Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-17546-AZ1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación incoado por el actor en cuanto cuestiona la inadmisibilidad de la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución n° 1088/2018 y de las pretensiones subordinadas a ella, con el alcance indicado en los considerandos del voto que concitó adhesión, dejando establecido que lo decidido no alcanza a la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución n° 15/2023. En tales términos, confirmar la decisión de grado apelada en cuanto fue materia de agravio. Las costas de alzada se imponen en el orden causado, al no mediar contradicción (arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.C.A).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Anexo único del Acuerdo S.C.B.A. n° 3975/2020, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-17546-AZ1E "IBALO, NESTOR DAMIAN c. PROVINCIA DE BUENOS AIRES s. PRETENSION ANULATORIA - EMPLEO PUBLICO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín y Mora
I. En fecha 14-08-2025 Néstor Damián Ibalo promovió demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Seguridad-, mediante la cual articuló pretensión anulatoria respecto de la resolución n° RESOL-2018-1088-GDEBA-MSGP, dictada en el expediente administrativo n° 21100-437970/16, y acumuló una pretensión de reconocimiento de derechos vinculada con el subsidio previsto por la ley 13.985.
Expuso que, mediante el acto impugnado, el Ministro de Seguridad declaró encuadradas en las previsiones del art. 339 del anexo del decreto 1050/09 las lesiones sufridas por el personal policial individualizado en el anexo integrante de aquella resolución, entre quienes se encontraba el actor. Sobre esa base, solicitó que se anule íntegramente el acto y que, en su lugar, se declare que las lesiones padecidas el 09-07-2016 fueron consecuencia de un "acto de servicio", en los términos del art. 51 de la ley 13.982 y del art. 338 del anexo del decreto 1050/09.
Como consecuencia de ese encuadre, reclamó que se le reconozca el derecho a percibir el subsidio establecido en el art. 1 de la ley 13.985. Sostuvo que su cuantía debía equivaler a todo lo que percibiera por cualquier concepto un teniente primero del subescalafón general de las Policías de la Provincia de Buenos Aires con veintidós años de antigüedad.
A tal efecto, planteó la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto reglamentario 149/10, en cuanto condicionaba el monto del beneficio a una suma equivalente al sueldo básico más la bonificación remunerativa y no bonificable correspondientes al grado de teniente primero del subescalafón general de la ley 13.982. Alegó que esa reglamentación contradecía el texto y la finalidad de la ley 13.985 y vulneraba los arts. 144 inc. 2 de la Constitución provincial y 31 de la Constitución Nacional.
Asimismo, peticionó el reconocimiento del derecho a percibir retroactivamente las sumas correspondientes al subsidio desde la fecha de la lesión y hasta su efectivo pago, tomando como base de cálculo la remuneración total de un teniente primero de las Policías de la Provincia de Buenos Aires vigente al momento de dictarse sentencia y/o hacerse efectivo el pago. Solicitó que la liquidación se practique en la etapa de ejecución de sentencia, con más intereses y costas.
II. En fecha 10-02-2026 el accionante amplió la demanda y extendió la pretensión anulatoria a la resolución n° 15/2023, dictada por el Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la ISA n° 1050-30259/817, mediante la cual se le impuso la sanción de cesantía.
III. En fecha 22-05-2026 el demandante amplió nuevamente la demanda, una vez incorporadas las actuaciones administrativas requeridas en los términos del art. 30 del C.C.A, y precisó los hechos y fundamentos de su pretensión. Reiteró que perseguía la anulación de la resolución n° RESOL-2018-1088-GDEBA-MSGP, por cuyo intermedio el Ministro de Seguridad encuadró las lesiones sufridas por Néstor Damián Ibalo el 09-07-2016 en el art. 339 del anexo del decreto 1050/09, y solicitó que fueran calificadas como producidas en "acto de servicio", conforme al art. 51 de la ley 13.982 y al art. 338 de aquel reglamento.
Relató que, mientras prestaba servicios como oficial del escalafón general en la comisaría distrital Tandil Primera, resultó lesionado durante un procedimiento policial realizado en la madrugada del 09-07-2016, al precipitarse desde el techo del Hipermercado Carrefour de Tandil mientras perseguía a los presuntos autores de un ilícito. Indicó que sufrió fractura del brazo izquierdo y luxación del hombro izquierdo y que, a raíz de sus secuelas, permaneció inicialmente con reposo laboral y luego afectado a tareas no operativas. Añadió que en el sumario administrativo se propició declarar las lesiones imputables al servicio, aunque posteriormente la resolución n° RESOL-2018-1088-GDEBA-MSGP las encuadró en el art. 339 del decreto 1050/09.
