Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe encuentra plenamente acreditada a partir del informe de novedad inicial, pues se da cuenta de la intervención inmediata ante el hecho de colisión; asimismo todo el material probatorio reseñado supra; es en todo congruente con las secuencias fílmicas que ubican al motovehículo circulando por calle Rivadavia en sentido norte-sur.
La dinámica del hecho como resultado del informe de la Lic. Calgaro es relevante dado que concluyó que la motocicleta circulaba por calle Rivadavia, y el vehículo conducido por la imputada lo hacía por calle Saavedra; el automóvil ingresa a la intersección y embiste a la motocicleta. Dicho informe sumado a todo el material con que se cuenta en autos, sientan las bases de la probabilidad necesaria en esta instancia procesal para arribar al procesamiento impugnado.
Surge claramente de autos que la Sra. I. V. L., omitió el deber de cuidado que implica respetar la prioridad de paso correspondiente a la arteria Rivadavia, tal y como lo expresa la Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449, que establece textualmente: “ARTICULO 41. PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: a) La señalización específica en contrario; b) Los vehículos ferroviarios; c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión; d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. …
TOMO: XXII REGISTRO: 004 FOLIO: 024/ 040
Caleta Olivia, 27 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “I., V. L. S/ LESIONES GRAVES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO” Expte. Nº I-53.186/21, N° de Juzgado de Recursos 8476/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 110/113, el Sr. Juez de Instrucción decidió: “…DECRETAR EL PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de V. L. I., D.N.I 27.831.836, en virtud de lo establecido por los arts. 278, 289 y concordantes del C.P.P., por encontrarla prima facie autora penalmente responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR CONDUCCIÓN DE VEHICULO AUTOMOTOR (Art.84 bis. del C.P), decretando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($9.203.800) (Arts. 499 y ccs. del C.P.P)”
Contra dicha resolución el Sr. Defensor Particular, doctor Carlos Toledo Vargas, interpone recurso de apelación a fs. 118/119, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 120.
En esta instancia es mantenido a fs. 135, por el Dr. Toledo Vargas, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal a fs.140/141, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. II.- Al motivar el recurso la defensa sostiene que no se encuentran acreditados los elementos objetivos y subjetivos necesarios para atribuir a la imputada el delito de homicidio culposo por la conducción de vehículo automotor. Afirma que la resolución recurrida le ocasiona un gravamen irreparable al disponer su procesamiento sin base suficiente y solicita, en consecuencia, su revocación. Se agravia sobre que el Juez de Instrucción haya considerado que la imputada ingresó a la intersección sin respetar la prioridad de paso de la arteria Rivadavia, infringiendo las normas de tránsito y el estándar de conducción diligente. La defensa sostiene que el hecho habría ocurrido de una manera diferente y que no corresponde atribuir el resultado mortal como consecuencia directa de una conducta imprudente de su defendida.
Atribuye relevancia causal decisiva a la conducta de J.
L. C.. Señala que la víctima circulaba en una motocicleta que no le pertenecía, sin casco protector y sin carnet habilitante. También cuestiona que estuviera acreditada su aptitud para conducir motocicletas. Con base en esas circunstancias, sostiene que el resultado mortal no puede imputarse jurídicamente a la conductora del rodado. Afirma que la muerte se produjo por el golpe sufrido en la cabeza y que dicho desenlace fue consecuencia directa de la falta de uso de casco protector. Sostiene que, de haber utilizado casco, el resultado podría haberse limitado a lesiones y la víctima podría haber sobrevivido.
Por ello considera que la propia conducta de J. L. C. habría sido determinante del resultado y que nada resulta reprochable a la imputada, por lo que solicita la revocación del procesamiento.
Cuestiona el monto de $ 9.203.800 fijado como embargo, al considerarlo excesivo e innecesario. Argumenta que no existe intervención de familiares de la víctima en la causa que permita prever un reclamo resarcitorio y que tampoco existiría reclamo por la vía civil. Asimismo, sostiene que cualquier acción de reparación de daños y perjuicios se encontraría prescripta, razón por la cual entiende que no corresponde mantener un monto destinado a garantizar una eventual reparación. En esta instancia al ampliar fundamentos reitera los agravios mencionados al motivar la apelación.
III.-Establecidos los agravios debe ingresarse al estudio del hecho y la prueba que motivaron el dictado de la resolución cuestionada.
Como base hermenéutica, y respecto a las reglas generales que gobiernan la tipicidad culposa, cabe señalar que, en los autos caratulados: “SR. AGENTE FISCAL S/ Requiere Instrucción” Expte. Nº 69.310/18, N° de Juzgado de Recursos 7074/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "V.- Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Cabe precisar que la ley penal prohíbe conductas, activas y omisivas y además conductas finales (léase dolosas) y conductas que prohíben no por la finalidad sino por la selección de los medios que viola un deber de cuidado. Las conductas dolosas pueden ser activas y omisivas y las conductas culposas pueden ser activas y omisivas, pero todas las conductas humanas tienen un fin en sí mismas cuando se expresan. La conducta dolosa es tan final como la culposa, la diferencia es que el tipo penal, es decir la ley, el tipo objetivo, no prohíbe teniendo en cuenta la finalidad, sino, como se decía, la violación de un deber de cuidado en la selección de los medios de realización de la conducta, que causa un resultado (lesión o muerte, etc.), conforme las características de cada tipo especial culposo.
El Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni en su "Manual de Derecho Penal Parte General" editorial Ediar, Ed. actualizada al 2006, en el capítulo 16, págs. 427, y ss. expresa que: "Todas las acciones que tipifican los tipos dolosos son concebibles en la comisión por negligencia, pero sólo algunas están tipificadas... Además acciones sin finalidad no son acciones. Por último, tampoco es cierto que en los tipos culposos no sea relevante la finalidad, porque si bien no se individualiza la conducta por la finalidad, es necesario conocer ésta para poder determinar la tipicidad imprudente. En tanto que el tipo doloso individualiza la acción prohibida por el fin perseguido por ella, el tipo culposo lo hacen en razón de que la programación de la causalidad, por violar un deber de cuidado, produce un resultado típico... los tipos culposos son tipos abiertos, es decir, que necesitan una norma de cuidado que los complete o cierre, lo que no se explica por efecto de mera arbitrariedad legislativa, sino porque es imposible prever las innumerables formas en que la realización de una acción puede violar un deber de cuidado y crear un peligro.
El tipo culposo impone, por ende, un avance en dos momentos para cerrar el juicio de tipicidad: en el primero se averigua, conforme a la acción realizada, cuál es el deber de cuidado; en el segundo se averigua si la acción lo viola... Por ello el tipo debe determinar que previsibilidad es típicamente relevante, o sea, que debe haber un límite objetivo para ello, que está dado por la creación de un peligro prohibido por violación de un deber de cuidado. ... El único dato de la realidad verificable -y que no puede confundirse con éste- es la existencia de un standar mínimo de previsibilidad, compartido por casi todos los integrantes de una cultura: en tanto que el standar medio es imaginario, el mínimo es real y verificable...
Este standar mínimo verificable cumple una importante función procesal, pues hace poco creíble el alegato de desconocimientos groseros. ...es preferible optar decididamente por la capacidad individual de previsión como indicador de la medida de la tipicidad. ...Como se ha dicho los roles son dinámicos...".- En relación a este tipo penal, Donna explica que "...Las acciones imprudentes sólo son punibles en la medida en que producen determinados resultados. La acción disvaliosa debe necesariamente conectarse con un resultado disvalioso. El homicidio culposo integra la categoría de los delitos de resultado sin el cual - en este caso la muerte -, no configura el injusto en examen... El resultado - en este caso la muerte - es una exigencia constitutiva del tipo.
