Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 85.601
En la ciudad de Dolores, a los veintitrés días del mes de septiembre del año dos mil catorce, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 85.601, caratulada: "IAROSKY, VALENTIN ADOLFO C/ GIUFRIDA CARLOS GUSTAVO S/ COBRO DE HONORARIOS CONVENIDOS", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden: Doctores Silvana Regina Canale y María R. Dabadie, integrado con la Dra. Alicia Mendes de Macchi. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada?
2a. ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO:
I. Declarada por la Suprema Corte de Justicia Provincial la nulidad del fallo dictado por este Tribunal a fs. 530, vuelven los autos para tratar con nueva integración, el recurso de apelación que dedujera el demandado contra la resolución de fs. 511/512 que aprobó la liquidación practicada por el actor. El decisorio que desestimó la impugnación de la demandada tuvo su fundamento en la sentencia firme dictada en autos (fs. 408/410) y que condenó a pagar en dólares estadounidenses; en virtud de ello consideró precluida la etapa para introducir cuestiones relativas a las leyes de emergencia planteadas, y en consecuencia, determino la deuda en la suma de U$S 70.439.
El demandado persigue en sus agravios que al practicar dicha liquidación se apliquen las leyes de emergencia económica, lo que ya había solicitado al apelar la referida sentencia y el recurso fue desestimado por esta Alzada. Alega que dichas leyes son de orden público señalando que el fundamento de la preclusión resulta equivocado y afecta el debido proceso legal y su derecho de defensa.
II. Reseñada la situación fáctica de esta causa, considero necesario a fin de ubicarnos correctamente en el tema hacer un relato de los actos procesales y su temporaneidad. Se inicia la presente causa por cobro de pesos el día 1 de junio de 2001 en virtud de un convenio de honorarios celebrado el 7 de diciembre de 1999. Tramitado el proceso, y sin haber invocado la normativa de emergencia económica, ya vigente ésta, el 28 de julio de 2005 se dicta sentencia acogiendo la demanda por el monto y en la moneda reclamada; apelada ante esta Alzada, ante el rechazo del recurso se confirma en fecha 3 de febrero de 2006.
Interpuestos recursos extraordinarios por el demandado, fueron declarados inadmisibles por este Tribunal el 18 de julio de 2006, sin que la parte interesada hubiera recurrido en queja ante la Suprema Corte, con lo que el fallo que condenó en dólares adquirió autoridad de cosa juzgada.
Es así que la actora presenta su liquidación el 13 de septiembre de 2006, que es impugnada por el demandado pretendiendo la pesificación de la deuda. La sentenciante de grado aprueba la liquidacion en la moneda pactada, esto es en dolares estadounidenses en fecha 2 de noviembre de 2006, resolución confirmada por esta Alzada el 1 de junio de 2007.
Ante ello, la demandada interpone nuevos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad. Declarado admisible este último, el Superior Tribunal hace lugar al mismo anulando la sentencia impugnada y ordenando un nuevo pronunciamiento, cuestión que motiva hoy la intervención del Tribunal. Del relato que antecede surge como dato esencial que determinará la suerte de este remedio procesal, que la deuda que se intenta cobrar fue pactada en dólares y suscripto el respectivo convenio con anterioridad a la entrada en vigencia de las leyes de pesificación; sin embargo el proceso para su cobro tramitó y la sentencia de primera instancia que sirve de sustento a la liquidación ahora cuestionada, fue dictada con posterioridad a la entrada en vigencia de las leyes dictadas en ese marco de emergencia económica (ley 25.561 -7/01/2002- y modificatorias; decreto 214/2002 y modificatorios). Y tal sentencia quedó firme.
