calificación legal que -dadas sus características- resultaría aplicable, lo que sería, a su vez, determinante en qué órgano jurisdiccional resultaría competente para intervenir. A su vez, agrego, no observo que la temporaneidad recursiva obste el entendimiento de esta Cámara, como señaló el Órgano de Grado, siendo que -y más allá de que no obran constancias que permitan determinar cuándo fue efectivamente notificada la víctima de la resolución que la agravia- ante la posible afectación a los derechos que podría consolidarse, declarar la inadmisibilidad del remedio intentado con base a ese solo fundamento implicaría un excesivo rigor formal.
Por ello, corresponde declarar admisible y procedente la queja y tratar el recurso de apelación.
Asimismo, respecto del fondo de los planteos impugnativos, considero que corresponde hacer lugar al recurso y revocar la decisión dictada por el Tribunal en lo Criminal en cuanto declaró "...la nulidad del dictamen fiscal del 15 de noviembre de 2024 y de los actos consecutivos que de él dependen...", pues no advierto que se hayan producido las afectaciones a derechos constitucionales del procesado que observara el Tribunal en lo Criminal y que habrían justificado esa decisión de invalidez.
Recuerdo, tal como lo señalé en al I.P.P. nro. 12.231/I en fecha 21/07/14, la doctrina emanada de precedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva -que en la provincia se le impone al Juzgador en el art. 3 del C.P.P.-; siendo que sólo cabe hacer lugar a tamaña sanción cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo, y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de procedencia (C.S.J.N., Fallos 311:1413 y 2337, y sus citas).
En autos, entiendo, no se presenta una afectación concreta de derechos, como la señalada, que respalde la nulidad decretada en lo términos exigido por el legislador provincial.
En ese sentido, señalo que las razones que motivaron la declinatoria de competencia solicitada por la Agencia Fiscal, y que se fundan en que las lesiones imputadas debían -por su entidad- ser consideras graves en los términos del artículo 90 del C.P. y no leves en los términos del artículo 89 (tal como fueran tipificadas en el curso de la investigación), no han implicado -sin más- una variación sustancial de los hechos materia de acusación que pudiera conllevar a una afectación al derecho de defensa y al debido proceso.
Tal como he sostenido en otras oportunidades, señalo que "...el llamado principio de congruencia es una derivación de la garantía de defensa en juicio establecida en el art. 18 de la C.N. (y 10 y 15 de la Provincial), y exige que medie correlación o identidad entre el hecho imputado en las sucesivas etapas procesales y el establecido en el veredicto y la sentencia, para así evitar la sorpresa procesal que supondría la alteración de la plataforma fáctica y el consecuente perjuicio que tal circunstancia supondría para la estrategia de la defensa...".
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha explicado que "...el cambio de calificación adoptado por el tribunal será conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole 'formular sus descargos'..." (C.S.J.N., Fallos: 319:2959, votos de los jueces Petracchi y Bossert, con cita de Fallos: 242:234). En esta causa, el cambio de calificación propuesto por la Fiscalía responde exclusivamente a la apreciación de cuál es la figura legal a la que se corresponden las lesiones imputadas -que fueran constatadas en el curso de la instrucción y aún antes del ofrecimiento de prueba- en virtud de la entidad que han tenido y de las consecuencias que se derivaron para la salud de la víctima.
Como puede advertirse de la lectura del expediente, la modificación del tipo penal aplicable responde, solamente, a una nueva evaluación de las características y evolución de las lesiones que han sido consecuencia de las acciones que se le imputaron al procesado, por lo que el supuesto fáctico que es materia de acusación no ha sufrido alteración alguna. Máxime si se tiene en cuenta que las características de las lesiones que justificaron su calificación como graves ya habían sido constatadas e informadas en el certificado médico realizado 1/3/24 -que ofrecido como prueba para el debate por la Fiscalía-, donde consta que "...Solicito TAC de torax donde se observa fractura anterior de 10° costilla...".
Así, entiendo, no puede considerarse que la calificación legal propuesta haya conllevado sorpresa que puede provocar un desbaratamiento de las estrategias de defensa que podrían llevarse a cabo. Especialmente, si se tiene en cuenta que aún resta la realización del juicio que es la oportunidad en la que podrá articular todos los planteos y argumentos que hagan a su contraposición a la hipótesis de la acusación o en respaldo de la versión defensista.
Tal como expuse en la I.P.P. 9386/I "...Lo importante de la información acerca del hecho que se atribuye pasa por la circunstancia de que pueda ser comprendida cabalmente por el imputado y éste tenga la posibilidad de oponer los medios que hacen a su defensa, en tiempo oportuno.