La relación de causalidad entre el resultado y la acción forman parte del tipo objetivo del delito culposo..." (EDGARDO ALBERTO DONNA, "Derecho Penal parte Especial, T I, Ed. Rubinzal Culzoni, 2007, pág 230.).- Vemos pues, que las acciones imprudentes o negligentes, por sí solas, no están sancionadas por la Ley Penal, sino que es necesarios que esa acción provoque (relación de causalidad) un resultado típico penalmente (muerte o lesiones).- Al analizar el delito de Homicidio Culposo, Donna también explica claramente que "...los delitos imprudentes sólo son punibles en la medida en que el tipo delictivo está expresamente contemplado en la ley como forma de garantizar el principio de legalidad...Sin embargo en nada vulnera este principio la circunstancia de que los delitos culposos o imprudentes son denominados "tipos abiertos" en la medida en que el juez o intérprete determina la acción imprudente completando el tipo de injusto, dado que no es posible que el legislador describa con exactitud todos los comportamientos imprudentes...Se trata de una remisión tácita a la autoridad judicial...Lo que si hay que hacer - sostiene Muñoz Conde - es buscar un punto de referencia para comparar la acción realizada y determinar si ha sido imprudente; tal referencia lo constituye el deber objetivo de cuidado.
La naturaleza de la imprudencia está dado por la infracción al deber objetivo de cuidado o la infracción a la norma de cuidado...Explica Zaffaroni que la característica esencial del tipo culposo y lo que lo diferencia del doloso, es la forma de individualizar la conducta prohibida. En tanto en el doloso la conducta se ciñe a una descripción, en el culposo ésta permanece indeterminada y determinable en el caso concreto...Se sanciona cualquier conducta que causa determinado resultado lesivo, siempre que el resultado sea previsible y la conducta viole un deber de cuidado de modo determinante para la producción del resultado....Es entonces que, para este autor, la indeterminación de la conducta prohibida lo es prima facie pero nunca es absoluta.
La norma de cuidado que integra el tipo imprudente es una norma de determinación que persigue evitar la lesión al bien jurídico, motivando a los ciudadanos a no realizar conductas constitutivas de delitos. Determina una de las formas en que debe realizarse la conducta para que ésta sea correcta...." (EDGARDO ALBERTO DONNA, "Derecho Penal parte Especial, T I, Ed. Rubinzal Culzoni, 2007, pág 234.).-Es así, que si bien el artículo 84 del Código Penal no determina concretamente las conductas que quedan abarcadas por tipo penal, otorga a la función jurisdiccional las herramientas para determinar si en el caso concreto, las conductas como la atribuida al imputado, encuadran dentro del mismo.- En relación al nexo o relación de determinación, en la obra "Derecho Penal, Parte General", de Carlos Alberto Chiara Díaz, Ricardo Alberto Grisetti y Daniel H.
Obligado, con la colaboración de Carlos Christian Sueiro, de editorial La Ley, Primera Edición del año 2011, págs. 371 y ss. señalan que: "Quien conduce por una carretera a excesiva velocidad, viola un deber de cuidado, pero no habrá homicidio culposo si arrolla al suicida que diez metros antes se arroja al paso del vehículo desde la copa de un árbol frondoso vecino a la carretera, porque aún en el caso en que no se hubiese excedido la velocidad prudente tampoco hubiese podido frenar ni esquivar al sujeto. Este y otros casos de similar textura demuestran que no basta con que la conducta sea violatoria del deber de cuidado y cause el resultado, sino que, además, debe mediar una relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y la causación del resultado, es decir que la violación del deber de cuidado debe ser determinante del resultado.
La relación de determinación no es, en modo algino, una relación de causalidad. Causalidad hay cuando la conducta de conducir un vehículo causa a alguien la muerte, haya o no violación del deber de cuidado. Lo que aquí se requiere es que en una que haya causado el resultado y que sea violatoria de un deber de cuidado, el resultado venga determinado por la violación del deber de cuidado. Para establecer esta relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y la producción del resultado, debe acudirse a una hipótesis mental: debemos imaginar la conducta cuidadosa en el caso concreto; y si el resultado no hubiese sobrevenido, habrá una relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y el resultado; por el contrario, si aún en el caso en que la conducta hubiese sido cuidadosa, el resultado se hubiese producido, no existirá relación de determinación entre la violación del cuidado debido y el resultado".
La jurisprudencia ha sostenido que: "Para determinar si hubo o no culpa en el homicidio de la víctima producido en un accidente de tránsito -en el caso, había sido arrollada por una moco cuando cruzó en luz roja una calle-, éstas deben evaluarse según los preceptos de la sana crítica a fin de determinar si el autor observó el deber de cuidado, mandato generalizante que encierra no sólo la atención al ordenamiento jurídico, sino que trata de un concepto mucho más amplio dado por los parámetros de normalidad social de las conductas observadas dentro de la actividad de que se trate" (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, 24/09/2001, Muradas, Víctor H. La Ley 2002-B, 218, La Ley Online). Asimismo se ha señalado que: "Cabe recordar primeramente, como ya lo ha hecho el tribunal anteriormente (conf.
Causa Nro. 25.787 "Torres Alberto R. S/ Homicidio Culposo" del 23/12/04), que la figura prevista por el art. 84 del C.P. -como tos los tipos culposos- consiste en unos tipos penales abierto que requieren de una norma de cuidado para ser cerrado, de lo que se deduce que su contenido se construye en base a reglas dogmáticas y lógicas previamente establecidas, en el caso concreto." (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Sala V, 02/06/2006., Risk, Néstor y otro, La ley Online).- En los autos caratulados: “HITA IRIGOYEN, MARIO EDUARDO S/HOMICIDIO CULPOSO”, Expte. Nº 2425 (H-684/11/TSJ), de fecha 23 de septiembre de 2011, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "Así las cosas, en función de los elementos probatorios se encontró debidamente acreditado que el Dr.
Mario Eduardo Hita en su condición de médico de Gendarmería Nacional de Perito Moreno, indicó un tratamiento médico para la artritis reumatoidea al suboficial de dicha fuerza Modesto Barrios sin ordenar la práctica de los estudios previos que indicaba el protocolo médico, prescribiendo el medicamento conocido comercialmente como "Crytion" en dosis superiores a las tolerables, lo que produjo una intoxicación con sales solubles de oro que en relación de causalidad produjo una insuficiencia renal y hepática que ocasionó la muerte de Barrios. El marco temporal en que fueron administradas las ampollas de sales de oro, se verificó en los días 25, 27, 28, 29 y 30 de abril y en 9, 14 y 15 de mayo de 2001...
Como se puede constatar, la evaluación llevada a cabo por el Tribunal responde, a lo que Palacio, describe como "atendibilidad de la prueba", entendiendo por ello la idoneidad o aptitud que posee la misma para generar la convicción del juez acerca de la existencia o inexistencia de los hechos examinados (Lino Enrique Palacio "La prueba en el proceso penal", Abeledo Perrot, 2000, pág. 41); por lo tanto las objeciones defensivas, no logran opacar el razonamiento brindado por los magistrados.- VII.-) Antes de continuar examinando las alternativas de la causa, cabe precisar que en los delitos culposos, la finalidad del autor no se dirige a la realización del tipo, pero éste se cumple como consecuencia de la negligencia, es decir, la falta de cuidado observada por el autor (Enrique Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, Ed.
Hammurabi 3ª edición 1994, pág. 187).- Es decir, que el fundamento de la imputación penal reside en el "...desprecio que el autor demuestra respecto de los bienes jurídicos ajenos. En el delito culposo, en consecuencia, finalidad y comportamiento, no coinciden... esta discrepancia está compensada por la infracción del cuidado debido, que es por tanto, el fundamento del reproche penal..." ("Bacigalupo, Enrique, "Manual de Derecho Penal", Ed. Temis, Bogotá, 1996, pág. 211).- En torno a la cuestión en análisis, señala Welzel que "...En la comisión imprudente, la resolución de voluntad del autor no va dirigida a la producción de un resultado típico. Sin embargo, la voluntad tiene que atender también -en la selección y utilización de los medios- a las consecuencias que éstos puedan producir, junto al fin o en su lugar: el orden jurídico establece que en la realización de toda acción que pueda tener como consecuencia (no querida) la lesión de un bien jurídico, se observe el cuidado necesario para evitar dichas consecuencias.
