Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8900/25 Sentencia: Definitiva Actor: Ibáñez Cristian Jesús Demandada: Prevención ART SA Objeto: Accidente Laboral Fecha: 29-10-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos: “IBAÑEZ, Cristian Jesús c/ PREVENCIÓN ART S.A. s/ accidente laboral” Expte. Nº 19841 del año 2020 en trámite en el Juzgado de Primera Instancia Nº2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, Secretaría Nº 1 que ingresaron en esta instancia bajo el Nº 8900. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe aceptarse la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard en PE1824794/2025? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE1824794/2025 nuestra distinguida colega la Dra. Griselda I. Bard se excusa de actuar en autos por intervenir en ellos su esposo el Dr. Eduardo Rubén González y funda en lo dispuesto por el art. 17 inc. 1º del CPCC y las razones de delicadeza del art. 30 del mismo cuerpo legal.
Ingresando al tratamiento de la excusación señalo que resulta de público conocimiento en el foro local el matrimonio de nuestra colega con el Dr. Eduardo Rubén González. Se encuentra configurada la causal legislada en el inciso 1º del art. 17 del código del rito. Es por lo tanto procedente la excusación formulada. Propongo al Acuerdo aceptarla y apartar a nuestra colega del conocimiento y trámite de estos autos. Es mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
II. La causal del inciso 1º del art. 17 del CPCC invocada se encuentra configurada por la pública relación conyugal de nuestra colega con el Dr. Eduardo Rubén González. Ello determina la admisibilidad de la excusación formulada. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que a fs. 2 se presenta Cristian Jesús Ibáñez por propio derecho con el patrocinio de los Dres. Ramiro Esteban Castillo, Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila y promueve formal demanda contra PREVENSIÓN ART S.A. por el cobro de la suma de $1.386205,50 con más sus intereses, o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse en autos en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas previstas en el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (art. 1º de la ley 26.773) y funda la competencia. Relata su ingreso en KEY ENERGY SA en 3/3/2010 su traspaso a S. P. Argentina SA y con posterioridad a YPF S.A. en forma continua e ininterrumpida realizando siempre tareas pesadas como boca de pozo en equipo de perforación, como enganchador en uno de terminación y como maquinista hasta que en febrero de 2018 es despedido. Describe las tareas desarrolladas. Afirma que experimentó de manera creciente intensos dolores en zona cervical y lumbar de la columna vertebral con afectación de las funciones y movilidad por las patologías que lo afectan, agravadas por las tareas realizadas que, dice, puso en conocimiento de la demandada Prevención ART mediante nota administrativa. Denuncia como primera manifestación invalidante el 29/04/2019 conforme certificado de Dr. José Daniel Del Colle señalando el diagnóstico actual con una pérdida de la capacidad laboral del 15,24% de la TO que cuantifica en pesos por prestación dineraria, presenta tabla de las remuneraciones de los últimos doce meses de la relación laboral anteriores a la primera manifestación invalidante, planteo que funda en derecho. Plantea inconstitucionalidades, ofrece prueba y formula reserva del caso federal.
IV. Que los Dres. Eduardo Rubén González y Federico Pereyra en PE 288127/2021 se presentan como apoderados de Prevención ART S.A. a contestar la demanda, con una negativa de hechos afirmados y sostienen que la falta de adhesión de la provincia de Santa Cruz de la ley 27.348 no obsta a la aplicación de los arts. 1, 2, 3, 14 y 15 de la misma. Sostienen que se debió recorrer obligatoriamente el procedimiento administrativo. Como defensa de fondo interponen la prescripción que funda en que el actor fue desvinculado en febrero de 2018 de la empresa YPF S.A. pero el último recibo de sueldo es de noviembre de 2017. Argumentan que la intimación a Swiss Medical ART S.A. a que brinde las prestaciones de ley al actor no suspende ni interrumpe el curso de la prescripción en relación con su cliente. Alegan que tampoco se puede vincular con el art.43 inc. 1 que la denuncia se hace a una ART distinta de la demandada. Sostienen que no puede computarse la prescripción desde la denuncia de la primera manifestación invalidante informada como 29/04/2019, toda vez que a esa fecha se había extinguido el contrato de trabajo. Por ello remarcan que la prescripción deberá computarse desde la fecha en que se extinguió el vínculo laboral entre el actor y la empresa YPF S.A. por lo que la acción se mantuvo viva hasta el mes de febrero de 2020. Iniciada con posterioridad a esa fecha la acción estaba prescripta.