Sobre esa base, sostuvo que el hecho debía ser considerado "acto de servicio" y reclamó el reconocimiento del derecho a percibir el subsidio previsto por el art. 1 de la ley 13.985 desde el 09-07-2016 hasta el 12-01-2023, fecha en la que fue dado de baja por cesantía mediante la resolución n° 00015/2023. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad de los arts. 2, 3 y 4 del decreto 149/10 y solicitó el pago retroactivo de las sumas que consideró devengadas, con más intereses y costas.
En cuanto a la admisibilidad de la pretensión anulatoria, afirmó que la acción fue promovida dentro del plazo legal y, a tal efecto, planteó la nulidad de la notificación del acto impugnado.
IV. En fecha 26-06-2026 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Azul, en el marco del art. 31 inc. 1° del C.C.A, declaró inadmisible, por extemporánea, la pretensión anulatoria deducida por Néstor Damián Ibalo y, como consecuencia de ello, las restantes pretensiones articuladas.
Para así decidir, el magistrado recordó que el 29-08-2025 se incorporaron las actuaciones administrativas n° 21.100-437.970/2016, requeridas en los términos del art. 30 del C.C.A. y que, posteriormente, se solicitó y agregó el legajo computarizado del actor. Sentado ello, consideró que la instancia administrativa había quedado agotada mediante el dictado de la resolución n° RESOL-2018-1088-GDEBA-MSGP, por tratarse de un acto emanado de la máxima autoridad administrativa con competencia resolutoria final, conforme al art. 14 inc. 1 apartado "a" del C.C.A.
Luego, ponderó que de las constancias del expediente administrativo n° 21100-437.970/16 surgía que aquel acto fue notificado al actor el 06-09-2018. Sobre esa base, concluyó que, al momento de promoverse la demanda el 14-08-2025, había transcurrido en exceso el plazo de noventa días hábiles judiciales previsto por el art. 18 del C.C.A, el cual -según determinó- había venció el 20-02-2019.
Afirmó que el examen previsto por el art. 31 inc. 1 del C.C.A. habilitaba al juez, antes de conferir traslado de la demanda, a controlar de oficio el cumplimiento del plazo de caducidad y a declarar inadmisible la pretensión cuando el defecto resultara insubsanable.
Finalmente, descartó que el planteo de nulidad de la notificación introducido por el accionante en la ampliación de demanda del 22-05-2026 pudiera modificar esa conclusión, pues consideró que fue formulado sin fundamento alguno.
En consecuencia, declaró inadmisible por extemporánea la pretensión anulatoria, con sustento en los arts. 18 inc. "a" y 31 inc. 1 del C.C.A, y extendió esa decisión a las restantes pretensiones articuladas.
V. En fecha 01-07-2026 la parte actora interpuso recurso de apelación contra la mencionada resolución del a quo .
Sostuvo que el pronunciamiento resultaba arbitrario por tres razones centrales. En primer lugar, porque tuvo por firme el acto administrativo cuestionado sin examinar adecuadamente el planteo de nulidad de su notificación introducido en la ampliación de demanda del 22-05-2026. En segundo término, porque la doctrina sobre caducidad y estabilidad de los actos administrativos invocada por el juez presuponía la existencia de una notificación válida, extremo que - en su criterio- no se configuraba en el caso. Y, finalmente, porque la inadmisibilidad fue declarada de oficio, antes del traslado de la demanda y sin intervención de Fiscalía de Estado, circunstancia que - conforme lo consignó- le impidió desarrollar con mayor amplitud el planteo de nulidad de la notificación.
Al reseñar los antecedentes, recordó que la resolución n° RESOL-2018-1088-GDEBA-MSGP encuadró las lesiones sufridas el 09-07-2016 en el art. 339 del anexo del decreto 1050/09, en lugar de calificarlas como producidas en "acto de servicio" conforme al art. 51 de la ley 13.982.
Destacó que, una vez incorporadas las actuaciones administrativas, planteó expresamente, en la ampliación de demanda del 22-05-2026, la nulidad de la notificación de la resolución impugnada. Sin embargo, afirmó que el juez de grado consideró suficiente la constancia de notificación del 06-09-2018 para tener por iniciado el plazo de caducidad del art. 18 inc. "a" del C.C.A. y desestimó aquel planteo mediante la sola afirmación de que aparecía desprovisto de todo fundamento.
Desarrolló la nulidad de la notificación practicada el 06-09-2018. Señaló que la resolución n° RESOL-2018-1088-GDEBA-MSGP constituía un acto de alcance pluriindividual, pues comprendía simultáneamente a diversos agentes y remitía a anexos específicos para individualizar a cada uno de ellos, el hecho considerado y la fecha correspondiente. Alegó que el anexo I resultaba indispensable para identificar concretamente que el acto se refería a las lesiones sufridas el 09-07-2016 y cuál había sido su encuadre jurídico.
Expuso que el comparendo de notificación transcribió los considerandos y los artículos de la resolución, pero omitió el Anexo I, sin constancia de que este le haya sido entregado o exhibido. A partir de ello, sostuvo que la diligencia no le había permitido conocer con certeza cuál de sus lesiones o hechos fue objeto de calificación ni -según su postura- determinar siquiera si su situación quedó comprendida en el art. 339 o en otra de las hipótesis contempladas por la resolución.
Fundó la nulidad en los arts. 62, 63 y 67 del decreto ley 7647/70. Argumentó que, si el propio acto declaró al anexo I parte integrante de la resolución, su omisión importaba incumplir la exigencia de notificar íntegramente su parte resolutiva. Añadió que no concurría -a su juicio- la excepción vinculada con el conocimiento indudable del acto por el interesado, pues sostuvo que no tuvo tenido acceso al expediente digital ni tomó conocimiento integral de la decisión.
En sustento de esa posición, invocó jurisprudencia referida a la necesidad de que el cumplimiento de los recaudos de una notificación administrativa surja de manera categórica y a que, en caso de duda acerca del efectivo conocimiento del acto, deba estarse por la inexistencia de una notificación apta para producir efectos. También invocó el principio favor actionis y las garantías de acceso a la jurisdicción y defensa en juicio.
Por otro lado, cuestionó la aplicación de la doctrina sobre caducidad empleada por el juez de grado. Sostuvo que las reglas relativas al carácter fatal e improrrogable del plazo del art. 18 del C.C.A. presuponían necesariamente una notificación válida del acto administrativo y que, si esta se encontraba viciada, el término de caducidad no había comenzado a correr.
Asimismo, objetó que la inadmisibilidad haya sido declarada de oficio antes de trabarse la litis . Si bien reconoció que el art. 31 inc. 1 del C.C.A. faculta al juez a efectuar un examen preliminar de admisibilidad, sostuvo que esa potestad no habilita a descartar sin análisis sustancial un planteo de nulidad expresamente formulado ni a anticipar el tratamiento de una defensa que Fiscalía de Estado todavía no opuso
Finalmente, introdujo cuestión federal por considerar comprometidos el debido proceso, la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva y solicitó que se revoque la resolución apelada, se declare la admisibilidad de las pretensiones deducidas y se disponga el consecuente traslado de la demanda en los términos del art. 35 del C.C.A, con costas.
VI. Declarada por esta Cámara la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y puestos los autos al Acuerdo para dictar Sentencia (conf. prov. de Presidencia del 18-09-2026), corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. La cuestión sometida a conocimiento de esta Cámara exige determinar, inicialmente, si la diligencia de notificación practicada el 06-09-2018 resultó idónea para hacer conocer a Néstor Damián Ibalo el contenido de la resolución n° RESOL-2018-1088-GDEBA-MSGP y, en particular, el encuadre que mediante ella se asignó a las lesiones sufridas durante el procedimiento policial del 09-07-2016.
La respuesta a ese interrogante resulta decisiva para definir la suerte del recurso, pues el dies a quo del plazo de caducidad para promover la pretensión anulatoria contra el referido acto constituye, precisamente, el punto controvertido que motiva la intervención de esta Alzada. Así, de su determinación dependerá la viabilidad formal del reclamo formulado por el accionante.
Al efectuar el examen de admisibilidad previsto en el art. 31 inc. 1 del C.C.., el juez de grado tuvo por acreditado que aquella resolución fue notificada al actor el 06-09-2018 y, al tomar esa fecha como punto de partida, concluyó que el plazo de noventa días contemplado en el art. 18 inc. "a" del mismo ordenamiento había vencido el 20-02-2019. Como la demanda fue promovida recién el 14-08-2025, declaró inadmisible por extemporánea la pretensión anulatoria y extendió esa solución a los restantes reclamos que consideró subordinados a ella.
El recurrente controvirtió la premisa sobre la cual se asentó ese razonamiento. No desconoció haber comparecido personalmente el 06-09-2018 ni haber suscripto la diligencia incorporada a las actuaciones administrativas. Sostuvo, en cambio, que esa comunicación no pudo producir los efectos de una notificación válida porque, aunque reprodujo el cuerpo de la resolución n° 1088/2018, no incorporó el anexo I ni dejó constancia expresa de su entrega. De allí derivó que no pudo conocer, entonces, que aquella disposición se refería a su situación ni que las lesiones padecidas el 09-07-2016 fueron encuadradas en el art. 339 del anexo del decreto 1050/09.