En cuanto al fundamento de punición del delito imprudente, éste es doctrinalmente reconocido en el desprecio demostrado por el autor respecto de los bienes jurídicos ajenos, tanto por no haber pensado en la lesión causada como por la falsa suposición de que su acción no causaría lesión alguna. Así, lo injusto no sólo encuentra su contenido en las acciones que, unidas a un resultado desvalorado, implican un deliberado ataque a bienes jurídicos, sino en aquellas impregnadas de un nivel de desaprensión o desidia, consciente o inconsciente, constitutivas de una lesión o puesta en peligro de bienes o intereses estimados como socialmente importantes..." (Welzel, Hans, "El nuevo sistema del Derecho Penal.
Una introducción a la doctrina de la acción finalista", versión castellana, Barcelona 1964, p. 112).- En relación a los casos de mala praxis médica, señala la doctrina que pueden encauzarse por dos caminos diferentes, el penal y el civil.- En el penal "...la lesión del bien jurídico (la vida, la integridad y salud física o psíquica del paciente) no es voluntaria, pero la responsabilidad penal por imprudencia se fundamenta en que el autor -sea quien fuere- ha infringido en su actuación determinados deberes de cuidado o diligencia, infracción que ha conducido a la indicada lesión del bien jurídico. El fin que persigue el autor del hecho en estos supuestos no interesa al Derecho Penal, es irrelevante para el tipo de lo injusto de los delitos imprudentes incluso tal fin puede ser muy valioso socialmente (como lo es tratar a un paciente, por ejemplo), pero lo que sí importa es la manera en que actuó el autor, esto es, los medios empleados y cómo los utilizó la falta de diligencia debida en su actuación, lo que pudo conducir a ese resultado involuntario y hasta tal vez ni siquiera previsto, aunque fuera objetivamente previsible.
Dadas las características que presenta el delito imprudente, puede afirmarse que esta clase de responsabilidad es la que aparece con más frecuencia en los actos profesionales en general y, particularmente, en los actos delictivos de los médicos y del personal paramédico y sanitario..." (Cfr. "Revista de Derecho Penal, Delitos culposos" -II, Carlos María Romeo Casabona, "La Responsabilidad Penal del Médico por Mala Práctica Profesional", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa FE, 2003, pág 15).-" (La negrita es de mi autoría) Sin perjuicio de lo señalado respecto de la tipicidad culposa en general, dadas las especiales características del caso en análisis, corresponde delinear las funciones del médico anestesista y los alcances de la misma, según la doctrina y la jurisprudencia, a los fines de un correcto encuadre del mismo.
La doctrina ha señalado como funciones del anestesiólogo, las siguientes: “El anestesiólogo es el responsable de manejar sus funciones vitales, incluidas la respiración, la frecuencia cardiaca y la presión arterial mientras es anestesiado. Durante la intervención, el anestesiólogo realiza valoraciones médicas y es el responsable del manejo de su estado físico. Si el paciente presenta cualquier problema médico durante la cirugía, lo diagnostica inmediatamente y lo trata. El papel primordial del anestesiólogo dentro del quirófano va mucho más allá de "dormir" a los pacientes, y consiste en proteger y regular sus funciones vitales de forma que la intervención quirúrgica le ocasione las menores alteraciones posibles.
Estos especialistas son, de hecho, los doctores encargados de diagnosticar y tratar cualquier problema o incidente médico que surja durante la intervención o en el período inmediatamente posterior. El anestesiólogo es contemplado actualmente como el especialista "perioperatorio", esto es, el encargado del cuidado médico del paciente a todo lo largo de su proceso quirúrgico. Ello incluye el estudio y preparación del mismo antes de la intervención (preoperatorio), la supresión del dolor y la vigilancia de las constantes vitales durante la cirugía (intraoperatorio), y la continuación de estos cuidados una vez finalizada la intervención, hasta que el paciente está en condiciones de volver a la sala de hospitalización (postoperatorio), todo ello manteniendo una comunicación permanente con el equipo de cirujanos.” Y respecto a las funciones de registración, se ha señalado que: “La historia clínica resulta un elemento de trascendencia vital para el galeno en lo que a su defensa se refiere.
La desidia o falta de especificidad en ella juega en contra del médico anestesiólogo. Al respecto se resolvió que los médicos demandados deben responder por el fallecimiento de una mujer con antecedentes de diabetes gestacional, sobrepeso e hipertensión arterial que falleció tras una operación cesárea de un embarazo gemelar, en tanto no se puede saber por los escasos datos de la historia clínica cuál fue el temperamento seguido por los galenos desde el momento en el cual la paciente presentó anoxia hasta que recuperó la saturación de oxígeno, lo cual provoca una presunción en contra de aquellos[Rincón Arenas, Luis Fernando vs. Hominis S.A. s. Daños y perjuicios, CNCiv. Sala D; 07/06/2019; Rubinzal Online;
www.rubinzalonline.com.ar, RC J 7441/20].” Con relación al deber de diligencia y de actuar con premura, por parte del médico anestesiólogo, se ha indicado que: “El deber de diligencia importa una atención constante ante cualquier signo que se produzca dentro de todo el acto médico… Asimismo se resolvió que un anestesista debe ser responsabilizado por las consecuencias dañosas sufridas por una mujer que quedó en estado vegetativo luego de sufrir una bradicardia al someterse a una cirugía laparoscópica programada, pues no estuvo atento a la evolución de la paciente durante todo el acto para advertir cualquier irregularidad, lo cual se evidencia porque el primer signo de que esta atravesaba un cuadro crítico -congestión pelviana- fue advertido por el cirujano; por lo que existió una relación causal entre la falta de cumplimiento de los deberes de control impuestos por las reglas de su especialidad y la pérdida de chance de superar el cuadro médico[B., V. E. y otros vs. S., A. y otros s. Daños y perjuicios, CNCiv. Sala M;
22/03/2018; Rubinzal Online;
www.rubinzalonline.com.ar, RC J 2837/20]”.
(Conforme “Responsabilidad del anestesiólogo”
Autor: Jalil, Julián Emil, Rubinzal Online Cita: 3324/2020, Fecha de publicación: 16/11/2020) La jurisprudencia, por su parte, ha delimitado las especiales funciones del anestesista, respecto de las del cirujano, estableciendo que: “La Cámara, siguiendo a la Corte Suprema de Justicia, considera errado responsabilizar a ambos galenos ya que remarca la autonomía del anestesista y destacaba que la Corte ha resuelto que "la autonomía científica y técnica que caracteriza la función del anestesista obsta al establecimiento de una relación de subordinación con el cirujano, quien carece de facultades para ejercer un control o vigilancia respecto de los actos propios de otra incumbencia profesional, limitándose su órbita legal de fiscalización -y por ende su responsabilidad- a los actos de su personal auxiliar.
En el caso el problema se dio durante la recuperación anestésica; y aun si, temporalmente, hubiera sido durante la cirugía, nada nos indica que esto tendría que ver con la cuestión de la hernia, de la que se estaba ocupando el cirujano”. (Conf. G. G. y otro vs. G. A. S.A. s. Daños y perjuicios responsabilidad profesional (Excluido estado) /// CCC Sala II, Morón, Buenos Aires; 21/12/2021; Rubinzal Online; 57012; RC J 9166/21) Además, y respecto de las incumbencias del anestesista, se ha sentado el siguiente criterio: “Resulta autor del delito de homicidio culposo, el anestesista que no controló previamente el estado del material atinente a su función, razón por la cual se produjo durante la intervención una falla en la oxigenación, que podría haber sido detectada previamente y que, en definitiva, condujo al deceso de la víctima; pues obviamente es de incumbencia exclusiva de dicho especialista controlar el instrumental antes y durante el acto quirúrgico, en el cual se presupone la división del trabajo entre los miembros del equipo médico, como también la distribución de sus tareas.” (Conf.
C.N.A.Crim. y Correc., Sala VII, 23/08/1994, "Lanzalot, Alejandro D.", Causa Nº 19.838. Jueces: Ouviña, Bonorino Peró. (pjn.gov.ar) /// -; Penal; 19838; RC J 6784/00) El cimero tribunal provincial, por su parte, ha fallado, expresando que: “Debe desestimarse el agravio referido a la inexistencia de culpa como elemento de tipo penal, cuando de: las pruebas aportadas a la causa se evidencia acreditada la relación causal y la negligencia del encartado por su falta de cuidado, manifestándose en conductas omisivas, ya que es de buen arte anestesiológico advertir la desentubación o errónea intubación, a tiempo antes que se manifieste a nivel cardíaco -en el caso de autos se manifiestan las conductas omisivas mediante la falta de contralor de los signos vitales de la paciente por parte del anestesista, la falta de asistencia respiratoria al momento de producirse la recolocación del tubo, la falta de comunicación de lo que estaba aconteciendo al médico cirujano-.