Recriminan la falta de nexo causal entre el hecho y el daño padecido por el actor e indican que del certificado médico extendido por el mismo no surge que la patología descripta guarde relación con el trabajo que se describe en la demanda. Les resulta llamativo que la primera manifestación invalidante resulte el 29/4/19 luego de un tiempo prolongado de la finalización del contrato de trabajo.
Aclaran que la patología no tiene como antecedente el trabajo, sino que se trata de una enfermedad degenerativa que provoca cambios en las facetas articulares, por ende, no existe un nexo de causalidad adecuado entre el trabajo y la enfermedad profesional denunciada. Hacen notar que nada impide que el esfuerzo desencadenante haya sido realizado por el propio actor en los días posteriores a la desvinculación con la empresa YPF S.A. y declaran que no está probado que la exposición ocupacional del trabajador, la actividad del establecimiento y los puestos de trabajo hayan podido generar la patología descripta en la demanda. Señalan la falta de justificación ni fundamento de la fecha del certificado como primera manifestación invalidante, posterior a la finalización de la relación de trabajo con YPF S.A. ni prueba del nexo de causalidad adecuada entre la afección y el trabajo alegado por el actor.
Al dar su versión de los hechos los apoderados de la demandada afirman que ésta no ha incumplido norma legal alguna en el suceso de autos, no adeuda obligación alguna al actor por ningún concepto derivado del infortunio que se señala. Fundan la improcedencia de la demanda en la que se denuncia una incapacidad laboral del 15,24% de la T.O. sin nexo de causalidad con el siniestro denunciado finalizado el contrato de trabajo con la empleadora. Relatan que presentado el reclamo administrativo ante su cliente este procedió a realizar una investigación y llegó a la conclusión que ni el lugar y puesto de trabajo no produce una enfermedad profesional alegada como fuente de su demanda. Expresan que las obligaciones de Prevención ART S.A. están limitadas por las leyes de riesgos de trabajo, reglamentos y el contrato de afiliación con la empleadora y por ello que toda indemnización que pretenda en exceso de la cobertura deberá ser reclamada a la empleadora pues su representada cumplió con sus obligaciones y califican al planteo del actor de confuso e incongruente en tanto en una causa donde se persiguen prestaciones sistémicas tarifadas por una ley especial , se pretende que se condene a la demandada pretendiendo una indemnización que no responde a parámetros objetivos conforme la LRT.
Piden la desestimación de la demanda para no colocar a la ART ante una incertidumbre jurídica. Contesta el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26.773, impugna la liquidación del actor, la aplicación del RIPTE y la determinación del ingreso base mensual. Ofrece prueba. Pide la aplicación de la tasa pasiva promedio del B.C.R.A.