Surge entonces la cuestión relativa al valor de la cosa juzgada que emerge de dicho pronuncimaiento y la obligación o no de respetarla. Sobre el tema, en situación similar a la descripta, se ha pronunciado la Corte Local, haciendo un claro análisis del alcance de la cosa juzgada en las sentencias firmes que fueron dictadas ya vigentes las normas de emergencia económica concluyendo que en casos como el que nos ocupa debe respetarse la sentencia firme y la cosa juzgada. Así lo vemos en causas C. 95.876 del 14 de septiembre de 2011 y C. 96.773 del 21 de diciembre de 2011 entre otras. Analizando la cuestión cabe tener en cuenta en primer término lo resuelto por la Corte Nacional in re “ Souto de Adler…” y cuyos hechos difieren de lo acontecido en autos.
En dicho precedente, el alto Tribunal sostuvo que si bien siempre ha reconocido la jerarquía constitucional que corresponde a la cosa juzgada, no resultaba razonable interpretar que un pronunciamiento dictado con anterioridad a la crisis, e incluso en pleno conflicto económico y social, se encuentre amparado por dicho principio respecto de las normas que reconocieron y legislaron dicha emergencia en forma sobreviniente y que por tal motivo no fueron objeto de consideración por los jueces de la causa (consid. 9). El tribunal juzgó que resultaba adecuado interpretar que cuando el art. 3 de la ley 25.820 dispuso no modificar situaciones ya resueltas por acuerdos privados y/o sentencias judiciales, lo hizo con referencia a aquéllas finiquitadas en virtud de la autonomía contractual de las partes o por decisiones emanadas de órganos jurisdiccionales encontrándose vigentes las leyes en cuestión y dentro del marco jurídico que ellas reglamentan (v, consid. 11 y 12). Tal la interpretación que hiciera el maximo Tribunal de la referida norma legal.
De lo resuelto en dicho fallo surge claramente que sin desconocer el valor de la cosa juzgada la Corte consideró que en el especial caso de la emergencia económica declarada, aquellos fallos o acuerdo privados, anteriores a la vigencia de la legislación en cuestión, constituyen una excepción en tanto en ellos no hubo oportunidad de invocar y discutir la normativa legal referida.
En el caso que nos ocupa, no puede soslayarse que el demandado pudo plantear en esta causa, el tema referido a la moneda de pago del convenio de honorarios pues como señalé, durante su trámite y antes del dictado de la sentencia entró en vigencia el plexo normativo de emergencia económica.
Mas alla de tratarse de leyes de orden público que debieron ser aplicadas al resolver la cuestión, lo cierto es que ante tal omisión el recurrente tuvo oportunidad para formular los planteos que consideró procedentes a la defensa de sus derechos y lo hizo, sin juzgar el acierto o error del decisorio contrario a sus intereses, cuya firmeza intenta desconocer a traves de este recurso.
Cabe concluir que la liquidación que nos ocupa, tal como se hizo, debe ajustarse a las pautas de la sentencia firme que goza de los plenos efectos de la cosa juzgada.
Conforme lo expuesto y en sintonía con la doctrina de la Corte Local y Nacional la cuestión relativa a la moneda de pago no puede ser reeditada por el demandado; propongo rechazar el recurso traído y confirmar la resolución apelada.
VOTO POR LA AFIRMATIVA A LA MISMA CUESTION LA SRA. JUEZA DRA. DABADIE DIJO:
I. Disiento con la distinguida colega que me precede en emitir opinión, Dra. Canale, en cuanto propone rechazar la pretensión del recurrente – pesificación de lo adeudado en la etapa de ejecución de sentencia- por entender que existe cosa juzgada y además que no emanan de la actividad en el proceso circunstancias que justifiquen admitir la pretensión por vía de excepción.
He de propiciar que la acreencia debe ser pesificada con aplicación de la modalidad de cálculo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que ha seguido la Suprema Corte Local, por los argumentos que daré en este voto disidente.
II. Los antecedentes de la cuestión traída a estudio han sido expuestos en el voto que precede, aunque advierto que se ha omitido hacer referencia a dos cuestiones; que desde mi punto de vista tienen incidencia en la decisión final.