Lo que permite acreditar la relación de causalidad entre el actuar culposo y el resultado la muerte del paciente.” (Conf. Edelstein, Néstor Sergio s. Homicidio culposo /// TSJ, Santa Cruz; 05/04/2000; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Santa Cruz; RC J 700/13) Asimismo, tanto en la jurisprudencia como en la dogmática, el conjunto de conocimientos científicos o técnicos que, regulados específicamente o no, establecidos en las prácticas de las distintas profesiones, es lo que se denomina como Lex Artis, y hay que ingresar en el análisis de cada una en particular cuando se resuelve un caso penal, pues es necesario0 establecer cuál es el deber de cuidado debido en cada caso, siempre teniendo en cuenta la coyuntura fáctica de la situación particular, y la acción del sujeto activo.
No podemos perder de vista que en el delito culposo, todo el que pone una causa que determina el resultado lesivo es un autor. Sobre el alcance del término Lex Artis, se ha entendido lo siguiente: ”La expresión lex artis se emplea para referirse a una apreciación sobre si la tarea ejecutada por un profesional médico se ajusta o no a lo que debe hacerse. Si el acto médico se ajusta a las reglas técnicas pertinentes se habla de una buena praxis. La mala praxis es no cumplir adecuadamente con el estado de los conocimientos de la profesión y con sus reglas de procedimiento para alcanzar resultados semejantes a los de la mayoría de profesionales en las mismas circunstancias. Dada la diversidad de situaciones y circunstancias concurrentes en la actividad médica, con las singularidades y particularidades de cada caso que influyen en la determinación de la regla técnica aplicable, en la doctrina y la jurisprudencia se habla de lex artis ad hoc como principio que ha de dirigir la práctica médica.
Lex artis ad hoc es entonces el criterio valorativo de la corrección del acto médico ejecutado teniendo en cuenta las exigencias de la profesión médica, la complejidad y trascendencia vital del acto, y la influencia del conjunto de otros factores como el estado del enfermo y su pronóstico, las opiniones y deseos de sus familiares y la visión de la institución de salud.” (Conforme “Bioética de los derechos humanos en muerte digna. Fundamentación y práctica de las decisiones en el caso Camila Sánchez” - Por Juan Carlos Tealdi, en la obra “La Muerte Digna”, editorial La Ley, página 110/111) Sobre estos principios hermenéuticos de naturaleza dogmática y jurisprudencial, los que en términos generales son compartidos por la mayoría de la doctrina y tribunales nacionales, es necesario destacar que el incumplimiento del deber de cuidado, como ha quedado expresado, tiene relación directa con la conducta desempeñada por el agente y por el contexto y el sentido de la misma.
Debemos tener en claro la secuencia fáctica, a fin de poder analizar la conducta y la subsunción de la misma. En los autos caratulados: “IRUSTA, BRIAN EZEQUIEL S/Homicidio en Grado de Tentativa” Expte. Nº I-36635/23, N° de Juzgado de Recursos 7116/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Sin embargo, discrepo con la subsunción legal que efectúa el Sr. Juez de Instrucción. Cabe señalar, que el resultado lesivo, si bien es un dato informativo que se debe analizar para realizar el juicio de subsunción, el mismo no es el que lo define. En el análisis de una conducta, debe tenerse en cuenta además, el contexto en la cual la realiza el sujeto activo, así como la forma que la misma se expresa en autos, para poder realizar un correcto juicio de subsunción.
Como principio rector de análisis, cabe mencionar aquí que en los autos caratulados: “TOLEDO LEMI S/Lesiones R/ VÍCTIMA ” Expte. Nº 34779/22 T, N° de Recursos 6717/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "Estos son los hechos. El móvil o motivo del mismo, resulta claro de la circunstancia fáctica acaecida momentos antes del ataque que realiza la acusada, y que la misma, por lo demás, lo reconoce en su segunda declaración indagatoria... Los hechos son los que gobiernan el rito penal. Los hechos son las conductas humanas materializadas en la realidad y que adquieren relevancia jurídico penal cuando las mismas subsumen típicamente. Los hechos no pueden ni deben ser alterados por las interpretaciones que de ellos se hagan.
Los hechos hablan por sí mismos y el Juzgador lo que hace es inscribir jurídico-penalmente los mismos en un proceso penal para garantizar la realización del valor justicia, valor establecido en el preámbulo de la Constitución Nacional, "Afianzar la Justicia". El análisis jurídico que se haga de los hechos y las proposiciones fácticas que de los mismos se desprendan como base de una imputación no pueden ni deben alterarlos, transmutarlos o transformarlos. El principio de razonabilidad establecido en los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional impacta en todo el orden jurídico y se aplica a los hechos y al derecho. Sobre este andamiaje, cabe remarcar que la existencia material del hecho investigado y su autoría no se encuentran controvertidas.-" Expresado, entonces, y como se dijera, que los hechos son los que gobiernan el caso penal, y que para la determinación del hecho punible es necesario la reconstrucción histórica de lo sucedido, debemos relevar en autos los hechos acreditados, con el grado de probabilidad exigida en esta etapa, lo que allende la interpretación que de los mismos se hagan respecto del alcance jurídico, no pueden ser objetados en cuanto a su acaecimiento. a) Es un hecho determinado que quien fuera en vida Thiara Itati Navarro, ingresó con fecha 6 de diciembre de 2018 al Hospital Zonal de Caleta Olivia, fue atendida por la guardia, se le suministró un medicamento inyectable y fue enviada a su domicilio. b) Es un hecho determinado que el día 7 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 18:00 hs., quien fuera en vida Thiara Itati Navarro ingresa nuevamente al Hospital Zonal de Caleta Olivia, siendo atendida.
Esta determinado también, que en esa atención, luego de realizados los análisis de rigor y la interconsulta formulada con el Médico cirujano Dr. Del Carpio, se decide su intervención quirúrgica, pues estaban ante un cuadro presunto de peritonitis. Es evidente, además y como lo reconoce la la Defensa, que el estado de la niña, por los resultados de los análisis, era “grave”. c) Es un hecho determinado que, una vez convocado el imputado como médico anestesista para asistir al acto quirúrgico, fue quien decidió que tipo de tratamiento anestésico administrar a la niña. d) Es un hecho determinado que el tratamiento elegido, cuando se dio la situación crítica del paro cardíaco, al ser insuficiente a priori, obligó al imputado a realizar las maniobras de intubación, para administrarle, además de los masajes cardíacos, oxígeno a la niña. e) Es un hecho determinado que el tiempo que le demandó las maniobras necesarias para realizar la intubación y las maniobras de recuperación, excedió el tiempo en que la niña, por el propio cuadro clínico que presentaba (grave) pudo estar sin recibir oxígeno, lo que le provocó, directamente, la anoxia encefálica, que le causó la muerte. f) Es un hecho determinado que, producto de las maniobras practicadas en la niña, ésta superó el paro cardíaco, no siendo éste la causal del óbito, sino la anoxia encefálica por la demora en el suministro de oxígeno, exclusiva responsabilidad del médico anestesista imputado. g) Es un hecho determinado que la demora se debió a la negligencia con la que actuó en la emergencia el imputado, que si bien logra revertir el paro cardíaco se demoró en la administración y suministro de oxígeno a la paciente, causa directa de la anoxia encefálica que produjo días después el óbito de la niña. h) Es un hecho que la anoxia encefálica es producto del paro cardíaco intraoperatorio que sufriera la niña, y que la anoxia se produjo en el negligente suministro de oxígeno, mientras se realizaban las maniobras de reanimación, las cuales si fueron efectivas. i) Es un hecho determinado que la misma negligencia con la que actuó, fue la que observó el imputado al registrar de manera deficiente e incompleta, la correspondiente foja anestésica, en la cual, todos los datos que deben dar cuenta de su actuación, los más importantes, no fueron consignados.