V. Que luego de contestarse por la parte actora el traslado de los planteos de inconstitucionalidades y de la prescripción (ver PE 392892/2022) se abre la causa a prueba proveyéndose la prueba pertinente ofrecida por las partes en el proveído de PE 263983/2022. Producida la obrante en autos se dicta la sentencia que obra en PE 1749341/2025 que resuelve declara la inconstitucionalidad de los arts.8 inc. 3, 21 y 22 de la ley 24.557, decretos 717/96 y 54/2017 y del DNU 669/19 y declarar abstractos los demás planteos de inconstitucionalidad formulados. No hace lugar a la excepción de prescripción interpuesta por la demandada. Hace lugar a la demanda interpuesta por el Sr. Jesús Cristian Ibáñez en contra de Prevención ART S.A. condenándola al pago de la indemnización que corresponde por aplicación del art. 14 apartado 2 inc. a) de la ley 24.557 y art. 3 de la ley 26.773 por la incapacidad sufrida del 11,2 de la T.O. a consecuencia de la enfermedad profesional denunciada el día 29 de abril de 2019, debiéndose abonar en el plazo de 10 días de encontrarse notificada la suma de la liquidación a practicarse por el Gabinete Contable Oficial, con más los intereses que surjan desde la fecha de la primera manifestación invalidante (20/04/2019) debiéndose aplicar la tasa activa cartera nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina, hasta el momento del efectivo pago. Se dispuso el pase al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar liquidación final. A los fines del cálculo de ingreso base y actualización de las sumas adeudadas, teniendo presente la fecha de la primera manifestación invalidante 29-04-2019, y la redacción establecida para el art. 12 de la ley 24.557, en el art. 11 de la ley 27.348 y la modificación introducida por el art. 3 de la ley 26.773. Le impuso el cargo de las costas a la parte demandada por su calidad de vencida (art. 68 del CPCC) y difiere la regulación de honorarios y la determinación de la tasa de justicia al momento procesal oportuno. Finaliza con las disposiciones de estilo.
VI. Que la sentencia no satisface las aspiraciones de la parte demandada quien, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Federico Pereyra interpone y funda recurso de apelación por medio de su escrito instrumentado en PE1768430/2025, que le es concedido en PE 10633799/2025 libremente y con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios a la contraria. Él actor mediante escrito de PE 1788352/2025 suscripto por su letrado apoderado Dr. Julián Michavila contesta los agravios que se tienen por contestado en término en PE 1073766/2025. Los autos se elevan con el certificado de estilo de PE1814840/ 2025. Recibidos se excusa la Dra. Bard en PE 1824794/2025 como se desarrollara al responder a la primera cuestión.
En PE 1828825/2025 se integra cámara con el Dr. Mario Albarrán. Oído en PE 1860905/2025 el Sr. Agente Fiscal sobre los planteos de inconstitucionalidad pasan los autos a Sentencia estableciéndose el orden de estudio. El Dr. Federico Pereyra por la demandada para fundar su recurso se agravia en primer lugar por el rechazo de la excepción de prescripción opuesta por su parte al permitir que el accionante modifique a su antojo la fecha de la prescripción mediane certificado médico. Señala que desde la desvinculación del actor de YPF S.A. hasta el inicio de la acción se superó ampliamente el `plazo establecido por el art. 44 inc. 1 de la LRT. Critica que el magistrado tome como fecha de la primera manifestación invalidante el 29/04/2019 aunque reconozca que la constancia de la notificación administrativa fue diligenciada y remitida a una ART distinta de la accionada.
Hace hincapié en que el magistrado reconoce que la demandada jamás fue notificada administrativamente de la supuesta primera manifestación invalidante. Se pregunta: como podía la demandada saber de las dolencias del actor y prestarle servicios si nunca se le notificó. Sostiene que la intención del actor fue mantener viva la acción situación convalidada por la sentencia. Sostiene que la intimación a Swiss Medical S.A. para que brinde prestaciones de ley al reclamante no suspendió ni interrumpió la prescripción en relación con su representada. Reitera que desde la finalización del vínculo laboral del actor (con YPF S.A.) el 2 de febrero de 2018 hasta la interposición de la demanda su conferente no tuvo conocimiento de ningún trámite administrativo iniciado por Ibáñez y por ello no vio interrumpida la prescripción y transcribe el art. 44 inc. 1 de la LRT. y cita jurisprudencia de este tribunal.