Me refiero en primer lugar a la afirmación que el demandado recurrente no ejerció la totalidad de vías recursivas a su disposición, conducta que impediría la revisión del decisorio que hoy me ocupa, por no configurarse una situación de excepción de naturaleza similar a la considerada por la Corte Suprema de la Nación en la causa “Souto de Adler”.
Si bien es cierto que dictada la sentencia de primera instancia en dólares estadounidenses (28-07- 2005) resultó confirmada por este Tribunal en su anterior integración (03-02-2006) el deudor dedujo recurso extraordinario que fuera declarado desierto por no habérsele concedido el Beneficio de Litigar sin Gastos que había solicitado.
Lo cierto es que en su presentación de fs. 505/504 punto 2.1 primer párrafo el deudor manifestó haber deducido queja por recurso denegado ante la Suprema Corte Local por los recursos interpuestos a fs. 448/455 y 480/490, los que le habían sido denegados. Si bien no obran en la causa constancias del éxito o fracaso que aquellas quejas pudieron haber tenido, esa denuncia forma en mi un indicio respecto de que el recurrente en su momento intentó ejercer todos los medios recursivos a su alcance y no logró superar la deserción que se habría decretado por imperio del incumplimiento del depósito previo que manda el art.
280 CPCC.
Es así como creo que desestimar sin más la revisión con andamiaje en este hito es del más estricto rigor formal sobretodo cuando se advierte la voluntad del demandado de revisar las cuestiones esenciales de naturaleza federal involucradas en este proceso de conocimiento.
En segundo lugar no puedo dejar de valorar la conducta del actor-acreedor quien practicó la liquidación de capital, intereses y gastos en dólares estadounidenses realizó su conversión a pesos según sus propias palabras “Asimismo ilustrativamente, el monto total de la liquidación de lo adeudado por mi representado equivale a $217.726,95.- …”, habiéndose aprobado en ambas monedas a fs. 512/513. Esta resolución es la que motivó el recurso que aquí se trata, la que fue consentida en forma expresa por el letrado apoderado de Iarosky.
Las dos cuestiones mencionadas entre otras a las que me he de referir, me llevan sin duda a decidir a favor del recurrente.
II. La situación fáctico-temporal indicada en el Considerando anterior no resulta análoga a la de la causa “Souto de Adler” decidida por la Corte Suprema de la Nación en 2007 en lo que a su temporalidad de trámite se refiere. Ello así en tanto la sentencia de Souto hubo de adquirir firmeza en forma previa al dictado de las leyes de emergencia económica por lo tanto la cuestión fue decidida a la luz de una normativa diferente; en tanto que esta causa si bien fue iniciada antes del dictado de aquel plexo normativo la decisión final (año 2005) fue dictada en tiempos de plena vigencia de aquellas normas habiéndose realizado por el legislador la totalidad de aclaraciones que eran necesarias para su plena aplicabilidad.
De allí que no tengo duda que el juez de la primera instancia debió haber juzgado bajo ese paraguas normativo y no a la sombra de una sentencia de esta Cámara en su anterior conformación, no sólo porque no estamos en un sistema de obligatoriedad de precedentes verticales sino porque se trataba de una cuestión atingente al orden federal y el único precedente obligatorio podía provenir de la Corte Nacional. Por otro lado y no es dato menor no resulta necesaria la invocación por el justiciable de las leyes que debe aplicar el juez al sentenciar pues es sabido que debe conocer toda la legislación vigente en la república. Es así que las leyes de emergencia económica denominadas de “pesificación asimétrica” debieron ser aplicadas al caso en juzgamiento no sólo por imperio del orden público sino también por la interpretación que la Corte Nacional y la doctrina mayoritaria han realizado del principio de irretroactividad de la ley. (arts. 1, 2, 3, 21 Cód. Civil; 11 y 19 ley 25.561 y sus mod.).