Así la congruencia es consecuencia directa del principio de contradicción que debe presidir en esencia todo proceso, entendido éste como sinónimo de juicio, y también como un elemento fundamental para que se respete la inviolabilidad de la defensa. Ambas garantías se encuentran consagradas constitucionalmente, tanto en el derecho al juicio previo respetuoso del debido proceso, como en el mandato de que la defensa sea inviolable (art. 18 CN y 10 y 15 de la Provincial). (...) Ello también teniendo en cuenta que en el proceso penal, podemos hablar de una “pretensión evolutiva o progresiva” y a diferencia del civil, la pretensión no se deduce en un sólo y único acto, sino que sigue un “orden escalonado”. Este comienza con el decreto que promueve la investigación penal, se manifiesta a lo largo de la instrucción mediante la actividad de instar diligencias (en particular con la descripción del art. 308 y la congruente de la requisitoria de citación a juicio del 334), y culmina, una vez abierto el juicio oral, como pretensión objetiva en los lineamientos de acusación (hechos objeto del juicio y calificación provisional sometida a debate), definiéndose y produciéndose la calificación definitiva en los alegatos conclusivos.
De esta manera, la pretensión evolutiva en el proceso penal se entiende como un movimiento hacia la perfección en nuestro caso, hacia una acusación completa, que a su vez debe ser mantenida por quien se encuentra legitimado para ello, de modo que cuando existan fundamentos requerirá, la actuación del derecho material en el caso concreto...". Incluso, y en lo que hace a las posibilidades con las que se ha contado para el ejercicio adecuado del derecho de defensa, la realización de una determinación médica sobre el carácter que podría asignarse a las lesiones ya constatadas -a partir de lo manifestado por la víctima en la audiencia realizada en el Juzgado en lo Correccional- fue puesta en conocimiento de la defensa que, incluso y en forma expresa, manifestó "...autorizar que el reconocimiento médico legal se efectivice en el día de hoy (13/11/24) por personal médico idóneo de la Asesoría Pericial...". Esto aleja, a su vez, la posibilidad de alegar que ese examen haya sido realizado en forma sorpresiva, subrepticia o sin que la defensa contara con posibilidades de participar en su realización, no pudiendo considerarse que esa actuación pericial realizada como instrucción suplementaria, constituya la incorporación de hechos nuevos o una variación del supuesto fáctico que es objeto de juzgamiento en el proceso.
Por lo expuesto, corresponde declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la decisión dictada por el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, el 23/12/24, debiendo remitirse el incidente a dicho órgano a fin de que continúe el trámite del proceso conforme a los alcances que surgen de este voto en lo que hace a la validez de los actos realizados.
Atento la solución que aquí se propone, han perdido actualidad las razones que han motivado la cuestión de competencia trabada entre el Juzgado en lo Correccional nro. 2 y el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, que tramita en el incidente nro. 25983/I del registro de esta Sala, por lo que corresponde declarar abstracto su tratamiento y agregar copia de la presente en ese expediente.
Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN LA JUEZA GIOMBI, DICE: Adhiero por sus fundamentos al voto precedente.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL JUEZ BARBIERI, DICE: Atento el resultado alcanzado al tratar la primera cuestión, corresponde declarar procedente la queja, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la decisión dictada por el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, el 23/12/24, y declarar abstracto su tratamiento la cuestión de competencia trabada entre el Juzgado en lo Correccional nro. 2 y el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, que tramita en el incidente nro.
25983/I.
Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA JUEZA GIOMBI, DICE: adhiero a la propuesta del Juez Barbieri.
Con lo que terminó el acuerdo que firman los Jueces nombrados.
Bahía Blanca, Y Vistos; Considerando: que en el acuerdo que antecede ha quedado resuelto que son procedentes la queja y el recurso de apelación presentados.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este TRIBUNAL RESUELVE: declarar admisible y procedente la queja, hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la decisión dictada por el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, el 23/12/24. Asimismo declarar abstracto el tratamiento de la cuestión de competencia trabada entre el Juzgado en lo Correccional nro. 2 y el Tribunal en lo Criminal nro. 1 Departamental, que tramita en el incidente nro. 25983/I.
Hacer saber lo resuelto al Juzgado en lo Correccional nro. 2 Departamental.
Notificar al Ministerio Público Fiscal, a la Defensa, al imputado y a la particular damnificada.
Fin de la sentencia