Por ello solicita se revoque la sentencia.
En un segundo agravio califica la sentencia de incompleta por no determinar el IBM que se deberá usar para determinar el quantum indemnizatorio ni tampoco cuantifica el monto total de la condena remitiendo su jurisdicción al Gabinete Contable. Hace hincapié en lo que considera dos errores en que incurre el Sr. Juez: el primer delegar su jurisdicción en el Gabinete contable administrativo y el segundo en que, por la ley procesal laboral, la liquidación debe ser practicada por la actuaria.
Recuerda que el Juez no puede dejar de fallar conforme lo debatieron las partes y que ello hace al principio de congruencia y recuerda que sobre el INGRESO BASICO MENSUAL y sobre el RIPTE las partes realizaron diversos planteos que requieren una decisión expresa, positiva y precisa. Por esta falencia pide que la Cámara califique a la sentencia de incongruente pues lo decidido por el Juez puede derivar en otro juicio por las distintas posiciones de las partes. Hace referencia a otros expedientes en los que el magistrado se pronunció precisando los parámetros para la liquidación. Se queja porque el magistrado no dirimió las posiciones distintas de las partes explicando cual es su posición. Hace notar que al haber sido desvinculado no se han presentado los últimos doce recibos de sueldo y señala el vacío de la sentencia. Grafica los resultados a los que se llegaría con las dos posiciones de las partes. Insiste en que la sentencia debe suministrar todos los elementos parta que no queden dudas y en que no puede delegar facultades propias del magistrado en empleados, secretarios u organismos pues ello atenta contra la buena administración de justicia con cita de jurisprudencia del fuero penal.
VII. Que corrido traslado de los agravios el Dr. Julián Michavila apoderado de la parte actora contesta los agravios en PE 1788362/2025 que entiende la sentencia debe ser confirmada señalando que el juez a quo señaló que para que comience a computarse el plazo de prescripción previamente debe nacer la obligación y consecuentemente la acción para reclamarla.
Indica que Ibáñez a partir de la valoración de su médico particular toma conocimiento de su padecimiento el 29 de abril de 2019 que es la PMI sin que e produjera prueba en contrario. Sostiene que el 24 de junio de 2019 denunció dicha circunstancia a la demandada lo que produjo la suspensión por seis meses del plazo que comenzó a correr con la extinción del vínculo laboral. Razona que finalizada la relación el 2 de febrero de 2018 e interpuesta la demanda el 29 de junio de 2020 quedó interrumpida la prescripción. Sostiene que el plazo de la prescripción se inició al tomar el trabajador el conocimiento de su patología el 29 de abril de 2019(fecha del certificado del Dr. Del Colle), y por ende en un plazo inferior al legalmente establecido para que prospere la prescripción. Invoca la naturaleza restrictiva y excepcional del instituto de la prescripción en materia laboral que debe interpretarse de manera estricta por los principios protectorios y el in dubio pro operario. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Mendoza y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pide “revocar el agravio planteado” y confirmar la sentencia. Con relación al segundo agravio lo considera improcedente por estar lo resuelto ajustado a la normativa legal y las facultades jurisdiccionales. Hace hincapié en que la sentencia ha establecido expresamente la aplicación del art. 12 de la ley 24557 en su versión modificada por el art. 11 de la ley 27.348 declarando la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 al abordar la normativa aplicable y fijado las pautas bajo las cuales debe realizarse la liquidación y destaca que recurrir al Gabinete Contable se encuentra dentro de las facultades del magistrado y la necesidad práctica de obtener un cálculo fundado en elementos objetivos y especializados.
VIII. Que por una cuestión de lógica se debe analizar en primer término el agravio relativo al rechazo de la excepción de prescripción. A estos fines debemos tener presente que el art. 44 de la ley 24.557 establece:
“Prescripción: 1. Las acciones derivadas de esta ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y, en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral. 2. Prescriben a los diez años a contar desde la fecha en que debió efectuarse el pago, las acciones de los entes gestores y de los de regulación y supervisión de esta ley, para reclamar el pago de las acreencias.”