Sobre esa base afirmó que el plazo de caducidad nunca comenzó a correr y controvirtió, como consecuencia de ello, la inadmisibilidad declarada oficiosamente en la instancia anterior.
2. El decreto ley 7647/70 establece las condiciones bajo las cuales debe efectuarse ese examen.
Su art. 62 prescribe que las notificaciones ordenadas en actuaciones administrativas deben contener la pertinente motivación del acto, el texto íntegro de su parte resolutiva y la expresión de la carátula y numeración del expediente; mientras que el art. 63 contempla, entre los medios admitidos, la notificación personal del interesado en las actuaciones.
Cabe recordar que, al tratarse de un acto administrativo de alcance particular, su notificación constituye un deber de la Administración en garantía de los derechos de quienes participan en el procedimiento (arg. doct. S.C.B.A. en causas B. 63.224 "Molinato", sent. del 14-08-2013; A. 73.785 "Barrios", sent. del 21-02-2018; B. 67.498 "A., J.", sent. del 31-10-2023). Por ello, el medio elegido para practicar la notificación debe ser idóneo para garantizar que el interesado tome conocimiento en forma cierta de los fundamentos y de la parte dispositiva del acto administrativo en cuestión, a los efectos de garantizar su adecuada defensa (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas B. 59.637 "Baldi de Perversi", sent. del 10-07-2013; B. 64.179 "Ramos", sent. del 24-06-2015; B. 63.052 "Barbenza", sent. del 15-08-2018).
A su vez, el art. 67 dispone que las notificaciones practicadas en contravención a las normas prescriptas son nulas, aunque establece que, si del expediente resulta en forma indudable que el interesado tuvo conocimiento de la providencia, aquella producirá desde entonces todos sus efectos.
De tal régimen se desprende que el planteo de marras no puede resolverse mediante la sola comprobación de la supuesta omisión denunciada por el agente en la diligencia de notificación. Antes bien, corresponde dilucidar si las constancias de las actuaciones permiten tener por acreditado, pese al defecto invocado, que el interesado tuvo conocimiento efectivo de la decisión administrativa que lo afectaba. Y, para ello, es necesario atender conjuntamente al contenido de la resolución n° 1088/2018 y a las circunstancias en que fue comunicada a Ibalo.
3. La citada resolución n° RESOL-2018-1088-GDEBA-MSGP, dictada por el Ministro de Seguridad el 03-08-2018, obra en las págs. 251/252 del documento digital correspondiente al expediente administrativo n° 21100-437970/16, acompañado por la parte demandada el 29-08-2025 en la oportunidad prevista por el art. 30 del C.C.A.
Mediante aquel acto se resolvieron conjuntamente distintas actuaciones vinculadas con lesiones y fallecimientos de personal policial. En lo que aquí interesa, sus considerandos distinguieron dos grupos: de un lado, las actuaciones individualizadas en el anexo I, referidas a agentes que habían sufrido lesiones que la Autoridad consideró producidas con motivo o en ocasión del servicio, sin culpa o negligencia de los involucrados; y, del otro, aquellas correspondientes al personal fallecido consignado en el anexo II, cuyos decesos fueron considerados ajenos al servicio. En consonancia con esa distinción, el art. 1 encuadró las lesiones del primer grupo en el art. 339 del anexo del decreto 1050/09, mientras que el art. 2 hizo lo propio respecto de los fallecimientos comprendidos en el segundo, con sustento en el art. 332, última parte, del mismo reglamento.
Los anexos completaron la individualización de las personas comprendidas en cada una de esas decisiones. Así, en la pág. 256 del documento digital, el anexo I consignó a Néstor Damián Ibalo, oficial del escalafón general, legajo 200.679, en relación con el expediente n° 21100-437970/16 y con el hecho ocurrido el 09-07-2016.
La diligencia de notificación obra, a su vez, en las págs. 271/272 del mismo documento. De allí surge que el 06-09-2018 Ibalo compareció personalmente ante el instructor, fue individualizado por su nombre y legajo y se dejó constancia de que, en el marco de aquel expediente, se le hacía saber la resolución n° 1088/2018. Seguidamente se transcribieron sus considerandos y los arts. 1, 2 y 3 y, al finalizar, se consignó que recibía "en conformidad copia de igual tenor", dándose por concluida la diligencia previa lectura, con su firma al pie.
Es cierto que el instrumento no reproduce textualmente el anexo I ni deja constancia expresa de la entrega de una copia junto con la de la resolución. Sin embargo, ello no autoriza a tener por acreditado lo contrario en relación esta última cuestión (entrega de la copia del anexo), pues la diligencia no individualiza las piezas comprendidas en la "copia de igual tenor" cuya recepción documenta. Incluso, dado que aquel anexo integraba la resolución, la ausencia de una mención separada no permite excluir por sí misma que haya acompañado la copia entregada.
Con todo, aun adoptando la hipótesis más favorable al recurrente y admitiendo que el anexo I no le fue entregado, esa circunstancia no alcanza para privar de eficacia a la comunicación. La cuestión decisiva no reside en la falta material de aquel documento, sino en establecer si esa omisión pudo impedirle conocer qué había resuelto la Administración respecto de su situación.
Y las constancias examinadas descartan esa posibilidad. El texto que le fue comunicado distinguía únicamente las dos categorías antes descriptas, mientras que la propia diligencia individualizaba a Ibalo y situaba la notificación en el expediente originado por las lesiones que había sufrido. En ese contexto, no existía un margen razonable de duda susceptible de colocarlo en una situación de error o perplejidad acerca de cuál de aquellos supuestos lo comprendía: la categoría correspondiente al personal fallecido resultaba manifiestamente ajena a quien comparecía personalmente a notificarse en las actuaciones seguidas por sus propias lesiones. El anexo I completaba su individualización dentro del grupo alcanzado por el art. 1, pero el encuadre jurídico dispuesto respecto de ese grupo, esto es, la aplicación del art. 339 del decreto 1050/09, surgía del propio cuerpo de la resolución que le fue transcripto.
De allí que, aun bajo la premisa postulada en el recurso, la omisión denunciada no impidió al actor conocer la decisión administrativa que lo alcanzaba. Se configura, por tanto, el supuesto previsto en el art. 67 -segunda parte- del decreto ley 7647/70 y no existe fundamento suficiente para desconocer los efectos de la notificación practicada el 06-09-2018.
Tampoco conduce a una solución diversa lo resuelto por esta Cámara en la causa C-12817-MP1E "Martínez" , sent. del 29-08-2023, invocada por el recurrente. En aquel precedente, la invalidez de la notificación originaria por falta de incorporación de los anexos arribó incontrovertida a la Alzada, de modo que este Tribunal no debió expedirse acerca de si esa omisión, atendidas las circunstancias concretas de la diligencia, había impedido al interesado conocer la decisión que lo alcanzaba. La cuestión allí examinada fue distinta: determinar si aquel defecto había quedado superado por el conocimiento efectivo adquirido mediante la posterior notificación de otro acto administrativo. Tal diferencia impide trasladar aquella solución al presente caso, en el que constituye precisamente materia de controversia establecer si la ausencia del anexo I privó a la comunicación del 06-09-2018 de aptitud para hacer conocer a Ibalo el encuadre asignado a sus lesiones.
4. Para más, la propia secuencia procesal seguida por el actor aporta un elemento concordante con la conclusión alcanzada. Al promover la demanda el 14-08-2025, cuando las actuaciones administrativas aún no habían sido incorporadas al proceso, aquel individualizó con precisión la resolución n° RESOL-2018-1088-GDEBA-MSGP, el expediente N° 21100-437970/16 y el anexo I al que remitía su art. 1. Afirmó, asimismo, que mediante aquel acto las lesiones sufridas el 09-07-2016 fueron encuadradas en el art. 339 del decreto 1050/09 y estructuró su pretensión, precisamente, con el objeto de obtener la modificación de esa calificación.
Luego, una vez incorporado el expediente administrativo, al ampliar la demanda el 22-05-2026, planteó la nulidad de la notificación, aunque sin explicitar cuál era el vicio que le atribuía. En particular, no sostuvo, entonces, que la comunicación omitiera el anexo I ni que esa circunstancia le impidiera conocer el alcance de lo resuelto. Esa explicación aparece desarrollada recién al fundar el recurso.
Sin que corresponda asignar a esa secuencia un efecto convalidante, tampoco puede considerársela indiferente al momento de ponderar el agravio. Si la falta de entrega del anexo I constituyó el obstáculo que ahora se invoca para conocer la decisión adoptada respecto de su situación, era razonable esperar que así lo exponga al cuestionar la notificación, máxime cuando para entonces el expediente administrativo ya se encontraba incorporado y a disposición de la parte. La ausencia de toda referencia a ese defecto en aquella oportunidad resta consistencia a la alegación de desconocimiento formulada en esta instancia y proporciona, por ello, un argumento adicional en favor de la solución alcanzada (arg. art. 272 del C.P.C.C; art. 77 del C.C.A.).
5. Definida la eficacia de la notificación practicada el 06-09-2018, corresponde extraer las consecuencias que de ello se siguen respecto de la tempestividad de la acción.
El juez de grado computó desde aquella fecha el plazo de noventa días previsto en el art. 18 inc. "a" del C.C.A. y determinó su vencimiento el 20-02-2019. El recurso procura desplazar ese punto de partida sobre la base de la ineficacia de la comunicación, pero no formula una crítica independiente contra el cómputo efectuado por el magistrado para el supuesto de que aquella sea considerada eficaz. Descartado, entonces, el planteo que sustentaba esa objeción, permanece incólume la conclusión según la cual, al promoverse la demanda el 14-08-2025, el plazo legal se encontraba ampliamente vencido.
En este punto resultan plenamente trasladables las consideraciones formuladas por esta Cámara en la causa C-13094-MP2E "Santillán" , sent. del 28-11-2024. Allí se recordó que, de conformidad con el art. 18 incs. "a" y "d" del C.C.A, tanto la pretensión anulatoria de actos administrativos de alcance particular como las pretensiones de restablecimiento o reconocimiento de derechos e indemnizatoria vinculadas con aquella cuentan con el mismo plazo de caducidad de noventa días, cuyo cómputo comienza, en lo que aquí interesa, a partir del día siguiente al de la notificación al interesado del acto definitivo que agota la vía administrativa (arg. art. 18 inciso "a" del C.C.A; doct. esta Cámara causas C-7442-BB1 "Chambra" , sent. de 09-11-2017; C-8086-BB1 "Cabezas" , sent. del 12-07-2018; C-7918-AZ1 "Lloveras" , sent. del 04-12-2018; C-9205-DO1 "Machado" , sent. del 30-6-2020; C-10249-BB1E "Ginter" , sent. del 22-12-2020; C-11848-AZ1E "Alonso" , sent. del 13-07-2023; C-14138-BB1E "Unipar Indupa SAIC" , sent. del 2-07-2024; entre otros).
También se recordó que la Suprema Corte de Justicia Provincial tiene dicho que el plazo establecido para demandar por acción contencioso administrativa es de caducidad y, por lo tanto, fatal, improrrogable e insusceptible de suspensión o interrupción (Acuerdos y Sentencias 1967-I-775; 1967-II-28; 1968-152; 1967-III-103; causas B 50.038 "Joao", sent. del 10-6-1997; B 59.319 "Gutiérrez Mazzeo", sent. del 1-03-2006; A 72160 "Santos", sent. de 25-04-2012; A-73212, "Berison", sent. del 23-08-2017 y esta Cámara en causas R-1072-DO1 "Cali" , sent. del 14-10-2009; C-9498-DO1 "Sosa" , sent. del 28-02-2020; C-10088-BB1E "Svensson" , sent. del 6-04-2021; C-10358-BB1E "Dallavia ", sent. del 15-12-2022; C-15740-NE1E "Colman" , sent. del 18-07-2025).).
Asimismo, se afirmó que el plazo para impugnar judicialmente el obrar administrativo se ha establecido de manera uniforme, lo que significa que todas aquellas acciones interpuestas contra el Estado mediante la acción contencioso administrativa están sujetas al cumplimiento de este recaudo de admisibilidad, sin efectuar distinción alguna en orden al derecho material que se intenta proteger y por ello no puede razonablemente argüirse que se viole el principio de acceso a la jurisdicción pues, en realidad, es precisamente en su resguardo que todas las acciones promovidas en esta materia -cuando por la índole de la pretensión están sujetas a plazo- deben ser interpuestas en el término que establece la regulación específica (cfr. doct. S.C.B.A. causas A. 70.263 "Sanz", sent. del 28-12-2011 y A. 70.538 "Covisur Concesionaria Vial del Sur S.A.", sent. del 4-7-2012; A-73145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. del 18-10-2017; A-74081, "First Data Cono Sur SRL", sent. del 6-11-2019 y A-79012, "Bueno", sent. del 30-12-2025).
Y, a su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la existencia de plazos de caducidad para promover acciones contencioso administrativas, convalidando su constitucionalidad ante la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos (doct. Fallos 209:526; 322:73; 332:875, entre otros).
Así, pues, la inadmisibilidad que deriva de la extemporánea impugnación de la resolución n° 1088/2018 alcanza a las pretensiones cuya suerte depende de remover el encuadre allí efectuado y a las consecuencias que el actor pretende derivar de su recalificación. Es que si bien el reclamo jurisdiccional del actor propende -en última instancia- al reconocimiento del derecho a percibir el subsidio previsto en la ley 13.985, tal planteo no guarda autonomía sino que se encuentra incardinado al planteo anulatorio precedentemente referido. En el contexto de la causa y en razón de cómo fue diseñada la estrategia procesal del recurrente, las restantes pretensiones introducidas en la demanda resultan complementarias de aquella de nulidad y se encuentran subordinadas a su suerte, dado que su éxito se halla supeditado a que, previamente, sea invalidado el acto administrativo de la autoridad -reputado ilegítimo- impugnado.
Por ello, y a diferencia de lo resuelto por esta alzada en la causa C-14025-DO1E "Chamorro" , sent. del 24-10-2024 -precedente en el que la pretensión de reconocimiento de derechos sí fue esgrimida en términos autónomos-, el régimen procesal aplicable al caso bajo juzgamiento requiere que su interposición se realice dentro del plazo de caducidad, recaudo de admisibilidad que, como se adelantó, resulta exigible cuando la pretensión de reconocimiento de derechos persigue, de manera accesoria o complementaria, la nulidad de un acto administrativo (cfr. arg. art. 18 inc. "d" y ccds. del C.C.A; arg. doct. esta Cámara causa C-12794-DO1E "Domínguez" , sent. del 06-08-2024).
En relación a esta cuestión, esta Alzada ha dicho que el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 14 y 18 del C.C.A. resulta, por regla, exigible cuando -no mediando ninguna de las excepciones reconocidas- el pedido de reconocimiento del derecho del administrado se inserta en el contexto de un planteo asociado a la discusión sobre la legitimidad de un acto administrativo. Ello, además, es congruente con la idea expresada en el art. 18 inc. "d" del C.C.A, en cuanto determina que el comienzo del plazo de caducidad en las pretensiones de reconocimiento de derechos (del art. 12 inc. 2°) es el día siguiente al de la fecha de notificación del acto definitivo que agota la vía administrativa.
Como se adelantó, tal exigencia procesal resulta aplicable al caso de marras, toda vez que, por las razones supra expresadas, el pedido de reconocimiento de derechos que invoca el accionante no puede ser juzgado con abstracción del acto administrativo que calificó sus lesiones de un modo diverso al pretendido.
Es en virtud de los lineamientos precedentes, que ha de descartarse que la aplicación de la citada normativa adjetiva al caso constituya un exceso ritual manifiesto -como pretende la apelante con sustento en el art. 15 de la Constitución Provincial-, desde que la doctrina de la arbitrariedad por excesivo rigor formal contempla aquellas situaciones en que un estricto apego a formalidades procesales conduce a un menoscabo del derecho o a soluciones notoriamente disvaliosas (cfr C.S.J.N. Fallos 301:725; 302-131, entre otros), mas no cuando el instituto se funda en el propósito de dar estabilidad al acto administrativo impidiendo que queden expuestos a la eventualidad de revocación o anulación por tiempo indefinido (cfr. doct. S.C.B.A causa B. 69.495 "Bambill", sent. de 21-10-2009; A. 79.012, "Bueno", cit; esta Cámara causas G-693-BB1 "Y.P.F. S.A." , sent. de 13-11-2008; C-4193-AZ1 "D ' Alfonso", sent. de 18-3-2014 - y sus citas-; entre otras) por propia desidia del interesado en su contralor jurisdiccional.
Es con esa visión que ninguna mella al pronunciamiento de grado puede generarse con la mera caracterización de la naturaleza del derecho invocado en estas actuaciones. El criterio propiciado no importa desconocer la amplitud con que deben ser interpretadas las normas que rigen la materia, en razón del carácter integral e irrenunciable de los derechos consagrados en las leyes previsionales, su imprescriptibilidad y las características de las contingencias que la previsión social tiende a cubrir (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causas A. 70.727 "Wakun", sent. del 16-08-2017; A. 71.219 "Loray", sent. del 03-05-2018; A. 72.029 "Beperet", sent. del 05-09-2018; A. 71.358 "Tiramonti", sent. del 07-11-2018; A. 75.113 "Alderete", sent. del 27-05-2021), pautas rectoras a tenor de las cuales no sería dable válidamente a la autoridad demandada negarse -sin más- a considerar las nuevas solicitudes que en punto del beneficio pudiera realizar la actora, requerimientos vía reapertura del procedimiento, cuya denegatoria -expresa o ficta- bien podrá dar lugar a nuevas pretensiones contencioso administrativas vinculadas con esas nuevas expresiones de voluntad estatal (cfr. esta Cámara causas C-2807-MP2 "Natelli" , sent. de 17-11-2011; C-4193-AZ1 "D ' Alfonso", sent. de 18-3-2014 y C-11163-AZ1E "Toscani" , sent. del 11-11-2021; C-12450-AZ1 "Zangara" , sent. del 09-05-2023).