En el sub examine no fueron aplicadas las normas sobre emergencia económica vigentes, la cuestión resulta de mayor gravedad toda vez que aquella omisión sin haberse decretado en forma previa su inconstitucionalidad aún de oficio, única vía para su inaplicación.
Más aún cuando en cuestiones de igual naturaleza la Corte Suprema Nacional ha dicho que si bien el art. 3 del Cód. Civil se limita a establecer que la ley no puede afectar en forma retroactiva un derecho amparado por la Constitución. Sin embargo, ello no significa que tales derechos se deban mantener impolutos y que la ley no pueda modificarlos, pueden modificarse en tanto no se los desnaturalice, se mantenga su esencia. Tal el caso de la leyes de emergencia económica que han sido dictadas en circunstancias económicas o sociales de excepción, que han hecho necesaria la adopción de medidas extraordinarias (CSJN, 21/8/1922, JA, t.9, p. 194; 3/8/1925, JA, t.17, p. 18; Fallos, 172:21; 243:449; entre otros).
De allí que no era necesario que el deudor demandado solicitara la aplicación de tales leyes, como lo pretende el actor, cuando las mismas tenían plena vigencia y por ende debieron serlo o en su caso como dije declarada su inconstitucionalidad por la sentenciante quien aún de oficio podía hacerlo, hito que jamás fue demarcado. Más aún la Cámara en su anterior integración al pronunciarse sobre el recurso articulado contra la sentencia de mérito argumentó que no era posible tratar la aplicabilidad de las leyes de emergencia por no haber sido una cuestión sometida al debate del iudex a quo, extremo que en modo alguno resultaba atendible pues la aplicabilidad de una norma vigente como dije no debe ser pedida por el justiciable ya que el juez debe conocer el derecho aplicable.
III. Respecto de la cosa juzgada es sabido que adquiere su fuerza e inviolabilidad por efecto del principio de preclusión de los actos procesales, que impide volver sobre una sentencia o decisión judicial, forjándose en un obstáculo definitivo. En el sub judice se trata de volver sobre una sentencia interlocutoria que aprobó la liquidación practicada por el acreedor con pie en las pautas de una sentencia firme y consentida.
Mucha agua ha pasado bajo el puente respecto del concepto de la cosa juzgada desde el que imperaba en Roma como elemento natural de la sentencia como resultado en el proceso a través de la acción - litiscontestario- sentencia en una consustanciación inescindible, de allí su imposibilidad de cambio sin perjuicio de la querela nullitatis y de la restitutio in integrum que operaba como recurso extraordinario en casos de excepción.
Pasando por las palabras de Chiovenda en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (año 1936) cuando dijo “… nada ofende en si a la razón que la ley admita la impugnación de la cosa juzgada, pues ella no es absoluta y necesaria, sino que se establece por consideraciones de utilidad y oportunidad. De allí que a veces pueda aconsejar que sea sacrificada para evitar un daño mayor de conservar una sentencia intolerablemente injusta”, no obstante ello lo cierto es que el desarrollo doctrinario se ha centrado en la “santidad de la cosa juzgada” con una visión exagerada que ha llevado a transformar lo blanco en negro, lo falso en verdadero, lo justo en injusto o como se dijo, “… se asemeja al ensalmo de los cuestos de hadas que transforma a la fregona en princesa …”. (S.C.B.A., E.D., 40-270, voto juez Bremberg, citado por Scarpatti, María C., Tesis MMJ “La cosa juzgada írrita”). Siguiendo tal hilo conductor de aquella cosa juzgada definitiva e inmodificable se avanzó siempre en pos del valor justicia hacía la cosa juzgada írrita – creación pretoriana- para encaminarse en nuestro día hacía cierta dinamicidad de la cosa juzgada en particular en la etapa de ejecución de la sentencia, por efecto de cuestiones sobrevinientes de tal magnitud que podrían transformar aquella pretensa seguridad jurídica avalada por la cosa juzgada en injusticia e inequidad con violación de principios fundamentales de naturaleza constitucional y convencional como es el de la propiedad.
Las cuestiones relacionadas de modo directo o indirecto con las denominadas leyes de pesificación del año 2002 en adelante, que se han ventilado ante los diferentes tribunales del país hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; no tengo duda que configuran conflictos complejos de naturaleza estructural.
No tengo duda que no sólo para que la decisión judicial resulte justa y equitativa sino también ejecutable y consecuentemente cumplible, es necesario ver al instituto de la cosa juzgada no desde una perspectiva dogma inmutable e indiscutido sino con una perspectiva más dinámica y sistémica, que habilite en cierta medida su variabilidad, adecuación o modificación con miras a una mejor reconstrucción de los derechos vulnerados para todas las partes del proceso.
Los procesos estructurales que ponen en juego el sistema republicano, como fue el de “pesificación asimétrica” que desencadenó el dictado de las leyes 25.561 sus modificatorias y las relacionadas, como producto de un cambio de las condiciones económico financieras del país y por lo tanto de las condiciones a que se sujetaban las relaciones jurídicas, no puede ser desconocido por los jueces y por ello creo que la cosa juzgada debe ceder cuando quién lo pretenda demuestre que desarrolló toda la actividad a su cargo para lograrlo y además en este caso particular, se aprecia el silencio de la parte actora como convalidante de la pretensión del ahora recurrente (BERIZONCE, Roberto, Los conflictos de interés público, en Revista de Derecho Procesal, 2011-2, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, p. 76 y DO PASSO CABRAL, Coisa julgada e preclusoes dinámicas; obras citadas por SEDLACEK, Federico D., Nuevas herramientas para la ejecución de resoluciones en litigios estructurales: el “case managemente” anglosajón y la cosa juzgada “dinámica”, Rev. Derecho Procesal, Año 2013-2, p. 151 y sgts., Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe).
Esta variación o modificación de la cosa juzgada que debe ser admitida tanto ante procesos colectivos como individuales debe encontrar una valla, para evitar el dictado de sentencias definitivas o equivalentes a definitivas arbitrarias; encuentra dos desde mi punto de vista.
La primera, es la existencia de un conflicto estructural que afecte los principios mismos del Estado de Derecho Constitucional y la segunda, la debida argumentación de la decisión jurisdiccional; caso contrario la sanción mayor de nulidad puede ser efectivizada (arts. 163 inc. 5 CPCC; 18 a 27 Código Iberoamericano de Ética Judicial).
En el caso que me ocupa ambos extremos se han cumplido, como señalé el conflicto estructural complejo lo constituye el dictado del plexo normativo de pesificación que alteró las condiciones económico, sociales y financieras de todos los habitantes de la república produciendo de manera innegable repercusiones en las relaciones jurídicas existentes y su cumplimiento y por otra parte esta disidencia entiendo se ha argumentado en debida forma apartándose de toda forma de dogmatismo.
Es así como una cosa juzgada a la que se arribó sin haber hecho aplicación de normas vigentes dictadas en un período especial y complejo de la vida económicofinanciera del país es a todas luces una cosa juzgada que transformó lo injusto por no resultar acorde con las normas vigentes en justo e inequitativo, con un claro desequilibrio para el derecho de las partes. Sobretodo cuando el aquí recurrente hubo de intentar en forma denodada ser oído y no lo logró, máxime cuando se trata de leyes nacionales que afectan derechos constitucionales creándose un conflicto de principios que debe ser resuelto en esta instancia. Considero que no puede pasar inadvertida y de hecho debe de ser valorada, como anticipara, la conducta del acreedor al tiempo de practicar la liquidación de capital, intereses y gastos (fs. 502) como consecuencia del interlocutorio que la aprobó (fs. 551/512), el que es motivo de revisión por medio de esta intervención.