Estos son los hechos determinados. En el análisis jurídico penal de los mismos, es decir, en el juicio de subsunción típica que corresponde realizar, debemos partir del siguiente enunciado normativo. La ley 17.132, en su artículo 2 inciso establece que: "A los efectos de la presente ley se considera ejercicio: a) de la Medicina: anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto de uso en el diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento de las enfermedades de las personas o a la recuperación, conservación y preservación de la salud de las mismas; el asesoramiento público o privado y las pericias que practiquen los profesionales comprendidos en el artículo 13º". Sobre el alcance de la norma, se ha entendido que: “La obligación del médico consiste en principio, en la aplicación de los conocimientos que el estado actual de la ciencia proporciona, con la finalidad de obtener la curación del paciente, observando el mayor cuidado y diligencia, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, que debe ajustarse a las reglas del arte” (CN Civ., sala F, 28/7/1981, “Flores López, Máximo c.
Sanatorio San José y otros”, Rep. LA LEY, 1983-668 y JA, 1982- IV-227). "(Conforme "RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS MÉDICOS ETICA, BIOETICA Y JURÍDICA: CIVIL Y PENAL", TOMO I, SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA Y AMPLIADA, LA LEY, DIRIGIDA POR OSCAR ERNESTO GARAY, págs. 39 y 40) Surge claro de la norma, que el ejercicio de la medicina implica que el tratamiento debe propender a la recuperación, conservación y preservación de la salud de los pacientes. Ello lleva el deber de aplicar los tratamientos que, según el desarrollo de la ciencia, sean los más eficaces para lograr el fin normativo de recuperación, conservación y preservación de la salud de las personas que atienden. En este orden, debemos señalar que el deber de cuidado debido, en la práctica médica y visto como esencial a la práctica de la medicina, es la aplicación del tratamiento que mejor eficacia tenga en la atención del cuadro que se le presenta y el que, por su aplicación, menos riesgos le ocasione al paciente.
En autos, el imputado eligió entre las posibilidades que le establece la Lex Artis para abordar el suministro de anestesia a un paciente que va a ingresar a una cirugía. Lo primero a descartar es que el imputado elige entre dos modalidades contempladas en la Lex Artis, y no crea o utiliza un procedimiento fuera de las prácticas establecidas por la ciencia. En virtud de ello, al tratar de manera general ambos procedimientos, para decirlo en términos claros, uno de anestesia parcial o raquídea y otro de anestesia general, tanto la literatura médica, como la opinión de los facultativos expertos en la materia, pueden establecer preferencias por uno y otro, conforme pautas generales y estadísticas.
Ahora bien, el análisis de un caso penal, si bien tiene en cuenta como marco de análisis el aporte de información científica que puede surgir de ámbitos académicos o de la opinión de los expertos, esas herramientas deben ser utilizadas para resolver y decidir un caso particular. En autos, la información incorporada por las pericias médicas forenses, en especial la del Perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que complementa las restantes, establece que el tratamiento anestésico, en el caso particular, debió ser el de una anestesia general, que implica intubación previa, y no la raquídia elegida por el médico imputado. Ello así, pues como bien detalla la Defensa al señalar el estado de gravedad de la niña, por el cuadro de peritonitis que estaba cursando, el cumplimiento del deber de cuidado, hubiera sido seleccionar el tratamiento que menos riesgos le impone a la paciente, en caso que la misma ingrese en una crisis como la que ingresó, pues cuando hay menor riesgo, mayor son las chances que tiene el paciente, y ese es el mandado que se desprende de la Lex Artis y de la ley 17132.
Ahora bien, y para que se entienda, todo tratamiento médico lleva implícito en sí mismo un riesgo, por ello, en la selección, debe optarse por el que menos riesgo implique y a la vez sea el más eficaz. Pero si hay un único tratamiento, o si, por el contrario, uno establece menos riesgos pero no es eficaz, por supuesto que deberá seleccionarse el que mejor coadyuve a la salud del paciante. El deber de cuidado debido siempre se basa en la selección del medio más idóneo para aumentar las chances del paciente. La obligación de los médicos es de medios, no de resultado, por ende, para establecer si existió o no un incumplimiento de deber de cuidado, es decir un actuar negligente como en el caso, hay que hacer foco en el análisis de la selección del medio (léase tratamiento de un paciente) y en base a ello, la actuación material que el mismo realizó.
Es decir que, al momento de decidir que tipo de anestesia suministrarle a la paciente, de las opciones que tenía, no elige la recomendable y la que mejor asegura los fines del ejercicio de la medicina, selecciona por el contrario, una que es menos eficaz en cuando a la sedación y por lo tanto eleva el riesgo de la paciente, en el caso que se presente una situación crítica, ello en relación al tratamiento que debería suministrarle en caso que la misma se presente. Esta primer selección, sin desconocer las razones esgrimidas por el imputado y su defensa, implica un primer incumplimiento del deber de cuidado normativo, pues no es la técnica más eficaz para asumir el tratamiento de la niña durante el acto quirúrgico.
Este incumplimiento del deber de cuidado normativo, es el nexo de determinación directo que causó el resultado lesivo. Como describí en los hechos determinados, el tratamiento de sedación elegido, implicó que, frente a la situación crítica del paro cardíaco, (previsible por el estado general grave que presentaba la paciente, conforme los análisis y sus resultados realizados, pues estaba cursando un cuadro infeccioso que deprime todos los valores de estabilidad), en la cual cae la paciente, para su atención, debió ser intubada durante la crisis cardíaca y la deficiencia en dicho acto, por el tiempo que le demandó al imputado, produjo la anoxia encefálica, que es la causa del óbito, no así el paro ni la patología por la cual ingresó al quirófano.
Hay que tener en claro que el óbito de la niña, sobre el cual no hay dudas, se produce por la anoxia encefálica, no por la crisis cardíaca, la cual supera, y tampoco por la peritonitis que motivó su intervención. Los planteos de la Defensa se basan en una cuestión contrafáctica, pues decir que la niña iba a morir por la gravedad de la infección que tenía, se hiciera lo que se hiciese, no tiene anclaje en la realidad, pues la conducta de su pupilo fue la que causa, por la demora en el suministro de oxígeno, la anoxia encefálica que produjo el óbito. Hay una acción humana deficiente, es decir negligente, que demoró el suministro de oxígeno y que causó, como resultado, la anoxia encefálica y produjo la muerte de la niña, y esta acción cortó el pretendido nexo de causalidad entre la enfermedad de base que la lleva al quirófano, y su eventual muerte.
Nunca podríamos saber si la aserción planteada por la defensa de la muerte por el cuadro infeccioso se iba a producir, pues esa causalidad fue interrumpida por el accionar negligente de su pupilo. Por ello, sabemos que la causa de muerte fue la anoxia encefálica, y que la misma, conforme los informes realizados, sucedió en el tratamiento del paro cardiorespiratorio intraoperatorio. Ello surge no solo de los informes médicos forenses practicados en autos, sino y en especial de la referencia que los peritos hicieron del estudio de la historia clínica de la Unidad de Cuidados Intensivos. Esta situación, por un incumplimiento del deber de cuidado que implica, siempre, elegir el tratamiento más eficaz, claramente obligó, al no estar la paciente con una sedación total y previamente intubada, a recorrer ese camino en pleno paro cardíaco, siendo el tiempo que le demandó al imputado conjurar la situación de crisis cardíaca y la oxigenación de la niña, mayor al que ella pudo resistir sin recibir oxígeno.
La previsibilidad estuvo presente, y fue análisis según los dichos del imputado, antes de la selección del tratamiento anestésico. Entiendo que en su valoración de riesgo, de manera equivocada, en este caso, entendió que si se presentaba la crisis que acaeció, el podría conjurarla, hecho que no sucedió en el tiempo que demandó la paciente según el estado en el que se encontraba y que era cabalmente conocido por el imputado. Al analizar como señalé, entre dos tratamientos anestésicos, sabiendo que toda práctica tiene riesgos, el imputado, conociendo el estado de la paciente, debió seleccionar el que no solo menos riesgos implique, sino que más chances y más eficaz sea, para cuidar y resguardar la salud de la paciente.