Aquí, el derecho material que se intenta proteger -concerniente a la seguridad social- se encuentra sujeto al mismo régimen general de admisibilidad que todas aquellas acciones interpuestas mediante las pretensiones regladas en el C.C.A, las que han de observar el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad que respecto de cada sendero adjetivo prevé la normativa ritual, no correspondiendo efectuar distinciones en orden al derecho material que intenta protegerse, descartándose -por tal razón- la posibilidad de que la índole del derecho cuyo reconocimiento se pretende en la especie exima al juzgador -sin más- de evaluar la admisibilidad de las pretensiones articuladas a tal efecto de acuerdo a las normas procesales correspondientes (cfr. arg. doct. esta Cámara causas C-11163-AZ1E "Toscani" y C-12450-AZ1 "Zangara" , citadas).
Así, pues, de conformidad con tales principios aplicables a la litis , nada impide que el accionante, en el marco de las normas procesales y sustanciales de aplicación, presente un nuevo reclamo en sede administrativa tendiente al reconocimiento del beneficio de la ley 13.985 y cobro -con las limitaciones que pudieren surgir como consecuencia del transcurso del tiempo- de las prestaciones que hubieran podido devengarse por tal concepto, sin que la Administración pudiere invocar válidamente el primitivo acto para vedar un nuevo análisis de la cuestión (arg. art. 15 de la Constitución provincial).
6. Lo expuesto hasta aquí respecto de los efectos de la caducidad sobre la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución n° 1088/2018 y sobre aquellas que se encuentran directamente subordinadas a su suerte, lo es sin perjuicio de la restante pretensión incorporada por el actor mediante la ampliación de demanda del 10-02-2026, dirigida a impugnar la resolución n° 15/2023 por la cual se dispuso su cesantía.
Ese planteo conserva autonomía respecto de las cuestiones aquí examinadas y, por ello, requiere un juicio de admisibilidad propio, distinto del efectuado por el magistrado en la resolución apelada. De allí que permanezca, por el momento, incólume, sin que esta precisión importe emitir juicio alguno acerca de su admisibilidad ni de su procedencia sustancial, extremos que no fueron objeto de un examen específico en la resolución apelada ni integran la materia actualmente sometida al conocimiento de esta Alzada.
7. Tampoco prospera el agravio dirigido contra el examen oficioso de admisibilidad efectuado por el juez.
Conforme lo ha señalado esta Cámara, el art. 31 inc. 1 del C.C.A. impone al magistrado, una vez asumida la competencia y antes de conferir traslado de la demanda, el deber de verificar el cumplimiento de los recaudos formales de la pretensión; solo después de declarada su admisibilidad ese control queda reservado, en su caso, al planteo de la excepción prevista en el art. 35 inc. 1 ap. "i" del mismo cuerpo legal (cfr. doct. esta Cámara causas C-2143-DO1 "Piacentini" , sent. del 13-10-2011; C-1438-MP1 "Meloni" , sent. del 28-09-2010; C-2294-MP2 "Durán" , sent. del 07-02-2012; C-8758-AZ1 "Cabrera" , sent. del 13-08-2019).
La decisión apelada fue dictada precisamente en aquella primera oportunidad procesal. Y dado que la caducidad verificada no constituye un defecto susceptible de subsanación, tampoco resultaba aplicable el mecanismo previsto en el art. 31 inc. 3 del C.C.A. No se advierte, por ello, que el magistrado haya excedido las facultades que el ordenamiento le confiere ni que hubiese sustituido una defensa reservada a la demandada.
II. Si lo expuesto es compartido, se propone al Acuerdo rechazar el recurso de apelación incoado por el actor en cuanto cuestiona la inadmisibilidad de la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución n° 1088/2018 y de las pretensiones subordinadas a ella, con el alcance indicado en los considerandos precedentes, dejando establecido que lo decidido no alcanza a la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución n° 15/2023. En tales términos, correspondería confirmar la decisión de grado apelada en cuanto fue materia de agravio. Las costas de alzada deberían discurrir en el orden causado, al no mediar contradicción (arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.C.A).
Con el alcance indicado, doy mi voto a la cuestión planteada por la negativa .
El señor Juez doctor Mora , por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, y con igual alcance, vota a la cuestión planteada también por la negativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación incoado por el actor en cuanto cuestiona la inadmisibilidad de la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución n° 1088/2018 y de las pretensiones subordinadas a ella, con el alcance indicado en los considerandos del voto que concitó adhesión, dejando establecido que lo decidido no alcanza a la pretensión anulatoria dirigida contra la resolución n° 15/2023. En tales términos, confirmar la decisión de grado apelada en cuanto fue materia de agravio. Las costas de alzada se imponen en el orden causado, al no mediar contradicción (arg. arts. 51 inc. 1°, 77 y ccds. del C.C.A).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese electrónicamente conf. art. 10 del Anexo Único del Ac. 4013/21 - t.o. Ac. S.C.B.A. 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1025-2026
Fin de la sentencia