Tal como se transcribió supra al practicar la liquidación el Dr. Rajoy, en representación del acreedor, expresó el total de lo adeudado en dólares y en pesos, señaló que lo hacía en pesos “…ilustrativamente…”, en verdad no es posible dar contenido a este término sin contextualizarlo, sobretodo cuando no se hace referencia a que la liquidación tenga un destino especial; como hubiera sido, por ejemplo, el de practicar la regulación de honorarios profesionales.
De allí entonces que sólo me es posible inferir que el letrado apoderado del actor expresó en pesos lo adeudado por Giufrida, porque conocía que ya se había instalado por parte de la mayoría de los tribunales el criterio de pesificación de las deudas.
Esta inferencia adquiere una dimensión mayor ante el silenció que guardó el acreedor ante la dispositiva que aprobó la liquidación, cuando ese decisorio modificó la cosa juzgada que al contestar los agravios solicita se mantenga inalterable.
Aquí toma vida la doctrina de los actos propios, que no es ni más ni menos que una conducta deliberada jurídicamente relevante y plenamente eficaz que pone en contradicción actor de una parte procesal, en el caso el actor que al tiempo de responder los agravios del demandado desconoce la modalidad en que fue aprobada la liquidación que conllevó la modificación de la dispositiva de la sentencia de mérito, esa conducta afecta el principio general de buena fe procesal (SCBA, LP C 97.516 S 12/10/2011; LP Ac. 89.057 S 24/05/2006; entre otros).
Resulta inevitable hacer tal afirmación toda vez que la sentencia de mérito mando pagar cincuenta y dos mil quinientos dólares estadounidenses (U$S 52.500,00) con más intereses al 6 % anual por todo concepto desde la fecha de la mora, fijándose esta el día de notificación de la demanda (01-06-2001). Pero el Dr. Flores al aprobar la liquidación, debo insistir modificó esa dispositiva al decir “… RESUELVO: 1) APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRACTICADA POR LA ACTORA a fs. 502 la que por capital, intereses, tasa de justicia y sobretasa, asciende a la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE, (U$S 70.439), equivalente dicha suma a la de $ 217.726,95 (pesos doscientos diecisiete mil setecientos veintiséis con noventa y cinco centavos)…”, resulta evidente que al aprobar la liquidación con una equivalencia a la que la sentencia no había referido se produjo una modificación de la cosa juzgada.
Es tiempo de preguntarse si el acreedor guardó silencio ante la modificación, ¿cómo es posible que ahora se duela ante el recurso del deudor que pretende que la acreencia sea expresada en moneda de curso legal –pesos- por imperio de la pesificación, con pie en la preclusión de los actos procesales y consecuentemente en la existencia de sentencia firme? Resulta evidente que la modificación en cuestión al aceptar una moneda de pago equivalente de lo adeudado dio por tierra con el principio de preclusión de los actos procesales que como señalé ab initio es nada más ni nada menos que el principio procesal que da origen al estado de sentencia firme por advenimiento de la cosa juzgada.
En definitiva, lo dicho me lleva a afirmar una vez más que en autos debe aún encontrándose en la etapa de ejecución de sentencia procederse a pesificar el monto por el que prosperara la acción por existir razones extraordinarias por tratarse de un conflicto complejo que involucra cuestiones estructurales como fue dicho, teniendo asimismo en consideración como señalé la innecesariedad de invocar las normas pertinentes por parte de alguno de los litigantes, en el caso el deudor. Ello así porque no puede afectarse la cosa juzgada por parte del silencio del actor y no serlo por la invocación del demandado sobretodo cuando las leyes vigentes le asisten.
IV. Cuestiones sobrevinientes.
Merece la pena hacer mención a una cuestión acaecida en el ínterin que este proceso judicial se encontraba tramitando ante la Suprema Corte Local, tal hito es producto de la situación económico-financiera del país, que desde mi punto de vista debe ser atendida por la magistratura por imperio de las consecuencia que produce la decisión en todo proceso judicial, caso contrario se crearía una nueva situación insuperable en principio para el deudor.
De modo puntual me refiero a la instalación del denominado “cepo cambiario”, consistente en una serie de normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con plena vigencia cuyo comienzo temporal se fija con la Comunicación A 5239 (octubre 2011) del primero y la Resolución General 3210/11. Este plexo normológico prescribe una serie de limitaciones a la adquisición de moneda extranjera en entidades bancarias y financieras, siendo una de ellas el límite a la cantidad por mes y por año; resulta esta ser la que destaco por sus consecuencias.
Le llevaría por lo tanto más de un año al deudor disponer de la adquisición de la moneda para satisfacer a su acreedor lo que originaría un espiral ascendente de liquidaciones constantes y aplicación de intereses por una situación que es ajena al acreedor.
Sabido es y lo he señalado en otras oportunidades, que los jueces debemos dictar sentencias justas pero cumplibles, para ello se deben tener presentes las circunstancias económico-financieras y sociales que pudieron afectar el cumplimiento de la sentencia durante el trámite del proceso como lo señala la Corte Suprema Nacional en la causa “Souto de Adler”. Estas apreciaciones no implican un juzgamiento de la cuestión de modo extra petita, son las reflexiones que un magistrado activo y comprometido con los principios que iluminan los paradigmas del Estado de Derecho Constitucional debe tener.
V. Las razones expuestas tal como lo hube de manifestar al inicio de este voto disidente a afirmar que corresponde receptar el recurso de apelación deducido por el demandado, debiéndose convertir a pesos el capital reclamado por el que prosperó la sentencia dictada en su primera instancia el 28 de julio de 2005 en moneda extranjera a razón de un peso por dólar estadounidense, más el 50 % de la brecha existente entre un peso y la cotización de la mencionada divisa extranjera en el mercado libre de cambio –tipo vendedor- del día que corresponda efectuar el pago, salvo que la utilización del coeficiente de actualización (CER), previsto en las normas de emergencia económica, arroje un resultado superior. A ello se agregarán los intereses calculados a la tasa del 7,5 % anual, no capitalizables desde la fecha en que se produjo la mora y hasta el efectivo pago.
VI. Costas.
Las costas de ambas instancias se han de imponer en el orden causado atento que la cuestión debatida resulta excepcional, extremo que la torna novedosa al tiempo de decidir (art. 68 2do. párr. CPCC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA MENDEZ DE MACCHI ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS. A LA SEGUNDA CUESTION LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE DIJO:
Conforme el Acuerdo que antecede corresponde por mayoria del Tribunal revocar la sentencia interlocutoria de fs. 511/512 y mandar a pesificar el capital de la sentencia de mérito conforme se ha indicado en el considerando V. Las costas de ambas instancias se han de imponer en el orden causado (arts. 17, 28, 33, 75 inc. 22 CN; 11, 19 ley 25.561 mod. por la ley 25820; 1, 2, 3, 21, 509, 616, 621, 622, 1197, Cód. Civ.; 68 parr. 2do, 163 inc. 5 CPCC; Código Iberoamericano de Ética Judicial).
ASI LO VOTO CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE S E N T E N C I A
Por la mayoría arribada en el Acuerdo, este Tribunal resuelve revocar la sentencia interlocutoria de fs. 511/512 y mandar a pesificar el capital de la sentencia de mérito conforme se ha indicado en el Considerando V. Las costas de ambas instancias se han de imponer en el orden causado (arts. 17, 28, 33, 75 inc. 22 CN; 11, 19 ley 25.561 mod. por la ley 25.820; 1, 2, 3, 21, 509, 616, 621, 622, 1197 Cód. Civil; 68 párr. 2do, 163 inc. 5 CPCC; Código Iberoamericano de Ética Judicial).
Los honorarios de esta Alzada se regularán cuando lo hayan sido los de primera instancia (arts. 31 y 51, ley 8.904).
Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
MARIA R. DABADIE SILVANA REGINA CANALE ALCIA M. DE MACCHI GASTON FERNANDEZ
Abogado Secretario
Fin de la sentencia