A ello se le suma la negligente incorporación de datos señalada supra. Comparto con la Defensa que la falta de registro en la foja anestésica no es causal, en este caso, del resultado lesivo. Es decir que, y a manera de hipótesis, no fue la falta incorporación de un dato o la errónea incorporación del mismo a una historia clínica, lo que llevó a un error en la selección de un tratamiento o medicación que causó un resultado lesivo del bien jurídico. Pero ello no quita que las proposiciones fácticas imputadas por el A quo en este aspecto, dejen establecida una deficiente intervención, no solo en la selección del tratamiento y en la práctica de oxigenación, sino y además, también en este aspecto que es central y relevante en las incumbencias del anestesista.
Es por ello, que todo el planteo defensista que parte de la base de decir que cualquiera fuera el tratamiento, el resultado hubiera sido el mismo, señalando que el incumplimiento normativo no determinó el resultado, no tiene anclaje en la realidad de los hechos, en este caso. Reitero que, el solo incumplimiento del deber de cuidado, normado o no, no agota el supuesto del tipicidad culposa, sino que debe mediar no solo causalidad con el resultado sino determinación del mismo, es decir que además del nexo de causalidad que es un proceso físico, y que en autos claramente quedó evidenciado, debe mediar entre el incumplimiento del deber de cuidado y el resultado un nexo de determinación que implica que si se hubieran tomado los recaudos de cuidado, el desenlace no se hubiera producido, pues si se hubiera producido, el incumplimiento del deber de cuidado no es penalmente imputable.En el caso, surge claro que: 1)el tratamiento seleccionado no era el más eficaz para el tratamiento que demandaba el acto quirúrgico. 2)que el mismo, frente a la previsible situación crítica, (paro cardíaco) demandó por su insuficiencia de origen, las maniobras de intubación para administrar oxígeno, que no hubieran sido necesarias si se hubiera cumplido con el deber de cuidado debido que era la selección de la sedación completa con la intubación previa de la paciente y que, por lo tanto, el óbito no se hubiera producido por la anoxia encefálica.3)que las maniobras realizadas a los fines de suministrar oxígeno, no fueron eficaces por el tiempo que demandó, y ello produjeron la anoxia encefálica, la que causó, como lógica consecuencia, el óbito de la niña, días después del acto quirúrgico, incumplimiendo el deber de cuidado de asistir de manera inmediata, por su rol en el acto quirúrgico.4)que lo reseñado deja evidente que si se hubiera seleccionado el tratamiento de sedación indicado para el cuadro de la paciente, no se habría producido la anoxia encefálica y por lo tanto, el óbito de la niña como su lógica consecuencia, lo que deja patente el nexo de determinación.
En la presente causa se dan todos los requisitos del tipo culposo, hay incumplimiento de deber de cuidado debido, hubo previsibilidad del resultado, y la causación, causalidad y determinación de ese incumplimiento, de la muerte de quien fuera en vida Thiara Itatí Navarro."- En lo que atañe específicamente a los accidentes de tránsito, en los autos caratulados: “CRIA. SECC. 2º S/ Inv.Les.Culposas” Expte. Nº 14.356/15, N° de Recursos 6152/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: “En este sentido, y como dijera además de los deberes de cuidados específicamente violados e imputados, en especial el exceso de velocidad que reduce la posibilidad de maniobra de frenado o esquive que en autos ni siquiera se verificó, existe el deber general de conducir el vehículo con pleno dominio del mismo y con cuidado y prevención.
Este es un deber general que subyace a todos los deberes de cuidados reglamentados específicamente, y sin su observancia, el resto de los mandatos legales se transforman en meras declamaciones, lejos de la voluntad concreta del legislador al regular una actividad humana fundamental. En este sentido el art. 39 de la Ley 24449 establece textualmente que:"CONDICIONES PARA CONDUCIR. Los conductores deben: b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito" Surge claro del mandato legal, que es una condición básica para conducir un vehículo, que es una cosa riesgosa, circular con cuidado y prevención, es decir que además del principio de confianza, elemental en cualquier actividad, debe quien conduce, en su derrotero, ser cuidadoso y precavido, pues pueden, por la dinámica propia de la condición humana, suceder hechos o actos que impliquen realizar maniobras a los fines de evitar hechos lesivos.
Otro principio fundamental, que está regulado en la ley nacional de tránsito y que, y aún no estuviera específicamente reglado se desprende de todo el bloque constitucional y convencional de derecho, es el cuidado de la persona humana y la prioridad que implica la vida por sobre otro tipo de bienes jurídicos. En este sentido y en la dinámica del tránsito, la persona humana se encarna en la idea del peatón o peatona, es decir de aquella persona que ingresa a los lugares transitados por vehículos sin ningún tipo de protección. En este sentido el artículo 41 establece textualmente que: "PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón;" y el artículo 64 que: "PRESUNCIONES.
Se considera accidente de tránsito todo hecho que produzca daño en personas o cosas como consecuencia de la circulación...El peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor en tanto no incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito.", de lo cual surge otro principio general de un deber de cuidado elemental, que es que en la conducción, el peatón tiene prioridad de paso siempre, con la salvedad establecida en la última norma. En autos y si bien la imputada se negó a declarar, la defensa técnica ha señalado como una posible causa de exculpación de la conducta, el hecho que la misma se hubiera encandilado por el sol. Ello lo que hace es confirmar la violación del deber de cuidado reglada en el citado artículo 39, pues va de suyo que nadie puede conducir a ciegas, debiendo la imputada, en caso de que ello hubiere sido así, detener la marcha y activar las señales lumínicas.
Es un elemental deber de cuidado y prevención no conducir a ciegas, como bien señala en sendos informes el Licenciado R., y la querella en su escrito a fs. 175/178. Es decir que en autos, no se puede, so pretexto de trastocar los hechos y la dinámica de los mismos, que son los que deben gobernar el análisis jurídico penal de las conductas, sostener que la víctima se arrojó intencionalmente frente al rodado para quitarse la vida. Al contrario, la víctima cruzaba la calle pasaje Gaucho Rivero y es embestida por la imputada, quien no atina a realizar maniobra alguna y la que en franca violación al deber de cuidado establecido en los límites de velocidad, para que los mismos permitan, frente a imponderables, tener pleno control y dominio del vehículo, atropelló y causó la muerte del joven A.B.C.
Existe nexo de determinación entre el resultado lesivo y la violación del deber de cuidado imputado, pues en el juicio hipotético, si la Sra. R.A.F. hubiese conducido su vehículo automotor dentro de los límites legales, habría divisado al joven cruzando la calle y podría haberlo esquivado, o haber frenado y detenido la marcha, y si la defensa fuera el encandilamiento, debería haberse detenido directamente. Es decir que las violaciones a los deberes imputados determinaron el resultado lesivo. Las dudas que la defensa pretende plantear caen cuando son confrontadas y valoradas con el resto de la prueba de manera integral. En este sentido, los testigos afirman que el auto venía "fuerte" o "rápido".
Esta caracterización en lenguaje llano implica que percibieron un vehículo que venía a una velocidad que no es la del tránsito normal de la arteria. Ningún testigo puede afirmar que velocidad era la que llevaba el automóvil al percibirlo, pues solo, por simples reglas de la experiencia humana, podrían realizar un cálculo especulativo, pero no conclusivo, lo que no implica que su percepción quedase grabada en sus sentidos, no sólo por el desenlace luctuoso, sino por la velocidad que percibieron como excesiva para el tránsito normal. Cuando ello se confronta con el claro informe de la Licenciada C., se evidencia que el automotor conducido por la Sra. F. debió, por el modo de impacto y las lesiones mortales ocasionadas, transitar en exceso de velocidad, conforme fuera objeto de imputación.
En síntesis, de la prueba rendida se descarta el hecho de la víctima y se descarta la existencia de dolo o dolo eventual en la autora, pues no hay nada que indique que la misma quiso causar la muerte del joven C. o que encubrió una verdadera voluntad realizadora bajo una falsa e infundada esperanza (dolo eventual), lo que surge es la violación del deber de cuidado imputado como determinante de la muerte de la víctima. Es correcto además, el juicio de subsunción realizado por el A quo. En este sentido, la conducta de la imputada subsume en el delito de HOMICIDIO CULPOSO, en calidad de autora (Art. 84 y 45 del C.P). Sin transcribir el artículo de mención es necesario recordar que el bien jurídico protegido por la norma prohibitiva es la vida humana, que se protege de conductas violatorias del deber de cuidado.
