Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 46656-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en su consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 200/202, con costas de ambas instancias a la actora (art. 68, CPCCN)
2Regular los honorarios de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional de conformidad con el considerando VI.
55666/2016, IACO SA TF 46656-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 12 de septiembre de 2019 [CMP] VISTOS: para resolver los autos “IACO SA TF 466656-I c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, expte. 55.666/2016, venidos en recurso; y
I. El Tribunal Fiscal de la Nación por resolución obrante a fs. 200/202 resolvió: confirmar en todas sus partes la comunicación de la AFIP a la actora, de la caducidad de su Plan de Facilidades de Pagos N° G518850, en el marco de la Resolución General N° 3.451/2013, que le fuera notificada mediante el servicio “e-ventanilla” el 18/04/2016. Con costas.
Para así decidir, y dejando a salvo su criterio, el TFN precisó que correspondía analizar la comunicación de la caducidad del plan de facilitades de pago como sanción, para lo cual, en primer término, reseñó la Resolución RG (AFIP) 3451/13. Luego, señaló que de la norma se advierte que no establece un régimen de impugnación con relación a las caducidades de los planes de pago, así como no se hace referencia a ningún régimen procesal aplicable para el caso de necesidad de recurrir a la Administración o al Poder Judicial a fin de discutir la notificación de la caducidad operada. En ese orden, entendió que siguiendo el criterio de este Tribunal, el procedimiento a seguirse es el que fijan los artículos 70 y siguientes de la ley 11.683, que debe aplicarse en forma supletoria y “con cautela, teniendo en cuenta la protección de las garantías y los derechos del contribuyente en tal proceder”.
En ese sentido, entendió que procedía abocarse a los planteos de nulidad efectuados por la recurrente en virtud de los cuales invoca el artículo 21 de la LPA que exige, antes de decretar la caducidad, la constitución en mora y la fijación de un plazo para el cumplimiento de la obligación.
Sostuvo que de la lectura del acto apelado y las disposiciones de la RG 3451/13 surge que a causa de la falta de acreditación ante el Fisco Nacional del estricto cumlimiento del plan de facilidades de pagos, conforme lo dispuesto en su artículo 13, procede la caducidad del plan de pagos de pleno derecho, sin necesidad de mediar intervención del Fisco Nacional. Agregó que “la actora no niega la falta de pago; por lo tanto la causa que motiva la comunicación de caducidad está expresada en el propio acto, así como también lo están el objeto, la finalidad, la forma y el procedimiento. Sin perjuicio de ello corresponde señalar que con la prueba arrimada a autos la actora no acreditó la alegada inoperatividad de la cuenta bancaria donde efectuaba los pagos a raíz de su bloqueo en virtud del embargo del fisco, ni las otras circunstancias relacionadas con el cumplimiento de los planes vinculados ae sa cuenta. Asimismo debe resaltarse que la informativa agregada a fs. 96/186 por el Banco Nación constituye solamente resúmenes de cuenta y, por otro lado de las cosntancias que obran a fs. 9 de las act. adm. surge que figuran impagas las cuotas correspondientes al Alta en sistema: 17/09/2019 16/02/2016 y al 16/03/2016 con anterioridad de la declaración de caducidad del plan efectuada el 18/04/2016” (fs. 201 vta.).
Hizo notar el TFN que la multinota que presentó la actora el 26/04/2016 mediante la cual solicita la revisión de la caducidad (fs. 11 de autos) fue respondida por el Organismo el 3/10/2016 y notificada el 4/10/2016 (fs. 33/35 de los ant. adm), informándole que no existen constancias del cumplimiento de la deuda remanente.
Por su parte, en orden a los planteos de nulidad, el TFN señaló que la apelante directametne omitió toda referencia a las defensas que se habría visto privado imposibilitada de esgrimir en virtud de la ausencia de un procedimiento sumarial adecuado al carácter sancionatorio de la comunicación de caducidad, en orden a poner de manifiesto el estado de indefensión.
II. La actora apeló la sentencia a fs. 204, en tanto que expresó agravios a fs. 207/213 vta., recurso que fue concedido a fs. 215, replicado por la contraria a fs. 222/225 vta. Señala que el TFN omitió una consideración central, esto es, que el Fisco no negó particularmente ni la inoperatividad de la cuenta bancaria donde efectuaba los pagos a raíz de su bloqueo en virtud del embargo del Fisco ni las otras circunstancias con el cumplimiento de otros planes vinculados a la cuenta. De esta manera, a criterio del apelante, la demandada no cumplió con lo previsto en el art. 356 del CPCCN.
En ese orden, entiende que, entonces, no está en discusión que el día 20/04/2016 la actora pretendió cambiar la cuenta asociada al plan. Asimismo, recuerda que tenía a esa fecha dos planes de facilidades de pago según prescripciones de la RG 3451 y otros tres planes también vigentes, como que los planes vinculados a la RG citada llevaban los números G518850 y G518902. Agrega que conforme surge de las pantallas de impresión, la actora pudo cambiar la cuenta asociada al plan en el plan G518902 ese mismo día, es decir el 20/04/16, no obstante, el sistema se lo impidió hacer en el otro plan. Señala ello es un hecho reconocido por la contraria, por lo cual desde el punto de vista procesal es indiscutible. Sintentiza que intentó solucionar el inconveniente provocado por el propio Fisco, y que este último le impidio el cambio de cuenta donde se debitaba la cuota. Añade que está acreditado que siguió pagando los otros planes y que quiso seguir pagando el caducado por el Fisco, y que de haber contado con la posibilidad habría podido demostrar que nunca quiso dejar de cumplir.
Por otro lado, destaca que la RG establece que la caducidad solo podía decretarse transcurridos sesenta días contados a partir del segundo vencimiento de la cuota, pero se plantea, a modo de pregunta: “¿cómo se podía pagar la cuota pendiente, si la Administración no permitía el cambio de cuenta, aun estando en término para hacerlo? ¿Qué se pretendía de mi mandaste una consignación judicial?” (fs. 209).
En relación a la presunta omisión de referencia de las defensas que se habría visto imposibilitado de esgrimir, reseña la secuencia de hechos.
Alta en sistema: 17/09/2019 Mas adelante, señala que la declaración de caducidad formulada el 18 de abril, a la par que inválida por violar la ley 19.549, es prematura puesto que la actora podía regularizar la situación antes del 26 de ese mes.
Señala que aun cuando el plan no estaba caduco, las razones de la falta de pago se vinculan con dos hechos. Uno, el accionar de la AFIP con un embargo sobre esa cuenta, propiciando el error del Banco Nación que bloquea la misma; y por otro lado la falta de aviso por parte del Banco de dicha situación y también la falta de notificación por parte de la AFIP de ese embargo. A criterio del apelante, se vulnera la confianza legítima de la empresa quien creía estar actuando conforme a derecho (y de hecho lo estaba) pero las conductas inapropiadas e ilegítimas del Banco Nación y de la AFIP produjeron la insólita declaración de caducidad.
Por su parte, detalla que en relación al plan caduco, había pagado 30 cuotas, y que conforme surge de las pantallas Mis Facilidades, hay tres planes vigentes, uno cancelado y uno caduco, por lo cual —afirma— la voluntad de pago es indiscutible. Agrega que en todos los casos la conducta fue idéntica: ante el problema de la cuenta bloquedaa se asoció otra cuenta a los planes, y que a la fecha de este recurso, hay tres planes vigentes (uno de la RG 3451), uno cancelado y uno solo caduco (el de este recurso).
Señala que la actora no fue informada del bloqueo de la cuenta ni de la traba de cautelares, aun así se anoticia del problema y antes de los sesenta días del vencimiento de la segunda cuota impaga del plan (G518850) se presenta en AFIP (el 20/04/2016) y trata de asociar los planes de una nueva cuenta, lo que logra para cuatro planes pero no le es permitido en uno de ellos.
En resumen, solicita que se revoque la sentencia y se declare la nulidad de la resolución que declada caduco el plan manteniendo la vigencia del mismo.
III. El TFN regulo honorarios a fs. 215 en conjunto de los profesionales intervinientes en representación del Fisco Nacional en la suma de $ 500 (pesos quinientos) por el patrocinio letrado y la de $ 250 (pesos doscientos cincuenta) para los letrados apoderados, dejando constancia que dicho monto no incluye el IVA.
La abogada de la AFIP – DGI apeló la regulación de honorarios a fs. 217, por considerarlo bajos, recurso que fue concedido a fs. 220.
IV. Ante todo, cabe tener presente que no se encuentra discutido en autos que la AFIP comunicó el 18/04/2016 a la actora la declaración de la caducidad del Plan de Pago G518850, de acuerdo a lo establecido en el art. 13 de la Resolución General (AFIP) 3451/2013 (cfr. fs. 13).
Por su parte, cabe recordar que el artículo 13 en cuestión dice:
La caducidad del plan de facilidades de pago, operará de pleno derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de este Organismo ante la falta de cancelación de: a) DOS (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas, o Alta en sistema: 17/09/2019 b) una cuota, a los SESENTA (60) días corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.
Una vez operada la caducidad —situación que se pondrá en conocimiento del contribuyente a través de una comunicación que se le cursará por el servicio “e-Ventanilla” (13.1.) al que accederá con su “Clave Fiscal”— el juez administrativo competente, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas, deberá disponer el inicio o prosecución, según corresponda, de las acciones judiciales tendientes al cobro del total adeudado.
Los contribuyentes y/o responsables, una vez declarada la caducidad del plan de facilidades de pago, deberán cancelar el saldo pendiente de deuda mediante depósito bancario o transferencia electrónica de fondos, conforme a las disposiciones las Resoluciones Generales Nº 1.217 y su modificación y Nº 1.778, su modificatoria y complementarias, respectivamente.
V. Con esos elementos, entonces, es posible iniciar el análisis de la cuestión traida a conocimiento de este Tribunal para verificar si caducidad del Plan de Pago G518850 dispuesta por la AFIP, no fue correcta.
En su memorial de agravios la actora afirma: “Mi representada no fue informada del bloqueo de la cuenta ni de la traba de las cautelares, aun así se anoticia del problema y antes de los 60 días del vencimiento de la segunda cuota impaga del plan (G518850), se presenta en AFIP (el día 20/04/2016) y trata de asociar los planes a una nueva cuenta”. Esta afirmación no se condice con las constancias de la causa, ya que se puede verificar del historia del plan de pagos obrante a fs. 14 vta., que el 26/04/2016 no tenia la tercer cuota sin pagar, sino la cuarta, por un monto, computado con intereses, de $ 10.519,11. Y es que la actora ya tenía impaga la cuota del 26/02/2015. Por lo tanto, es falso el argumento según el cual “en relación a este plan, mi representada había pagado 30 cuotas del mismo” (fs. 213).
Por otro lado, cabe destacar que la actora no intentó producir ninguna prueba tendiente a demostrar la existencia de la medida cautelar que, presuntamente, le bloqueo la cuenta. Esto resulta de vital importancia ya que, independientemente de la actitud que la AFIP nego los hechos invocados por la actora al contestar el recurso, lo cierto es el argumento vinculado a la inoperatividad de la cuenta constituye el elemento factico mas relevante sobre el cual se sustenta la estrategia defensiva de la actora, por lo cual no podia obviarse su acreditación.
A esto se suma que tampoco existe prueba acerca del estado y saldo de la cuenta bancaria bloqueada, ya que la actora dirigió su prueba informativa únicamente en relación a la cuenta sustituta (cfr. apartado VII.A y B del recurso a fs. 30/31), respecto a la cual se agregaron los resúmenes (cfr. fs. 96/185). Por ello, aunque se tuviera por cierto el bloqueo de la cuenta, no es posible asumir que a la fecha de vencimiento de las cuotas de febero, marzo y abril de 2016 existieran fondos para pagar las mismas.
Por otro lado, la recurrente sostiene que la caducidad fue prematura porque “mi representada podía regularizar la situación antes del día 26 de ese mes”, es decir abril de 2016, porque, según su interpretación, se debe computar los sesenta días del art. 13 de la RG citada a partir del segundo vencimiento. Por ello, al final de su memorial señala que la caducidad Alta en sistema: 17/09/2019 “podría haberse decretado recién el día 27/04/2016, es decir, a los 61 días del vencimiento de la segunda cuota imapga del plan” (fs. 213 vta.). En relación a estos argumentos, cabe señalar que la segunda cuota impaga era la de febrero de 2016 y tenía dos fechas de vencimiento: 16/02/2016 sin intereses y 26/02/2016 con intereses.