A los fines del agravio en examen es relativo al caso el inciso 1 que legisla la prescripción de las prestaciones con dos supuestos. Como se advierte el inciso trata de las prestaciones durante la cobertura cuyo plazo aclara debe computarse desde la fecha que la prestación debió ser abonada o prestada. Pero aclara que en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral.
Interpreto que mientras el trabajador se encuentre prestando servicios el plazo de la prescripción debe computarse desde la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y allí juega tomar en cuenta la primera manifestación invalidante. Pero como la norma claramente lo establece en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral. Es decir que habiendo sido desvinculado de la empresa YPF S.A. el 2 de febrero de 2018 en principio el 2 de febrero de 2020 prescribió esta acción. La norma es terminante al establecer “en todo caso”.
La prescripción de una acción se produce por falta de ejercicio por parte de su titular durante el tiempo que establece la ley es decir la conjunción del factor tiempo con la inacción del del titular durante el tiempo establecido por la ley con fundamento en la seguridad jurídica, pues el abandono prolongado crea incertidumbre, inestabilidad y falta de certeza en las relaciones jurídicas. Es doctrina predominante que la prescripción no extingue el derecho sino las acciones judiciales es decir le priva al acreedor del derecho de exigir judicialmente la prestación debida pero persiste como obligación natural es decir que se modifica su eficacia jurídica del vínculo. Al contestar agravios se invoca que el actor tomó conocimiento de su padecimiento el 29 de abril de 2019 fecha de emisión del informe médico emitido por el Dr. Del Colle y pretende que a partir de allí debe computarse el plazo desentendiéndose del cómputo a partir del fin de la relación laboral que debe tomarse como punto de partida “en todo caso” como marca la norma arriba transcripta.
Es decir no se dan el caso circunstancias que permitan que se interprete con un criterio restrictivo o que pueda entenderse que existe una mínima duda que permitan aplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza in re “Vera, Juan Carlos c/ Termas Villavicencio SAIC s/ enfermedad accidente” citada por la parte actora.
Pretendió la parte actora que su postura se encuentra en consonancia con el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Calderón Celia Marta c/ Asociart ART S.A.” sentencia del 29/4/14, registrada por el alto tribunal como C915XLVIREX. En dicha sentencia la Dra. Highton y los Dres. Maqueda, Fayt y Zaffaroni entendieron que el recurrente encontraba respuesta en el dictamen de la Procuradora mientras que los Dres. Lorenzetti y Petrachi en disidencia por descalificar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza que concede el extraordinario apartándose infundadamente de la jurisprudencia del mismo tribunal y sin que implique pronunciarse sobre el fondo del asunto (que trataba sobre la aplicación del decreto 1278/00 en ese caso) se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada, con el alcance indicado. Aclarado ello e ingresando en los argumentos desplegados por el actor considero que ni el informe médico emitido por el Dr. Del Colle, ni la intimación remitida a Swiss Medical Group ART S.A. puede tener por efecto suspender o interrumpir el curso de la prescripción que comenzó a correr a partir de la desvinculación del actor de YPF S.A.. No se da en autos el supuesto de interrupción de la prescripción por reclamaciones ante la autoridad administrativa (art 257 de la LCT). No se da a mi criterio el supuesto de suspensión del curso por reenvío a las normas del Código Civil en su art. 3986 (al que remite el citado artículo de la LCT) que exige la constitución en mora efectuada en forma auténtica. Y mal puede constituir en mora un reclamo a una persona jurídica distinta de la accionada. Entiendo atendible el agravio de la demandada y considero que el recurso debe prosperar, declarando abstracto el segundo agravio de la demandada y operada la prescripción de la acción instaurada.