A su respecto se tiene dicho: “…En todos los supuestos de tipos culposos existe -desde el punto de vista objetivo – una violación a un deber de cuidado. Este deber de cuidado normalmente será apreciado a la luz de la anti normatividad de la conducta asumida, por contraposición con el comportamiento que el sujeto debía adoptar conforme la reglamentación vigente…”. (Conforme Tazza, Alejandro; Código Penal de la Nación Argentina Comentado; 2020; 2a Ed. Tomo I; pág. 135).-“ Sentado ello, se puede apreciar que las presentes actuaciones se inician por preventivo Nro. 363-S-DIV- CRIA.1RA.PT./21 de fecha 18 de junio de 2021, y que a través del informe de novedad de fs. 04, surge que toma intervención la sede policial a raíz de un llamado telefónico anónimo solicitando presencia policial en calle Rivadavia y Saavedra de Pico Truncado a raíz de existir una colisión con lesionados.
Comisionado personal policial, se corrobora tendido en la acera asfáltica en posición decúbito dorsal, lindante a cuneta de cordón, a un masculino identificado como J. L. C., quien al momento de la colisión conducía motovehículo marca Motomel, modelo Keller, color blanca.
En tanto la otra parte involucrada, es identificada como I., V., quien conducía un rodado marcha Chevrolet, modelo Prisma, color gris, perteneciente a remisería Alformax.
La víctima, Sr. J. L. C., fue trasladada a la ciudad de Caleta Olivia por su estado crítico de salud.
De inspección ocular (Fs.05) realizada en intersección de calles Rivadavia y Saavedra, se observa un motovehículo marca motomel, 110cc, modelo Keller, color blanca, dominio 476KFD tendida sobre acera asfáltica correspondiente a cordón cuneta de intercepciones Saavedra y Rivadavia, y, además, se visualiza el rodado marcha Chevrolet, modelo Prisma, color gris, dominio NKW-001 perteneciente a remisería ALFERMAX, encontrándose éste rodado por calle Saavedra de mencionada intercepción.
Sumado a ello, personal policial interviniente deja constancia que al movilizar motovehículo se constató que el mismo se encontraba en cambio 4ta.
En la superficie de la cinta asfáltica no se constató huellas de frenado de vehículos colisionados. A fs. 6 se agrega croquis ilustrativo.
A fs. 7 obra certificado médico de la imputada I. V. L., del que se constata que no presenta lesiones físicas visibles, presentando un notable estado de nerviosismo, por lo que es medicada.
A fs. 8/12 se agrega constancias documentales pertenecientes a la Sra. I. V. L., entre ellas, cédula de identificación del vehículo dominio NKW001; constancia de seguro del vehículo; afectación del vehículo a servicio de remisería otorgado por la Municipalidad de Pico Truncado; licencia de conducir; copia del D.N.I. A fs. 13 se realiza acta de fijación de domicilio; a fs. 14/15 ficha de antecedentes expedido por policía, más fichas dactilares.
Luego obra declaración testimonial del Sr. M., R. H., en sede policial, quien expresó que, en fecha 18 de junio del año 2021, siendo las 13:00 hs. aproximadamente, circunstancias en las que se encontraba realizando un trabajo de pintura en el mural, el cual está ubicado en intersecciones de calle Rivadavia y Saavedra de esta localidad, escuchó un golpe de impacto y al girar su cabeza para mirar que había pasado, observó a una persona de sexo masculino que se iba arrastrando por el asfalto y una moto que venía atrás de él, también arrastrándose y en eso ve que golpea la ochava de la calle con su cabeza, automáticamente se acercó para ver como se encontraba esta persona y observó que sangraba mucho tanto por la boca como por la nariz y presentaba dificultad para respirar. También notó que esta persona no llevaba su casco colocado, lo tenía puesto en la moto. Vio que una señora se baja de un auto muy alterada pidiendo ayuda, a quien conoce de vista, porque es remisera.
Luego de eso, expresa que vio que se hizo presente personal policial, como así también personal del hospital. Asimismo, al ser interrogado, dijo: “…PREGUNTADO: Si puede precisar por donde circulaba cada vehículo CONTESTA: No sabría decirle, solo escuche el impacto y me di vuelta para mirar, ya que yo estaba pintando …. PREGUNTADO: Si puede brindar mayores características de como se produjo el hecho CONTESTO: Yo la escuche a la chica que había dicho que ella venia circulando por Rivadavia y que no lo vio al de la moto, pienso yo que el conductor de la moto venia a alta velocidad por Saavedra. A fs. 91 ratifica su declaración en sede judicial. A fs. 19 glosa acta de extracción sanguínea realizada a la Sra. I. V. L..
A fs. 20/22 glosa solicitud informe y certificado médico del Sr. J. L. C., del que surge que el paciente se hallaba en un coma inducido en el área de terapia intensiva en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. Se agregan originales a fs. 61/ 62.
A fs. 30/40 se agregan copias de historia clínica de quien en vida fuera el Sr. J. L. C..
A fs. 42/ 44 se agregan secuencias fotográficas de las que se observa el lugar del impacto, gran mancha rojiza en la acera asfáltica cercano a la ochava de la intersección Saavedra y Rivadavia; como así también láminas ilustrativas documentando parte frente, posterior, ambos laterales y en detalle del motovehículo dominio 476KFD y del rodado dominio NKW001.
A fs. 52/53 se glosan secuencias fílmicas, de las que se logra visualizar en el video identificado como XVR_ch2_main_20210618132000_20210618140000; a hora 13:27:30 –13:27:37 al motovehículo involucrado circular sobre calle Rivadavia entre Pueyrredón y Saavedra, más próximo al cordón lateral derecho de la calzada -considerando el sentido de circulación de la misma.
A fs. 54/57 se agrega informe técnico mecánico del rodado Chevrolet Prisma NKW001.
Por solicitud del Sr. Juez se ordena pericia accidentológica la que es realizada por la Lic. Calgaro cuyo resultado es agregado a fs. 73/88, donde la perito interviniente concluye que el día 18 de junio del año 2021, momentos previos a la franja horaria de las 14:20 horas de la ciudad de Pico Truncado, el conductor de la motocicleta Motomel Keller, dominio visible 476KFD, circulaba por calle Rivadavia en sentido cardinal norte a sur, mientras que el conductor del rodado Chevrolet prisma dominio NKW001 lo hacía por calle Saavedra en sentido cardinal este hacia oeste.
Agrega que el conductor del vehículo Chevrolet prisma avanzaba sobre el carril de la arteria Saavedra, y posterior arribo a la intersección mencionada, el conductor de la motocicleta Motomel Keller se empezaba a incorporar a la misma habiendo comenzado a ingresar desde el Norte hacia el sur, no realizando maniobras evasivas previas al impacto, y expresa que se produjo una colisión entre ambos impactando el sector frontal -completo- del automóvil con el lateral central izquierdo de la motocicleta, determinando así el LMI (lugar momento de impacto).
Dice la perito que, producto de ese contacto, es decir, de la propia fuerza (ley de interacción entre ambos) del golpe, el rodado de mayor porte provocó que la motocicleta perdiera su verticalidad, comenzando a caer sobre su lateral derecho y arrastrándose hasta su posición final conjuntamente con el cuerpo del conductor de la misma, finalizando sobre la ochava del cardinal SO de la intersección protagonista, mientras que el automóvil culmino en su posición de examen accidentológica (es decir, modificada post impacto) sobre el espacio físico de la calle Saavedra, sobre el carril Norte de esta arteria, con su frente orientado hacia el cardinal Oeste.
Agrega que las condiciones de calzada, compuesta por asfalto, se encontraban en regulares condiciones de mantenimiento en virtud de haberse apreciado agrietamientos. La visibilidad era natural y diurna. El Sr. M. R. H. ratifica su declaración realizada en sede policial.
