Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul 1 - 65380 - 2019 - Ibañez Patricia Isabel C/ Conte Luis Andres Y Otro/a S/daños Y Perj.autom. C/les. O Muerte (exc.estado), Sala I · Causa 65.380
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Confirmar la sentencia de fecha 8/11/19 .
II. Imponer las costas de alzada a la accionante vencida (art. 68 del C.P.C.C.).
III. Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley 8.904; art. 31 de la ley 14.967).
1-65380-2019 - "IBAÑEZ PATRICIA ISABEL C/ CONTE LUIS ANDRES Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)"
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - AZUL
Reg Nº 84 Folio Nº 548 En la Ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Lucrecia Inés Comparato, Esteban Louge Emiliozzi y Yamila Carrasco, para dictar sentencia en los autos caratulados: "IBAÑEZ PATRICIA ISABEL C/ CONTE LUIS ANDRES Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ", (Causa Nº 1-65380-
2019), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores CARRASCO-LOUGE EMILIOZZI.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
lra.- ¿Es justa la sentencia de fecha 08.11.19?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION: la señora Jueza Doctora CARRASCO dijo:
I).- El presente proceso es iniciado por la Sra. Patricia Isabel Ibáñez, quien reclama la indemnización de los daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito ocurrido el día 16 de agosto de 2014 en la intersección de Av. 25 de Mayo y calle Mendoza de la ciudad de Azul. Según se relata en la demanda, en esa oportunidad la actora conducía su motocicleta Gilera, Modelo Smash, dominio 669IET, transitando por la primera de las arterias en sentido de circulación SO/NE cuando al llegar a la intersección con calle Mendoza es embestida por la parte delantera del automotor Volkswagen Surán, dominio GMN-156, el que se trasladaba con sentido de circulación SE/NO. La acción se entabla contra el Sr. Luis Andrés Conte –conductor del automóvil al momento del accidente-, la Sra. María Cecilia Bourdette - titular registral del Volkswagen Surán - y se cita en garantía a “Federación Patronal Seguros S.A.”.-
II).- Luego de integrarse la litis con la citada en garantía y los codemandados Luis Andrés Conte y María Cecilia Bourdette (conf. escritos de fs. 115/125, fs. 172/178 y fs. 212/222) y de transitarse por la etapa probatoria (conf. proveimiento de pruebas en acta de fs. 241/242 y certificación de fs. 414/415 y fs. 418/419) se arriba con fecha 08.11.19 al dictado de la sentencia -que viene apelada- en la que el Sr. Juez de grado resuelve: “…1) Rechazar la demanda por daños y perjuicios entablada por Patricia Isabel Ibáñez contra Luis Andrés Conte, María Cecilia Bourdette y la citada en garantía Federación Patronal Seguros S.A. 2) Imponer las costas del presente a la actora en virtud del principio objetivo de la derrota (art.68 CPCC). (…) REGISTRESE. NOTIFIQUESE…”.-
III).- Dicho decisorio fue recurrido por la actora en la presentación electrónica de fecha 21.11.19 –encontrándose glosada en formato papel a fs. 421-, el recurso se le concedió libremente en la providencia de fecha 26.11.19, expresó agravios en la presentación electrónica de fecha 04.02.20 –encontrándose glosada en formato papel a fs. 439/441- sin obtener respuesta por parte de los codemandados y la citada en garantía conforme lo informado a fs. 443.-
IV).- A fs. 443 se llamó autos para sentencia y a fs. 445 se practicó el sorteo de ley, por lo cual las actuaciones se encuentran en estado de resolver.-
V).- CUESTIÓNES PRELIMINARES:
Antes de adentrarme al tratamiento de los agravios planteados por las actoras, se impone despejar –con carácter preliminar- dos cuestiones que hacen: A) al derecho aplicable y, B) la incidencia de la causa penal en el proceso civil.
A) El derecho aplicable:
En esta instancia, considero oportuno reiterar el criterio adoptado por esta Sala en torno a la legislación que debe considerarse al analizar la responsabilidad civil que nace a partir de un hecho antijurídico dañoso.- El art. 7 del nuevo cuerpo legal regula la cuestión atinente al denominado “derecho transitorio”, sentando pautas muy similares a las ya plasmadas en el art. 3 del Código Civil derogado conforme a la reforma que le introdujera la ley 17.711.-
El caso de autos presenta la particularidad que tanto la demanda como la sentencia de primera instancia resultaron promovida y dictada, respectivamente, bajo las premisas del nuevo sistema fondal –ley 26.994-, pero el momento del hecho antijurídico dañoso acaeció bajo el anterior régimen –ley 340 y sus modificatorias-. Ante esta situación, y sin desconocer posturas en contrario, esta Sala ya ha adherido a la tesis de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, en la que sostiene que el estadio procesal en el que el expediente se encuentra (primera o ulterior instancia) no afecta la aplicación de las normas de transición dispuestas al efecto por el nuevo Código Civil y Comercial (“El art. 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, L.L. del 22.04.2015, citado por esta Sala en causa n° 59.891, “Banco Patagonia S.A…”, del 11.08.15 y subsiguientes en idéntico sentido).-
Sin embargo, entiendo que el caso de autos no debe resolverse de acuerdo a las normas incorporadas al nuevo ordenamiento, ya que la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso (Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal - Culzoni, 2015, págs. 100/104 y 158/159). Pese a ello y a todo evento, lo antedicho no quita que las normas de nuevo Código no puedan servir como pautas interpretativas de los casos traídos a juzgamiento.-
B) La prejudicialidad:
En lo que concierne a la incidencia que en los términos de los arts. 1.101 y 1.102 del Cód. Civil puede traer aparejada la causa penal instruida con motivo del siniestro respecto de las actuaciones civiles (prejudicialidad), es de destacar que el art. 76 ter. del Código Penal regla el instituto de “suspensión del juicio a prueba” estableciendo –entre otras cuestiones- que “…(…)Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extinguirá la acción penal…(…)”.-
En torno a los alcances que dicha norma vierte en materia de prejudicialidad se ha dicho que “…Aquí tenemos una situación nueva, y es que, cumplidas estas acciones, se extingue la acción penal de manera tal que no se puede hablar de ninguna clase de prejudicialidad, ya que esta extinción no permite, en principio, la situación de posible escándalo jurídico a que se refieren las normas de prejudicialidad en los artículos 1096 a 1106 del Código Civil…” (Piedecasas, Miguel A.; “Relaciones entre la responsabilidad civil y la penal”, Rubinzal – Culzoni, Revista de Derechos de Daños, Año 2002, Tomo 3°).-
Señalado ello, he de reseñar que en el marco de las actuaciones penales caratuladas “Conte, Luis Andrés s/ Lesiones graves culposas agravadas por la conducción imprudente de vehículo automotor”
(Expte. N° 78/2016 (4667-2016) -de trámite por ante el Juzgado en lo Correccional N° 2 de Azul y agregada por cuerda a las presentes actuaciones- se dispuso, a pedido del imputado, la suspensión del juicio a prueba (conf. resolución de fs. 148/148 vta.); y habiendo cumplido el Sr. Conte las pautas de conducta allí estipuladas, con fecha 15.05.17 se declaró extinguida la acción penal generadora de dichas actuaciones (conf. resolución de fs. 169/169 vta.), por lo que entiendo que en esta instancia se puede valorar libremente los hechos y la culpabilidad del mismo.- VI.a).- Sentado lo dicho, de la compulsa de la sentencia que viene apelada se observa que el anterior magistrado rechazó la demanda entablada contra los coaccionados y la citada en garantía por entender que en autos se encuentra acreditada la ruptura del nexo causal provocado por el hecho de la propia accionante, el cual excluye de responsabilidad a los accionados.-
En tal faena, el “iudex a quo” entendió –como bien señala la agraviada- que “…la actora omitió obrar con cuidado y previsión al acercarse a la intersección en cuestión por la izquierda desde uno de sus extremos, sin reducir su velocidad, y eludiendo un dispositivo de seguridad que hacía prever que el lugar podía presentar un riesgo para el tránsito, conducta que obturó el nexo causal entre el daño y la colisión con el automotor conducido por el accionado, constituyéndose en el gérmen del mismo…” (véase en especial considerando V.2).-
Contra lo allí decidido se alza la recurrente, centrando su agravio en la irrelevancia asignada por el magistrado de instancia originaria a la conducción imprudente y antirreglamentaria que entiende ejercida por el Sr. Conte, como factor causal del accidente de tránsito bajo análisis.- Al respecto, manifiesta que el presentenciante no tuvo en cuenta las constancias obrantes en la causa penal de donde surge que el Sr. Conte, al momento del hecho dañoso, se encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol.-
A mayor abundamiento, pone de manifiesto que del informe emitido por el Laboratorio Químico Pericial dependiente de la Policía Científica – obrante a fs. 20 en la causa 78/2016 – Juzgado Correccional N° 2 de Azulsurge que el hoy accionado conducía su automóvil poseyendo 0,87 gr/1 de alcohol detectable en sangre; lo que, conforme lo dictaminado en el marco de dichas actuaciones por el Subteniente Lucio M. Defalco “…provoca influencia sobre la adaptación visual en la oscuridad, euforia y pérdida de la inhibición…” (conf. fs. 51).-
Considera que “…El Juez de primera instancia, incurriendo en un evidente absurdo, ha privado de toda relevancia causal a la conducta del conductor del vehículo Volkswagen Suran, Sr. Conte, quien tal como ha quedado acreditado, se encontraba conduciendo con alcohol en sangre por encima de los límites permitidos…” (conf. fs. 440).-
Agrega que si bien no desconoce la doctrina y jurisprudencia referenciados en el auto recurrido, son las mismas fuentes del derecho las que han sostenido reiteradamente que el hecho de arribar a la encrucijada por mano derecha no constituye un “bill de indemnidad”, debiendo analizarse en los supuestos como los de autos la responsabilidad de cada uno de los intervinientes en un accidente de tránsito.-
Luego de describir los efectos psicomotrices que produce en una persona la ingesta de alcohol, sostiene que el accionado, al encontrarse conduciendo en estado de embriaguez, no pudo discernir –con la velocidad y lucidez correcta- qué hacer al llegar a la encrucijada y encontrarse con la motocicleta que su parte conducía.-
Concluye argumentando que “…La sentencia atacada es injusta, ya que privó de toda relevancia causal a uno de los factores que provocó el accidente, a saber, la conducción imprudente y antirreglamentaria del Sr. Conte, quien no respetando la normativa vigente se encontraba conduciendo con alcohol en sangre por encima de los niveles permitidos, lo que afecto su capacidad de conducción de rodado que guiaba, incidiendo de manera activa en el acaecimiento del hecho…” (conf. fs. 441/441 vta.).- VI b).- Adentrándome ahora sí en la cuestión de fondo, preliminarmente sindico que arribó firme a esta Alzada el marco jurídico asignado a las presentes actuaciones por el Sr. Juez de instancia originaria, el cual se subsume en los arts. 1.068, 1.078, 1.081, 1.109, 1.113 y conds. del Código Civil –Ley 340-. Asimismo, no ha sido objeto de agravios la existencia del hecho y las circunstancias de día, hora y lugar de ocurrencia del accidente de tránsito objeto de litis, personas intervinientes, sentido de circulación de los rodados participantes en el mismo (163 inc. 5, 375, 376, 384 y concds. del C.P.C.C.).-
Señalado lo anterior, efectuaré algunas consideraciones respecto del hecho planteado en el agravio por la parte actora, puesto que la embriaguez del demandado en la que se estructura su recurso y de cuya omisión de ponderación en la sentencia critica, no fue incorporado por el accionante en su escrito introductorio (inc. 4 del art. 330 del C.P.C.C. y su doctrina).- En efecto, luego de una detallada descripción de los hechos en la demanda se circunscribió el obrar del Sr. Conte “…como temerario y desaprensivo, sin escrúpulos, ni miramientos hacia los otros, exponiendo a las demás personas a riesgos innecesarios, resultando plenamente responsable del hecho que se ventila en las presentes actuaciones…” (conf. fs. 35 vta.), endilgándole la eventual culpabilidad al demandado por su condición de agente activo en la colisión.-
Frente a tal argumentación, los codemandados contestaron la acción impetrada en su contra negando su responsabilidad en el hecho en base a los parámetros fácticos allí mencionados. En su réplica consideraron que “…A contrario de los sostenido en la demanda, la responsabilidad en el siniestro en cuestión debe atribuirse en su integridad a la actora Patricia I. Ibáñez…”; centrando su argumento revulsivo en el “…accionar imprudente en el manejo de su ciclomotor, al no haber respetado la prioridad de paso del suscripto como así tampoco el reductor de velocidad especialmente dispuesto antes de la encrucijada con calle Mendoza…” (conf. fs. 120 y fs. 217).-
La citada en garantía fue quien afirmó el hecho en cuestión al solicitar la exclusión de cobertura y a tenor del resultado de la pericia toxicológica obrante en la causa penal y el alcance de las cláusulas de la póliza (conf. fs. 146/169), y con ello, lo incorporó al plexo fáctico del presente.-
Tal omisión en la alegación de un hecho al que ahora en los agravios se pretende dar trascendencia jurídica, a mi modo de ver, fue decidida en el abanico de posibilidades que tuvo la accionante a la hora de definir su estrategia procesal (v. Meroi, Andrea; “Sobre estrategia y proceso” disponible en www.centrodefilosofia.org) puesto que el porcentaje de alcohol en sangre que presentaba el Sr. Conte al momento del hecho dañoso era conocido por el hoy recurrente al momento de interponer su demanda, por haber constituído -claro está- materia de investigación de la causa penal que al postular cita (ver al respecto fecha del dictamen de fs. 20 de la causa penal -14.09.14-, fecha del acta de mediación obrante a fs. 2 -29.10.14- y el cargo interpuesto al escrito de demanda obrante a fs. 75 -08.06.15-).- En este orden, la conducción con alcohol en sangre a la que ahora se imputa gravitante relevancia causal en la producción del accidente, importó para la actora apelante un hecho conocido y no afirmado (ver sobre el particular Kielmanovich, Jorge; Teoría de la prueba y medios probatorios, p. 57 y ss). Sin embargo, como señalé, dado que fue articulado en el juicio por una de las codemandadas, resulta en el caso ser integrativo de la litis, admite consecuentemente ser objeto de prueba y puede por tanto constituir fundamento de la sentencia sin transgredir la regla de la congruencia (art. 362 del CPCC y su doctrina). Por el contrario, “…el juez no podría, al dictar sentencia, aun cuando se hubiera producido indebidamente una prueba sobre hechos no articulados, tener como cierto, fijar como ocurridos, como presupuesto de la sentencia, hechos que las partes no hubieran traído…” (Eisner, Isidoro; La prueba en el proceso civil”; pág. 27). En este sentido, puede hablarse de la carga de la afirmación, por cuanto para la obtención del fin deseado con la aplicación de cierta norma jurídica, la parte debe afirmar los hechos que le sirvan de presupuesto, sin lo cual no le es posible al juez tenerlos en cuenta, aún cuando aparezcan probados, e igualmente puede hablarse de determinación del tema de prueba por la afirmación de hechos” (Devis Echandía, Hernando; Compendio de la prueba judicial, T. I, anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso, p. 88).-
Como ha dicho Liebman “…Ante todo, en aplicación del principio de la demanda y del principio dispositivo, el objeto de la investigación del juez y por eso objeto de la prueba, son solamente los hechos alegados por las partes, a las cuales incumbe precisamente la carga de alegar los hechos que consideran idóneos para justificar sus demandas (carga de la alegación). En principio, no es por eso cometido del juez indagar sobre los hechos que, si bien a él le puedan parecer importantes, no fueron afirmados por las partes y sometidos a su examen. (…) A este respecto hay que distinguir el hecho jurídico puesto como fundamento de las demandas o excepciones de las partes (hecho principal), de las diversas circunstancias y hechos simples que sirven para integrarlo: el juez no puede desplazar la instrucción sobre un hecho jurídico diverso de aquel que las partes han hecho valer, porque esto significaría cambiar la acción o la excepción que las partes han propuesto y chocaría contra la prohibición de la ley” (Liebman, Enrico Tullio; Manual de derecho procesal, p. 281).-
VI c).- Dicho lo anterior, sabido es que la aplicación del art. 1.113 del Código Civil trae aparejadas diversas consecuencias procesales y sustanciales. Tal como se expresó en fallos de ambas Salas de esta Cámara (Sala II, causas nº 45.685, “Colazo…” del 11.09.03; n° 53.827, “Leiro…” del 19.10.10; esta Sala, causas n° 51.130, “Cagnoli S.A…” del 06.12.07; n° 56.170, “Masson…” del 17.05.12, entre muchas otras) “…cuando el art. 1.113 del Código Civil establece que el dueño o guardián son responsables del daño que derive del riesgo o vicio de la cosa, se tiene en cuenta una situación social, dejando de lado la concepción de la culpa, que constituye un elemento ajeno al caso. La ley toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad al dueño o guardián, el riesgo creado. Y, así, en principio, se prescinde de toda apreciación de su conducta, desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa y la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal entre la actuación de la cosa y el daño…” (S.C.B.A., Ac. 33.743, sent. del 14-10-86, “Domínguez de Tevez…” Ac. y Sent. 1986-III, 442; Ac. 47.075, sent. del 06.04.93, “Criado…”; Ac. 51.750, sent. del 23.05.95, “Lezcano de Miguel…”, Ac. Y Sent. 1995-II, 404; Ac. 70.665, sent. del 04.04.01, “Quiñones…”, D.J.B.A. 160-228; Ac. 78.731, sent. del 12.09.01, “Petroni…”; Ac. 79.892, sent. del 19.02.02, “García…”).- Y es así que –se prosiguió diciendo en el precedente citado- “…según la doctrina legal del Superior Tribunal Provincial, `quien acciona en función del art. 1113, 2do. apart., 2º párrafo del Código Civil, debe probar: a) el daño; b) la relación causal; c) el riesgo de la cosa; d) el carácter de dueño o guardián de los demandados…” (S.C.B.A., Ac. 40.812, sent. del 04.07.89, “Romero…”, Ac. y Sent. 1989-II, 608; Ac. 41.673, sent. del 26.12.89, “Ferreyra…”, Ac. y Sent. 1989-IV, 788; Ac. 48.623, sent. del 05.11.91, “Agronomía El Salado…”, Ac. y Sent. 1991-IV-44; Ac. 54.669, sent. del 19.12.95, “Barat…”, Ac. y Sent. 1995-IV-693; Ac. 40.577, sent. del 05.11.96, “Puppo…”, L.L. Bs. As. 1997, 123; Ac. 58.351, sent. del 08.07.97, “García…”, Ac. y Sent. 1997-III, 503; causa n° 58497, "Parra…” del 11.12.14).-
En esta misma orientación, se dijo en un fallo de esta Sala (causa nº 41.466, “Abrigo…”, del 17.08.2000, también citado en la causa de esta Sala “Cagnoli S.A…”), que probados los extremos que exige el art. 1.113 del Código Civil, es a cargo del dueño –para desviar o atenuar su responsabilidad- demostrar la causa ajena, consistente en la culpa de la víctima o de un tercero por quien aquél no deba responder. En tal caso, el elemento subjetivo –la culpa de la víctima o del tercero- sólo interesa como eximente de responsabilidad y no como factor de atribución. Es por eso –se dijo en el precedente citado, recogiendo las enseñanzas de Kemelmajer de Carlucci- que si bien es cierto que normalmente las demandas relatan cómo sucedió el accidente y se le “echa la culpa” al demandado, ello no significa que el juez deba rechazar la demanda porque no se probó la culpa invocada si de los hechos relatados surge indubitablemente que el riesgo creado como factor de atribución no fue ajeno a la litis, aunque así no haya sido calificado por la parte. También puede recogerse en este punto lo dicho por el Dr. Jorge Galdós, quien hace referencia a la “función inhibitoria o impropia” que le cabe a la culpa en el ámbito de la responsabilidad objetiva, la cual aparece ligada, más bien, a la fractura total o parcial del nexo causal, al punto que cabe computar a los fines del art. 1.113 del Código Civil –ley 340- la conducta de personas que no podrían obrar con culpa en sentido estricto, como son los menores de 10 años, personas privadas de razón, entre otros (“El riesgo creado, la culpa y cuestiones conexas”, La Ley del 23.11.06.).-
Sin embargo, forzoso es aceptar que el análisis de la eventual “culpa” de la víctima no puede prescindir de la consideración de todas las circunstancias que rodearon el accidente, entre las que se encuentra – naturalmente- la conducta del victimario. En tal sentido, con un criterio realista el cimero Tribunal provincial ha dicho en varias ocasiones que si bien en los supuestos de riesgo o vicio de cosa la culpa o negligencia del dueño o guardián no constituyen elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad, al tiempo de computarse una eventual exclusión de la misma no puede dejarse de valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas, para así determinar si la de la víctima es excluyente de responsabilidad y en qué medida (Ac. 36391 S 23-9-1986, “Segovia…”, AyS 1986-III-277; AC 82266 S 6-11-2002, “Acuña…”; C 99805 S 11-5-2011, “Páez…”; esta Sala, causas n° 56.368, “Blua…” del 23.08.12; n° 57.753, “Medrano…” del 04.06.13., n° 64.996 “Sau…” del 19.03.20, entre otras).- Por esa senda, el Supremo Tribunal Provincial también ha dicho que “…para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901, C.C.). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114, del Cód. cit.; conf. Ac. 37.535, sent. del 9-VIII-1988 en "Acuerdos y Sentencias", 1988-III-42; Ac. 44.440, sent. del 22-XII-1992 en "Acuerdos y Sentencias", 1992-IV-612; Ac. 55.404, sent. del 25-III-1997 en "Acuerdos y Sentencias", 1997-I-555; Ac. 71.453, sent. del 7-II-2001; Ac. 70.056, sent. del 21-III-2002; Ac. 81.298, sent. del 11-VI-2003; Ac. 87.410, sent. del 9-VI-2004)…”(Ac. 93.078, “C., R. M…” del 06.09.06, entre otros).-
Es que “…Con acierto ha dicho Roberto Brebbia que "quiéraselo o no, en todos los casos de daños causados por el riesgo o vicio de la cosa, se hace necesario entrar a investigar si existió culpa en la conducta de los protagonistas del accidente, pues el artículo 1.113, apartado segundo del Código Civil, obliga a tener en cuenta la eventual culpa de la víctima o de un tercero como posible causa eximente de responsabilidad total o parcial de los sujetos a quienes imputa las consecuencias del cuasidelito. Y no es posible sopesar la conducta de uno de los coautores materiales sin analizar la de los otros (es que una conducta está 'imbricada' en la otra). Establecida que fuere la culpabilidad exclusiva o parcial de alguno de los protagonistas del accidente, esa culpa real priva necesariamente sobre la presunción de responsabilidad dispuesta en el artículo 1113, apartado segundo, segunda parte del Código Civil, excluyéndola por completo, o reduciendo el alcance de tal inferencia, pues la realidad destruye la ficción legal cuando ésta tiene carácter de juris tantum…" (Casiello, Juan J.; “La culpa en los accidentes de tránsito”, Ed. Rubinzal – Culzoni, Revista de Derecho de Daños, 1998-2, pág. 261/261 vta.).-
Ahora bien, cuando en el marco un accidente de tránsito se debate la atribución de responsabilidad en base a la violación de los preceptos establecidos por la normativa de tránsito, entiendo que debe aplicarse la legislación especial con el auxilio de aquellas referidas a la responsabilidad derivada de la intervención de cosas riesgosas. En esa dirección, vemos que a la fecha del accidente -16.08.14- se encontraba vigente la ley 13.927, mediante la cual a partir del 01.01.09 la Provincia de Buenos Aires adhirió a la ley nacional de tránsito n° 24.449.-
Dicho ello, corresponde señalar que con motivo del hecho dañoso bajo análisis se promovieron las pertinentes actuaciones judiciales en sede penal, las que confluyeron –como ya fuera dicho- en los autos caratulados “Conte, Luis Andrés s/ Lesiones Graves Culposas Agravadas por la Conducción Imprudente de Vehículo Automotor” (Causa N° 78/2016), de trámite por ante el Juzgado en lo Correccional N° 2 de Azul; la cual fuera ofrecida como prueba por las partes y la que, en virtud del principio de adquisición, tiene pleno valor probatorio en sede civil.-
En dichas actuaciones, a fs. 50/52, se encuentra glosado el informe técnico accidentológico confeccionado por el Sub Teniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Lucio M. Defalco. En el mismo se advierte, en lo que refiere al análisis de la mecánica del hecho, que la zona de impacto “… se halla ubicada sobre el carril SO-NE, de la avenida 25 de mayo, por el cual circulaba la Motocicleta, encuentra referenciada en la Pericia Planimetría donde se observa tierra suelta sobre el asfalto (…)”. En lo que refiere a la velocidad en la que trasladaban los móviles intervinientes en el choque dicho experto establece que “…para la moto en el entorno de los 30 Km hora, para el automóvil: no se observan sobre la cinta asfáltica evidencias significativas…”. Concluyendo que “…El automóvil Volkswagen Suran, circulaba por calle Mendoza sentido nominal cardinal de SE a NO, al ingresar a la encrucijada que forman la calle antes mencionada y la AV. 25 de Mayo, colisiona angularmente con una motocicleta marca Gilera, a pesar de la maniobra de acción frenante realizada por la motociclista, que circulaba por la avenida antes mencionada de SO a NE, tomando contacto el ángulo izquierdo del automóvil contra el ángulo derecho del vehículo menor…”. ii) Que del “examen de visu” practicado en sede penal a fs. 8/9 y fs. 11/12 surge que el automóvil marca VW Suran “…presenta golpe en la punta delantera izquierda y del guardabarros, marca en rueda delantera izquierda…” mientras que la motocicleta “…presenta golpe en cachas delanteras…”.-
Lo transcripto precedentemente referido a la mecánica del hecho, me permite avizorar que la Sra. Ibáñez en su accionar quebrantó uno de los principios rectores que impone la ley de tránsito para una circulación vehicular ordenada y con miras a evitar hechos daños como el de autos, es decir, la mentada prioridad de paso normada en el art. 41 de la Ley 24.449.- Cabe mencionar, atento que la colisión se produjo en la intersección de una avenida con una arteria común, que la cuestión relativa a la prioridad de paso de quien circula por las avenidas ha sufrido a lo largo del tiempo diversos vaivenes legislativos y jurisprudenciales; y cuando la cuestión parecía definitivamente superada con la incorporación de las avenidas a la nómina de las excepciones a la prioridad de paso del que viene por la derecha (art. 57 de la ley 13.604 y art. 70 inc. 2) apartado c) del Decreto 40/07 que reemplazó a la ley 11.430), el problema interpretativo se reedita con la sanción de la ley 13.927 que adhiere a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 que no contiene a las avenidas como excepción a la prioridad de paso, sino sólo a las semiautopistas.-
Nuestro Máximo Tribunal Provincial, al resolver en diferentes casos donde se presentaba la problemática que aquí nos ocupa –ya vigente la ley 13.927-, destacó expresamente la particularidad antes señalada respecto a que la nueva normativa no incluye a las vías de mayor jerarquía entre las excepciones a la prioridad de paso que posee quien circula por la derecha; normativa que –como se dijo-, se limita a las semiautopistas (S.C.B.A., causa C. 118.128, “Rearte…”, del 8.04.15, C. 120.890, "Canales…", del 18.04.2018, C. 121.006, "Flamenco…", del 30.05.2018, C 122.276, "Salomón…” del 05.06.2019, entre otras). De todos modos, es lo cierto que dicha prioridad que en principio es absoluta, no puede ser evaluada en forma autónoma sino, por el contrario, imbricada en el contexto general de las normas de tránsito, analizando su vigencia en correspondencia con la simultánea existencia de otras infracciones y en correlación, también con los preceptos específicos del Código Civil que disciplinan la responsabilidad por daños (conf. doctr. S.C.B.A. causas Ac. 94.337, "Guilloti…", sent. de 12-III- 2008; C. 102.703, "Pellegrino…", sent. de 18-III-2009 y C. 101.536, "Iribarne…", sent. de 9-VI-2010, C 122.276, "Salomón…” del 05.06.19), máxime teniendo en cuenta que si bien, quien viene por la derecha cuenta con prioridad de paso, al hacerlo a fin de introducirse a una avenida (desde una calle) debe hacerlo con la mayor precaución posible al resultar la avenida una vía de mayor jerarquía (ésta Sala Causa n° 59.076 “Kessler…” del 21.09.14 entre otras).-
Por otra parte, y enfocando la cuestión desde el vértice de la carga de la prueba, cabe traer a colación un antiguo precedente de esta Cámara donde se dijo que la violación de la regla de la prioridad de paso para quien aparece por la derecha, importa una grave presunción “juris tantum” de culpa de quien lo hace por la izquierda, necesitando para ser desvirtuada una clara prueba a cargo de quien debía ceder el paso (causas nº 29.155, “Sansalone…” del 30.09.87; nº 33.533, “Zazzali…” del 22.10.92); n° 61.057, “Elgart…” del 18.04.17; n° 63.673, “Piñeiro…” del 11.04.19; n° 64.555, “Allian…” del 10.09.19; entre otras).-
En tal sentido el artículo 64 de la ley 24.449 establece una presunción de responsabilidad por parte de quien viola la prioridad de paso, que solo puede ser desvirtuada probando que quien la tenía pudo haber evitado el accidente y no lo hizo, o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo.-
Conforme lo expuesto, corresponde ahora determinar si existen elementos con suficiente incidencia sobre la grave presunción iuris tantum de culpabilidad de quien violó la prioridad de paso que poseía el conductor del Volkswagen Suran, como para atribuir la responsabilidad al demandado o distribuirla entre las partes y, en su caso, en qué porcentaje.- Veamos.-
Las circunstancias y hechos antes descriptos encuentran su correlato en los medios probatorios ofrecidos en la presente pretensión indemnizatoria. En efecto, el Ing. Martin A. Pirola en el marco de la pericia mecánica obrante en autos sindicó que “…en dicho lugar; existen reductores de velocidad, están en cercanías de la encrucijada de Av. 25 de mayo y calle Mendoza, equidistante a ochava de Av. 25 de mayo y antes de su intersección con la otra arteria citada, para sentido de circulación de Suroeste a Noreste y viceversa. De IPP se desprende sobre Av. 25 de mayo en sentido antes citado; espacio entre calzada y loma de burro, donde comienza huella de bloqueo y finaliza equidistante de esta a 10,1 metros (ver plano). Mencionado esto induce a decir que la motocicleta pasó a un costado del reductor…”, asimismo determinó que “…Para el cálculo de velocidad inicial mínina de circulación- ver anexo- para la moto es de 42 km/ h, en tanto para el automóvil no se cuenta con elementos físicos comprobables que permitan mediante cálculos físicos matemáticos, estimar la velocidad del rodado. Con los elementos obrantes en autos, son irrefutables para tal determinación del rodado VW Suran…” (conf. presentación electrónica de fecha 06.03.19).-
Asimismo, el perito que confeccionara el informe técnico accidentológico en sede penal, subteniente Lucio M. Defalco, al deponer en calidad de testigo ofrecido por los accionados y ser interrogado respecto “…si el lugar de colisión le sugiere alguna conducta previa de la motocicletas en relación al lomo de burro, en su caso cual…” manifestó que “…otra evidencia previa al impacto que se trata de una huella de bloqueo que se inicia en el borde derecho del lomo de burro y va hacia la zona de impacto. Ello le da seguridad de una acción frenante por parte de la motociclista según la maniobra previa al impacto. La huella de bloqueo mide 10 metros con diez centímetros…” (conf. fs. 309 vta.).-
Tales medios probatorios me permiten concluir que la Sra. Ibáñez no solo incumplió con la directiva emanada de la legislación de tránsito en torno a la prioridad de paso, sino que también violento los preceptos allí contenidos en cuanto a las condiciones de manejo y límites de velocidad.-
Es que dicho cuerpo normativo, establece que en la vía pública se debe “…circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito…” (conf. art. 39 inc. “b” de la Ley 24.449) y en lo que refiere a los límites de velocidad en “…las encrucijadas urbanas sin semáforo: la velocidad precautoria, nunca superior a 30 km/h…” (conf. art. 51 inc. “e” ap. 1 de la Ley 24.449).-
A lo expuesto precedentemente, se debe adicionar la inobservancia de la actora del reductor de velocidad denominado “lomo de burro” que yace sobre Av. 25 de Mayo previo cruce con calle Mendoza de esta ciudad de Azul. Dicho dispositivo imponía a la Sra. Ibáñez disminuir la velocidad por cifras muy por debajo de lo que lo hacía instantes previos al accidente -30 km/h. en causa penal, 40 Km/h. en estos actuados-; circunstancia que no aconteció, dado que según consta en la causa penal, la misma lo esquivó habiendo observado “…que por calle Mendoza se encontraba un vehículo marca VW Suran azul intentando cruzar la avenida…” (conf. acta de fs. 16/17 obrante en causa n° 76/2016) continuó su marcha con exceso de velocidad hasta colisionar con el automotor VW Suran.-
Todo lo expuesto me lleva a concluir que la accionante no solo violó la prioridad de paso con la que contaba el Sr. Conte, sino también que interrumpió el nexo de causalidad adecuada que surge del art. 1.113 del Código Civil; ello por cuanto previo a la colisión no mantuvo el pleno dominio de su vehículo, ni actuó con cuidado y precaución teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito; como así tampoco intentó, en mérito a la velocidad en la que se transportaba, maniobra de frenado para atravesar el “lomo de burro” asentado sobre Av. 25 de Mayo (art. 39, 41, 51 inc. “e” ap. 1, 64 y concds. de la ley 24.449; arts. 163 inc. 6, 375, 384 y concds. del C.P.C.C.).-
Así, ante tal escenario, considero que el agravio esgrimido por la apelante no ha de encontrar acogida en esta instancia. Es que la circunstancia que el peritaje toxicológico en sede represiva haya detectado 0,87 gr/1 de alcohol en sangre al Sr. Conte no empece a que tal ingesta hubiese tenido incidencia alguna en la producción del evento dañoso, aún cuando resulte un acto que pueda contener una fuerte dosis de descuido o inadvertencia respecto de las diligencias requeridas por el caso.- Por lo demás, teniendo en cuenta el horario en el que aconteció el siniestro en análisis (14:30 hs. conf. fs. 1 “acta de procedimiento”), tampoco de tales circunstancias se admite directamente inferir los efectos descriptos por el Subteniente Defalco e invocados por la apelante en los agravios, esto es “…influencia sobre la adaptación visual en la oscuridad, euforia y perdida de la inhibición…” (conf. fs. 51 de causa n° 78/2016 y fs. 439 vta.). Por esa razón “La infracción a las leyes de tránsito no implica necesariamente la culpa del infractor desde el punto de vista civil” (SCBA, Ac. 70.399, sent. del 29-XII-1999, “D.J.B.A”, t..158, p. 98; Ac. 87.541, “Rocoma”, del 24.05.06, citado por esta Sala, en la causa n° 57.741, del 07.11.13, voto de mi estimado colega Dr. Louge Emiliozzi).-
En efecto, la afirmación de la apelante relativa a que la ingesta del alcohol no le permitió al codemandado “…discernir con la velocidad y la lucidez correcta que hacer al llegar a la encrucijada y encontrarse con la motocicleta que guiaba la Sra. Ibáñez…” (conf. fs. 441) no alcanza a explicarse a la luz de lo transcripto precedentemente, pues no resulta suficiente para explicar de qué modo dicha infracción legal tuvo incidencia causal en la colisión. Entonces, adjudicar al estado de ebriedad del demandado, más allá de la valoración negativa como conducta humana, incidencia en el hecho como para repartir la responsabilidad, quiebra el análisis global del mismo (art. 901, 902, 906 y ccs. del Cód. Civ.; esta Cámara, Sala II, causa n° 50.283, “Soto”, del 12.07.07).-
En ese orden de ideas, y concretamente respecto de esta temática, la Casación Provincial ha exigido un nexo de causalidad adecuado entre el estado de ebriedad del sujeto y el daño producido, en tanto “…los arts. 901 y 906 del Código Civil no atribuyen consecuencias jurídicas a la sola circunstancia de haberse consumido alcohol, en tanto no se acredite que esa ingesta hubiese tenido efectos sobre los hechos…” (S.C.B.A. Ac 69.433 en autos “Jordanovsky…” del 16.02.00, entre otros).-
Por todo lo dicho, entiendo que el único agravio esgrimido en el recurso no es de recibo, circunstancia que me lleva a proponer al acuerdo la confirmación de la sentencia recaída en la anterior instancia.- Así lo voto.-
El Señor Juez Dr. LOUGE EMILIOZZI adhiriere al voto precedente por los mismos fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTION: la señora Jueza Doctora CARRASCO dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo: I).- Confirmar -por los argumentos expuestos- la sentencia de fecha 08.11.19.-
II).- Imponer las costas de alzada a la accionante vencida (art. 68 del C.P.C.C.).-
III).- Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley 8.904; art. 31 de la ley 14.967).-
Así lo voto.-
El Señor Juez Dr. LOUGE EMILIOZZI adhiriere al voto precedente por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A–
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se RESUELVE: I).- Confirmar la sentencia de fecha 8/11/19 . II).- Imponer las costas de alzada a la accionante vencida (art. 68 del C.P.C.C.). III).- Diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley 8.904; art. 31 de la ley 14.967). REGISTRESE, NOTIFÍQUESE EN FORMA ELECTRÓNICA A LOS DOMICILIOS QUE SEGUIDAMENTE SE CONSIGNAN (Resolución de Presidencia SP 10/20; art. 3, punto c), apartado 2) Y DEVUÉLVASE.-
Fin de la sentencia