Corresponde establecer, entonces, cual es la “fecha de vencimiento” a la que refiere el art. 13 de la RG 3451/2013 y, por ende, a partir de la cual hay que computar los sesenta días corridos allí dispuesto para que opere la caducidad. Esta respuesta se encuentra en el artículo 10 de la propia RG, que dice:
Las cuotas vencerán el día 16 de cada mes, a partir del mes inmediato siguiente a aquel en que se consolide la deuda y se formalice la adhesión conforme al Capítulo D, y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en cuenta bancaria, a cuyos fines se deberá observar lo que se dispone en el Anexo IV.
En caso que a la fecha de vencimiento general fijada en el párrafo anterior no se hubiera efectivizado la cancelación de la respectiva cuota, se procederá a realizar un segundo intento de débito directo de la cuenta corriente o caja de ahorro, el día 26 del mismo mes, incluyendo los intereses resarcitorios devengados hasta esa fecha.
Las cuotas que no hubieran sido debitadas en la oportunidad indicada en el párrafo precedente, así como los respectivos intereses resarcitorios, se debitarán el día 12 del mes inmediato siguiente, siempre que el contribuyente hubiera solicitado la rehabilitación de las mismas. Cuando los días de vencimiento fijados para el cobro de las cuotas coincidan con días feriados o inhábiles, se trasladarán al primer día hábil inmediato siguiente. De tratarse de un día feriado local, el débito de las cuotas se efectuará durante los días subsiguientes, según las particularidades de la respectiva operatoria bancaria.
Como se puede apreciar de la lectura del artículo transcripto (cuyo subrayado no es del original), las cuotas del plan de pagos “vencen” el 16 de cada mes. En segundo intento de débito, que ocurre el 26 de cada mes, es para el caso que el primer caso no se hubiera efectivizado, pero va de suyo que no se trata del vencimiento de la cuota, porque este nuevo intento de cobro incluye intereses y, como es sabido, solo genera intereses aquella deuda que se encuentra vencida e impaga. Por tanto, en definitiva, la caducidad no fue decretada en forma prematura como lo sostiene la recurrente, ya que el vencimiento de la segunda cuota operó el 16/02/2016.
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la sentencia del TFN, con costas de ambas instancias a la actora (art. 68, CPCCN).
VI. Resta analizar, entonces, la apelación de fs. 217 contra la regulación de honorarios de fs. 215. A tal fin resulta indispensable esclarecer, por de pronto, la base regulatoria del proceso. Como punto de partida para el análisis de la cuestión precedente, es conveniente destacar en primer término que la circunstancia de que la pretensión deducida en el pleito fuese anulatoria de la caducidad de un plan de pagos de la AFIP no implica en modo alguno que la decisión definitiva no provoque repercusiones de índole estrictamente patrimonial (esta Sala, “Romero Juan Antonio y otros c/ EN -M° Economia Resol 394/07 s/Proceso de conocimiento”, expte. 6883/2008, sentencia del 10/05/2016).
Alta en sistema: 17/09/2019 En el caso de autos, la repercusión patrimonial de la caducidad en cuestión, se ve reflejada en la intimación de pago cursada por la AFIP, obrante a fs. 33/35 de las actuaciones administrativas y producto de aquella decisión, la cual de la suma de “importe intimado” totaliza $ 338.071,67. Es plausible, entonces, tomar este monto como base regulatoria, y a partir de ello, tniendo presente el mérito, calidad y eficacia de la tarea profesional desarrollada, y la naturaleza, resultado y monto del asunto, por la actuación en primera instancia, se modifica la regulación de fs. 215, y SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación de la parte demandada en la suma de $ 56.795 en conjunto, que se distribuirán según la no impugnada proporción establecida en la resolución de fs. 215. Con fundamento en pautas análogas y considerando además el resultado del recurso, SE FIJAN sus emolumentos, por las tareas cumplidas en la Alzada (fs. 222/225 vta.) en $ 17.038,50, en conjunto (arts. 6, 7, 9, 14, y conc. de la Ley 21.839 de Aranceles de Abogados y Procuradores).
Hágase saber que, en caso de que los profesionales beneficiarios acrediten —en la instancia anterior— su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en su consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 200/202, con costas de ambas instancias a la actora (art. 68, CPCCN)
2. Regular los honorarios de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional de conformidad con el considerando VI.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Alta en sistema: 17/09/2019
Fin de la sentencia