Finalmente a fs. 100/101 se agrega copia del certificado de defunción del Sr. J. L. C., fallecido el día 26 de junio del año 2021, por causa shock cardiogénico irreversible hipertensión endocraneana – traumatismo de cráneo.
Obra también a fs. 02 informe médico legal, suscripto por la médica legista Alejandra Gil, quien se expide expresando que el damnificado J. L. C., poseía evolución reservada debido a la gravedad de su cuadro falleciendo el día 26 de junio del 2021 a las 19:10 hs el mismo a consecuencias del traumatismo grave de cráneo y a consecuencia del mismo shock cardinogénico irreversible e hipertensión endocraneana.
Con fundamento en toda la información reseñada, se recibió declaración indagatoria a la Sra. V. L. I. el día 31 de octubre del año 2025 (Fs.103); realizando su descargo, teniendo como figura delictiva de base, dicha imputación, la que se desprende del delito de HOMICIDIO CULPOSO en calidad de autora.
Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
Por ello se puede concluir que la ocurrencia del siniestro vial en fecha 18 de junio de 2021, aproximadamente a las 13:30 horas, en la intersección de calles Rivadavia y Saavedra de esta ciudad, se encuentra plenamente acreditada a partir del informe de novedad inicial, pues se da cuenta de la intervención inmediata ante el hecho de colisión; asimismo todo el material probatorio reseñado supra; es en todo congruente con las secuencias fílmicas que ubican al motovehículo circulando por calle Rivadavia en sentido norte-sur.
La dinámica del hecho como resultado del informe de la Lic. Calgaro es relevante dado que concluyó que la motocicleta circulaba por calle Rivadavia, y el vehículo conducido por la imputada lo hacía por calle Saavedra; el automóvil ingresa a la intersección y embiste a la motocicleta. Dicho informe sumado a todo el material con que se cuenta en autos, sientan las bases de la probabilidad necesaria en esta instancia procesal para arribar al procesamiento impugnado.
Surge claramente de autos que la Sra. I. V. L., omitió el deber de cuidado que implica respetar la prioridad de paso correspondiente a la arteria Rivadavia, tal y como lo expresa la Ley Nacional de Tránsito Nro. 24.449, que establece textualmente: “ARTICULO 41. PRIORIDADES. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante: a) La señalización específica en contrario; b) Los vehículos ferroviarios; c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión; d) Los vehículos que circulan por una semiautopista. Antes de ingresar o cruzarla se debe siempre detener la marcha; e) Los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón; f) Las reglas especiales para rotondas; g) Cualquier circunstancia cuando: 1. Se desemboque desde una vía de tierra a una pavimentada; 2. Se circule al costado de vías férreas, respecto del que sale del paso a nivel; 3. Se haya detenido la marcha o se vaya a girar para ingresar a otra vía; 4. Se conduzcan animales o vehículos de tracción a sangre. Si se dan juntas varias excepciones, la prioridad es según el orden de este artículo. Para cualquier otra maniobra, goza de prioridad quien conserva su derecha. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que éste lleve acoplado y el que asciende no.”
Claramente en autos, la imputada, al advertir la presencia del motovehículo, debió cederle el paso, en base a la prioridad que éste tenía, y de haberlo hecho, el suceso luctuoso no habría acaecido. Ello deja, claramente en evidencia, el nexo de determinación existente entre el incumplimiento normativo y el resultado lesivo. A ello se suma que, y como consecuencia directa, exclusiva y excluyente, de las lesiones padecidas por la víctima al momento de ser embestida por la imputada, se produjo posteriormente la muerte del Sr. J. L. C., conforme surge de la historia clínica e informes médicos agregados, el informe médico legal de la Dra. Gil y finalmente el certificado de defunción del Sr. J. L. C..
El nexo de determinación se verifica, como se señaló, en tanto el resultado no se habría producido de no mediar la conducta imprudente achacada a la imputada. La mecánica del impacto -determinada pericialmenteevidencia que la colisión generó la caída y el posterior golpe craneano contra la ochava, lo que constituye la causa directa del desenlace fatal.
Además, también se desprende del informe fs. 05, que no se constató huellas de frenado de ambos vehículos, por lo que no se verificó, que la imputada haya frenado o intentado esquivar que en autos existe el deber general de conducir el vehículo con pleno dominio del mismo y con cuidado y prevención.
Este es un deber general que subyace a todos los deberes de cuidados reglamentados específicamente, y sin su observancia, el resto de los mandatos legales se transforman en meras declamaciones, lejos de la voluntad concreta del legislador al regular una actividad humana fundamental.
En este sentido el art. 39 de la Ley 24449 establece textualmente que:"CONDICIONES PARA CONDUCIR.
Los conductores deben: b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito" Surge claro del mandato legal, que es una condición básica para conducir un vehículo, que es una cosa riesgosa, circular con cuidado y prevención, es decir que además del principio de confianza, elemental en cualquier actividad, debe quien conduce, en su derrotero, ser cuidadoso y precavido, pues pueden, por la dinámica propia de la condición humana, suceder hechos o actos que impliquen realizar maniobras a los fines de evitar hechos lesivos.
Otro principio fundamental, que está regulado en la ley nacional de tránsito y que, y aún no estuviera específicamente reglado se desprende de todo el bloque constitucional y convencional de derecho, es el cuidado de la persona humana y la prioridad que implica la vida por sobre otro tipo de bienes jurídicos.
Ene l caso de los “motociclistas” por propio diseño de los motovehículos, la persona humana se encuentra más expuesta, razón por la cual el deber de cuidado debe extremarse.
Las dudas que la defensa pretende plantear caen cuando son confrontadas y valoradas con la información agregada por los medios probatorios reseñados, valorada de manera integral y no sesgada.
En este sentido, el testigo M. R. H. afirma "...y la moto venía bastante rápido...". Esta caracterización en lenguaje llano implica que percibió un vehículo que venía a una velocidad que no es la del tránsito normal de la arteria.
Ningún testigo puede afirmar que velocidad era la que llevaban los protagonistas solo al percibirlo, pues, por simples reglas de la experiencia humana, podrían realizar un cálculo especulativo, pero no conclusivo, lo que no implica que su percepción quedase grabada en sus sentidos, no sólo por el desenlace luctuoso, sino por la velocidad que percibieron como excesiva para el tránsito normal.
Es correcto además, el juicio de subsunción realizado por el A quo. En este sentido, la conducta de la imputada subsume en el delito de HOMICIDIO CULPOSO, en calidad de autora (Art. 84bis del C.P). Sin transcribir el artículo de mención es necesario recordar que el bien jurídico protegido por la norma prohibitiva es la vida humana, que se protege de conductas violatorias del deber de cuidado. A su respecto se tiene dicho: “…En todos los supuestos de tipos culposos existe -desde el punto de vista objetivo – una violación a un deber de cuidado. Este deber de cuidado normalmente será apreciado a la luz de la anti normatividad de la conducta asumida, por contraposición con el comportamiento que el sujeto debía adoptar conforme la reglamentación vigente…”. (Conforme Tazza, Alejandro; Código Penal de la Nación Argentina Comentado; 2020; 2a Ed. Tomo I; pág. 135).-
Que en autos se han verificado todos los elementos típicos de la conducta achacada a la imputada; no encontrando una legitima causa de atipicidad o exculpación, con la cual la defensa pretende eximir a su defendida.
Debo señalar que lo expresado por el defensor en relación a que la víctima no llevaba casco colocado no funciona aquí como un eximente de responsabilidad ya que no interrumpe el nexo causal.
Concluyendo y en lo que respecta al agravio referido al monto del embargo dispuesto, cabe señalar que en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO CALIFICADO” Expte. I-55811/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “VILLALBA LUCAS ALEXIS S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº 83870/24, N° de Juzgado de Recursos 7653/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.".-
Corresponde, bajo las pautas de hermenéutica reseñadas supra, confirmar el monto del embargo determinado por el Juez de Instrucción, por no considerarlo arbitrario, desmedido ni desproporcional, ya que el mismo responde adecuadamente a los parámetros normativos vigentes; y ha tenido presente la entidad del delito investigado.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena. Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el auto interlocutorio de fs. 110/113, en todo cuanto fuera materia de apelación.-
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia