Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución apelada en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-65906783-APN-VOCIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 24 de Junio de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, en el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “A” Dres. Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación), Armando Magallón (Vocal Subrogante de la 1° Nominación) y Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) a efectos de resolver la causa N° 49.639-I caratulada “IBARROLA EDUARDO ARIEL s/recurso de apelación”;
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que a fs. 24/26 el recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 170/18 (DV RRES), de fecha 17/12/2018 dictada por la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó su responsabilidad personal y solidaria respecto de la deuda de la firma CLORINDA DISTRIBUCIONES S.R.L., en su carácter de Socio Gerente, por los saldos emergentes de las declaraciones juradas impagas en el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 12/2016 y 03/2017, con más intereses resarcitorios.
En su escrito de recurso el actor se agravia de que no se habrían cumplido ninguno de los requisitos necesarios para la configuración de la responsabilidad solidaria, empezando por la falta de intimación previa al deudor principal. Afirma que Clorinda Distribuciones S.R.L. no ha sido intimada a abonar los períodos en cuestión y por lo tanto la determinación de oficio carece de causa. Agrega que tampoco se le han iniciado ejecuciones fiscales tendientes a su cobro, no surgiendo del expediente constancia de tal inicio, pero si de sentencia firme, tal como reza la copia que oportunamente se anexara al inicio de la determinación de oficio. Explica que aquella intimación solo contaba con una planilla sin hacer constar la cédula de notificación y la copia de la sentencia a la que hace alusión, y por ello, la misma afecta su defensa en juicio.
Asimismo, indica que tampoco existen constancias de su notificación al domicilio fiscal electrónico, puesto que la empresa Clorinda Distribuciones S.R.L. no contaba a la fecha de la supuesta intimación, con datos vinculados a domicilio electrónico alguno, por lo tanto, sostiene que resulta falso que tuviera acceso a la aplicación “eventanilla”. Puntualiza que en el historial de notificaciones electrónicas no se encuentra registrada la intimación que el ente recaudador dice haber cursado, como tampoco existen constancias en “e-ventanilla”.
Concluye así en que el organismo recaudador no ha podido probar que el contribuyente se encuentre adherido al domicilio fiscal electrónico desde 01/11/2016, como así tampoco cuales fueron los datos de contacto ingresados desde esa fecha. Por ello, sostiene que la intimación previa a la que alude el ente fiscal simplemente no ha existido, y si esta ha sido enviada, no ha sido debidamente constatada su recepción por parte de la firma, por lo que no puede darse por válida la notificación que pretende dejar firme la intimación, cuando la deudora principal no ha procedido a verificar el correo electrónico al cual deben llegar las notificaciones.
Continúa argumentando en el mismo sentido que la cuenta de correo electrónico que maneja la empresa fue verificada e ingresada como dato de contacto recien a partir del 21/11/2018, siendo a partir de allí que efectivamente quedo constituidio el domicilio fiscal electrónico. De este modo, las únicas notificaciones válidas serán las efectuadas a partir de esa fecha, en la que el soporte informático verificó el correo electrónico de contacto.
Por todo ello, sostiene que las notificaciones e intimaciones que el ente recaudador dice haber efectuado los días 30/05/2017 y6 07/05/2017 no tienne eficacia, siendo nulas por no ser dirigidas al contribuyente principal, por lo que el acto apelado debe ser revocado.
Por otra parte, cuestiona que el Fisco Nacional no acredita la existencia de sentencia firme de la ejecución fiscal, como tampoco indica el juzgado interviniente, número de causa y radicación.
Por último, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que a fs. 33/39 la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera conferido negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, y en orden a las razones que expone solicita que se confirme la resolución apelada, con costas a la parte actora. Hace reserva del caso federal y acompaña los antecedentes administrativos.
III. Que a fs. 52 se abre la causa a prueba, haciéndose lugar a la prueba informativa. A fs. 66 se da por decaído el derecho a la recurrente para producir dicha prueba.
A fs. 75 se elevan los autos a consideración de la Sala “A” y a fs. 79 se pasaron los autos a sentencia.
IV. Que en primer lugar, por lógica precedencia, debe darse tratamiento a lo manifestado por el recurrente respecto de la falta de causa del acto apelado toda vez que, de prosperar su tesis, implicaría la declaración de nulidad del mismo por parte de este Tribunal.
Es necesario mencionar que para la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a una indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo ademas ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido "Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. C/ BuenosAires, Provincia de y otros S/Amparo", CSJN, 05/10/1995, T. 324, P. 1798; "Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja Provincia de y otros s/ daños y perjuicios", CSJN, 06/02/01, T.324, P.151; "Simijosky Juan c/E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y civil de las FFAA. Y de Seg. Causa: 31.321/94", C.NAC.CONTADM.FED., SAIA II, 09/10/96, entre otros).
El recurrente invoca la falta de causa del acto recurrido, la que adelanto no puede prosperar, pues lo alegado carece de los fundamentos legales suficientes para sustentar la petición.
En efecto, la resolución apelada contiene los elementos jurídicos formales para declarar su validez, invoca la normativa legal tenida en cuenta para arribar a sus conclusiones, así como los conceptos y montos determinados, sin que ello implique prejuzgar sobre la procedencia o no de los mismos, y se han cumplimentado los procedimientos establecidos, habiéndose posibilitado al contribuyente conocer la pretensión fiscal y poder elaborar su defensa.
En este sentido, debe mencionarse que no se observan agravios específicos contra los supuestos defectos de la Resolución apelada, más allá de que discrepa con la valoración realizada por Juez Administrativo ni se han demostrado perjuicios concretos como consecuencia de éstos, por lo que este juzgador no observa que se haya violentado el derecho de defensa de la parte actora.
De esta manera, sentado el carácter restrictivo para la procedencia de las nulidades, cabe precisarse que respecto a lo estrictamente formal, en la resolución discutida, aparecen satisfechos los requisitos establecidos por el articulo 7° de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el agravio relativo a la falta de causa invocada por el apelante. Cabe señalar que toda vez que los planteos fueron articulados como defensas contra el acto apelado y no en los términos del art. 171 de la Ley de rito, no merece un pronunciamiento autónomo en materia de costas. Cabe recordar que en tal sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Bolland y Cia SA (TF 21.122-I) C/DGI" de fecha 21/02/2013 en el que expresó que "tampoco pueden prosperar los agravios dirigidos a que se impongan a la actora las costas por el rechazo de la nulidad planteada ante el Tribunal Fiscal, ya que con independencia de que esa defensa había sido introducida como excepción de previo y especial pronunciamiento (conf. Fs. 132) lo cierto es que fue tratada y resuelta en la sentencia de fondo y -tal como lo puso de relieve el a quo- la actora la planteó "como defensa contra la determinación tributaria y encaminada a obtener la revocación de la pretensión fiscal" (conf. Sentencia de cámara, considerando V, fs.735). En tales condiciones, y si bien a ese resultado se llegó en virtud del examen y la decisión del aspecto sustancial de la controversia, cabe coincidir con el a quo en cuanto a que no corresponde una imposición de costas autónoma por la aludida incidencia".
V. Que ello así, corresponde ahora a este juzgador expedirse respecto de la procedencia de la extensión de la responsabilidad personal del Sr. Eduardo Ariel Ibarrola, en su carácter de socio-gerente de la firma CLORINDA DISTRIBUCIONES S.R.L.
De las actuaciones administrativas acompañadas, surge que el caso bajo análisis tiene su origen en la falta de pago de obligaciones autodeclaradas por la firma CLORINDA DISTRIBUCIONES S.R.L., para el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 12/2016 y 03/2017. Respecto de las cuales el organismo fiscal emitió las correspondientes boletas de deuda y obtuvo sentencias favorables en las ejecuciones fiscales inciadas para su cobro ante el Juzgado Federal de Mendoza, Secretaría 1 de Ejecuciones Fiscales, en los Expedientes N° 11719/2017 y 9012/2017, el 19/12/207 y 02/03/2018, respectivamente. (cfr. fs. 31/34 A/A).
Así existiendo deuda intimada y no ingresada por el responsable principal del tributo, el Fisco Nacional inició el proceso para establecer la responsabilidad solidaria del actor en su carácter de Gerente, para lo que consultó la información obrante en las bases de datos del organismo y la documentación obrante en el legajo de la contribuyente principal, como el Contrato Social, Actas de Asambleas/Reunión de Directores, Poderes, Estados Contables, etc. (cfr. Informe de fs. 1/2 A/A).
De dicho análisis surgió que el Sr. Eduardo Ariel Ibarrola revestía el carácter de socio gerente titular y era el único Administrador de relaciones de Clave Fiscal al momento en que operara el vencimiento de las obligaciones tributarias reclamadas (cfr. fs. 6 A/A).
En este contexto, el organismo recaudador concluyó que el Sr. Eduardo Ibarrola, en su carácter de socio gerente, tenía a su cargo la administración de la Sociedad, rol que permitiría atribuirle las facultades de administración y disposición de fondos en las fechas establecidas para la presentación y pago de las obligaciones en cuestión, extendiéndole la responsabilidad sobre los saldos impagos antes mencionados, con más sus intereses resarcitorios.
VI. Que cabe recordar que el artículo 8° de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modif.) establece que: "Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los puntos a) a e), del inciso 1), del artículo 6 cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizaran su situación fiscal dentro de los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente.” Cabe entrar preliminarmente en el análisis del agravio principal opuesto por el recurrente, respecto a que no se habrían cursado las intimaciones administrativas de pago al deudor principal. Ello en tanto, como puede observarse de la normativa citada, es requisito escencial que se haya verificado la intimación de pago en cabeza del responsable de la deuda y su incumplimiento en el plazo establecido, para la procedencia de la atribución de la responsabilidad solidaria.
Así, el apelante afirma que las intimaciones de pago fueron realizadas a Clorinda Distribuciones S.A. al domicilio fiscal electrónico, cuando éste nunca habría sido constituido por el contribuyente, siendo que no se encontraba vinculado a ningún correo electrónico y no tenía por ello acceso a la aplicación “e-ventanilla”. Acompaña impresiones de pantallas donde constaría sus dichos.
Debo destacar que tal argumento no merece mayor análisis de este juzgador por cuanto, más allá de sus afirmaciones, al momento de inciar el procedimiento determinativo bajo estudio el ente fiscal contaba con sentencias firmes de los juicios de ejecución fiscal.
Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que la falta de información de correo electrónico por parte de un contribuyente no obsta en manera alguna el pleno funcionamiento de la notificación a través de la modalidad de domicilio electrónico. Ello es así por cuanto como bien reza el artículo agregado a continuación del art. 3° de la ley procedimental – texto vigente a la sazon- “Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución, implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, quien deberá evaluar que se cumplan las condiciones antes expuestas y la viabilidad de su implementación tecnológica con relación a los contribuyentes y responsables. Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen por esta vía.”
En lo que aquí interesa, la R.G. N° 4109 -aplicable a la fecha de los hechos ventilados- disponía que “El domicilio fiscal electrónico a que se refiere el artículo incorporado por la ley 26044 a continuación del artículo 3 de la ley 11683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, se instrumentará mediante una funcionalidad específica de la aplicación informática denominada "e-ventanilla", que operará a través del sitio "Web" de este organismo (http://www.afip.gov.ar), cuyos aspectos técnicos y de operatoria se definen en el Anexo III.” (Art. 17). “A los efectos de la notificación, los contribuyentes y/o responsables, deberán ingresar al servicio "Web" "e-ventanilla" mediante el procedimiento que se establece en el punto 2 del Anexo III. Dicho ingreso podrá efectuarse las VEINTICUATRO (24) horas del día, durante todo el año” (Art. 15), “Los actos administrativos comunicados informáticamente conforme el procedimiento previsto en este Capítulo, se considerarán notificados en los siguientes momentos, el que ocurra primero: a) El día que el contribuyente, responsable y/o persona debidamente autorizada, proceda a la apertura del documento digital que contiene la comunicación, mediante el acceso a la opción respectiva de "e-ventanilla", o el siguiente hábil administrativo, si aquél fuere inhábil, o b) los días martes y viernes inmediatos posteriores a la fecha en que las notificaciones o comunicaciones se encontraran disponibles en el servicio "Web" "e-ventanilla", o el día siguiente hábil administrativo, si alguno de ellos fuere inhábil.” (Art. 16)
Así las cosas, la falta de validación de un correo electrónico de ninguna manera implica, como razona el actor, la inexistencia del domicilio electrónico del contribuyente, el que como surge de fs. 38 de las actuaciones admnistrativas se encontraba operativo desde el 01/11/2016, vinculado a la CUIT del Sr. Ibarrola como usuario, de este modo dicho incumplimiento no tiene mayor efecto que el perjuicio del propio contribuyente ante la falta de aviso de las notificaciones recibidas.
Así lo entendió la Alzada al resolver que recepción del “aviso de cortesía” en modo alguno afecta la validez de la notificación electrónica dirigida al código de usuario validado, en el presente caso la CUIT, en la medida en que el sistema envía automáticamente a la direction de correo electrónico informado un mensaje automatizado, es decir, sólo pone en conocimiento del destinatario que ha recibido una notificación electrónica, pero esta comunicación "no reviste el carácter de notificación electrónica, sino que constituye un simple aviso de cortesía, que puede no ser recibido por su destinatario por distintas razones (vgr. casilla llena, incompatibilidad entre servidores, configuración de filtro de spam. etc.) sin afectar en modo aiguno la validez de la notificación que se realiza en el servidor del Poder Judicial de la Nacion" (conf. CNACAF, Sala y, In re “Bula, Mariano d M° de Seguridad s/ Daños y Perjuicios” y “Edenor SA c/ EN RE s/ energía eléctrica -Ley 24065- Art.76°, sentencias de fecha 30/12/2014 y 15/9/2015, respectivamente).
A mayor abundamiento es dable destacar que la prueba informativa ofrecida por el recurrente tendiente a acreditar su postura, fue concedida a fs. 52 y se resolvió dar por decaído el derecho a producir la misma a fa. 66, ante la propia inacción del interesado, previa intimación para su producción a fs. 63.
Resuelto lo anterior, debe señalarse que surge de las presentes actuaciones que el Fisco Nacional ha intimado el pago al deudor principal con fechas 30/05/2017 y 15/08/2017 y el deudor principal no ha realizado el pago dentro de los quince días hábiles de notificadas (cfr. fs. 17/21 A/A ).
En tales condiciones, contrariamente a lo argüido por el apelante, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, pues las intimaciones de pago cursadas al deudor principal de los saldos de las declaraciones juradas a favor de la Administración, sin que éste acreditara cumplimiento de las mismas, fueron notificados como mínimo 1 año antes de la resolución que extiende la responsabilidad del Sr. Eduardo Ariel Ibarrola, vencido así largamente el plazo otorgado al deudor principal.
VII. Que, sentado ello, corresponde ahora analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
En este sentido, atañe al apelante aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva.
En este sentido, cabe destacar que el recurrente no controvierte el hecho de que detentaba el cargo de socio gerente titular de CLORINDA DISTRIBUCIONES S.R.L., durante los períodos fiscales reclamados, ni que era el único Administrador de relaciones de Clave Fiscal.
En efecto, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer valer las causales exonerativas de dicha responsabilidad, recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando en el art. 18 inc. a) de la Ley N° 11.683...” (se hace referencia al actual art. 8° del t.o. vigente) “...se establece que no existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad, como lo intentó sin éxito la recurrente” (cfr. “COLLEP ANZULOVIC DE ARIAS MILEVA ISABEL S/RECURSO DE APELACION - IVA”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B, sentencia del 06/02/1998).
Ello así, cabe destacar que las manifestaciones del recurrente no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de la resolución que dice causarle agravio, toda vez que conforme las probanzas arrimadas por el Fisco Nacional ha quedado acreditado el carácter de Socio-Gerente del Sr. Eduardo Ariel Ibarrola, su actuación como representante legal y el manejo de fondos en su carácter de gerente titular. Mientras que la recurrente no ha realizado esfuerzo alguno para contradecir los argumentos fiscales, basando su defensa en la imposibilidad del organismo para dictar la resolución en crisis en base a la falta de intimación administrativa previa al responsable principal de la obligación fiscal, lo que como ya se dijo no resulta atendible .
Así las cosas, y en tanto que el carácter formal de responsable solidario del recurrente se encuentra suficientemente demostrado conforme surge de los antecedentes mencionados, sin que haya aportado pruebas tendientes a demostrar haberse encontrado en imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales, cabe concluir que en el presente caso se ha configurado el elemento subjetivo requerido por la ley procedimental, por lo que resulta ajustada a derecho la atribución de las responsabilidad solidaria a la apelante.
Por ello, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.
VIII. Que, en cuanto a los intereses resarcitorios liquidados, no habiéndose expresado agravios al respecto, corresponde su confirmación y recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
El Dr. Magallón dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
La Dra. Guzmán dijo:
Que se adhiere al relato de los hechos y a la solución propiciada en su voto por el Dr. Porporatto con excepción de las costas en la defensa de nulidad.
En efecto, entiendo que las costas deben ser soportadas por la excepcionante toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposan –como quedó dicho- en la falta de causa del acto, agravio que acarrea inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución apelada en todas sus partes, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
Date: 2024.06.24 14:37:35 ART Date: 2024.06.24 14:40:38 -03:00 Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.24 15:59:42 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.24 15:59:43 -03:00
Fin de la sentencia