IX. Que para el supuesto de no ser compartida esta conclusión y se deba tratar en el Acuerdo el segundo agravio, a todo evento, señalo que a mi juicio la sentencia no es incompleta como injustamente se acusa toda vez que el magistrado dejó establecidas pautas para la liquidación en la sentencia al declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/2019 dejando de esta forma aclarada la normativa para practicar la liquidación sea que esta se efectúe por la secretaria o por el Gabinete contable.
Respondo pues en forma negativa a la segunda cuestión sometida al Acuerdo debiéndose admitir el recurso revocándose la sentencia en crisis y rechazar la demanda. Las costas de ambas instancias deben imponerse en el orden causado por haberse creído el actor con derecho, tanto que en primera instancia su demanda fue admitida (conforme art. 68 del CPCC). Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
X. Que voy disentir con la postura de mi estimado colega Dr. Humberto Monelos, en cuanto opina que la acción sistémica del caso se encuentra prescripta, pues, según su punto de vista en el supuesto de autos el cómputo debe practicarse desde la fecha en la que se extinguió la relación de trabajo habida y no desde la primera manifestación invalidante, ello conforme a la interpretación que le confiere al art. 44 de la ley 24.557.
Que la razón de mi disidencia tiene que ver con que interpreto, en coincidencia con lo decidido en la instancia de grado, que lo determinante aquí para definir la cuestión, es la toma de conocimiento del trabajador de su patología incapacitante, es decir, de la primera manifestación invalidante, la que tuvo lugar conforme a las constancias de autos, en concreto la de fs. 15, el día 29/04/2.019. En consecuencia, siendo esa fecha la que marca el inicio del cómputo prescriptivo, tenemos entonces que la demanda ha sido promovida en tiempo hábil, puesto que al tiempo de su presentación, esto es el 29/06/2020, no había transcurrido aún el término bianual previsto en la norma. Para sostener mi postura, tengo presente los términos del art. 44 de la ley 24.557, la que establece literalmente que las acciones derivadas de la ley prescriben a los dos años a contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada y en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral.
Asi las cosas, siendo que la primera manifestación invalidante es la que marca el momento en que un accidente de trabajo o una enfermedad profesional causa una incapacidad, puedo afirmar que es la que hace nacer en cabeza del trabajador el derecho a acceder al sistema de prestaciones que establece la Ley de Riesgo de Trabajo, con lo cual, hasta tanto ese momento no ocurra, o en otras palabras, hasta que el trabajador no tome conocimiento de su dolencia incapacitante, el plazo de prescripción no puede comenzar a correr, ya que su “derecho no habría nacido aún”.
Cabe recordar que el principio tradicional es que la prescripción comienza a correr cuando la acción nace, ya que la jurisprudencia ha entendido que, lo que la ley indemniza, no son enfermedades o lesiones, sino incapacidades definitivas y por esta razón, el cómputo del plazo de prescripción, se empieza a contar con la existencia de estas últimas, ya que lo decisivo es que el trabajador tenga certeza del daño o la razonable posibilidad de su conocimiento (Dictamen Nº 50.953, del 11/8/2010 en autos “Arteaga, Muñoz Fidel c/ Saneamiento y Urbanización S.A. s/ Accidente”, que fuera compartido por la Sala VI (SD 62.717, del 15/3/2011). No perdamos de vista que el art. 258 de la LCT establece que: Accidentes y enfermedades profesionales: “Las acciones provenientes de la responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedades profesionales prescribirán a los dos años a contar desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima”.
Conforme con lo dicho, y en razón de que el trabajador reclamante tomó conocimiento de su dolencia antes de transcurrir dos años contados desde el cese de la relación laboral, ocurrida el 2 de febrero de 2.018, opino que la demanda ha sido promovida en tiempo hábil. De no haber sido ello así, otro sería el escenario, pues, entiendo yo, que si la primera manifestación invalidante se produce después de los dos años de extinguido el vínculo laboral, se haría operativa la segunda frase del apartado I del art. 44 de la ley en cuanto establece que “…y en todo caso, a los dos años desde el cese de la relación laboral”. Que por otra parte, no puede perderse de vista el carácter restrictivo del instituto de la prescripción y los principios que campean en el ámbito laboral, en el cual el orden público es el que atraviesa la materia imponiendo principios jurídicos que tutelan los derechos de los trabajadores buscando garantizar un equilibrio en una relación que ciertamente es desigual. En este orden el principio protectorio y la regla in dubio pro operario dan fundamento y razón de ser al Derecho del Trabajo (art. 14 bis C.N.).
Por lo expuesto opino que debe rechazarse el primer agravio de la parte demandada.
Que en lo demás, y teniendo presente lo dicho por mi colega preopinante en el punto X, en cuanto señala que a su juicio la sentencia no es incompleta como injustamente se acusa, puesto que el magistrado estableció las pautas para la liquidación en la sentencia al declarar la inconstitucionalidad del DNU 669/2.019 dejando definida la norma para practicar la liquidación, debo compartir su razonamiento y por ende adherir a su postura. Para así opinar tengo presente que el art. 12 de la ley 24.557, según texto introducido por el art. 11 de la ley 27.348, fija claramente las pautas para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral, siendo en ese sentido precisa la norma cuando establece los parámetros que se deben tomar para determinar el ingreso base que se utilizará para tal fin. Que por lo dicho considero que se debe rechazar el segundo agravio formulado por la parte demandada.
Por estas razones, entiendo que la sentencia es justa, con costas a la parte recurrente. Así lo propongo al acuerdo.
A LA SEGUNDA CUESTION el Dr. Albarrán dijo:
XI. Adhiero al voto del Dr. Horacio Fernández por compartir sus consideraciones.
A LA TERCERA CUESTION el Dr. Monelos dijo:
XII. Que en función de lo expuesto al responder a las anteriores cuestiones propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard en PE 1824794/2025 al estar configurada la causal del art. 17 inc. 1 y darse razones de delicadeza y en consecuencia apartarla del conocimiento y trámite de estas actuaciones. 2º) Admitir el primer agravio, declarar abstracto el segundo de la demandada y en consecuencia declarar prescripta la acción y rechazar la demanda interpuesta por el Sr. Jesús Cristian Ibáñez en contra de la demandada Prevención ART S.A. e imponer las costas en el orden causado por las razones expuestas en los considerandos (art. 689 del CPCC). 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto obre en autos regulación de la instancia anterior y eximir de tasa de justicia al perdedor en lo que le corresponda (art. 25 de la ley 1444). 4) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA TERCERA CUESTION el Dr. Fernández dijo:
XIII. Que por ende propongo al acuerdo el siguiente pronunciamiento: 1) Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda Bard, por encontrarse incursa en la causal de los arts. 17 inciso 1 y 30 del CPCC. 2º) Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada, debiendo confirmarse la sentencia de grado obrante a PE 1749341-2025 inscripta al T° XXI, Registro: 15, Fº 145/156 3º) Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada 4º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA TERCERA CUESTION el Dr. Albarrán dijo:
XIV. Adhiero a la propuesta de pronunciamiento del Dr. Horacio Fernández por considerarla justa.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 29 de octubre de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir la excusación formulada por la Dra. Griselda Bard, por encontrarse incursa en la causal de los arts. 17 inciso 1 y 30 del CPCC. 2º) Rechazar los agravios vertidos por la parte demandada, debiendo confirmarse la sentencia de grado obrante a PE 1749341-2025 inscripta al T° XXI, Registro: 15, Fº145/156. 3º) Imponer las costas de esta instancia a la parte demandada. 4º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Mario Albarrán- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201055S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3151 Folio Nº: 008/016 Secretaria: 1
Fin de la sentencia